OPINIÓN de Joan del ALcàzar
Asusta pensar hasta dónde está dispuesto a llegar el PP en su estrategia desestabilizadora. Día que pasa, día que embarran el escenario todavía más. Cuesta creer cómo personas con altas responsabilidades y vocación de gobierno están decididas a elevar de forma tan irresponsable la tensión política del país. Entienden que España es suya y pueden hacer con ella lo que más les convenga y les venga en gana.
Ahora pretenden conseguir dos cosas: ocultar lo ocurrido con la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid, y que no se ponga en cuestión el modelo sanitario rabiosamente privatizador que practican desde hace décadas. No les va a resultar sencillo conseguirlo dada la fuerte sensibilización ciudadana, pero cuentan con poderosos aliados.
El sector más reaccionario de la carrera judicial de un lado, algunos grupos de los aparatos de seguridad del Estado de otro, y la prensa adicta forman la tripleta atacante. Están en plena ofensiva y no hacen prisioneros. Lo confirman las apariciones de algunos dirigentes del PP hasta ahora personas poco asimilables con la línea dura de Génova 13, como Ana Pastor o Andrea Levy, que se apuntan al fuego a discreción contra el Gobierno central. Aprovechan cualquier ocasión o circunstancia para, venga a cuento o no, culpabilizar al Gobierno de Sánchez de la crisis sanitaria, económica y social y exigirle que renuncie a Satanás y a todas sus obras.
Además, y sin solución de continuidad, cantan las excelencias de la gestión de la crisis en las comunidades gobernadas por los suyos sin rubor ni vergüenza. En Galicia las cosas han ido estupendamente bien gracias al PP de Feijoo; en Madrid han ido muy mal por culpa de Pablo Iglesias. Ellos saben, sin embargo, que la presidenta madrileña es una bomba que camina, y que tarde o temprano tendrá graves problemas con la justicia por cómo ha actuado el gobierno que preside.
La jueza de Madrid que había abierto una causa por el 8M, a partir de un delirante informe de la Guardia Civil, y en contra del criterio tanto de la fiscalía como de la abogacía del Estado, ha dictado el sobreseimiento provisional -que no definitivo- de la causa al concluir que "el investigado [José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid], entre el 5 y el 14 de marzo, no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas conllevaba la realización de manifestaciones y concentraciones".
La instrucción de la juez desafiaba la ley de la gravedad jurídica y la lógica más elemental, pero si ella se ha atrevido a actuar así es porque sabe que un sector importante de la judicatura está en su órbita: la del acoso y derribo de Pedro Sánchez. De la instrucción hecha, en sintonía con la esperpéntica investigación de la Benemérita, la jueza había trabajado con dos hipótesis absurdas que ahora abandona [provisionalmente]: que en España ha habido una terrible crisis sanitaria por culpa de las feministas de Madrid; y que las ministras del Gobierno central -con vocación suicida- prefirieron arriesgar su vida y la de sus familiares más directos, incluyendo menores de edad, asistiendo a una manifestación en la que sabían que se producirían miles de contagios.
En cualquier caso, esta actuación en el ámbito judicial es un juego de niños comparada con otras iniciativas, como la maniobra que está gestándose en el Tribunal Constitucional.
A iniciativa de VOX, se ha propuesto anular la condición de tal a 29 diputados de formaciones como ERC, JxCat, PNV, BNG, Bildu o Unidas Podemos que acataron la Constitución de forma no convencional. Ante la denuncia, seis magistrados del TC han presentado un escrito para debatir en el pleno la posibilidad de retirarles el acta de diputado y poner en cuestión todo lo aprobado en esta legislatura, desde el propio nombramiento del presidente Sánchez a los decretos de los Estados de Alarma. Se trataría de lograr así dos objetivos: añadir más tensión a la ya existente en la sociedad española al obligar a esos 29 diputados a repetir el acatamiento de la Constitución con una fórmula que los humillará y, paralelamente, reforzar la tesis de la ilegitimidad del Gobierno, idea que las derechas utilizan ad nauseam.
