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Más de 8.000 personas muertas en cinco años de guerra civil

LIBIA
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Trípoli, 19 ene (EFE).- La Conferencia Internacional de Berlín, que se celebra hoy en la capital alemana, pretende consolidar un alto fuego firmado la semana pasada para poner fin a una guerra civil que se prolonga desde 2014 en Libia y que en solo en los últimos diez meses de combates ha causado la muerte de más de 1.500 personas, 300 de ellas civiles.
Según datos de la ONU, estos enfrentamientos armados han causado, además, alrededor de 15.000 heridos y han obligado a unas 140.000 personas a abandonar sus hogares en la capital y la vecina ciudad-estado de Misrata y a convertirse en desplazados internos, lo que ha colocado al país al borde de una aguda crisis humanitaria.
DOS GOBIERNOS CARENTES DE LEGITIMIDAD
La guerra enfrenta a dos gobiernos que carecen de legitimidad y que se apoyan en distintas milicias y aliados internacionales.
En Trípoli resiste el llamado Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), una entidad creada por la ONU en abril de 2016 tras el fallido acuerdo de paz impulsado por el entonces enviado especial de la Naciones Unidas al conflicto libio, Bernardino León, que contribuyó a agudizar la división.
Desde entonces, el GNA no ha sido capaz ni de extender su autoridad al resto del país ni solucionar los graves problemas logísticos y humanitarios que sufre la capital, pese a contar con el reconocimiento de la comunidad internacional y la ayuda financiera de la propia ONU y de la Unión Europea.
Liderado por Fayez al Serraj y apoyado por el Consejo de Estado -un parlamento paralelo creado igualmente a través del fallido acuerdo de Skhirat- cuenta solo con el apoyo de Misrata y de una serie de milicias islamistas que se reparten el control de la capital y sus alrededores.
Enfrente, el mariscal Jalifa Hafter, miembro de la cúpula golpista que aupó al poder al dictador Muamar al Gadafi, derrocado en 2011, tutela el Parlamento elegido en las elecciones de 2014 y el gobierno no reconocido en la ciudad de Tobruk.
Al frente del llamado Ejército Nacional Libio (LNA) domina cerca del 70 por ciento de Libia y la mayor parte de las instalaciones petroleras, principal riqueza del país.
Enemigo acérrimo de Misrata, en febrero de 2018 logró extender su influencia desde el este y penetrar en el sur, donde ha establecido acuerdos de cooperación con las levantiscas tribus nómadas Tuareg y Tebu, que controlan el millonario tráfico de armas, combustibles y personas.
UN ACUERDO DE PAZ FALLIDO
El origen del conflicto es el acuerdo de paz impuesto por la ONU en la ciudad marroquí de Skhirat, cerrado con el rechazo explícito tanto del mariscal y del parlamento electo, como del gobierno islamista de transición de Trípoli que perdió las elecciones en 2014 y que rechazaba abandonar el poder.
La ONU impuso un gobierno, que se formó en Túnez y llegó escoltado a Trípoli en barco debido a las amenazas, acuciada por la fortaleza del Estado Islámico, que un año antes había logrado hacerse con el control de la ciudad de Sirte y amenazaba con avanzar hacia la capital.
Nada más formarse, el GNA lanzó con Misrata la llamada "Operación Buyan al Marsus", que a finales de 2016 logró expulsar a los yihadistas con la cooperación militar de Estados Unidos.
Haftar, que se oponía a un acuerdo que le despojaba del mando del antiguo Ejército Nacional Libio (LNA), optó, por su parte, por aprovechar los combates en Sirte para hacerse con el dominio de Bengasi, segunda ciudad en importancia del país y último feudo del gobierno islamista de transición, y asegurar la posesión del golfo de Sirte, en manos de un señor de la guerra próximo al GNA.
UN PULSO GEOESTRATÉGICO INTERNACIONAL
El conflicto se agudizó el 4 de abril del pasado año, fecha en la que Haftar lanzó una operación para conquistar la capital con el secretario general de la ONU, Antonio Gutierres, de visita oficial en Trípoli, en un claro mensaje a la comunidad internacional, ya entonces íntimamente implicada en un conflicto que ha devenido en un pulso geoestratégico multinacional.
A Haftar, reclutado por la CIA en la década de los ochenta y principal opositor a Al Gadafi en el exilio, le apoyan militarmente Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, país este último que le provee de la fuerza aérea con la que bombardea Misrata y la capital.
Además, cuenta con el apoyo económico y logístico de Rusia, que ha enviado cientos de mercenarios privados, y el político de Francia y Estados Unidos, país que le concedió la nacionalidad en la década de los noventa, cuando vivía en Langley, cerca de la sede de la CIA.
El GNA tiene, por su parte, el respaldo de Turquía, que le provee de armas y drones, y de Catar e Italia, dos de los estados que sostienen financieramente al GNA, junto a la ONU y la UE.
Días atrás, Turquía fue la primera nación en oficializar su injerencia en el conflicto con el envío de tropas, un despliegue que ha generado el rechazo de la mayoría de los países árabes y en particular de Túnez y Argelia, los dos principales vecinos de Libia.
UN ALTO EL FUEGO ENDEBLE
Tras diez meses de combates, el LNA, bajo el mando de Haftar, logró la semana pasada romper la resistencia en la estratégica localidad costera de Sirte y avanzar hacia Misrata, último muro defensivo de la capital.
Sus tropas, apoyadas desde el aire por aviones de combate cedidos por EAU, entraron en la fantasmal aldea de Abu Grin, un pequeño conjunto de casas abandonadas desde la lucha contra el Estado Islámico en 2016 situada a apenas un centenar de kilómetros de Misrata, principal puerto comercial de Libia.
Un avance que aceleró los contactos internacionales en particular entre Turquía y Rusia, para imponer un alto el fuego que el GNA, que se sentía acorralado, aceptó de inmediato pero al que Haftar se resistió porque no quería perder su impulso militar.
En este contexto, ambos gobiernos acuden a Berlín con objetivos divergentes para una conferencia internacional que intenta consolidar un frágil alto el fuego.




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