"Activistas que luchan por preservar los ecosistemas y las tierras ancestrales est谩n siendo amenazados, atacados e incluso asesinados con una impunidad casi total".
HRW.- El 29 de noviembre de 2019, j贸venes de todo el mundo se reunieron en diversos lugares para encabezar una huelga global por el clima como parte del movimiento Viernes por el Futuro (Fridays for Future). El 2 de diciembre, delegados de las Naciones Unidas, l铆deres mundiales, ejecutivos de empresas y activistas se congregar谩n para la 25陋 Conferencia de la Convenci贸n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clim谩tico (COP25) en Madrid para debatir formas de proteger el medio ambiente. Los participantes en estos eventos tambi茅n deber铆an abordar formas de defender a los defensores: las personas y los grupos que se han convertido en todo el mundo en blanco de ataques como consecuencia de su trabajo en nombre del planeta.
Los peligros que enfrentan los defensores del medio ambiente van m谩s all谩 de las acusaciones de que representan un riesgo para la seguridad nacional. Desde la selva amaz贸nica hasta las comunidades mineras sudafricanas, activistas que luchan por preservar los ecosistemas y las tierras ancestrales est谩n siendo amenazados, atacados e incluso asesinados con una impunidad casi total, descubri贸 Human Rights Watch. Pero en contraste con muchos de estos actos ilegales, el injusto etiquetado de los ambientalistas como amenazas a la seguridad es a menudo m谩s insidioso, ya que generalmente se lleva a cabo con apariencia de legalidad.
Y aunque no todo el activismo ambiental sea pac铆fico, solo en casos excepcionales las acciones de los activistas ambientales cumplir铆an con una definici贸n generalmente reconocida de terrorismo: acciones dirigidas a provocar un estado de terror entre la poblaci贸n causando o amenazando la muerte o lesiones corporales graves a una o m谩s personas para promover una agenda ideol贸gica o pol铆tica. Ni, en casi ninguno de los casos, sus acciones apuntan a socavar el Estado de derecho. Por lo general, estos individuos y grupos ejercen pac铆ficamente sus derechos a la libertad de expresi贸n, asociaci贸n y reuni贸n. Cuando participan en actos de desobediencia civil, su objetivo suele ser fortalecer y mejorar la aplicaci贸n de las medidas de protecci贸n ambiental existentes. A continuaci贸n, algunos ejemplos en que activistas ambientales han sido calumniados como terroristas u otras amenazas a la seguridad nacional:
En Polonia, las autoridades negaron la entrada en diciembre de 2018 a al menos 13 activistas clim谩ticos extranjeros que estaban registrados para asistir a la COP24 en la ciudad sure帽a de Katowice, alegando que representaban una amenaza para el orden p煤blico y la seguridad nacional. Junto con otras personas y grupos, los activistas hab铆an planeado presionar a los participantes de la COP24 para que tomaran medidas inmediatas para abordar el cambio clim谩tico.
Manifestantes marchan durante la cumbre sobre el cambio clim谩tico de las Naciones Unidas COP24 en Katowice, Polonia, el 8 de diciembre de 2018.© 2018 SOPA Images/LightRocket via Getty Images/Damian Klamka)
Las autoridades hab铆an aprobado previamente una ley especial que facultaba a la polic铆a para recopilar datos personales de los participantes en la conferencia sin supervisi贸n judicial ni el conocimiento y consentimiento de los participantes, y prohibir las protestas espont谩neas durante la COP24. Tambi茅n emitieron una alerta de terrorismo que autoriz贸 llevar a cabo mayores controles de veh铆culos y otros controles de seguridad en Katowice y sus alrededores durante la cumbre. Los agentes fronterizos detuvieron e interrogaron a varios activistas durante horas, en algunos casos sin permitirles comunicar su paradero o contactar a un abogado.
En noviembre de 2015, la polic铆a francesa recurri贸 a una amplia ley de emergencia antiterrorista promulgada en respuesta a los ataques mortales de Par铆s a principios de ese mes para poner al menos a 24 activistas clim谩ticos bajo arresto domiciliario sin orden judicial, efectuar redadas en las casas de los activistas y confiscar sus computadoras y bienes personales.
Manifestantes marchan durante la cumbre sobre el cambio clim谩tico de las Naciones Unidas COP24 en Katowice, Polonia, el 8 de diciembre de 2018.© 2015 AFP/Laurent Emmanuel
HRW.- El 29 de noviembre de 2019, j贸venes de todo el mundo se reunieron en diversos lugares para encabezar una huelga global por el clima como parte del movimiento Viernes por el Futuro (Fridays for Future). El 2 de diciembre, delegados de las Naciones Unidas, l铆deres mundiales, ejecutivos de empresas y activistas se congregar谩n para la 25陋 Conferencia de la Convenci贸n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clim谩tico (COP25) en Madrid para debatir formas de proteger el medio ambiente. Los participantes en estos eventos tambi茅n deber铆an abordar formas de defender a los defensores: las personas y los grupos que se han convertido en todo el mundo en blanco de ataques como consecuencia de su trabajo en nombre del planeta.