Poco les ha importado a los magistrados del ala dura que el TC ya estableciera doctrina sobre el asunto hace treinta años. La sentencia 119/1990 estableció que el juramento público de la Constitución era una supervivencia de otras épocas en las que se daba mucha importancia a los "compromisos sobrenaturales" [sic]. En la misma sentencia de 1990, los entonces magistrados del TC criticaron a los que querían imponer su rígida visión a los diputados que simplemente querían manifestar una posición política legal, válida y que había recibido el apoyo de sus votantes.
Parece que a los magistrados más reaccionarios de entre los actuales aquella sentencia de 1990 les importa un bledo. Se suman a la campaña de hacer ruido, de enturbiar, de alimentar la idea que las derechas ya enunciaron desde el principio de la legislatura: que el del PSOE y Unidas Podemos es un gobierno ilegítimo, además de comunista y bolivariano. Ya veremos cómo acaba la cosa en el TC, pero de momento El Mundo, el ABC y La Razón, además de otras publicaciones digitales menores, así como el batallón de opinadores que nutren tertulias en radio y televisión, continúan, dale que dale, acusando a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de cualquier cosa imaginable. Especialmente de los miles de muertos por la pandemia.
Hay un problema grave, sin embargo, que las derechas madrileñas quieren esconder bajo la alfombra, aunque el intento es como querer tapar el sol con un dedo: la nefasta gestión de las residencias de mayores, que está en la base del pavoroso balance de víctimas, y del aún más terrible de las circunstancias en las que se produjeron esas muertes. En este apartado, la realidad de la Comunidad de Madrid, el buque insignia de la propuesta política del PP, ha resultado macabra.
A la información sobre el estado de buena parte de las residencias, y de la atención que en ellas se daba a los ingresados, se ha sumado el enfrentamiento entre un consejero de Ciudadanos y su sucesor (del PP) a propósito de las órdenes reiteradas de este último de no trasladar a los ancianos contagiados de Coronavirus a los hospitales. El colmo de la gestión de Díaz Ayuso ha sido que ese triaje no se le aplicó a aquellos mayores que gozaban de un seguro privado; los cuales sí fueron trasladados sin ningún problema a los hospitales privados.
Isabel Díaz Ayuso, que se supera día a día en sus surrealistas intervenciones, ofreció una nueva perla dialéctica en el último debate sobre la gestión de las residencias en la Asamblea de Madrid. Ante el alud de información contrastada, confirmada y cuantificada sobre su gestión dijo que: "No hay peor mentira que la que se basa en datos objetivos" [sic].
De estos y otros datos objetivos, como los recortes y las privatizaciones impuestas por el PP desde hace dos décadas en la Comunidad de Madrid, es de lo que no quieren que se hable. El modelo sociosanitario del Partido Popular ha sido dejado en evidencia por la pandemia, y ha quedado negro sobre blanco que las privatizaciones en el terreno de la salud han pasado una tremenda factura en este tiempo de tsunami sanitario. Ese modelo no sólo no funciona, sino es que es perverso y se debe abandonar; se debe cambiar en beneficio de la potenciación de la inversión pública en materia de salud y en la atención a los mayores.
Además de hacer caer al gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos al precio que haga falta, el PP en particular y las derechas hispánicas en general tienen una razón poderosa para seguir generando la más agria confrontación y la máxima polarización en la sociedad española: que no se ponga en cuestión su política rabiosamente privatizadora en materia sanitaria.
Solo un resultado que castigue esta estrategia en las próximas elecciones vascas y gallegas podría hacerles reconsiderar la táctica de tierra quemada que están practicando.
Asusta pensar hasta dónde está dispuesto a llegar el PP en su estrategia desestabilizadora. Día que pasa, día que embarran el escenario todavía más. Cuesta creer cómo personas con altas responsabilidades y vocación de gobierno están decididas a elevar de forma tan irresponsable la tensión política del país. Entienden que España es suya y pueden hacer con ella lo que más les convenga y les venga en gana.
Ahora pretenden conseguir dos cosas: ocultar lo ocurrido con la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid, y que no se ponga en cuestión el modelo sanitario rabiosamente privatizador que practican desde hace décadas. No les va a resultar sencillo conseguirlo dada la fuerte sensibilización ciudadana, pero cuentan con poderosos aliados.
