Emboscada contra la emergencia social
Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza
Ni siquiera en el escenario de la crisis pand茅mica las transnacionales sacian su apetito leonino. Muchas de ellas preparan ya procesos contra algunos de los Estados que aplicaron leyes de emergencia para confrontar al COVID-19. Argumentan que sus intereses econ贸micos se vieron perjudicados por medidas de protecci贸n social.
El impacto de la pandemia se muestra con toda su crudeza. Y es solo el inicio. Como la se帽alaba ya en abril pasado la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) la crisis podr铆a reducir la inversi贸n mundial en un 40%. Convocaba entonces a la comunidad internacional a destinar 2,5 billones de USD para paliar el efecto de la misma en los pa铆ses denominados “en desarrollo”.
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| Multinacionales del agua podr铆an acusar a Estados por sus medidas sociales durante la pandemia. Foto ACNUR |
En esta situaci贸n imprevisible muchos gobiernos han tomado medidas para apoyar la producci贸n nacional; a ciertas empresas -en general nacionales-; para contrarrestar el efecto del desempleo total o parcial y, adem谩s, para reforzar la salud p煤blica y el sistema social. En algunos casos, ese paquete, incluy贸 suspensi贸n de pagos a firmas privadas o la recuperaci贸n – o puesta en tutela- de otras especializadas en fabricar equipo m茅dico-sanitario de primera necesidad.
Estas decisiones ejercer谩n en el futuro cercano una presi贸n sin precedentes en los presupuestos p煤blicos, ya de por s铆 limitados en el Sur Global… “Adem谩s, podr铆an provocar una ola de demandas arbitrales por parte de las multinacionales y sus abogados especializados en inversiones”, alertan en un reciente estudio denominado “Los especuladores de la pandemia” (https://longreads.tni.org/
Esas demandas a los Estados por parte de las multinacionales cuentan con un soporte jur铆dico: el mecanismo de resoluci贸n de controversias inversor-Estado (ISDS, en sus siglas inglesas). Dicho instrumento, presente en todos los tratados de protecci贸n de inversiones, permite demandar a los Estados que dicten leyes o decretos que afectan de una u otra forma las actividades comerciales de las multinacionales. No importa si dichas medidas fueron tomadas en condiciones de emergencia como la actual y en el marco, por ejemplo, del cataclismo sanitario m谩s violento que haya padecido el planeta en su historia reciente.
Confrontar a los Estados judicialmente est谩 admitido -muchas veces en letra peque帽ita y casi ilegible- en todos los convenios internacionales. Con el agravante, como lo se帽ala el TNI, que se establece un “sistema de justicia privado paralelo que solo funciona en una direcci贸n”, ya que los Estados no tienen el derecho de demandar ante los tribunales de arbitraje a aquellas empresas que no respeten las normas nacionales o locales.
Seg煤n la UNCTAD, existen actualmente m谩s de 1000 demandas inversor-Estado a nivel mundial. N煤mero que podr铆a explotar a ra铆z de la pandemia.
Sectores activos de la sociedad civil mundial impulsan desde hace m谩s de una d茅cada, aunque todav铆a con 茅xitos relativos, la posibilidad de procesar a las multinacionales. Amparados en los Principios Rectores de las Naciones Unidas elaborados en 2008 por el profesor de origen austr铆aco John Ruggie. En Suiza, por ejemplo, uno de los temas importantes del debate pol铆tico actual es en torno a la Iniciativa Popular a favor de Multinacionales Responsables (https://initiative-
Guillotina para Latinoam茅rica
El sitio Web ISDS Impactos publica un extenso estudio que afirma que Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, M茅xico y Per煤 son pasibles de 206 demandas -el 73% del total continental- de parte de grandes empresas. (http://isds-americalatina.
Seg煤n el estudio, las demandas inversor-Estado se multiplicaron en las dos 煤ltimas d茅cadas, pasando de 6 casos conocidos en 1995 a 983 en la actualidad. De ese total, Am茅rica Latina y el Caribe, soporta 282 acusaciones, es decir casi el 30% del total mundial. De los casos ya resueltos, en un alto porcentaje, los Estados han sido condenados. 91 demandas fueron promovidas por firmas de Estados Unidos. Otra parte importante, impulsadas por sus pares europeas, y otras, por canadienses. Los principales sectores en *conflicto* son el agua, la electricidad, la comunicaci贸n, petr贸leo, seguros, as铆 como la manufactura y miner铆a.
Los cuatro pa铆ses latinoamericanos m谩s castigados son Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Argentina, fue condenada a pagar en 40 ocasiones sobre 45 casos arbitrados, lo que representa un monto total de 9.226 millones de d贸lares. En tanto Venezuela, perdi贸 22 de 33 demandas, con una incidencia de 18.024 millones de d贸lares. Bolivia, fue condenada por todos los tribunales arbitrales – 13 sobre 13- lo que le representa un monto de 902 millones de d贸lares. En tanto Ecuador, que perdi贸 15 de 19 de las acusaciones de que fuera objeto, fue condenado por 2.224 millones de d贸lares.