Los peligros que enfrentan los defensores del medio ambiente van m谩s all谩 de las acusaciones de que representan un riesgo para la seguridad nacional. Desde la selva amaz贸nica hasta las comunidades mineras sudafricanas, activistas que luchan por preservar los ecosistemas y las tierras ancestrales est谩n siendo amenazados, atacados e incluso asesinados con una impunidad casi total, descubri贸 Human Rights Watch. Pero en contraste con muchos de estos actos ilegales, el injusto etiquetado de los ambientalistas como amenazas a la seguridad es a menudo m谩s insidioso, ya que generalmente se lleva a cabo con apariencia de legalidad.
Y aunque no todo el activismo ambiental sea pac铆fico, solo en casos excepcionales las acciones de los activistas ambientales cumplir铆an con una definici贸n generalmente reconocida de terrorismo: acciones dirigidas a provocar un estado de terror entre la poblaci贸n causando o amenazando la muerte o lesiones corporales graves a una o m谩s personas para promover una agenda ideol贸gica o pol铆tica. Ni, en casi ninguno de los casos, sus acciones apuntan a socavar el Estado de derecho. Por lo general, estos individuos y grupos ejercen pac铆ficamente sus derechos a la libertad de expresi贸n, asociaci贸n y reuni贸n. Cuando participan en actos de desobediencia civil, su objetivo suele ser fortalecer y mejorar la aplicaci贸n de las medidas de protecci贸n ambiental existentes. A continuaci贸n, algunos ejemplos en que activistas ambientales han sido calumniados como terroristas u otras amenazas a la seguridad nacional:
En Polonia, las autoridades negaron la entrada en diciembre de 2018 a al menos 13 activistas clim谩ticos extranjeros que estaban registrados para asistir a la COP24 en la ciudad sure帽a de Katowice, alegando que representaban una amenaza para el orden p煤blico y la seguridad nacional. Junto con otras personas y grupos, los activistas hab铆an planeado presionar a los participantes de la COP24 para que tomaran medidas inmediatas para abordar el cambio clim谩tico.
Manifestantes marchan durante la cumbre sobre el cambio clim谩tico de las Naciones Unidas COP24 en Katowice, Polonia, el 8 de diciembre de 2018.© 2018 SOPA Images/LightRocket via Getty Images/Damian Klamka)
Las autoridades hab铆an aprobado previamente una ley especial que facultaba a la polic铆a para recopilar datos personales de los participantes en la conferencia sin supervisi贸n judicial ni el conocimiento y consentimiento de los participantes, y prohibir las protestas espont谩neas durante la COP24. Tambi茅n emitieron una alerta de terrorismo que autoriz贸 llevar a cabo mayores controles de veh铆culos y otros controles de seguridad en Katowice y sus alrededores durante la cumbre. Los agentes fronterizos detuvieron e interrogaron a varios activistas durante horas, en algunos casos sin permitirles comunicar su paradero o contactar a un abogado.
En noviembre de 2015, la polic铆a francesa recurri贸 a una amplia ley de emergencia antiterrorista promulgada en respuesta a los ataques mortales de Par铆s a principios de ese mes para poner al menos a 24 activistas clim谩ticos bajo arresto domiciliario sin orden judicial, efectuar redadas en las casas de los activistas y confiscar sus computadoras y bienes personales.
Manifestantes marchan durante la cumbre sobre el cambio clim谩tico de las Naciones Unidas COP24 en Katowice, Polonia, el 8 de diciembre de 2018.© 2015 AFP/Laurent Emmanuel
Los activistas fueron acusados de violar la prohibici贸n de organizar protestas relacionadas con la COP21, que se iba a llevar a cabo en Francia la semana siguiente para firmar el Acuerdo de Par铆s sobre la reducci贸n de emisiones que contribuyen al calentamiento global.
En Ir谩n, seis miembros de la Persian Wildlife Heritage Foundation (PWHF), encarcelados desde principios de 2018, fueron condenados a penas de hasta 10 a帽os de prisi贸n en noviembre por presunto espionaje a Estados Unidos. Durante un juicio profundamente defectuoso, oficiales de la Guardia Revolucionaria Isl谩mica aseguraron que los ambientalistas utilizaron su trabajo para proteger al guepardo asi谩tico, una de las especies m谩s amenazadas del mundo, como tapadera. Seg煤n los informes, en octubre se retir贸 un cargo contra cuatro de los acusados de “propagar la corrupci贸n en la Tierra”, un delito que puede conllevar la pena de muerte. Otros dos miembros de PWHF tambi茅n detenidos a principios de 2018 segu铆an esperando una fecha para el juicio. Un noveno ambientalista, el fundador de PWHF, Kavous Seyed Emami, muri贸 pocas semanas despu茅s de su arresto bajo circunstancias sospechosas en lo que seg煤n las autoridades iran铆es fue un suicidio.
