OPINIÓN de Joan del Alcàzar
La Iglesia Católica Española, apostólica y romana, como se apellidaba canónicamente antes, quizá todavía, es una institución poderosa; siempre lo ha sido. Poderosa y agresivamente beligerante en asuntos terrenales muy alejados de los campos de la espiritualidad que le serían propios; territorios que solo debiera transitar en función de la orientación pastoral que quiera dar a sus creyentes. Al resto de los ciudadanos, evidentemente, esas recomendaciones o mandamientos no le interesan en absoluto. Pero los clérigos católicos no lo ven así, y se entrometen en lo que hacen o no hacen los ciudadanos todos, incluso los que no forman parte de su confesión.
Esa Iglesia que fue omnipotente en España, sin embargo, cada vez tiene menos comulgantes entre la sociedad actual. Desde las cifras de matrimonios religiosos a las de bautizos y otros actos litúrgicos, se evidencia que su influencia cotiza a la baja. Si hemos de poner números concretos, un indicador muy fiable puede ser el que nos proporciona el Ministerio de Hacienda. Según este, poco más del 32 por ciento de los contribuyentes se declara católico ante la Agencia Tributaria, y lo hace marcando la casilla correspondiente de su declaración anual. Es decir, que casi el 68 por ciento de los ciudadanos no es católico –cuanto menos fiscalmente- hasta el punto de acordarse de la Iglesia a la hora de ponerse a bien con el César. En los últimos cinco años casi un dos por ciento de los contribuyentes han desertado de su compromiso tributario con ella.
Y eso que en España sale gratis declararse fiscalmente católico, como escribía Ignacio Escolar estos días. No como en Alemania, por ejemplo, donde hacerlo implica un recargo adicional impositivo de entre el 8 y el 10 por ciento.
La mayor parte de lo que la Iglesia ingresa por la vía de Hacienda sirve para pagar a sus obispos y al resto de su personal. No obstante, otra partida muy importante la dedican a mantener la ultraderechista Trece TV, algo que es ilegal según la legislación europea que prohíbe, de forma explícita, financiar por esta vía negocios privados, como es la cadena televisiva. Un canal que, afortunadamente, solo ve un minúsculo 2 por ciento de espectadores. Un dato adicional sobre 13TV es que la Iglesia entierra en ella casi el doble de lo que dedica a la sección española de Caritas Internationalis, una organización que se esfuerza en el combate contra la pobreza, la exclusión, la intolerancia y la discriminación. Esa distribución de recursos entre 13TV y Cáritas es toda una declaración de principios que ilustra bien lo que es esa Iglesia Católica en España.
La institución religiosa ingresa mucho más dinero. Dejando de lado el negocio de la educación concertada, que mueve más de 6.000 millones de euros al año, la Iglesia obtiene 113 millones por gestión de su patrimonio cultural, 122 millones por alquileres e inversiones inmobiliarias de las que está exenta de impuestos. Cabe añadir, además, otros 100 millones que el Estado le abona para pagar a los profesores de religión, que la propia Iglesia contrata y despide, sin que el Estado tenga voz ni voto.
Además, esa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que no duda en intentar morder la mano del Estado que la mantiene cada vez que lo considera; la que se aferra al Concordato de 1979 ante cualquier cuestionamiento de sus regalías, es la que lo incumple de manera flagrante. Ese pacto ilícito entre España y el Estado Vaticano dice, textualmente, que la Iglesia española se compromete a "lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades". Cuatro décadas después de la entrada en vigor del acuerdo, siguen sin hacerlo, siguen exigiendo subvenciones y exenciones mientras que, además, siguen siendo beligerantes en contra del Estado democrático.
Paralelamente, la Iglesia Católica se opone a cualquier tipo de fiscalización de su funcionamiento económico y financiero, y lo proclama con el descaro que la caracteriza. El titular de eldiario.es no podía ser más elocuente: “Los obispos reaccionan al informe sobre sus 'trampas' financieras: “"El Tribunal de Cuentas no puede fiscalizar a la Iglesia"”.