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| Transnacionales en acci贸n. Foto Youtube |
Sumando los montos a pagar a los inversores, se contabiliza m谩s de 31.000 millones de d贸lares. El estudio recuerda que con un tercio de esa cifra (en torno a 10.000 millones de d贸lares) las Naciones Unidas estima que se podr铆a superar la pobreza extrema en 16 pa铆ses latinoamericanos. El informe confirma que el monto m谩s alto ya pagado a ra铆z de una demanda son los 5.000 millones de d贸lares que Argentina debi贸 abonar a la empresa Repsol en un acuerdo de partes. Este instrumento, juntos con las fugas de capitales y la deuda externa, constituyen mecanismos brutales contra las econom铆as nacionales.
Jaque a la Espa帽a “social”
El lunes 25 de mayo, el peri贸dico espa帽ol en l铆nea P煤blico difundi贸 un art铆culo titulado “Espa帽a expuesta a demandas millonarias por las medidas sociales ante la Covid-19” (https://blogs.publico.es/
Explica, adem谩s, que hace apenas unos d铆as la Asociaci贸n Espa帽ola de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) alertaba que las medidas de emergencia del gobierno amenazaban con el “riesgo de insolvencia para los operadores del ciclo urbano del agua”. Entre estas decisiones gubernamentales se encuentra la de prohibir a los proveedores de agua, gas y electricidad de suspender el servicio a las familias m谩s vulnerables.
Espa帽a, siempre seg煤n P煤blico, firm贸 87 Tratados Bilaterales de Inversi贸n en vigor y 77 Tratados con alguna disposici贸n sobre protecci贸n a las inversiones. “Debe abandonar los Tratados de Protecci贸n de Inversiones”, afirman desde la Campa帽a No a los Tratados de Comercio e Inversi贸n que ha tomado peso en las 煤ltimas semanas. Solo en el caso del Tratado sobre la Carta de Energ铆a, se contabilizan a inicios del a帽o 2020 condenas de pago a los inversores de un monto de 1.080 millones de euros. Lo que representa 4 veces lo que el gobierno va a invertir para reforzar los servicios sociales para apoyar a los ancianos en residencia y dependientes.
Buitres al acecho
El 26 de marzo, uno de los d铆as cruciales para Italia durante la pandemia y momento en que superaba 8000 muertes sin saber c贸mo frenar su avance, la oficina italiana de abogados ArbLit public贸 un art铆culo titulado ¿Podr铆an las medidas de emergencia de COVID-19 dar lugar a reclamaciones de inversi贸n? Primeras reflexiones desde Italia".
Como lo recuerda un documento del 18 de mayo pasado difundido por el Corporate Europe Observatory (Observatorio Europeo sobre las Corporaciones) https://corporateeurope.org/
Luego de desarrollar en detalle diez “Escenarios” o pistas anal铆ticas sobre el tema, el Observatorio, argumenta que nunca ha sido mayor la importancia de evitar las demandas ISDS como ahora, en un momento en que la situaci贸n sanitaria mundial se ve agravada por la explosiva crisis econ贸mica. Y llama a una “moratoria inmediata de las demandas ISDS en general”, anticipando que existe ya una propuesta de suspender las demandas de esos mecanismos relacionados con el COVID-19.
El Observatorio Europeo no descarta que ciertos pa铆ses, unilateralmente, se retiren de acuerdos existentes, como lo han hecho Sud谩frica, Indonesia e India. Otros han denunciado unilateralmente algunos de sus acuerdos bilaterales de inversi贸n.
Recientemente, 23 Estados miembros de la Uni贸n Europea firmaron un tratado que pondr谩 fin a unos 130 tratados bilaterales de inversi贸n intra europea. Italia se ha apartado del Tratado de la Carta de la Energ铆a que es b谩sicamente un gran acuerdo de ISDS para el sector energ茅tico.
En un reciente blog sobre COVID-19 y el derecho de la inversi贸n internacional, informa el Observatorio, juristas progresistas plantearon dos preguntas clave: "¿Cu谩l es la justificaci贸n para mantener un enclave jur铆dico en el que los agentes econ贸micos m谩s ricos tengan derecho a un trato m谩s favorable que los dem谩s segmentos de la sociedad que sufren de manera desproporcionada como consecuencia de la pandemia y las respuestas a la misma? ¿Por qu茅 los agravios de los inversionistas frente a los Estados merecen una protecci贸n m谩s s贸lida que la obligaci贸n de garantizar un nivel de vida adecuado a la poblaci贸n en general?".
Estas preguntas llegan a la m茅dula del problema. ¡No hay lugar para un sistema de justicia paralelo para las corporaciones! ¡ISDS tiene que terminarse!, concluye el Observatorio Europeo.