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Estupor e irritación entre la ciudadanía progubernamental

OPINIÓN de Joan del Alcàzar

No es fácil calificar el episodio vivido esta semana a propósito del documento firmado por los portavoces parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu. Descalificarlo, sí.

Se han podido leer y escuchar todo tipo de adjetivos negativos sobre él. Y se ha constatado que hasta las voces más próximas al gobierno de coalición balbuceaban intentos de explicación y jaculatorias varias para intentar quitarle hierro al asunto. No son pocos los opinadores progresistas que han pasado muy malos ratos en sus intervenciones públicas. Como tampoco lo son los reaccionarios que se han puesto las botas.

La cosa es que han pasado algunos días y cada vez está más claro que no hemos vivido un error, sino que ha sido un horror de gestión política por parte de los dos socios de gobierno. ¿Por qué? ¿Era necesario ese acuerdo? ¿Cómo es posible que las ministras encargadas -Economía (PSOE) y Trabajo (UP)- se enteraran casi por la prensa del desaguisado? ¿A qué se debe el movimiento de altivez cristalina de Pablo Iglesias? ¿Qué tipo de liderazgo ejerce Pedro Sánchez en su gobierno?

A última hora de un día de pleno en el Parlamento, los tres portavoces firmaron un acuerdo para derogar integralmente la Reforma Laboral que en 2012 había impuesto de forma absolutamente unilateral el PP, amparándose en su mayoría absoluta. Rajoy había exigido un acuerdo urgente a los agentes sociales, pero no lo obtuvo en los términos que deseaba en materia de contratos y despidos de trabajadores. Fue aquella una reforma de la que el mismísimo Luis de Guindos, entonces ministro de economía, dijo que era “extremadamente agresiva”.

Que la Ley fue altamente lesiva para los trabajadores de cualquier sector es algo que no se discute. Como tampoco lo es que en el pacto de investidura firmado por el PSOE y Unidas Podemos se habla de su derogación de manera abierta a diversas interpretaciones. Lo que se discute ahora es si el pacto firmado con EH Bildu esta semana era necesario y urgente en el escenario en el que nos encontramos. Y la respuesta solo puede ser negativa.

¿Cuál ha sido la relación coste/beneficio del acuerdo? Beneficio, ninguno. Todo han sido costes. Se ha generado una fractura insondable en el propio consejo de ministros; el PSOE tuvo que hacer pública de madrugada una nota en la que de desdecía de lo firmado, mientras que Bildu y Pablo Iglesias sacaban pecho por su supuesta hazaña; el PNV, ya en precampaña electoral, ha tomado buena nota del comportamiento y de la poca fiabilidad de Sánchez; los sindicatos se enteraron por la prensa, como los empresarios, y si los primeros han sido más discretos, los segundos se han despachado a gusto en contra del Gobierno; el Parlamento ha sido devaluado porque en día de Pleno no se dijo apenas nada de lo que se estaba fraguando en un despacho; ha saltado por los aires la Comisión para la Reconstrucción, y las derechas han tenido una razón más -esta no inventada, a diferencia de tantas otras- para su fuego artillero contra Pedro Sánchez y compañía; la imagen de España en Europa ha quedado seriamente averiada, y eso en momentos en los que se ha de negociar cuántos y cómo llegan los fondos de ayuda y cooperación europeos.

El electorado progresista no puede por menos que experimentar estupefacción. Entre este está generalizado el convencimiento de que, de haber estado el PP en el gobierno de España, la tremenda crisis sanitaria y a la espantosa crisis económica y social provocada por la pandemia hubiera sido bastante más terrible de lo que está siendo [solo hay que recordar cómo gestionó Rajoy la crisis de 2007].

Esa misma ciudadanía ha sido indulgente y comprensiva con los errores, las improvisaciones y los titubeos del Gobierno. Entendiendo que el tsunami es de tal magnitud que solo cabía cerrar filas en torno a un gobierno de progreso. Un Ejecutivo que, además de a los estragos de la pandemia, había de hacer frente a una derecha desbocada y agresiva -indistinguibles el PP y Vox- que ha dedicado toda su artillería política y mediática a denigrar cada medida del Ejecutivo. A no asumir responsabilidad alguna ni siquiera en las autonomías donde gobiernan, y a atacar con saña sin ofrecer en ningún momento nada parecido a propuestas efectivas para paliar los daños causados por el virus.

El temor a perder la votación sobre la prórroga del Estado de Alarma parece ser la causa que explica que el PSOE ofreciera el acuerdo a EH Bildu, pero ni lo exime de responsabilidad ni explica la jactancia de Pablo Iglesias al reivindicar lo firmado tras comprobar por si mismo el tamaño del boquete en la línea de flotación del gobierno del que es vicepresidente segundo.

La ciudadanía progubernamental, unida por los aplausos de las ocho a los sanitarios e indignada por las caceroladas y las provocaciones diarias de las derechas, pasa por horas muy bajas. El patinazo del pacto a tres bandas es indigerible, y todavía es pronto para evaluar los daños que provocará, dentro y fuera del propio Gobierno Sánchez. El inmenso error ha de ser enmendado con rotundidad y debe ser una rectificación que vaya más allá de las buenas palabras.

Convendría, pese a todo, que no se olvidara que, pese a todo lo que se ha hecho mal por parte de este gobierno, es el mismo que ha implementado una cobertura social que hubiera sido impensable con un gobierno conservador en lo político y neoliberal en lo económico. Nadie puede imaginar que un gobierno presidido por Pablo Casado hubiera prohibido los despidos, los desahucios o los cortes de suministros; que hubiera puesto en marcha prestaciones para autónomos, Pymes, temporeros o empleadas del hogar; que hubiera puesto en marcha unos ERTE a los que se han podido acoger cuatro millones de trabajadores. Mucho menos es imaginable que Pablo Casado y José María Aznar estuvieran trabajando en estos momentos para poner en marcha un Ingreso Vital Mínimo, destinado a los segmentos más vulnerables de la sociedad.

Todavía en plena dictadura de Pinochet en Chile, en mayo de 1986, Gabriel García Márquez escribió un articulo en El País en el que recordaba una anécdota muy conocida sobre Salvador Allende en 1972 que, quizá, hoy deba ser recordada. Escribía el magistral colombiano: “Siendo ya presidente, un hombre desfiló frente a él en una manifestación llevando una pancarta insólita: ‘Éste es un Gobierno de mierda, pero es mi Gobierno’. Allende se levantó, lo aplaudió y descendió para estrecharle la mano”.

Convendrá que no tengamos que llegar a esos extremos y que el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos no exija a sus partidarios la sólida resignación de aquel trabajador chileno. El PSOE debiera comprender que depende de apoyos diversos y complejos de armonizar y que debe hacer política de la buena; Unidas Podemos, a su vez, debiera interiorizar que es un grave error confundir el activismo militante con la transformación social. Ellos y el resto de los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez debieran aceptar que la agenda política que manejaban en enero de 2020 ya no sirve, que ahora es otra que tiene un único objetivo: sacar al país de la crisis en la que estamos, rectificar los errores del pasado y construir unos nuevos paradigmas para intentar poner en marcha una sociedad más libre, más justa, y más solidaria.

Además, saben que eso sería imposible con un gobierno de las derechas. Debieran, pues, hacer de la necesidad virtud.





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