Un poster de campa帽a muestra a los activistas ambientalistas Taher Ghadirian, Niloufar Bayani, Amirhossein Khaleghi, Houman Jokar, Sam Rajabi, Sepideh Kashani, Morad Tahbaz y Abdolreza Kouhpayeh, que llevan detenidos desde principios de 2018 en Ir谩n. Un tribunal iran铆 sentenci贸 en noviembre de 2019 a Bayani, Tahbaz, Jokar, Ghadirian, Khaleghi y Kashani a penas de prisi贸n de entre 6 y 10 a帽os.© 2018 #anyhopefornature Campaign
Issa Kalantari, responsable del Departamento de Medio Ambiente de Ir谩n, dijo que no hab铆a evidencia de que los ambientalistas detenidos fueran esp铆as. Dijo que los arrestos han tenido un efecto paralizador en los grupos ambientalistas del pa铆s.
Los arrestos parecen estar motivados tanto por la “paranoia” de Ir谩n de que los pa铆ses extranjeros usan a los ambientalistas como tapadera y su reconocimiento de que la ira por la degradaci贸n ambiental puede unir a las poblaciones contra las pol铆ticas gubernamentales, dijo Kaveh Madani, ex subdirector ambiental del pa铆s. Madani regres贸 a su Ir谩n natal desde Londres en 2017 para ocupar el cargo, pero dijo que fue detenido e interrogado de inmediato por los Guardias Revolucionarios, que rastrearon su tel茅fono, computadora, correos electr贸nicos y cuentas de redes sociales, y dijeron que era un “bioterrorista”, un “terrorista del agua” y un esp铆a. Abandon贸 Ir谩n siete meses despu茅s, alegando un continuo acoso, incluso por sus cr铆ticas a los proyectos de represas, construidas por los Guardias Revolucionarios.
En Kenia, la polic铆a y los militares con frecuencia han etiquetado a los activistas ambientales que se oponen a un megaproyecto de infraestructura en la regi贸n costera de Lamu, incluida una central el茅ctrica a carb贸n, como “terroristas” mientras los someten a amenazas, palizas y arrestos y detenciones arbitrarias. En 15 casos documentados por Human Rights Watch entre 2013 y 2016, las autoridades acusaron a defensores del medio ambiente de pertenecer o estar vinculados al grupo armado extremista al-Shabab, aunque nunca presentaran pruebas convincentes.
Residentes y activistas ambientales protestan en la isla de Lamu, Kenia, contra el proyecto puerto de Lamu-Sud谩n del Sur-Etiop铆a (LAPSSET), el 1 de marzo de 2012.© 2012 Reuters/Joseph Okanga
Los activistas protestan contra la construcci贸n del corredor de Transporte puerto de Lamu-Sud谩n del Sur-Etiop铆a (LAPSSET, por sus siglas en ingl茅s), el mayor proyecto de infraestructura en 脕frica Central y Oriental, que incluir谩 un puerto de 32 muelles, tres aeropuertos internacionales, una red de carreteras y ferrocarriles, y tres ciudades tur铆sticas. Los ambientalistas argumentan que LAPSSET contaminar谩 el aire y el agua, destruir谩 los manglares y los criaderos de peces, y se apropiar谩 de tierras de cultivo sin una compensaci贸n justa, desplazando a las comunidades y destruyendo sus medios de vida.
En julio, el tribunal ambiental de Kenia bloque贸 la aprobaci贸n de la central el茅ctrica en ausencia de un nuevo estudio de impacto ambiental, ante su consideraci贸n de que los procesos originales de evaluaci贸n y consulta p煤blica de los desarrolladores respaldados por China eran inadecuados. El resto del proyecto LAPSSET contin煤a. Lo mismo ocurre con la campa帽a de intimidaci贸n, dijeron a Human Rights Watch activistas que oponen resistencia al proyecto LAPSSET.
En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte en 2018 puso a 600 miembros de la sociedad civil, incluidos ambientalistas y defensores de los derechos ind铆genas, en una lista de presuntos miembros del partido comunista del pa铆s y su brazo armado, que declar贸 como organizaci贸n terrorista. La “lista de terroristas” de Duterte inclu铆a a Victoria Tauli-Corpuz, una filipina ind铆gena que es la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos ind铆genas y una activista del cambio clim谩tico.
Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos ind铆genas, en la sede de la ONU en Nueva York, en abril de 2018.© 2018 New York Times/Annie Ling A fines de 2017, Tauli-Corpuz hab铆a criticado al gobierno por los ataques y otros abusos contra las comunidades ind铆genas que se opon铆an a la extracci贸n de carb贸n y diamantes en tierras ancestrales. Aunque meses despu茅s un tribunal de Manila orden贸 al gobierno que borrase a Tauli-Corpuz de la lista, un agente militar de Filipinas retom贸 en 2019 la campa帽a contra ella, acus谩ndola de “infiltrarse” en la ONU para los insurgentes comunistas. Varios expertos en derechos humanos de la ONU condenaron la inclusi贸n de Tauli-Corpuz en la lista de terroristas.
En Ecuador, pasaron ocho a帽os antes de que el destacado activista ambiental Jos茅 “Pepe” Acacho, un l铆der ind铆gena Shuar, pudiera liberarse de los cargos de “terrorismo” por sus actividades de oposici贸n a la exploraci贸n minera y petrolera en la Amazon铆a. Acacho fue acusado de terrorismo en 2010 por presuntamente incitar a la violencia durante las protestas de la comunidad Shuar contra una ley minera. Fue condenado en 2013 y sentenciado a 12 a帽os de prisi贸n.
Pepe Acacho, el segundo por la izquierda, sale de un tribunal en Quito, Ecuador, el 8 de febrero de 2011, despu茅s de que un juez le concediera su petici贸n de habeas corpus.© 2011 AP Photo/Dolores Ochoa Human Rights Watch revis贸 los documentos del juicio y no encontr贸 evidencia cre铆ble de delitos relacionados con el terrorismo. En 2018, el Tribunal Supremo de Ecuador desestim贸 la condena por terrorismo, pero lo sentenci贸 a ocho meses de prisi贸n por “obstrucci贸n de los servicios p煤blicos”, un cargo por el cual nunca fue juzgado y que, por lo tanto, nunca tuvo la oportunidad de impugnar. Acacho pas贸 17 d铆as en la c谩rcel antes de recibir un indulto presidencial en octubre de 2018.
En EE.UU., en agosto de 2018, el entonces secretario del Interior, Ryan Zinke, culp贸 a “grupos terroristas ambientales” que se opon铆an a la tala de 谩rboles por los incendios forestales en la costa oeste, una sugerencia que fue inmediatamente atacada por las principales organizaciones ambientales, entre ellas el Sierra Club. En 2017, 84 miembros del Congreso de EE. UU., la mayor铆a republicanos, pidieron al Departamento de Justicia si los activistas que se movilizaban contra la construcci贸n de oleoductos podr铆an ser procesados como terroristas. (La respuesta del departamento fue, en algunos casos, que s铆).
Indios nativos americanos protestan contra la construcci贸n del oleoducto de Dakota Access en Dakota del Norte el 4 de septiembre de 2019.© 2019 AFP via Getty Images/Robyn Peck
Ese mismo a帽o, un importante operador de oleoductos, Energy Transfer Partners LP, present贸 una demanda contra Greenpeace y otros grupos ambientalistas, acus谩ndolos de lanzar una campa帽a de “ecoterrorismo” contra el oleoducto de petr贸leo de Dakota Access. Activistas ambientales y tribus nativas americanas hab铆an tratado de bloquear la construcci贸n del ducto subterr谩neo de 1.886 kil贸metros de largo a trav茅s de Dakota del Norte durante un prolongado enfrentamiento con las autoridades en 2016, argumentando que amenazaba sitios sagrados y el agua potable. Un tribunal federal desestim贸 la demanda a principios de este a帽o.
Aunque los manifestantes se comportaron en general de manera pac铆fica, algunos recurrieron a la violencia y fueron condenados por delitos relacionados con protestas, pero ninguno por delitos que se aproximasen incluso remotamente al terrorismo. Los expertos de la ONU condenaron las respuestas de las fuerzas de seguridad a las protestas como “excesivas”: uso de balas de goma, gases lacrim贸genos, granadas de compresi贸n y gas Mace, y condiciones de detenci贸n “inhumanas y degradantes”.
En Rusia, al menos 14 grupos ambientalistas dejaron de trabajar en los 煤ltimos a帽os, y la l铆der del destacado grupo Ekozaschita! (Ecodefensa!), Alexandra Koroleva, huy贸 del pa铆s en junio para evitar ser enjuiciada en virtud de la draconiana Ley de Agentes Extranjeros. La ley de 2012 requiere que cualquier grupo ruso que acepte fondos extranjeros y realice actividades consideradas “pol铆ticas” se registre como “agente extranjero”, un t茅rmino que en Rusia implica “esp铆a” o “traidor”. Las autoridades han utilizado la ley para silenciar grupos que han opuesto resistencia a proyectos de desarrollo sancionados por el Estado y solicitaron a las autoridades la liberaci贸n de activistas ambientales encarcelados, seg煤n una investigaci贸n de Human Rights Watch.
