El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenci贸n Arbitraria urgi贸 a las autoridades de El Salvador a adoptar reformas estructurales para acabar con ese tipo de privaci贸n de la libertad en contra de mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
El llamado de los expertos en derechos humanos fue hecho despu茅s de la revisi贸n del caso de tres mujeres que fueron detenidas, juzgadas y condenadas a largos periodos de prisi贸n en el pa铆s centroamericano, despu茅s de haber sufrido emergencias obst茅tricas o abortos espont谩neos.
El Grupo hab铆a emitido recientemente una opini贸n en la que explic贸 que no se trataba de casos aislados, sino que reflejaban problemas estructurales en el ejercicio y protecci贸n de los derechos fundamentales de la mujer en El Salvador.
Las tres mujeres fueron privadas de su libertad en el hospital, cuando presentaban graves complicaciones de salud, luego de haber pasado por problemas obst茅tricos que terminaron sus embarazos. El personal hospitalario report贸 los casos a autoridades policiales y judiciales, y 茅stas hicieron investigaciones y acusaron a las mujeres de homicidio agravado.
“Las autoridades salvadore帽as sometieron a las tres mujeres a prisi贸n preventiva, sin considerar otras medidas alternativas a la detenci贸n y sin tomar en cuenta la emergencia m茅dica sufrida, ni el da帽o f铆sico y psicol贸gico al que hab铆an estado expuestas”, se帽alaron los expertos en un comunicado.
Asimismo, consideraron que “en los tres casos se asumi贸 la culpabilidad de las acusadas, neg谩ndoles la presunci贸n de inocencia y violando las garant铆as del debido proceso”.
“La informaci贸n recibida indica que, entre el 2000 y el 2011, 129 mujeres fueron condenadas por aborto u homicidio agravado en El Salvador, con penas que van de los 30 a 50 a帽os de prisi贸n. El 68% de las mujeres fueron sentenciadas cuando ten铆an entre 18 y 25 a帽os y en su mayor铆a provienen de zonas rurales o urbanas marginales”, detall贸.
Adem谩s, “el 57,36% de las denuncias registradas por sospechas de aborto fueron de profesionales de la salud p煤blica. Este es un fen贸meno generalizado en el pa铆s, que solo afecta a la poblaci贸n femenina y debe ser resuelto con prioridad”.
“El resultado son medidas privativas de libertad innecesarias, desproporcionadas, que no persiguen un fin leg铆timo y que parecen irrazonables en su implementaci贸n”, indicaron tras establecer que la legislaci贸n aplicada era discriminatoria, puesto que recae s贸lo sobre las mujeres.
En este sentido, el Grupo de Trabajo inst贸 a las autoridades de El Salvador a que “revisen, reinterpreten, reformen, desapliquen o deroguen la legislaci贸n penal aplicada, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado asumi贸 en materia de derechos humanos”.
El llamado de los expertos en derechos humanos fue hecho despu茅s de la revisi贸n del caso de tres mujeres que fueron detenidas, juzgadas y condenadas a largos periodos de prisi贸n en el pa铆s centroamericano, despu茅s de haber sufrido emergencias obst茅tricas o abortos espont谩neos.
El Grupo hab铆a emitido recientemente una opini贸n en la que explic贸 que no se trataba de casos aislados, sino que reflejaban problemas estructurales en el ejercicio y protecci贸n de los derechos fundamentales de la mujer en El Salvador.
Las tres mujeres fueron privadas de su libertad en el hospital, cuando presentaban graves complicaciones de salud, luego de haber pasado por problemas obst茅tricos que terminaron sus embarazos. El personal hospitalario report贸 los casos a autoridades policiales y judiciales, y 茅stas hicieron investigaciones y acusaron a las mujeres de homicidio agravado.
“Las autoridades salvadore帽as sometieron a las tres mujeres a prisi贸n preventiva, sin considerar otras medidas alternativas a la detenci贸n y sin tomar en cuenta la emergencia m茅dica sufrida, ni el da帽o f铆sico y psicol贸gico al que hab铆an estado expuestas”, se帽alaron los expertos en un comunicado.
Asimismo, consideraron que “en los tres casos se asumi贸 la culpabilidad de las acusadas, neg谩ndoles la presunci贸n de inocencia y violando las garant铆as del debido proceso”.
Las j贸venes pobres est谩n m谩s expuestas
El Grupo afirm贸 que las mujeres j贸venes salvadore帽as pobres son especialmente vulnerables a sufrir este tipo de detenciones arbitrarias.“La informaci贸n recibida indica que, entre el 2000 y el 2011, 129 mujeres fueron condenadas por aborto u homicidio agravado en El Salvador, con penas que van de los 30 a 50 a帽os de prisi贸n. El 68% de las mujeres fueron sentenciadas cuando ten铆an entre 18 y 25 a帽os y en su mayor铆a provienen de zonas rurales o urbanas marginales”, detall贸.
Adem谩s, “el 57,36% de las denuncias registradas por sospechas de aborto fueron de profesionales de la salud p煤blica. Este es un fen贸meno generalizado en el pa铆s, que solo afecta a la poblaci贸n femenina y debe ser resuelto con prioridad”.
“El resultado son medidas privativas de libertad innecesarias, desproporcionadas, que no persiguen un fin leg铆timo y que parecen irrazonables en su implementaci贸n”, indicaron tras establecer que la legislaci贸n aplicada era discriminatoria, puesto que recae s贸lo sobre las mujeres.
En este sentido, el Grupo de Trabajo inst贸 a las autoridades de El Salvador a que “revisen, reinterpreten, reformen, desapliquen o deroguen la legislaci贸n penal aplicada, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado asumi贸 en materia de derechos humanos”.