OPINI脫N de Joan del ALc脿zar
Asusta pensar hasta d贸nde est谩 dispuesto a llegar el PP en su estrategia desestabilizadora. D铆a que pasa, d铆a que embarran el escenario todav铆a m谩s. Cuesta creer c贸mo personas con altas responsabilidades y vocaci贸n de gobierno est谩n decididas a elevar de forma tan irresponsable la tensi贸n pol铆tica del pa铆s. Entienden que Espa帽a es suya y pueden hacer con ella lo que m谩s les convenga y les venga en gana.
Ahora pretenden conseguir dos cosas: ocultar lo ocurrido con la gesti贸n de la pandemia en la Comunidad de Madrid, y que no se ponga en cuesti贸n el modelo sanitario rabiosamente privatizador que practican desde hace d茅cadas. No les va a resultar sencillo conseguirlo dada la fuerte sensibilizaci贸n ciudadana, pero cuentan con poderosos aliados.
El sector m谩s reaccionario de la carrera judicial de un lado, algunos grupos de los aparatos de seguridad del Estado de otro, y la prensa adicta forman la tripleta atacante. Est谩n en plena ofensiva y no hacen prisioneros. Lo confirman las apariciones de algunos dirigentes del PP hasta ahora personas poco asimilables con la l铆nea dura de G茅nova 13, como Ana Pastor o Andrea Levy, que se apuntan al fuego a discreci贸n contra el Gobierno central. Aprovechan cualquier ocasi贸n o circunstancia para, venga a cuento o no, culpabilizar al Gobierno de S谩nchez de la crisis sanitaria, econ贸mica y social y exigirle que renuncie a Satan谩s y a todas sus obras.
Adem谩s, y sin soluci贸n de continuidad, cantan las excelencias de la gesti贸n de la crisis en las comunidades gobernadas por los suyos sin rubor ni verg眉enza. En Galicia las cosas han ido estupendamente bien gracias al PP de Feijoo; en Madrid han ido muy mal por culpa de Pablo Iglesias. Ellos saben, sin embargo, que la presidenta madrile帽a es una bomba que camina, y que tarde o temprano tendr谩 graves problemas con la justicia por c贸mo ha actuado el gobierno que preside.
La jueza de Madrid que hab铆a abierto una causa por el 8M, a partir de un delirante informe de la Guardia Civil, y en contra del criterio tanto de la fiscal铆a como de la abogac铆a del Estado, ha dictado el sobreseimiento provisional -que no definitivo- de la causa al concluir que "el investigado [Jos茅 Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid], entre el 5 y el 14 de marzo, no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y t茅cnico del riesgo que para la salud de las personas conllevaba la realizaci贸n de manifestaciones y concentraciones".
La instrucci贸n de la juez desafiaba la ley de la gravedad jur铆dica y la l贸gica m谩s elemental, pero si ella se ha atrevido a actuar as铆 es porque sabe que un sector importante de la judicatura est谩 en su 贸rbita: la del acoso y derribo de Pedro S谩nchez. De la instrucci贸n hecha, en sinton铆a con la esperp茅ntica investigaci贸n de la Benem茅rita, la jueza hab铆a trabajado con dos hip贸tesis absurdas que ahora abandona [provisionalmente]: que en Espa帽a ha habido una terrible crisis sanitaria por culpa de las feministas de Madrid; y que las ministras del Gobierno central -con vocaci贸n suicida- prefirieron arriesgar su vida y la de sus familiares m谩s directos, incluyendo menores de edad, asistiendo a una manifestaci贸n en la que sab铆an que se producir铆an miles de contagios.
En cualquier caso, esta actuaci贸n en el 谩mbito judicial es un juego de ni帽os comparada con otras iniciativas, como la maniobra que est谩 gest谩ndose en el Tribunal Constitucional.
A iniciativa de VOX, se ha propuesto anular la condici贸n de tal a 29 diputados de formaciones como ERC, JxCat, PNV, BNG, Bildu o Unidas Podemos que acataron la Constituci贸n de forma no convencional. Ante la denuncia, seis magistrados del TC han presentado un escrito para debatir en el pleno la posibilidad de retirarles el acta de diputado y poner en cuesti贸n todo lo aprobado en esta legislatura, desde el propio nombramiento del presidente S谩nchez a los decretos de los Estados de Alarma. Se tratar铆a de lograr as铆 dos objetivos: a帽adir m谩s tensi贸n a la ya existente en la sociedad espa帽ola al obligar a esos 29 diputados a repetir el acatamiento de la Constituci贸n con una f贸rmula que los humillar谩 y, paralelamente, reforzar la tesis de la ilegitimidad del Gobierno, idea que las derechas utilizan ad nauseam.