Alexandra Koroleva, l铆der de la organizaci贸n no gubernamental rusa Ecodefense, huy贸 a Alemania en junio de 2019 para evitar ser perseguida en virtud de la abusiva ley rusa de “agentes extranjeros”.© 2019 Ecodefense
Funcionarios rusos, incluido el enviado especial para la protecci贸n del medio ambiente, Sergey Ivanov, han aplicado la etiqueta de “extremista” a Greenpeace Rusia. Un activista de Stop GOK, un grupo ruso que busca bloquear las plantas de miner铆a y enriquecimiento, fue multado en abril de 2019 por “distribuci贸n masiva de materiales extremistas” despu茅s de publicar un poema en la p谩gina de redes sociales de la organizaci贸n que el gobierno hab铆a prohibido como extremista en 2012 La organizaci贸n no gubernamental rusa SOVA Center, que analiza las tendencias contra el extremismo, concluy贸 que el poema “脷ltimo deseo para los Ivanes” es un discurso sat铆rico para los rusos indigentes, adictos al alcohol y las drogas por parte de oligarcas y autoridades que se benefician de la extracci贸n de recursos naturales.
Stop GOK y Greenpeace Rusia se encontraban entre los grupos nombrados en un informe de 2018 por tecn贸logos progubernamentales como “extremistas ambientales” que trabajan para “fuerzas influyentes en Occidente” empe帽adas en sabotear industrias estrat茅gicas. El informe fue ampliamente cubierto por los medios controlados por el Estado.
La participaci贸n de la sociedad civil ser谩 crucial para lograr resultados ambiciosos en la COP25. Las partes que acudan a la cumbre, que incluyen a todos los pa铆ses miembros de la ONU y la Uni贸n Europea, deber铆an conceder a los activistas un espacio seguro para expresar sus preocupaciones sobre la crisis clim谩tica y utilizar la combinaci贸n de sus experiencias para ayudar a identificar soluciones. Tambi茅n deber铆an proporcionar a los activistas una oportunidad para hablar sobre las amenazas que enfrentan por llevar a cabo su trabajo.
Adem谩s, las partes deber铆an comprometerse p煤blicamente a poner en pr谩ctica con firmeza tratados internacionales y regionales que protejan a los defensores del medio ambiente. Uno de estos tratados es el Acuerdo de Escaz煤 (el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Informaci贸n, la Participaci贸n P煤blica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en Am茅rica Latina y el Caribe), el primer pacto del mundo que incluye disposiciones espec铆ficas que promueven y protegen a los defensores del medio ambiente. Veinti煤n pa铆ses han firmado el acuerdo de 2018. Pero solo seis pa铆ses lo han ratificado, cinco menos que las ratificaciones necesarias para entrar en vigor. Chile, que renunci贸 a ser anfitri贸n de la COP25 debido a las protestas derivadas del malestar econ贸mico, pero que seguir谩 presidiendo las negociaciones en Madrid, deber铆a dar ejemplo y ratificar el acuerdo.
Los participantes de la COP25 tambi茅n deben comprometerse para defender la Convenci贸n de Aarhus (la Convenci贸n de la Comisi贸n Econ贸mica de las Naciones Unidas para Europa sobre Acceso a la Informaci贸n, Participaci贸n del P煤blico en la Toma de Decisiones y Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente), de la cual Espa帽a es un pa铆s firmante. La convenci贸n, un pacto ambiental para Europa, la Uni贸n Europea y Asia Central, otorga al p煤blico, incluidos los grupos ambientalistas, una serie de derechos que incluyen la participaci贸n p煤blica y el acceso a la informaci贸n y la justicia en las decisiones gubernamentales en materia de medio ambiente, sin hostigamiento ni persecuci贸n. Algunas partes del tratado, incluida la UE y Polonia por su represi贸n en el marco de la COP24, han sido criticadas, incluso en algunos casos por el propio organismo de supervisi贸n de la Convenci贸n de Aarhus, por ignorar estas disposiciones.
Los delegados de la COP25 deber铆an reconocer que para proteger genuinamente el medio ambiente, tambi茅n deben proteger a sus defensores, incluidos aquellos que son injustamente atacados en nombre de la seguridad.
