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Cataluña, España y la experiencia latinoamericana

OPINIÓN de Federico Delgado  y Juan Delgado.- Cornelius Castoriadis (1) respondió de una manera atractiva a una de las preguntas clásicas de la filosofía política: ¿Por qué y cómo las sociedades se mantienen unidas? Lo hizo explicando la tensión permanente e irreductible entre el mundo instituido y el poder instituyente. Una relación cambiante y en movimiento constante pero que, pese a todo, es capaz de suministrar instituciones que permiten la convivencia humana en sociedades siempre sometidas a una puja entre lo viejo y lo nuevo.

De acuerdo con Castoriadis, lo histórico social se divide en dos grandes dimensiones. La de lo heredado, que llama “identitario-conjuntista” y la del “imaginario social”. La primera tiene que ver con el mundo instituido. Es decir, con el mundo edificado a lo largo del tiempo. El imaginario social, en cambio, está atravesado por la imaginación radical, por lo indeterminado. Aquí yace el proceso de creación permanente de nuevos significados en una sociedad y se ubica el germen del cambio. Ambas dimensiones no son compartimientos estancos, pues se nutren recíprocamente. Castoriadis recurre a la noción de magma para explicar lo histórico social: lo define “como un magma de magmas, organización de una diversidad no susceptible de ser reunida en un conjunto, ejemplificada por lo social, lo imaginario y lo inconsciente”. Expresa así una imposibilidad ontológica de un mundo determinado y objetivado en base a un formato social.

La lógica identitaria y la imaginación social son inseparables y su movimiento, constante. Las sociedades, de todos modos, no son un caos, operan a través del legein (el decir y el representar) y del teukhein (construir, fabricar). De esta forma, creamos instituciones y palabras que hacen posible la vida en común. Lo importante es que el proceso de auto institución social es permanente y en medio de esa dinámica se dirime la tensión entre el mundo objetivo y el poder instituyente que busca modificarlo. En esos andariveles se mueve el problema de la autonomía catalana, aunque la respuesta de Castoriadis aparece partida en la perspectiva de las fuerzas sociales en pugna (que, por una razón metodológica, en este texto se dividen en dos).

La cuestión del independentismo, más allá de las diferentes perspectivas entorno al núcleo del debate y a la multiplicidad de aristas que encierra, exhibe la tensión entre el mundo instituido y la imaginación radical que busca alterarlo. Pero una de las peculiaridades que invitan a la reflexión tiene que ver con que los caminos que escogieron los contendientes permanecen congelados en la lógica de los conjuntos. El poder instituido, que tiene lógicamente muchos más recursos, eligió resolver el conflicto mediante el uso del sistema represivo del Estado combinado con el aparato judicial, respaldado en la Constitución de 1978. Ratificó, así, un nuevo perfil regresivo de los sistemas de justicia en materia de derechos individuales y políticos. Es preciso señalar el peligro que conlleva el impulso a un sistema de justicia de este carácter, específicamente en momentos donde las crisis de los regímenes políticos y económicos generan reacciones de todo tipo. La potencial criminalización de todo acto de resistencia -manifestaciones y expresiones pacíficas incluidas- es un resultado posible cuando el sistema judicial se utiliza como un arma disciplinadora en lugar de un espacio de resolución de conflictos.

Las fuerzas independentistas, por su parte, se basan en la potencia derivada de la declaración -luego suspendida- del presidente Puidgemont. Las relaciones de fuerza son asimétricas. Por ello, vale la pena recordar a Guillermo O’Donnell (2) cuando enseñaba que en América Latina las respuestas del poder instituido a los reclamos de justicia sustantiva de los años 60 y 70 eran proporcionales a “la amenaza percibida”. Así nacieron los Estados Burocrático Autoritarios, que dejaron marcas indelebles en la cultura política de la Argentina y Brasil, por ejemplo.

El proceso en curso, por caminos y con matices diferentes, tiene algunos puntos de contacto con la tesis del argentino. En efecto, solamente como una impresión derivada de los textos que circulan -es decir, sin información empírica rigurosa-, es evidente que el indicador de “nivel de percepción de la amenaza” es útil para comprender las reacciones de las fuerzas en pugna. Obviamente que hay una diferencia sustancial y que tiene que ver con que el estado español se mueve dentro de los poderes públicos constitucionales, aunque cuenta con la peculiar alianza judicial que puede transformar cualquier acción en un delito. Por ello, la reacción del gobierno prescinde de la palabra como camino por el que debería fluir la lucha por la significación y las representaciones sociales. Se limita a ratificar los contornos del estatus quo mediante las fuerzas de seguridad y la esperanza de que la capacidad performativa del derecho ratifique, a través de condenas, la actual organización social desafiada por un sector de la sociedad. Apuesta al disciplinamiento a través del derecho penal.

Los independentistas, por su parte, apelan a mantener la presencia física y simbólica en las calles bajo el sintagma de “tsunami democrático”, con el objetivo de transformar ese poder social en político para hacer efectiva la independencia que declaró el presidente en el exilio. Pero el poder instituido juega todas sus fichas a dominar las calles con las fuerzas de seguridad y someter a juicio criminal a todo aquel que desafíe el orden legal vigente. Desde ambos lados se apuesta a reforzar cada una de las lógicas conjuntistas, haciendo a un lado las chances derivadas de la imaginación radical y renunciando a nuevas significaciones imaginarias sociales enderezadas a la construcción del ser histórico social. De ahí que las miradas queden congeladas.

La experiencia latinoamericana es vasta y trágica en materia de conflictos sociales que no son procesados de acuerdo con la palabra y la mediación institucional. Sobre todo, cuando el estado cerró los canales de diálogo y pacientemente esperó el momento propicio para castigar la movilización. Así, se impuso con la fuerza de las armas a un precio demasiado alto en términos humanos y políticos, ya que la represión corroe la legitimidad del régimen y la tregua que nace de la violencia solo engendra violencia, aun cuando su fuente sea la aplicación formal de la ley. En oportunidades a lo largo de la historia, la presencia popular en las calles consiguió objetivos de innegable importancia. Cuando los logró, debemos insistir en que lo hizo de la mano de la imaginación y evitó que las demandas societales desbordaran los canales institucionales. De lo contrario, ricas experiencias dieron lugar a pretorianismos de masas, como los llamó Samuel Huntington (3), que era lo que buscaba el Leviatán para mostrar su cara más ruda. En la historia latinoamericana, la renuncia a la imaginación solo acentuó las fracturas sociales.

Notas:

(1) Castoriadis, Cornelius, La institución imaginaria de la sociedad, Tusquets, 2013.

(2) O’Donnell, Guillermo, El Estado Burocrático Autoritario, Prometeo, 2010.

(3) Huntington, Samuel, El orden político en las sociedades en cambio, Paidós, 2014.
Federico Delgado  es abogado y politólogo. Es fiscal federal de la República Argentina, docente universitario y autor de "Injusticia. Un fiscal federal cuenta la catástrofe del poder judicial" (Ariel, 2018) y "La cara injusta de la justicia" (Paidós, 2016).
Juan Delgado  es politólogo de la Universidad de Buenos Aires y miembro del Comité de Redacción de la revista socialista argentina "Sociedad Futura".Fuente:
www.sinpermiso.info, 13-10-19

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