Ejecuciones, trabajo forzado y reclutamiento infantil en Arauca y Apure.
(Bogot谩) – Grupos armados controlan de forma violenta el d铆a a d铆a de la poblaci贸n en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure, se帽al贸 Human Rights Watch en un informe divulgado hoy.
El informe de 69 p谩ginas, “‘Los guerrilleros son la polic铆a’: Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure”, documenta cr铆menes cometidos por el Ej茅rcito de Liberaci贸n Nacional (ELN), las Fuerzas Patri贸ticas de Liberaci贸n Nacional (FPLN) y el “Frente D茅cimo Mart铆n Villa”, un grupo que se form贸 a partir de la desmovilizaci贸n de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Como parte de su estrategia para controlar la vida social, pol铆tica y econ贸mica de Arauca y Apure, estos grupos armados a menudo cometen abusos que incluyen homicidios, trabajo forzado, reclutamiento de menores y violaciones sexuales. Estos abusos quedan casi siempre en la impunidad.
“Los residentes de Arauca y Apure viven aterrorizados, mientras los grupos armados imponen sus propias reglas, reclutan ni帽os, amenazan a residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con la muerte o con meses de trabajo forzado”, expres贸 Jos茅 Miguel Vivanco, director para las Am茅ricas de Human Rights Watch. “Los grupos operan con una impunidad casi absoluta a ambos lados de la frontera, y especialmente en Venezuela act煤an en ocasiones con la connivencia de miembros de las fuerzas de seguridad y autoridades locales”.
Human Rights Watch visit贸 Arauca en agosto de 2019. Entrevistamos a 105 personas, incluidos l铆deres comunitarios, v铆ctimas de abusos y sus familiares, actores humanitarios, funcionarios de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas. Human Rights Watch tambi茅n envi贸 solicitudes de informaci贸n a autoridades colombianas y venezolanas y consult贸 numerosas fuentes de informaci贸n y otros documentos.
El informe concluye que los grupos armados en ambos lados de la frontera han establecido, e imponen ferozmente, una serie de normas asociadas con las leyes que habitualmente sancionan y hacen cumplir los gobiernos. Estas normas incluyen toques de queda; la prohibici贸n de delitos como la violaci贸n sexual, el robo y el homicidio; y la reglamentaci贸n de actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y hasta el horario de cierre de bares. En algunas zonas, los grupos proh铆ben usar cascos a quienes circulan en motocicleta para que los miembros de los grupos armados puedan verle el rostro a las personas que circulan. Los grupos extorsionan pr谩cticamente a todos los residentes para quitarles dinero.
Los grupos armados han cometido en los 煤ltimos a帽os cada vez m谩s homicidios, incluso contra defensores de derechos humanos y l铆deres comunitarios. En 2015, cuando las FARC acordaron un cese al fuego en el contexto de las negociaciones de paz con el gobierno, las autoridades registraron 96 homicidios en Arauca. Desde entonces, el n煤mero de homicidios se ha incrementado; hubo 161 homicidios entre enero y fines de noviembre de 2019. Los grupos armados son responsables de la mayor铆a de estos homicidios.
Human Rights Watch tambi茅n ha recibido se帽alamientos cre铆bles de homicidios perpetrados por grupos armados en Apure, aunque las autoridades venezolanas no han divulgado estad铆sticas confiables ni completas sobre las muertes ocurridas all铆.
Al menos 16 cuerpos de civiles hallados en Arauca en 2019 fueron encontrados con un papel en el cual se acusaba a las v铆ctimas de haber sido “informantes”, “violadores”, “narcotraficantes” o “ladrones”. Algunos llevaban la firma de la disidencia de las FARC.
Los grupos armados en Arauca y Apure tambi茅n castigan a los residentes con trabajo forzado. Los obligan a trabajar sin recibir pago alguno, a veces durante meses, en actividades como agricultura, limpieza de caminos o cocinando en los campamentos de los grupos armados, que suelen estar en Venezuela.