En Ir谩n, seis miembros de la Persian Wildlife Heritage Foundation (PWHF), encarcelados desde principios de 2018, fueron condenados a penas de hasta 10 a帽os de prisi贸n en noviembre por presunto espionaje a Estados Unidos. Durante un juicio profundamente defectuoso, oficiales de la Guardia Revolucionaria Isl谩mica aseguraron que los ambientalistas utilizaron su trabajo para proteger al guepardo asi谩tico, una de las especies m谩s amenazadas del mundo, como tapadera. Seg煤n los informes, en octubre se retir贸 un cargo contra cuatro de los acusados de “propagar la corrupci贸n en la Tierra”, un delito que puede conllevar la pena de muerte. Otros dos miembros de PWHF tambi茅n detenidos a principios de 2018 segu铆an esperando una fecha para el juicio. Un noveno ambientalista, el fundador de PWHF, Kavous Seyed Emami, muri贸 pocas semanas despu茅s de su arresto bajo circunstancias sospechosas en lo que seg煤n las autoridades iran铆es fue un suicidio.
Un poster de campa帽a muestra a los activistas ambientalistas Taher Ghadirian, Niloufar Bayani, Amirhossein Khaleghi, Houman Jokar, Sam Rajabi, Sepideh Kashani, Morad Tahbaz y Abdolreza Kouhpayeh, que llevan detenidos desde principios de 2018 en Ir谩n. Un tribunal iran铆 sentenci贸 en noviembre de 2019 a Bayani, Tahbaz, Jokar, Ghadirian, Khaleghi y Kashani a penas de prisi贸n de entre 6 y 10 a帽os.© 2018 #anyhopefornature Campaign
Issa Kalantari, responsable del Departamento de Medio Ambiente de Ir谩n, dijo que no hab铆a evidencia de que los ambientalistas detenidos fueran esp铆as. Dijo que los arrestos han tenido un efecto paralizador en los grupos ambientalistas del pa铆s.
Los arrestos parecen estar motivados tanto por la “paranoia” de Ir谩n de que los pa铆ses extranjeros usan a los ambientalistas como tapadera y su reconocimiento de que la ira por la degradaci贸n ambiental puede unir a las poblaciones contra las pol铆ticas gubernamentales, dijo Kaveh Madani, ex subdirector ambiental del pa铆s. Madani regres贸 a su Ir谩n natal desde Londres en 2017 para ocupar el cargo, pero dijo que fue detenido e interrogado de inmediato por los Guardias Revolucionarios, que rastrearon su tel茅fono, computadora, correos electr贸nicos y cuentas de redes sociales, y dijeron que era un “bioterrorista”, un “terrorista del agua” y un esp铆a. Abandon贸 Ir谩n siete meses despu茅s, alegando un continuo acoso, incluso por sus cr铆ticas a los proyectos de represas, construidas por los Guardias Revolucionarios.
En Kenia, la polic铆a y los militares con frecuencia han etiquetado a los activistas ambientales que se oponen a un megaproyecto de infraestructura en la regi贸n costera de Lamu, incluida una central el茅ctrica a carb贸n, como “terroristas” mientras los someten a amenazas, palizas y arrestos y detenciones arbitrarias. En 15 casos documentados por Human Rights Watch entre 2013 y 2016, las autoridades acusaron a defensores del medio ambiente de pertenecer o estar vinculados al grupo armado extremista al-Shabab, aunque nunca presentaran pruebas convincentes.
Residentes y activistas ambientales protestan en la isla de Lamu, Kenia, contra el proyecto puerto de Lamu-Sud谩n del Sur-Etiop铆a (LAPSSET), el 1 de marzo de 2012.© 2012 Reuters/Joseph Okanga
Los activistas protestan contra la construcci贸n del corredor de Transporte puerto de Lamu-Sud谩n del Sur-Etiop铆a (LAPSSET, por sus siglas en ingl茅s), el mayor proyecto de infraestructura en 脕frica Central y Oriental, que incluir谩 un puerto de 32 muelles, tres aeropuertos internacionales, una red de carreteras y ferrocarriles, y tres ciudades tur铆sticas. Los ambientalistas argumentan que LAPSSET contaminar谩 el aire y el agua, destruir谩 los manglares y los criaderos de peces, y se apropiar谩 de tierras de cultivo sin una compensaci贸n justa, desplazando a las comunidades y destruyendo sus medios de vida.
En julio, el tribunal ambiental de Kenia bloque贸 la aprobaci贸n de la central el茅ctrica en ausencia de un nuevo estudio de impacto ambiental, ante su consideraci贸n de que los procesos originales de evaluaci贸n y consulta p煤blica de los desarrolladores respaldados por China eran inadecuados. El resto del proyecto LAPSSET contin煤a. Lo mismo ocurre con la campa帽a de intimidaci贸n, dijeron a Human Rights Watch activistas que oponen resistencia al proyecto LAPSSET.