Poco les ha importado a los magistrados del ala dura que el TC ya estableciera doctrina sobre el asunto hace treinta a帽os. La sentencia 119/1990 estableci贸 que el juramento p煤blico de la Constituci贸n era una supervivencia de otras 茅pocas en las que se daba mucha importancia a los "compromisos sobrenaturales" [sic]. En la misma sentencia de 1990, los entonces magistrados del TC criticaron a los que quer铆an imponer su r铆gida visi贸n a los diputados que simplemente quer铆an manifestar una posici贸n pol铆tica legal, v谩lida y que hab铆a recibido el apoyo de sus votantes.
Parece que a los magistrados m谩s reaccionarios de entre los actuales aquella sentencia de 1990 les importa un bledo. Se suman a la campa帽a de hacer ruido, de enturbiar, de alimentar la idea que las derechas ya enunciaron desde el principio de la legislatura: que el del PSOE y Unidas Podemos es un gobierno ileg铆timo, adem谩s de comunista y bolivariano. Ya veremos c贸mo acaba la cosa en el TC, pero de momento El Mundo, el ABC y La Raz贸n, adem谩s de otras publicaciones digitales menores, as铆 como el batall贸n de opinadores que nutren tertulias en radio y televisi贸n, contin煤an, dale que dale, acusando a Pedro S谩nchez y Pablo Iglesias de cualquier cosa imaginable. Especialmente de los miles de muertos por la pandemia.
Hay un problema grave, sin embargo, que las derechas madrile帽as quieren esconder bajo la alfombra, aunque el intento es como querer tapar el sol con un dedo: la nefasta gesti贸n de las residencias de mayores, que est谩 en la base del pavoroso balance de v铆ctimas, y del a煤n m谩s terrible de las circunstancias en las que se produjeron esas muertes. En este apartado, la realidad de la Comunidad de Madrid, el buque insignia de la propuesta pol铆tica del PP, ha resultado macabra.
A la informaci贸n sobre el estado de buena parte de las residencias, y de la atenci贸n que en ellas se daba a los ingresados, se ha sumado el enfrentamiento entre un consejero de Ciudadanos y su sucesor (del PP) a prop贸sito de las 贸rdenes reiteradas de este 煤ltimo de no trasladar a los ancianos contagiados de Coronavirus a los hospitales. El colmo de la gesti贸n de D铆az Ayuso ha sido que ese triaje no se le aplic贸 a aquellos mayores que gozaban de un seguro privado; los cuales s铆 fueron trasladados sin ning煤n problema a los hospitales privados.
Isabel D铆az Ayuso, que se supera d铆a a d铆a en sus surrealistas intervenciones, ofreci贸 una nueva perla dial茅ctica en el 煤ltimo debate sobre la gesti贸n de las residencias en la Asamblea de Madrid. Ante el alud de informaci贸n contrastada, confirmada y cuantificada sobre su gesti贸n dijo que: "No hay peor mentira que la que se basa en datos objetivos" [sic].
De estos y otros datos objetivos, como los recortes y las privatizaciones impuestas por el PP desde hace dos d茅cadas en la Comunidad de Madrid, es de lo que no quieren que se hable. El modelo sociosanitario del Partido Popular ha sido dejado en evidencia por la pandemia, y ha quedado negro sobre blanco que las privatizaciones en el terreno de la salud han pasado una tremenda factura en este tiempo de tsunami sanitario. Ese modelo no s贸lo no funciona, sino es que es perverso y se debe abandonar; se debe cambiar en beneficio de la potenciaci贸n de la inversi贸n p煤blica en materia de salud y en la atenci贸n a los mayores.
Adem谩s de hacer caer al gobierno de coalici贸n entre el PSOE y Unidas Podemos al precio que haga falta, el PP en particular y las derechas hisp谩nicas en general tienen una raz贸n poderosa para seguir generando la m谩s agria confrontaci贸n y la m谩xima polarizaci贸n en la sociedad espa帽ola: que no se ponga en cuesti贸n su pol铆tica rabiosamente privatizadora en materia sanitaria.
Solo un resultado que castigue esta estrategia en las pr贸ximas elecciones vascas y gallegas podr铆a hacerles reconsiderar la t谩ctica de tierra quemada que est谩n practicando.
