Un grupo de especialistas independientes de la ONU en derechos humanos* ha condenado el uso excesivo de la fuerza ejercido por las fuerzas de seguridad en Chile durante las protestas acontecidas durante las últimas semanas.
Foto Diana Lea. Protestas en Santiago, Chile
Las personas especialistas, nombradas por el Consejo de Derechos Humanos y que desempeñan sus funciones a título personal, destacaron que “la violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas, el elevado número de heridos y la manera en la cual se han utilizado las armas no letales parece indicar que el uso de la fuerza fue excesivo y violó los requisitos de necesidad y proporcionalidad".
Según las cifras que barajan, durante las protestas, que comenzaron a principios de octubre por el aumento de los costos de transporte y una desigualdad profundamente arraigada, murieron al menos 20 personas y unas 1600 resultaron heridas, incluyendo a agentes de policía.
Otro aspecto que les preocupa profundamente son las informaciones recibidas de uso excesivo de la fuerza previo a la detención, abusos contra niños y niñas y malos tratos que podrían constituir tortura.
Asimismo, también recibieron información sobre violencia sexual contra mujeres, hombres y adolescentes, que incluyen prácticas tales como desnudamientos forzados, tocamientos y violaciones durante la detención.
“Las mujeres y los niños han participado activamente en las protestas en curso y el Estado debe abordar sus preocupaciones específicas en materia de protección", dijeron los expertos.
Al mismo tiempo recordaron al Gobierno de Chile que no solo está obligado a respetar los derechos humanos de sus conciudadanos, sino que también ha de proteger a las personas contra actos violentos cometidos por particulares.
Permitir las protestas aislando a los violentos
“Debe permitir que las protestas se lleven a cabo aislando a los que recurren a la violencia, al mismo tiempo que garantiza que todas las personas en el país puedan disfrutar de sus derechos".
Por otro lado, el grupo de expertos aplaudió la reciente decisión emprendida por las autoridades chilenas de invitar a una misión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU al país sudamericano.
“La misión evaluará la situación de los derechos humanos en relación con las protestas y el estado de emergencia en Chile, incluyendo la identificación de los principales patrones de violaciones de garantías fundamentales, el análisis de la respuesta de las instituciones del Estado chileno, así como las causas relacionadas con las protestas”, destaca el comunicado emitido por los expertos.
Por último, indicaron estar en contacto con las autoridades y discutieron su “voluntad expresa de perseguir y determinar las responsabilidades en casos de violaciones de los derechos humanos, en particular las cometidas por agentes del Estado”.
No usar balines ni perdigones
Por su parte, la oficina de las Naciones Unidas en Chile urge a las autoridades a cesar de inmediato el uso de balines y perdigones, que hasta el día de hoy ha causado cientos de heridos y más de 170 traumas oculares, de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
“La utilización arbitraria e indiscriminada de este tipo de armas no letales, constituye una violación grave de los derechos humanos y vulnera el principio de proporcionalidad”, señala un comunicado difundido por las Naciones Unidas en el país sudamericano.
Además, la oficina de la ONU en Chile, que ha mantenido diálogos con organizaciones de la sociedad civil y del Estado, señala que “se pone a disposición de las autoridades y de la sociedad en su conjunto, para avanzar en medidas que permitan alcanzar la protección de todas las personas y la paz social”.
*El grupo lo forman: Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; José Antonio Guevara Bermúdez, presidente-relator, Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria; Agnes Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Philip Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos y, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra la mujer y las niñas.
Foto Diana Lea. Protestas en Santiago, Chile
Las personas especialistas, nombradas por el Consejo de Derechos Humanos y que desempeñan sus funciones a título personal, destacaron que “la violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas, el elevado número de heridos y la manera en la cual se han utilizado las armas no letales parece indicar que el uso de la fuerza fue excesivo y violó los requisitos de necesidad y proporcionalidad".
Según las cifras que barajan, durante las protestas, que comenzaron a principios de octubre por el aumento de los costos de transporte y una desigualdad profundamente arraigada, murieron al menos 20 personas y unas 1600 resultaron heridas, incluyendo a agentes de policía.
Otro aspecto que les preocupa profundamente son las informaciones recibidas de uso excesivo de la fuerza previo a la detención, abusos contra niños y niñas y malos tratos que podrían constituir tortura.
Asimismo, también recibieron información sobre violencia sexual contra mujeres, hombres y adolescentes, que incluyen prácticas tales como desnudamientos forzados, tocamientos y violaciones durante la detención.
“Las mujeres y los niños han participado activamente en las protestas en curso y el Estado debe abordar sus preocupaciones específicas en materia de protección", dijeron los expertos.
Al mismo tiempo recordaron al Gobierno de Chile que no solo está obligado a respetar los derechos humanos de sus conciudadanos, sino que también ha de proteger a las personas contra actos violentos cometidos por particulares.
Permitir las protestas aislando a los violentos
“Debe permitir que las protestas se lleven a cabo aislando a los que recurren a la violencia, al mismo tiempo que garantiza que todas las personas en el país puedan disfrutar de sus derechos".
Por otro lado, el grupo de expertos aplaudió la reciente decisión emprendida por las autoridades chilenas de invitar a una misión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU al país sudamericano.
“La misión evaluará la situación de los derechos humanos en relación con las protestas y el estado de emergencia en Chile, incluyendo la identificación de los principales patrones de violaciones de garantías fundamentales, el análisis de la respuesta de las instituciones del Estado chileno, así como las causas relacionadas con las protestas”, destaca el comunicado emitido por los expertos.
Por último, indicaron estar en contacto con las autoridades y discutieron su “voluntad expresa de perseguir y determinar las responsabilidades en casos de violaciones de los derechos humanos, en particular las cometidas por agentes del Estado”.
No usar balines ni perdigones
Por su parte, la oficina de las Naciones Unidas en Chile urge a las autoridades a cesar de inmediato el uso de balines y perdigones, que hasta el día de hoy ha causado cientos de heridos y más de 170 traumas oculares, de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
“La utilización arbitraria e indiscriminada de este tipo de armas no letales, constituye una violación grave de los derechos humanos y vulnera el principio de proporcionalidad”, señala un comunicado difundido por las Naciones Unidas en el país sudamericano.
Además, la oficina de la ONU en Chile, que ha mantenido diálogos con organizaciones de la sociedad civil y del Estado, señala que “se pone a disposición de las autoridades y de la sociedad en su conjunto, para avanzar en medidas que permitan alcanzar la protección de todas las personas y la paz social”.
*El grupo lo forman: Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; José Antonio Guevara Bermúdez, presidente-relator, Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria; Agnes Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Philip Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos y, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra la mujer y las niñas.