La batalla en la que están ahora, la última, es su hostilidad manifiesta contra la Ley de Eutanasia que ha tenido entrada para su tramitación parlamentaria. El asunto sería menor si solo atendiéramos a lo toscos y grotescos de sus argumentos, pero con su beligerancia la Iglesia entra directamente en el terreno de la batalla política partidaria incorporándose –por enésima vez- con armas y bagajes a la campaña de la derecha y la extrema derecha española.
Tras afirmar simplezas vacías del tipo de que “hay personas enfermas que irradian paz y alegría” o que “el sufrimiento solo puede afrontarse cuando se es capaz de asumirlo por algo o por alguien”, la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española ha sentenciado que la vida tiene sentido "hasta el final" y han abogado por los cuidados paliativos en oposición a la Ley de Eutanasia. Esto es, que, en su ataque a la tramitación de la Ley, los obispos enarbolan la misma bandera tramposa que la derecha y la ultraderecha, la de contraponer los cuidados paliativos que pueden alargar inútilmente una vida que ya no es digna de ser vivida con el ejercicio de la libertad individual de aquel que desea poner fin a su existencia sin sufrimiento ni dolor.
Esa Iglesia Católica que tiene no solo problemas financieros, sino que padece en su propio seno un problema del que todavía no tenemos su verdadera dimensión, como es la pederastia, se dedica a organizarles la vida a los que no son sus fieles creyentes. Pues bien, la última noticia en este terreno es que la Iglesia ha puesto a un vicario que tapó abusos a menores en una comisión anti-pederastia.
¿Hasta cuándo un país democrático avanzado tendrá que tolerar tanta beligerancia agresiva contra todo lo que signifique avanzar en los derechos individuales, que no obligan a nadie a nada, de una institución que defrauda a la hacienda pública y que da cobijo a delincuentes que deberían estar en presidio?
Más le valdría a esa Iglesia y a sus fieles poner orden dentro de casa, cumplir con las leyes que rigen para todos y dejar de inmiscuirse en la vida de quienes no siguen su credo.
La Iglesia Católica Española, apostólica y romana, como se apellidaba canónicamente antes, quizá todavía, es una institución poderosa; siempre lo ha sido. Poderosa y agresivamente beligerante en asuntos terrenales muy alejados de los campos de la espiritualidad que le serían propios; territorios que solo debiera transitar en función de la orientación pastoral que quiera dar a sus creyentes. Al resto de los ciudadanos, evidentemente, esas recomendaciones o mandamientos no le interesan en absoluto. Pero los clérigos católicos no lo ven así, y se entrometen en lo que hacen o no hacen los ciudadanos todos, incluso los que no forman parte de su confesión.
Esa Iglesia que fue omnipotente en España, sin embargo, cada vez tiene menos comulgantes entre la sociedad actual. Desde las cifras de matrimonios religiosos a las de bautizos y otros actos litúrgicos, se evidencia que su influencia cotiza a la baja. Si hemos de poner números concretos, un indicador muy fiable puede ser el que nos proporciona el Ministerio de Hacienda. Según este, poco más del 32 por ciento de los contribuyentes se declara católico ante la Agencia Tributaria, y lo hace marcando la casilla correspondiente de su declaración anual. Es decir, que casi el 68 por ciento de los ciudadanos no es católico –cuanto menos fiscalmente- hasta el punto de acordarse de la Iglesia a la hora de ponerse a bien con el César. En los últimos cinco años casi un dos por ciento de los contribuyentes han desertado de su compromiso tributario con ella.
Y eso que en España sale gratis declararse fiscalmente católico, como escribía Ignacio Escolar estos días. No como en Alemania, por ejemplo, donde hacerlo implica un recargo adicional impositivo de entre el 8 y el 10 por ciento.