Asusta pensar hasta d贸nde est谩 dispuesto a llegar el PP en su estrategia desestabilizadora. D铆a que pasa, d铆a que embarran el escenario todav铆a m谩s. Cuesta creer c贸mo personas con altas responsabilidades y vocaci贸n de gobierno est谩n decididas a elevar de forma tan irresponsable la tensi贸n pol铆tica del pa铆s. Entienden que Espa帽a es suya y pueden hacer con ella lo que m谩s les convenga y les venga en gana.
Ahora pretenden conseguir dos cosas: ocultar lo ocurrido con la gesti贸n de la pandemia en la Comunidad de Madrid, y que no se ponga en cuesti贸n el modelo sanitario rabiosamente privatizador que practican desde hace d茅cadas. No les va a resultar sencillo conseguirlo dada la fuerte sensibilizaci贸n ciudadana, pero cuentan con poderosos aliados.
El sector m谩s reaccionario de la carrera judicial de un lado, algunos grupos de los aparatos de seguridad del Estado de otro, y la prensa adicta forman la tripleta atacante. Est谩n en plena ofensiva y no hacen prisioneros. Lo confirman las apariciones de algunos dirigentes del PP hasta ahora personas poco asimilables con la l铆nea dura de G茅nova 13, como Ana Pastor o Andrea Levy, que se apuntan al fuego a discreci贸n contra el Gobierno central. Aprovechan cualquier ocasi贸n o circunstancia para, venga a cuento o no, culpabilizar al Gobierno de S谩nchez de la crisis sanitaria, econ贸mica y social y exigirle que renuncie a Satan谩s y a todas sus obras.
Adem谩s, y sin soluci贸n de continuidad, cantan las excelencias de la gesti贸n de la crisis en las comunidades gobernadas por los suyos sin rubor ni verg眉enza. En Galicia las cosas han ido estupendamente bien gracias al PP de Feijoo; en Madrid han ido muy mal por culpa de Pablo Iglesias. Ellos saben, sin embargo, que la presidenta madrile帽a es una bomba que camina, y que tarde o temprano tendr谩 graves problemas con la justicia por c贸mo ha actuado el gobierno que preside.
La jueza de Madrid que hab铆a abierto una causa por el 8M, a partir de un delirante informe de la Guardia Civil, y en contra del criterio tanto de la fiscal铆a como de la abogac铆a del Estado, ha dictado el sobreseimiento provisional -que no definitivo- de la causa al concluir que "el investigado [Jos茅 Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid], entre el 5 y el 14 de marzo, no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y t茅cnico del riesgo que para la salud de las personas conllevaba la realizaci贸n de manifestaciones y concentraciones".
La instrucci贸n de la juez desafiaba la ley de la gravedad jur铆dica y la l贸gica m谩s elemental, pero si ella se ha atrevido a actuar as铆 es porque sabe que un sector importante de la judicatura est谩 en su 贸rbita: la del acoso y derribo de Pedro S谩nchez. De la instrucci贸n hecha, en sinton铆a con la esperp茅ntica investigaci贸n de la Benem茅rita, la jueza hab铆a trabajado con dos hip贸tesis absurdas que ahora abandona [provisionalmente]: que en Espa帽a ha habido una terrible crisis sanitaria por culpa de las feministas de Madrid; y que las ministras del Gobierno central -con vocaci贸n suicida- prefirieron arriesgar su vida y la de sus familiares m谩s directos, incluyendo menores de edad, asistiendo a una manifestaci贸n en la que sab铆an que se producir铆an miles de contagios.
En cualquier caso, esta actuaci贸n en el 谩mbito judicial es un juego de ni帽os comparada con otras iniciativas, como la maniobra que est谩 gest谩ndose en el Tribunal Constitucional.
A iniciativa de VOX, se ha propuesto anular la condici贸n de tal a 29 diputados de formaciones como ERC, JxCat, PNV, BNG, Bildu o Unidas Podemos que acataron la Constituci贸n de forma no convencional. Ante la denuncia, seis magistrados del TC han presentado un escrito para debatir en el pleno la posibilidad de retirarles el acta de diputado y poner en cuesti贸n todo lo aprobado en esta legislatura, desde el propio nombramiento del presidente S谩nchez a los decretos de los Estados de Alarma. Se tratar铆a de lograr as铆 dos objetivos: a帽adir m谩s tensi贸n a la ya existente en la sociedad espa帽ola al obligar a esos 29 diputados a repetir el acatamiento de la Constituci贸n con una f贸rmula que los humillar谩 y, paralelamente, reforzar la tesis de la ilegitimidad del Gobierno, idea que las derechas utilizan ad nauseam.