“Ac谩 se hace lo que ellos dicen, o uno se muere”, nos dijo una residente que se desplaz贸 de su vereda tras ser amenazada por un grupo armado. “Las reglas son… no se le puedo hablar al Ej茅rcito, no se puede salir tarde en la noche. Y si no las cumplimos, el objetivo o la pena es muerte”.
Cerca de 44.000 venezolanos viven en Arauca. La mayor铆a llegaron a partir de 2015 huyendo de la devastadora crisis humanitaria, pol铆tica y econ贸mica en su pa铆s. Los venezolanos en Arauca en general viven en condiciones econ贸micas precarias, duermen en la calle o en asentamientos improvisados. Miles de venezolanos caminan por el costado de los caminos con la intenci贸n de llegar a otras partes de Colombia. A menudo, desconocen los peligros que existen en el trayecto, incluyendo los posibles abusos por parte de grupos armados.
Los venezolanos tambi茅n han sufrido otros tipos de abusos. Muchas mujeres son sometidas a explotaci贸n sexual y coacci贸n para intercambiar relaciones sexuales por dinero. Diversos actores humanitarios han denunciado casos de trata de personas. En algunos casos, una vez que llegan a un prost铆bulo, les retienen sus documentos y se les da ropa, comida y “vivienda” que deben pagar con su trabajo. Las cantidades que se les exigen son tan exorbitantes que nunca podr铆an saldar la deuda.
La xenofobia es un fen贸meno extendido en Arauca. A menudo, los residentes culpan a los venezolanos por la delincuencia.
Si bien las autoridades colombianas han intentado contrarrestar el poder de los grupos armados, la impunidad sigue siendo la norma y la protecci贸n para los residentes es insuficiente. Hasta septiembre, la Fiscal铆a General de la Naci贸n de Colombia hab铆a obtenido condenas en apenas ocho casos de homicidio cometidos en Arauca desde 2017, de un total de m谩s de 400 que estaban bajo investigaci贸n. Ninguno de los condenados eran miembros de grupos armados. Las autoridades tampoco hab铆an condenado a miembros de grupos armados por otros delitos como violaci贸n sexual, amenazas, extorsi贸n, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado o el delito penal de “desaparici贸n forzada” en casos cometidos desde 2017.
Pareciera que los grupos armados tienen mucha m谩s libertad de acci贸n en Venezuela que en Colombia. En varias oportunidades, los grupos han trasladado a v铆ctimas secuestradas en Arauca a campamentos y otras instalaciones que tienen en Venezuela. En ocasiones, los grupos armados act煤an con la connivencia de las fuerzas de seguridad y autoridades locales venezolanas, seg煤n residentes de Apure, l铆deres comunitarios, actores humanitarios y periodistas que trabajan en la zona.
La investigaci贸n de Human Rights Watch sugiere que es improbable que la situaci贸n en Arauca mejore si el gobierno colombiano sigue enfocando su estrategia en enviar militares, sin al mismo tiempo fortalecer el poder judicial, reforzar la protecci贸n de la poblaci贸n y adoptar medidas para asegurar un acceso adecuado a oportunidades econ贸micas y educativas y a servicios p煤blicos. A su vez, la implementaci贸n de planes de desarrollo local conocidos como “Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial” (PDET) —en especial aquellos vinculados con el fortalecimiento del poder judicial, la protecci贸n de l铆deres comunitarios y la provisi贸n de oportunidades econ贸micas y educativas— podr铆a contribuir a contrarrestar el poder de los grupos armados y prevenir violaciones de derechos humanos en Arauca.
La Misi贸n Independiente de Determinaci贸n de los Hechos de las Naciones Unidas creada en septiembre para investigar atrocidades cometidas en Venezuela deber铆a examinar los abusos perpetrados por grupos armados en Venezuela con la tolerancia o connivencia de las fuerzas de seguridad.
