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"Por el derecho a informar"

La Asociación de la Prensa de Madrid rechaza la imputación de 12 periodistas por informar sobre el sumario de los CDR.


La FAPE insta al juez a retirar la imputación: Los periodistas no cooperan en la revelación de secretos, sino que ejercen su derecho constitucional  a difundir información veraz, verificada y contrastada con fuentes fiables y de interés general.


La APM considera que quienes tienen que guardar silencio son los funcionarios y no los periodistas, cuyo deber es difundir información veraz y contrastada sobre asuntos de interés público.

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) rechaza la citación judicial como investigados de 12 periodistas de El Mundo, El País, ABC, El Confidencial, La Vanguardia, El Español, Cadena Ser y RTVE por informar sobre el sumario de los CDR cuando la causa, que se instruye en la Audiencia Nacional, era secreta.

La APM considera que quienes tienen que guardar silencio son los funcionarios y no los periodistas, cuyo deber es difundir información veraz y contrastada sobre asuntos de interés público.

Los periodistas han sido citados como imputados por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, a pesar de que investiga un delito de revelación de secretos por parte de funcionario público. Según este juez instructor,  los periodistas serían  cooperadores necesarios de dicha revelación de secretos.

FAPE
La FAPE insta al juez Juan Carlos Peinado a que levante la imputación de los periodistas, en beneficio de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de información, pilares fundamentales de nuestro sistema democrático.

La FAPE considera que la imputación supone una limitación de la libertad de prensa, dado que la ley sanciona a los que filtran y no a los que reciben la filtración.

Los periodistas no cooperan en la revelación de secretos, como señala el magistrado, sino que ejercen su derecho constitucional  a difundir información veraz, verificada y contrastada con fuentes fiables y de interés general.

En el caso de que se tratase de averiguar el origen de la filtración, la FAPE recuerda que los periodistas están amparados por el derecho al secreto profesional, que incluye el deber de proteger la identidad de las fuentes para evitar un despido, una condena carcelaria, o algo peor.

La FAPE recuerda que el secreto profesional de los periodistas tiene una doble finalidad: de un lado, ampara al periodista de los requerimientos de terceros (la Administración o los tribunales) para que revele sus fuentes y, de otro, ampara también a la fuente que le ha suministrado la información.

El Código Deontológico de la FAPE establece que el secreto profesional solo puede vulnerarse en los casos en que la fuente ha mentido fehacientemente o si la información puede derivar a un crimen o un delito muy grave.

http://fape.es/home/codigo-deontologico/

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