En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte en 2018 puso a 600 miembros de la sociedad civil, incluidos ambientalistas y defensores de los derechos ind铆genas, en una lista de presuntos miembros del partido comunista del pa铆s y su brazo armado, que declar贸 como organizaci贸n terrorista. La “lista de terroristas” de Duterte inclu铆a a Victoria Tauli-Corpuz, una filipina ind铆gena que es la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos ind铆genas y una activista del cambio clim谩tico.
Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos ind铆genas, en la sede de la ONU en Nueva York, en abril de 2018.© 2018 New York Times/Annie Ling A fines de 2017, Tauli-Corpuz hab铆a criticado al gobierno por los ataques y otros abusos contra las comunidades ind铆genas que se opon铆an a la extracci贸n de carb贸n y diamantes en tierras ancestrales. Aunque meses despu茅s un tribunal de Manila orden贸 al gobierno que borrase a Tauli-Corpuz de la lista, un agente militar de Filipinas retom贸 en 2019 la campa帽a contra ella, acus谩ndola de “infiltrarse” en la ONU para los insurgentes comunistas. Varios expertos en derechos humanos de la ONU condenaron la inclusi贸n de Tauli-Corpuz en la lista de terroristas.
En Ecuador, pasaron ocho a帽os antes de que el destacado activista ambiental Jos茅 “Pepe” Acacho, un l铆der ind铆gena Shuar, pudiera liberarse de los cargos de “terrorismo” por sus actividades de oposici贸n a la exploraci贸n minera y petrolera en la Amazon铆a. Acacho fue acusado de terrorismo en 2010 por presuntamente incitar a la violencia durante las protestas de la comunidad Shuar contra una ley minera. Fue condenado en 2013 y sentenciado a 12 a帽os de prisi贸n.
Pepe Acacho, el segundo por la izquierda, sale de un tribunal en Quito, Ecuador, el 8 de febrero de 2011, despu茅s de que un juez le concediera su petici贸n de habeas corpus.© 2011 AP Photo/Dolores Ochoa Human Rights Watch revis贸 los documentos del juicio y no encontr贸 evidencia cre铆ble de delitos relacionados con el terrorismo. En 2018, el Tribunal Supremo de Ecuador desestim贸 la condena por terrorismo, pero lo sentenci贸 a ocho meses de prisi贸n por “obstrucci贸n de los servicios p煤blicos”, un cargo por el cual nunca fue juzgado y que, por lo tanto, nunca tuvo la oportunidad de impugnar. Acacho pas贸 17 d铆as en la c谩rcel antes de recibir un indulto presidencial en octubre de 2018.
En EE.UU., en agosto de 2018, el entonces secretario del Interior, Ryan Zinke, culp贸 a “grupos terroristas ambientales” que se opon铆an a la tala de 谩rboles por los incendios forestales en la costa oeste, una sugerencia que fue inmediatamente atacada por las principales organizaciones ambientales, entre ellas el Sierra Club. En 2017, 84 miembros del Congreso de EE. UU., la mayor铆a republicanos, pidieron al Departamento de Justicia si los activistas que se movilizaban contra la construcci贸n de oleoductos podr铆an ser procesados como terroristas. (La respuesta del departamento fue, en algunos casos, que s铆).
Indios nativos americanos protestan contra la construcci贸n del oleoducto de Dakota Access en Dakota del Norte el 4 de septiembre de 2019.© 2019 AFP via Getty Images/Robyn Peck
Ese mismo a帽o, un importante operador de oleoductos, Energy Transfer Partners LP, present贸 una demanda contra Greenpeace y otros grupos ambientalistas, acus谩ndolos de lanzar una campa帽a de “ecoterrorismo” contra el oleoducto de petr贸leo de Dakota Access. Activistas ambientales y tribus nativas americanas hab铆an tratado de bloquear la construcci贸n del ducto subterr谩neo de 1.886 kil贸metros de largo a trav茅s de Dakota del Norte durante un prolongado enfrentamiento con las autoridades en 2016, argumentando que amenazaba sitios sagrados y el agua potable. Un tribunal federal desestim贸 la demanda a principios de este a帽o.
Aunque los manifestantes se comportaron en general de manera pac铆fica, algunos recurrieron a la violencia y fueron condenados por delitos relacionados con protestas, pero ninguno por delitos que se aproximasen incluso remotamente al terrorismo. Los expertos de la ONU condenaron las respuestas de las fuerzas de seguridad a las protestas como “excesivas”: uso de balas de goma, gases lacrim贸genos, granadas de compresi贸n y gas Mace, y condiciones de detenci贸n “inhumanas y degradantes”.