“Incrementar la presi贸n internacional sobre el r茅gimen de Maduro sigue siendo una herramienta importante para prevenir abusos y que se haga justicia por los cr铆menes cometidos en Venezuela”, se帽al贸 Vivanco. “Los gobiernos de Am茅rica y Europa deber铆an imponer sanciones espec铆ficas, como el congelamiento de activos y la prohibici贸n de ingreso a pa铆ses de la regi贸n, dirigidas a altos funcionarios venezolanos que hayan sido c贸mplices en abusos cometidos por grupos armados en Venezuela”.
Casos seleccionados
El 27 de abril de 2018, hombres armados secuestraron a Mar铆a del Carmen Moreno P谩ez de su finca en la zona rural de Arauquita, Colombia, seg煤n contaron dos familiares a Human Rights Watch. Los secuestradores enviaron a su familia videos y fotograf铆as de Moreno P谩ez con los ojos vendados y exigieron dinero, pero la mataron pocas horas despu茅s de haberla secuestrado. Los bomberos encontraron su cuerpo cinco d铆as m谩s tarde. Poco despu茅s, apareci贸 en las redes sociales un video en el que se ve a dos hombres, con las manos atadas y cadenas alrededor del cuello, confesar que cometieron el secuestro y homicidio. M谩s tarde ese mismo d铆a, los cuerpos de los hombres se encontraron con una nota que dec铆a: “Estos son los autores del secuestro y a[s]esinato de la se帽ora Mar铆a… [H]acemos justicia. FARC-EP. Ej茅rcito del pueblo”.
Lina y Natalia (seud贸nimos), ambas de 15 a帽os, tomaron un autob煤s de regreso a sus casas al salir de su escuela en una zona rural de Arauca, a comienzos de 2019. Al bajar, miembros del ELN convencieron a las ni帽as de ir a un campamento y convertirse en guerrilleras. La madre de Lina acudi贸 al campamento apenas se enter贸 de lo ocurrido, acompa帽ada por otro l铆der comunitario. Pudo persuadir al comandante de que liberara a su hija, pero no a Natalia. El comandante indic贸 que, si alguna vez Lina volv铆a a las guerrillas, se quedar铆a all铆 para siempre. Miembros de la guerrilla les preguntaron a las ni帽as si eran v铆rgenes y les tomaron fotograf铆as en ropa interior. Lina y su madre salieron del departamento de Arauca.
Miguel Escobar (seud贸nimo), un venezolano de 31 a帽os, cont贸 a Human Rights Watch que, en mayo de 2019, fue citado a un campamento de la disidencia de las FARC en Venezuela para hablar con “Jer贸nimo”, el comandante del grupo. La esposa de Escobar le hab铆a dicho al grupo que este la hab铆a maltratado. Escobar dijo que tras una breve discusi贸n con “Jer贸nimo”, fue obligado a trabajar sin remuneraci贸n como cocinero en el campamento de la disidencia junto a otros dos civiles que estaban en las mismas condiciones. Pasados dos meses, un comandante le inform贸 que ten铆an intenci贸n de mantenerlo all铆 durante dos a帽os. Escobar escap贸 poco despu茅s.
Rafael Ort铆z (seud贸nimo), de 20 a帽os, trabajaba en una organizaci贸n comunitaria local en Arauca. A comienzos de 2019, disidentes de las FARC lo llamaron para decirle que lo responsabilizar铆an si alg煤n miembro de su organizaci贸n se pasaba de la raya. M谩s tarde, miembros del ELN lo llevaron por la fuerza a una poblaci贸n rural de Arauca, seg煤n cont贸, donde un comandante le ofreci贸 700.000 pesos colombianos (alrededor de USD 210) por cada ni帽o de 12 a帽os o m谩s que reclutara para el grupo. Cuando rechaz贸 el ofrecimiento, el comandante le advirti贸 que tendr铆a que “enfrentar las consecuencias”. Ort铆z se fue de la reuni贸n e inmediatamente despu茅s abandon贸 Arauca.