Poco les ha importado a los magistrados del ala dura que el TC ya estableciera doctrina sobre el asunto hace treinta a帽os. La sentencia 119/1990 estableci贸 que el juramento p煤blico de la Constituci贸n era una supervivencia de otras 茅pocas en las que se daba mucha importancia a los "compromisos sobrenaturales" [sic]. En la misma sentencia de 1990, los entonces magistrados del TC criticaron a los que quer铆an imponer su r铆gida visi贸n a los diputados que simplemente quer铆an manifestar una posici贸n pol铆tica legal, v谩lida y que hab铆a recibido el apoyo de sus votantes.
Parece que a los magistrados m谩s reaccionarios de entre los actuales aquella sentencia de 1990 les importa un bledo. Se suman a la campa帽a de hacer ruido, de enturbiar, de alimentar la idea que las derechas ya enunciaron desde el principio de la legislatura: que el del PSOE y Unidas Podemos es un gobierno ileg铆timo, adem谩s de comunista y bolivariano. Ya veremos c贸mo acaba la cosa en el TC, pero de momento El Mundo, el ABC y La Raz贸n, adem谩s de otras publicaciones digitales menores, as铆 como el batall贸n de opinadores que nutren tertulias en radio y televisi贸n, contin煤an, dale que dale, acusando a Pedro S谩nchez y Pablo Iglesias de cualquier cosa imaginable. Especialmente de los miles de muertos por la pandemia.
Hay un problema grave, sin embargo, que las derechas madrile帽as quieren esconder bajo la alfombra, aunque el intento es como querer tapar el sol con un dedo: la nefasta gesti贸n de las residencias de mayores, que est谩 en la base del pavoroso balance de v铆ctimas, y del a煤n m谩s terrible de las circunstancias en las que se produjeron esas muertes. En este apartado, la realidad de la Comunidad de Madrid, el buque insignia de la propuesta pol铆tica del PP, ha resultado macabra.
A la informaci贸n sobre el estado de buena parte de las residencias, y de la atenci贸n que en ellas se daba a los ingresados, se ha sumado el enfrentamiento entre un consejero de Ciudadanos y su sucesor (del PP) a prop贸sito de las 贸rdenes reiteradas de este 煤ltimo de no trasladar a los ancianos contagiados de Coronavirus a los hospitales. El colmo de la gesti贸n de D铆az Ayuso ha sido que ese triaje no se le aplic贸 a aquellos mayores que gozaban de un seguro privado; los cuales s铆 fueron trasladados sin ning煤n problema a los hospitales privados.
Isabel D铆az Ayuso, que se supera d铆a a d铆a en sus surrealistas intervenciones, ofreci贸 una nueva perla dial茅ctica en el 煤ltimo debate sobre la gesti贸n de las residencias en la Asamblea de Madrid. Ante el alud de informaci贸n contrastada, confirmada y cuantificada sobre su gesti贸n dijo que: "No hay peor mentira que la que se basa en datos objetivos" [sic].
De estos y otros datos objetivos, como los recortes y las privatizaciones impuestas por el PP desde hace dos d茅cadas en la Comunidad de Madrid, es de lo que no quieren que se hable. El modelo sociosanitario del Partido Popular ha sido dejado en evidencia por la pandemia, y ha quedado negro sobre blanco que las privatizaciones en el terreno de la salud han pasado una tremenda factura en este tiempo de tsunami sanitario. Ese modelo no s贸lo no funciona, sino es que es perverso y se debe abandonar; se debe cambiar en beneficio de la potenciaci贸n de la inversi贸n p煤blica en materia de salud y en la atenci贸n a los mayores.
Adem谩s de hacer caer al gobierno de coalici贸n entre el PSOE y Unidas Podemos al precio que haga falta, el PP en particular y las derechas hisp谩nicas en general tienen una raz贸n poderosa para seguir generando la m谩s agria confrontaci贸n y la m谩xima polarizaci贸n en la sociedad espa帽ola: que no se ponga en cuesti贸n su pol铆tica rabiosamente privatizadora en materia sanitaria.
Solo un resultado que castigue esta estrategia en las pr贸ximas elecciones vascas y gallegas podr铆a hacerles reconsiderar la t谩ctica de tierra quemada que est谩n practicando.