En Rusia, al menos 14 grupos ambientalistas dejaron de trabajar en los 煤ltimos a帽os, y la l铆der del destacado grupo Ekozaschita! (Ecodefensa!), Alexandra Koroleva, huy贸 del pa铆s en junio para evitar ser enjuiciada en virtud de la draconiana Ley de Agentes Extranjeros. La ley de 2012 requiere que cualquier grupo ruso que acepte fondos extranjeros y realice actividades consideradas “pol铆ticas” se registre como “agente extranjero”, un t茅rmino que en Rusia implica “esp铆a” o “traidor”. Las autoridades han utilizado la ley para silenciar grupos que han opuesto resistencia a proyectos de desarrollo sancionados por el Estado y solicitaron a las autoridades la liberaci贸n de activistas ambientales encarcelados, seg煤n una investigaci贸n de Human Rights Watch.
Alexandra Koroleva, l铆der de la organizaci贸n no gubernamental rusa Ecodefense, huy贸 a Alemania en junio de 2019 para evitar ser perseguida en virtud de la abusiva ley rusa de “agentes extranjeros”.© 2019 Ecodefense
Funcionarios rusos, incluido el enviado especial para la protecci贸n del medio ambiente, Sergey Ivanov, han aplicado la etiqueta de “extremista” a Greenpeace Rusia. Un activista de Stop GOK, un grupo ruso que busca bloquear las plantas de miner铆a y enriquecimiento, fue multado en abril de 2019 por “distribuci贸n masiva de materiales extremistas” despu茅s de publicar un poema en la p谩gina de redes sociales de la organizaci贸n que el gobierno hab铆a prohibido como extremista en 2012 La organizaci贸n no gubernamental rusa SOVA Center, que analiza las tendencias contra el extremismo, concluy贸 que el poema “脷ltimo deseo para los Ivanes” es un discurso sat铆rico para los rusos indigentes, adictos al alcohol y las drogas por parte de oligarcas y autoridades que se benefician de la extracci贸n de recursos naturales.
Stop GOK y Greenpeace Rusia se encontraban entre los grupos nombrados en un informe de 2018 por tecn贸logos progubernamentales como “extremistas ambientales” que trabajan para “fuerzas influyentes en Occidente” empe帽adas en sabotear industrias estrat茅gicas. El informe fue ampliamente cubierto por los medios controlados por el Estado.
La participaci贸n de la sociedad civil ser谩 crucial para lograr resultados ambiciosos en la COP25. Las partes que acudan a la cumbre, que incluyen a todos los pa铆ses miembros de la ONU y la Uni贸n Europea, deber铆an conceder a los activistas un espacio seguro para expresar sus preocupaciones sobre la crisis clim谩tica y utilizar la combinaci贸n de sus experiencias para ayudar a identificar soluciones. Tambi茅n deber铆an proporcionar a los activistas una oportunidad para hablar sobre las amenazas que enfrentan por llevar a cabo su trabajo.
Adem谩s, las partes deber铆an comprometerse p煤blicamente a poner en pr谩ctica con firmeza tratados internacionales y regionales que protejan a los defensores del medio ambiente. Uno de estos tratados es el Acuerdo de Escaz煤 (el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Informaci贸n, la Participaci贸n P煤blica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en Am茅rica Latina y el Caribe), el primer pacto del mundo que incluye disposiciones espec铆ficas que promueven y protegen a los defensores del medio ambiente. Veinti煤n pa铆ses han firmado el acuerdo de 2018. Pero solo seis pa铆ses lo han ratificado, cinco menos que las ratificaciones necesarias para entrar en vigor. Chile, que renunci贸 a ser anfitri贸n de la COP25 debido a las protestas derivadas del malestar econ贸mico, pero que seguir谩 presidiendo las negociaciones en Madrid, deber铆a dar ejemplo y ratificar el acuerdo.
Los participantes de la COP25 tambi茅n deben comprometerse para defender la Convenci贸n de Aarhus (la Convenci贸n de la Comisi贸n Econ贸mica de las Naciones Unidas para Europa sobre Acceso a la Informaci贸n, Participaci贸n del P煤blico en la Toma de Decisiones y Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente), de la cual Espa帽a es un pa铆s firmante. La convenci贸n, un pacto ambiental para Europa, la Uni贸n Europea y Asia Central, otorga al p煤blico, incluidos los grupos ambientalistas, una serie de derechos que incluyen la participaci贸n p煤blica y el acceso a la informaci贸n y la justicia en las decisiones gubernamentales en materia de medio ambiente, sin hostigamiento ni persecuci贸n. Algunas partes del tratado, incluida la UE y Polonia por su represi贸n en el marco de la COP24, han sido criticadas, incluso en algunos casos por el propio organismo de supervisi贸n de la Convenci贸n de Aarhus, por ignorar estas disposiciones.
Los delegados de la COP25 deber铆an reconocer que para proteger genuinamente el medio ambiente, tambi茅n deben proteger a sus defensores, incluidos aquellos que son injustamente atacados en nombre de la seguridad.