(Bogot谩) – Grupos armados controlan de forma violenta el d铆a a d铆a de la poblaci贸n en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure, se帽al贸 Human Rights Watch en un informe divulgado hoy.
El informe de 69 p谩ginas, “‘Los guerrilleros son la polic铆a’: Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure”, documenta cr铆menes cometidos por el Ej茅rcito de Liberaci贸n Nacional (ELN), las Fuerzas Patri贸ticas de Liberaci贸n Nacional (FPLN) y el “Frente D茅cimo Mart铆n Villa”, un grupo que se form贸 a partir de la desmovilizaci贸n de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Como parte de su estrategia para controlar la vida social, pol铆tica y econ贸mica de Arauca y Apure, estos grupos armados a menudo cometen abusos que incluyen homicidios, trabajo forzado, reclutamiento de menores y violaciones sexuales. Estos abusos quedan casi siempre en la impunidad.
“Los residentes de Arauca y Apure viven aterrorizados, mientras los grupos armados imponen sus propias reglas, reclutan ni帽os, amenazan a residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con la muerte o con meses de trabajo forzado”, expres贸 Jos茅 Miguel Vivanco, director para las Am茅ricas de Human Rights Watch. “Los grupos operan con una impunidad casi absoluta a ambos lados de la frontera, y especialmente en Venezuela act煤an en ocasiones con la connivencia de miembros de las fuerzas de seguridad y autoridades locales”.
Human Rights Watch visit贸 Arauca en agosto de 2019. Entrevistamos a 105 personas, incluidos l铆deres comunitarios, v铆ctimas de abusos y sus familiares, actores humanitarios, funcionarios de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas. Human Rights Watch tambi茅n envi贸 solicitudes de informaci贸n a autoridades colombianas y venezolanas y consult贸 numerosas fuentes de informaci贸n y otros documentos.
El informe concluye que los grupos armados en ambos lados de la frontera han establecido, e imponen ferozmente, una serie de normas asociadas con las leyes que habitualmente sancionan y hacen cumplir los gobiernos. Estas normas incluyen toques de queda; la prohibici贸n de delitos como la violaci贸n sexual, el robo y el homicidio; y la reglamentaci贸n de actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y hasta el horario de cierre de bares. En algunas zonas, los grupos proh铆ben usar cascos a quienes circulan en motocicleta para que los miembros de los grupos armados puedan verle el rostro a las personas que circulan. Los grupos extorsionan pr谩cticamente a todos los residentes para quitarles dinero.
Los grupos armados han cometido en los 煤ltimos a帽os cada vez m谩s homicidios, incluso contra defensores de derechos humanos y l铆deres comunitarios. En 2015, cuando las FARC acordaron un cese al fuego en el contexto de las negociaciones de paz con el gobierno, las autoridades registraron 96 homicidios en Arauca. Desde entonces, el n煤mero de homicidios se ha incrementado; hubo 161 homicidios entre enero y fines de noviembre de 2019. Los grupos armados son responsables de la mayor铆a de estos homicidios.
Human Rights Watch tambi茅n ha recibido se帽alamientos cre铆bles de homicidios perpetrados por grupos armados en Apure, aunque las autoridades venezolanas no han divulgado estad铆sticas confiables ni completas sobre las muertes ocurridas all铆.
Al menos 16 cuerpos de civiles hallados en Arauca en 2019 fueron encontrados con un papel en el cual se acusaba a las v铆ctimas de haber sido “informantes”, “violadores”, “narcotraficantes” o “ladrones”. Algunos llevaban la firma de la disidencia de las FARC.
Los grupos armados en Arauca y Apure tambi茅n castigan a los residentes con trabajo forzado. Los obligan a trabajar sin recibir pago alguno, a veces durante meses, en actividades como agricultura, limpieza de caminos o cocinando en los campamentos de los grupos armados, que suelen estar en Venezuela.