La mayor parte de lo que la Iglesia ingresa por la vía de Hacienda sirve para pagar a sus obispos y al resto de su personal. No obstante, otra partida muy importante la dedican a mantener la ultraderechista Trece TV, algo que es ilegal según la legislación europea que prohíbe, de forma explícita, financiar por esta vía negocios privados, como es la cadena televisiva. Un canal que, afortunadamente, solo ve un minúsculo 2 por ciento de espectadores. Un dato adicional sobre 13TV es que la Iglesia entierra en ella casi el doble de lo que dedica a la sección española de Caritas Internationalis, una organización que se esfuerza en el combate contra la pobreza, la exclusión, la intolerancia y la discriminación. Esa distribución de recursos entre 13TV y Cáritas es toda una declaración de principios que ilustra bien lo que es esa Iglesia Católica en España.
La institución religiosa ingresa mucho más dinero. Dejando de lado el negocio de la educación concertada, que mueve más de 6.000 millones de euros al año, la Iglesia obtiene 113 millones por gestión de su patrimonio cultural, 122 millones por alquileres e inversiones inmobiliarias de las que está exenta de impuestos. Cabe añadir, además, otros 100 millones que el Estado le abona para pagar a los profesores de religión, que la propia Iglesia contrata y despide, sin que el Estado tenga voz ni voto.
Además, esa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que no duda en intentar morder la mano del Estado que la mantiene cada vez que lo considera; la que se aferra al Concordato de 1979 ante cualquier cuestionamiento de sus regalías, es la que lo incumple de manera flagrante. Ese pacto ilícito entre España y el Estado Vaticano dice, textualmente, que la Iglesia española se compromete a "lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades". Cuatro décadas después de la entrada en vigor del acuerdo, siguen sin hacerlo, siguen exigiendo subvenciones y exenciones mientras que, además, siguen siendo beligerantes en contra del Estado democrático.
Paralelamente, la Iglesia Católica se opone a cualquier tipo de fiscalización de su funcionamiento económico y financiero, y lo proclama con el descaro que la caracteriza. El titular de eldiario.es no podía ser más elocuente: “Los obispos reaccionan al informe sobre sus 'trampas' financieras: “"El Tribunal de Cuentas no puede fiscalizar a la Iglesia"”.
La batalla en la que están ahora, la última, es su hostilidad manifiesta contra la Ley de Eutanasia que ha tenido entrada para su tramitación parlamentaria. El asunto sería menor si solo atendiéramos a lo toscos y grotescos de sus argumentos, pero con su beligerancia la Iglesia entra directamente en el terreno de la batalla política partidaria incorporándose –por enésima vez- con armas y bagajes a la campaña de la derecha y la extrema derecha española.
Tras afirmar simplezas vacías del tipo de que “hay personas enfermas que irradian paz y alegría” o que “el sufrimiento solo puede afrontarse cuando se es capaz de asumirlo por algo o por alguien”, la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española ha sentenciado que la vida tiene sentido "hasta el final" y han abogado por los cuidados paliativos en oposición a la Ley de Eutanasia. Esto es, que, en su ataque a la tramitación de la Ley, los obispos enarbolan la misma bandera tramposa que la derecha y la ultraderecha, la de contraponer los cuidados paliativos que pueden alargar inútilmente una vida que ya no es digna de ser vivida con el ejercicio de la libertad individual de aquel que desea poner fin a su existencia sin sufrimiento ni dolor.
Esa Iglesia Católica que tiene no solo problemas financieros, sino que padece en su propio seno un problema del que todavía no tenemos su verdadera dimensión, como es la pederastia, se dedica a organizarles la vida a los que no son sus fieles creyentes. Pues bien, la última noticia en este terreno es que la Iglesia ha puesto a un vicario que tapó abusos a menores en una comisión anti-pederastia.
¿Hasta cuándo un país democrático avanzado tendrá que tolerar tanta beligerancia agresiva contra todo lo que signifique avanzar en los derechos individuales, que no obligan a nadie a nada, de una institución que defrauda a la hacienda pública y que da cobijo a delincuentes que deberían estar en presidio?
Más le valdría a esa Iglesia y a sus fieles poner orden dentro de casa, cumplir con las leyes que rigen para todos y dejar de inmiscuirse en la vida de quienes no siguen su credo.
