OPINIÓN de Joan del Alcàzar
El Valencia CF tuvo hace algunos años un entrenador argentino, hombre serio y discreto, llamado Héctor Cúper. Tenía un lema personal que aplicaba a su profesión y procuraba inculcarlo a sus jugadores: “Trabajo, silencio y suerte”. Volveremos más tarde sobre la consigna.
El actual gobierno de coalición, el de Sánchez e Iglesias, acaba de dar con la aprobación del Ingreso Mínimo Vital un paso histórico en la legislación social española, comparable a otros que fueron el resultado de las luchas obreras apoyadas, inspiradas y, en ocasiones, apadrinadas por sectores políticos liberales y progresistas, con frecuencia republicanos.
Desde el último tercio del siglo XIX surge con fuerza en España la preocupación por la llamada “cuestión social”. En 1883, el gobierno liberal de José Posada Herrera creó la Comisión de Reformas Sociales (CRS) con la misión de estudiar “las cuestiones que interesan a la mejora o bienestar de las clases obreras, tanto agrícolas como industriales, y que afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo”. Aunque las organizaciones socialistas y anarquistas se mostraron reacias a la CRS, los republicanos y sectores obreros vinculados a él sí apoyaron la iniciativa.
Desde entonces ha habido avances legislativos que marcaron hitos en la construcción de una realidad social avanzada, como es la actual, aún con sus luces y sus sombras. De la Ley de Protección de la Mujer y el Niño de 1900 o la Ley de Descanso Dominical de 1903 hasta llegar a la Ley de Dependencia de 2006, por citar algunas.
Pues bien, la aprobación de ese Ingreso Mínimo Vital es, a no dudar, un enorme paso adelante en aquella senda abierta hace casi siglo y medio, y constituye uno de los avances más notables en la redistribución de la renta que ha de realizar cualquier Estado democrático socialmente eficaz, además de ser uno de los golpes más contundentes contra la pobreza en España. Con ello, el país deja de ser el único de la Unión Europea sin esa herramienta, imprescindible ahora para hacer frente al impacto de la crisis económica provocada por el Coronavirus en los sectores más vulnerables de la sociedad hispana. Es verdad que es una cantidad modesta, entre 462 y 1.100 euros al mes por hogar, muy lejana a las prestaciones de otros miembros de la UE, pero constituye indiscutiblemente un gran esfuerzo presupuestario que no hay más que asumir. Justicia social, se llama.
Las derechas se han declarado contrarias, siguiendo en su tradición inveterada. La patronal y sus amigos políticos ya bramaron contra aquella Ley que impedía trabajar en domingo pero que establecía la obligatoriedad de pagar el salario.
Ahora, esas derechas de siempre tampoco descansan. Claman al cielo, se rasgan las vestiduras, intrigan, calumnian, amenazan de forma explícita o alegórica, piden ceses, dimisiones, hacen todo lo que pueden, acompañados por sus coros y palmeros mediáticos para generar extrema agitación política, polarización ideológica y enfrentamiento que procuran diseminar de arriba a abajo.
Es difícil mantener la calma, hay que comprenderlo humanamente. En ocasiones se necesita una paciencia franciscana para no enzarzarse en discusiones subidas de tono o en enfrentamientos que a nada conducen. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, o el ministro Grande Marlaska han participado esta semana en más de un episodio del que han salido magullados. Y con ellos todo el Gobierno.
Cuando determinada diputada popular -que salta al terreno de juego cuando se trata de embarrarlo- se permitió llamarlo “hijo de terrorista” desde la tribuna del Congreso, Iglesias le dijo sin levantar la voz que si esperaba que perdiera la compostura iba muy desencaminada. Sin embargo, horas después tuvo un rifirrafe completamente absurdo con otro provocador nato, que solo juega a eso, a polarizar, a sembrar odio: Iván Espinosa de los Monteros.
La semana ya estaba siendo intensa con el obligado cese del coronel de la Guardia Civil al mando de la comandancia de Madrid, y con la explicación inverosímil del ministro Grande Marlaska. ¿Qué está pasando en determinados círculos de Madrid en estos días? No ha faltado quien haya hablado de golpe de Estado con una ligereza que se antoja inconcebible. ¿A quién beneficia ese falso debate, sino a los sectores más radicales y extremados de las derechas?
España no está ni en 1932, ni en 1981, sino en 2020. Existe una Unión Europea que tiene establecidas unas reglas de juego que hacen imposible aventurerismos de otras épocas. Es cierto que hay poderosos intereses coaligados en contra del actual gobierno. Es cierto que desde el primer minuto algunos dijeron que el de Sánchez es un gobierno ilegítimo, de donde concluyen que combatirlo es una obligación moral para ellos.
Pero ese es su juego, embarrar el campo, provocar la tangana allá donde puedan, colapsar todo lo colapsable, boicotear y judicializar la acción de gobierno, hacer cuanto más ruido, mejor. Esa es su táctica: dividir, polarizar, generar desconfianza hacia los tomadores de decisiones, ya sea en materia sanitaria, económica o social. Negar el pan y la sal a ese gobierno que está en una precaria situación parlamentaria, que tienes días buenos, días malos y días que merecería la pena que se quedara en la cama. Alguien decía el otro día que parece que este gobierno tiene una máquina de crear(se) problemas, y no le faltaba razón.
Pero el camino no es, no puede ser, entrar en ese juego de provocaciones, tiranteces y polarización; en esa dinámica que no conduce a nada bueno. El éxito vendrá de la mano de tomar decisiones que beneficien a la mayoría, que sean solventes y bien fundamentadas. El error será caer en la provocación.
“La paguita” han llamado al Ingreso Mínimo Vital los sectores de la ultraderecha y los de la derecha ultra. Hasta la Iglesia Católica se ha opuesto airada, con su jerarquía tan poco cristiana, tan poco de la Iglesia de los Pobres del Papa Roncalli, de Hélder Cámara o de Pedro Casaldáliga, y tanto de la Iglesia de los Ricos del Papa Vojtyla, de Rouco Varela o de Cañizares. Ven bolcheviques, comunistas de todo tipo y bolivarianos rabiosos por todas partes.
Siempre ha sido así, desde hace siglo y medio. Ahora las derechas también se sienten amenazadas por el establecimiento del Ingreso Mínimo Vital que se propone llegar a 850.000 familias en situación de pobreza extrema, que verán aliviada su situación y que, además, dinamizará el consumo, algo necesario en estos momentos.
Las fuerzas políticas presentes en el Parlamento que no comulgan con las tesis de acoso y derribo al Gobierno, las que son partidarias de los avances sociales, debieran evaluar adecuadamente la situación en la que estamos. Con las derechas actuales no se puede contar para nada. Serían necesarias y su colaboración ayudaría mucho, cuanto menos alguna de ellas, pero les puede la sed de poder. Está en su natural, como aquel escorpión que picó a la rana que le ayudaba a pasar el río.
Los partidos que apoyaron la moción de censura contra Rajoy, los que posibilitaron el actual Gobierno, debieran hacer de la necesidad de pararle los pies a estas derechas enardecidas virtud democrática de colaboración y cooperación. Por lo que hace a sus legítimos intereses particulares, debieran mirar, como poco, a medio plazo, que ahora son muchas las urgencias. El Ejecutivo de Sánchez e Iglesias, por su parte, haría más que bien si, además de contar más y mejor con sus socios de investidura, se aplicara el lema de aquel entrenador argentino del València CF: “Silencio, trabajo y suerte”. Hay que seguir por la senda de la reforma social y no caer en las provocaciones, ni alimentar la polarización.
