OPINIÓN de Ollantay Itzamná.- Guatemala, República bicentenaria de Centroamérica, nuevamente es noticia internacional porque su Gobernante, Jimmy Morales, decretó nuevo Estado de Sitio en una de las áreas geográficas más empobrecidas y conflictuadas por la violenta incursión de empresas hidromineras. El argumento: “lucha contra el narcotráfico”.
Aunque suena cómico, pero el gobernante Morales es señalado de nexos con dos grandes narcotraficantes, actualmente detenidos en los EEUU.
En 2017, Morales, tomó la misma determinación para intentar “silenciar” la resistencia indígena contra una empresa de hidroeléctrica en el noroeste del país.
Esta vez, el Estado de Sitio, en los 22 municipios de 5 departamentos del país, se “justifica” por la muerte de 3 soldados que ingresaron y agredieron a la población q’echí, en la comunidad Semuy II, a unos kilómetros del Lago Izabal (Departamento de Izabal). Recientemente, varios indígenas defensores de dicho Lago fueron encarcelados. Incluso la muerte de 3 estudiantes universitarios en el proyecto minero ruso CGN-PRONICO queda impune al momento.
El territorio donde ingresaron los militares, sin previo aviso, es propiedad del pueblo maya q’echí. Un territorio envidiablemente rico en bienes naturales, pero casi el 90% de su población se encuentra en situación de pobreza. Territorio invadido por la palma africana y la mina.
¿Para qué el Estado de Sitio?
Primero. Guatemala al igual que Honduras, en la era neoliberal, se han convertido en un hangar y autopista para la industria del narcotráfico. Este negocio oxigena con dinero fresco al sistema financiero norteamericano, mediante la venta de la droga y la compra de armas. En este contexto, el Estado de Sitio, es para asegurar que el “cargamento” llegue sin contratiempos a su destino, escoltado por el Ejército guatemalteco.
Segundo. La conflictividad social en el área geográfico del actual Estado de Sitio es histórico. Entre el 2018 y 2019, asesinaron más de seis defensores de derechos q’echís en la zona. Encarcelaron a muchos otros. Al parecer, el Estado de Sitio, es para intentar frenar/desmovilizar a las resistencias comunitarias latentes frente a la presencia violenta de empresas hidromineras que se solapan con el narco crimen organizado.
Tercero. Jimmy Morales, antes de concluir su mandato quiere terminar de comprar al gobierno argentino los aviones Pampa. Por ello, ahora, busca mostrar al Ejército como víctima en la supuesta guerra desigual contra el narcotráfico, y así justificar aquella anunciada compra, pero impedida por no ajustarse a las normas administrativas del país.
Conclusión. Las grandes mayorías del país históricamente subsisten en un permanente Estado de Sitio criollo. Sin derechos, sólo con obligaciones. Incluso en contra de la voluntad expresa del aparato estatal cooptado por el crimen organizado.
En ese sentido, el Estado de Sitio dictado por el fallido Estado criollo, lejos de desactivar los procesos de resistencias comunitarias, acumularán aún más las contenidas broncas comunitarias en contra de sus verdugos históricos cada vez más exasperados.
Aunque suena cómico, pero el gobernante Morales es señalado de nexos con dos grandes narcotraficantes, actualmente detenidos en los EEUU.
En 2017, Morales, tomó la misma determinación para intentar “silenciar” la resistencia indígena contra una empresa de hidroeléctrica en el noroeste del país.
Esta vez, el Estado de Sitio, en los 22 municipios de 5 departamentos del país, se “justifica” por la muerte de 3 soldados que ingresaron y agredieron a la población q’echí, en la comunidad Semuy II, a unos kilómetros del Lago Izabal (Departamento de Izabal). Recientemente, varios indígenas defensores de dicho Lago fueron encarcelados. Incluso la muerte de 3 estudiantes universitarios en el proyecto minero ruso CGN-PRONICO queda impune al momento.
El territorio donde ingresaron los militares, sin previo aviso, es propiedad del pueblo maya q’echí. Un territorio envidiablemente rico en bienes naturales, pero casi el 90% de su población se encuentra en situación de pobreza. Territorio invadido por la palma africana y la mina.
¿Para qué el Estado de Sitio?
Primero. Guatemala al igual que Honduras, en la era neoliberal, se han convertido en un hangar y autopista para la industria del narcotráfico. Este negocio oxigena con dinero fresco al sistema financiero norteamericano, mediante la venta de la droga y la compra de armas. En este contexto, el Estado de Sitio, es para asegurar que el “cargamento” llegue sin contratiempos a su destino, escoltado por el Ejército guatemalteco.
Segundo. La conflictividad social en el área geográfico del actual Estado de Sitio es histórico. Entre el 2018 y 2019, asesinaron más de seis defensores de derechos q’echís en la zona. Encarcelaron a muchos otros. Al parecer, el Estado de Sitio, es para intentar frenar/desmovilizar a las resistencias comunitarias latentes frente a la presencia violenta de empresas hidromineras que se solapan con el narco crimen organizado.
Tercero. Jimmy Morales, antes de concluir su mandato quiere terminar de comprar al gobierno argentino los aviones Pampa. Por ello, ahora, busca mostrar al Ejército como víctima en la supuesta guerra desigual contra el narcotráfico, y así justificar aquella anunciada compra, pero impedida por no ajustarse a las normas administrativas del país.
Conclusión. Las grandes mayorías del país históricamente subsisten en un permanente Estado de Sitio criollo. Sin derechos, sólo con obligaciones. Incluso en contra de la voluntad expresa del aparato estatal cooptado por el crimen organizado.
En ese sentido, el Estado de Sitio dictado por el fallido Estado criollo, lejos de desactivar los procesos de resistencias comunitarias, acumularán aún más las contenidas broncas comunitarias en contra de sus verdugos históricos cada vez más exasperados.