“Ac谩 se hace lo que ellos dicen, o uno se muere”, nos dijo una residente que se desplaz贸 de su vereda tras ser amenazada por un grupo armado. “Las reglas son… no se le puedo hablar al Ej茅rcito, no se puede salir tarde en la noche. Y si no las cumplimos, el objetivo o la pena es muerte”.
Cerca de 44.000 venezolanos viven en Arauca. La mayor铆a llegaron a partir de 2015 huyendo de la devastadora crisis humanitaria, pol铆tica y econ贸mica en su pa铆s. Los venezolanos en Arauca en general viven en condiciones econ贸micas precarias, duermen en la calle o en asentamientos improvisados. Miles de venezolanos caminan por el costado de los caminos con la intenci贸n de llegar a otras partes de Colombia. A menudo, desconocen los peligros que existen en el trayecto, incluyendo los posibles abusos por parte de grupos armados.
Los venezolanos tambi茅n han sufrido otros tipos de abusos. Muchas mujeres son sometidas a explotaci贸n sexual y coacci贸n para intercambiar relaciones sexuales por dinero. Diversos actores humanitarios han denunciado casos de trata de personas. En algunos casos, una vez que llegan a un prost铆bulo, les retienen sus documentos y se les da ropa, comida y “vivienda” que deben pagar con su trabajo. Las cantidades que se les exigen son tan exorbitantes que nunca podr铆an saldar la deuda.
La xenofobia es un fen贸meno extendido en Arauca. A menudo, los residentes culpan a los venezolanos por la delincuencia.
Si bien las autoridades colombianas han intentado contrarrestar el poder de los grupos armados, la impunidad sigue siendo la norma y la protecci贸n para los residentes es insuficiente. Hasta septiembre, la Fiscal铆a General de la Naci贸n de Colombia hab铆a obtenido condenas en apenas ocho casos de homicidio cometidos en Arauca desde 2017, de un total de m谩s de 400 que estaban bajo investigaci贸n. Ninguno de los condenados eran miembros de grupos armados. Las autoridades tampoco hab铆an condenado a miembros de grupos armados por otros delitos como violaci贸n sexual, amenazas, extorsi贸n, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado o el delito penal de “desaparici贸n forzada” en casos cometidos desde 2017.
Pareciera que los grupos armados tienen mucha m谩s libertad de acci贸n en Venezuela que en Colombia. En varias oportunidades, los grupos han trasladado a v铆ctimas secuestradas en Arauca a campamentos y otras instalaciones que tienen en Venezuela. En ocasiones, los grupos armados act煤an con la connivencia de las fuerzas de seguridad y autoridades locales venezolanas, seg煤n residentes de Apure, l铆deres comunitarios, actores humanitarios y periodistas que trabajan en la zona.
La investigaci贸n de Human Rights Watch sugiere que es improbable que la situaci贸n en Arauca mejore si el gobierno colombiano sigue enfocando su estrategia en enviar militares, sin al mismo tiempo fortalecer el poder judicial, reforzar la protecci贸n de la poblaci贸n y adoptar medidas para asegurar un acceso adecuado a oportunidades econ贸micas y educativas y a servicios p煤blicos. A su vez, la implementaci贸n de planes de desarrollo local conocidos como “Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial” (PDET) —en especial aquellos vinculados con el fortalecimiento del poder judicial, la protecci贸n de l铆deres comunitarios y la provisi贸n de oportunidades econ贸micas y educativas— podr铆a contribuir a contrarrestar el poder de los grupos armados y prevenir violaciones de derechos humanos en Arauca.
La Misi贸n Independiente de Determinaci贸n de los Hechos de las Naciones Unidas creada en septiembre para investigar atrocidades cometidas en Venezuela deber铆a examinar los abusos perpetrados por grupos armados en Venezuela con la tolerancia o connivencia de las fuerzas de seguridad.
“Incrementar la presi贸n internacional sobre el r茅gimen de Maduro sigue siendo una herramienta importante para prevenir abusos y que se haga justicia por los cr铆menes cometidos en Venezuela”, se帽al贸 Vivanco. “Los gobiernos de Am茅rica y Europa deber铆an imponer sanciones espec铆ficas, como el congelamiento de activos y la prohibici贸n de ingreso a pa铆ses de la regi贸n, dirigidas a altos funcionarios venezolanos que hayan sido c贸mplices en abusos cometidos por grupos armados en Venezuela”.
Casos seleccionados
El 27 de abril de 2018, hombres armados secuestraron a Mar铆a del Carmen Moreno P谩ez de su finca en la zona rural de Arauquita, Colombia, seg煤n contaron dos familiares a Human Rights Watch. Los secuestradores enviaron a su familia videos y fotograf铆as de Moreno P谩ez con los ojos vendados y exigieron dinero, pero la mataron pocas horas despu茅s de haberla secuestrado. Los bomberos encontraron su cuerpo cinco d铆as m谩s tarde. Poco despu茅s, apareci贸 en las redes sociales un video en el que se ve a dos hombres, con las manos atadas y cadenas alrededor del cuello, confesar que cometieron el secuestro y homicidio. M谩s tarde ese mismo d铆a, los cuerpos de los hombres se encontraron con una nota que dec铆a: “Estos son los autores del secuestro y a[s]esinato de la se帽ora Mar铆a… [H]acemos justicia. FARC-EP. Ej茅rcito del pueblo”.
Lina y Natalia (seud贸nimos), ambas de 15 a帽os, tomaron un autob煤s de regreso a sus casas al salir de su escuela en una zona rural de Arauca, a comienzos de 2019. Al bajar, miembros del ELN convencieron a las ni帽as de ir a un campamento y convertirse en guerrilleras. La madre de Lina acudi贸 al campamento apenas se enter贸 de lo ocurrido, acompa帽ada por otro l铆der comunitario. Pudo persuadir al comandante de que liberara a su hija, pero no a Natalia. El comandante indic贸 que, si alguna vez Lina volv铆a a las guerrillas, se quedar铆a all铆 para siempre. Miembros de la guerrilla les preguntaron a las ni帽as si eran v铆rgenes y les tomaron fotograf铆as en ropa interior. Lina y su madre salieron del departamento de Arauca.
Miguel Escobar (seud贸nimo), un venezolano de 31 a帽os, cont贸 a Human Rights Watch que, en mayo de 2019, fue citado a un campamento de la disidencia de las FARC en Venezuela para hablar con “Jer贸nimo”, el comandante del grupo. La esposa de Escobar le hab铆a dicho al grupo que este la hab铆a maltratado. Escobar dijo que tras una breve discusi贸n con “Jer贸nimo”, fue obligado a trabajar sin remuneraci贸n como cocinero en el campamento de la disidencia junto a otros dos civiles que estaban en las mismas condiciones. Pasados dos meses, un comandante le inform贸 que ten铆an intenci贸n de mantenerlo all铆 durante dos a帽os. Escobar escap贸 poco despu茅s.
Rafael Ort铆z (seud贸nimo), de 20 a帽os, trabajaba en una organizaci贸n comunitaria local en Arauca. A comienzos de 2019, disidentes de las FARC lo llamaron para decirle que lo responsabilizar铆an si alg煤n miembro de su organizaci贸n se pasaba de la raya. M谩s tarde, miembros del ELN lo llevaron por la fuerza a una poblaci贸n rural de Arauca, seg煤n cont贸, donde un comandante le ofreci贸 700.000 pesos colombianos (alrededor de USD 210) por cada ni帽o de 12 a帽os o m谩s que reclutara para el grupo. Cuando rechaz贸 el ofrecimiento, el comandante le advirti贸 que tendr铆a que “enfrentar las consecuencias”. Ort铆z se fue de la reuni贸n e inmediatamente despu茅s abandon贸 Arauca.