El sector más reaccionario de la carrera judicial de un lado, algunos grupos de los aparatos de seguridad del Estado de otro, y la prensa adicta forman la tripleta atacante. Están en plena ofensiva y no hacen prisioneros. Lo confirman las apariciones de algunos dirigentes del PP hasta ahora personas poco asimilables con la línea dura de Génova 13, como Ana Pastor o Andrea Levy, que se apuntan al fuego a discreción contra el Gobierno central. Aprovechan cualquier ocasión o circunstancia para, venga a cuento o no, culpabilizar al Gobierno de Sánchez de la crisis sanitaria, económica y social y exigirle que renuncie a Satanás y a todas sus obras.
Además, y sin solución de continuidad, cantan las excelencias de la gestión de la crisis en las comunidades gobernadas por los suyos sin rubor ni vergüenza. En Galicia las cosas han ido estupendamente bien gracias al PP de Feijoo; en Madrid han ido muy mal por culpa de Pablo Iglesias. Ellos saben, sin embargo, que la presidenta madrileña es una bomba que camina, y que tarde o temprano tendrá graves problemas con la justicia por cómo ha actuado el gobierno que preside.
La jueza de Madrid que había abierto una causa por el 8M, a partir de un delirante informe de la Guardia Civil, y en contra del criterio tanto de la fiscalía como de la abogacía del Estado, ha dictado el sobreseimiento provisional -que no definitivo- de la causa al concluir que "el investigado [José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid], entre el 5 y el 14 de marzo, no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas conllevaba la realización de manifestaciones y concentraciones".
La instrucción de la juez desafiaba la ley de la gravedad jurídica y la lógica más elemental, pero si ella se ha atrevido a actuar así es porque sabe que un sector importante de la judicatura está en su órbita: la del acoso y derribo de Pedro Sánchez. De la instrucción hecha, en sintonía con la esperpéntica investigación de la Benemérita, la jueza había trabajado con dos hipótesis absurdas que ahora abandona [provisionalmente]: que en España ha habido una terrible crisis sanitaria por culpa de las feministas de Madrid; y que las ministras del Gobierno central -con vocación suicida- prefirieron arriesgar su vida y la de sus familiares más directos, incluyendo menores de edad, asistiendo a una manifestación en la que sabían que se producirían miles de contagios.
En cualquier caso, esta actuación en el ámbito judicial es un juego de niños comparada con otras iniciativas, como la maniobra que está gestándose en el Tribunal Constitucional.
A iniciativa de VOX, se ha propuesto anular la condición de tal a 29 diputados de formaciones como ERC, JxCat, PNV, BNG, Bildu o Unidas Podemos que acataron la Constitución de forma no convencional. Ante la denuncia, seis magistrados del TC han presentado un escrito para debatir en el pleno la posibilidad de retirarles el acta de diputado y poner en cuestión todo lo aprobado en esta legislatura, desde el propio nombramiento del presidente Sánchez a los decretos de los Estados de Alarma. Se trataría de lograr así dos objetivos: añadir más tensión a la ya existente en la sociedad española al obligar a esos 29 diputados a repetir el acatamiento de la Constitución con una fórmula que los humillará y, paralelamente, reforzar la tesis de la ilegitimidad del Gobierno, idea que las derechas utilizan ad nauseam.
Poco les ha importado a los magistrados del ala dura que el TC ya estableciera doctrina sobre el asunto hace treinta años. La sentencia 119/1990 estableció que el juramento público de la Constitución era una supervivencia de otras épocas en las que se daba mucha importancia a los "compromisos sobrenaturales" [sic]. En la misma sentencia de 1990, los entonces magistrados del TC criticaron a los que querían imponer su rígida visión a los diputados que simplemente querían manifestar una posición política legal, válida y que había recibido el apoyo de sus votantes.
Parece que a los magistrados más reaccionarios de entre los actuales aquella sentencia de 1990 les importa un bledo. Se suman a la campaña de hacer ruido, de enturbiar, de alimentar la idea que las derechas ya enunciaron desde el principio de la legislatura: que el del PSOE y Unidas Podemos es un gobierno ilegítimo, además de comunista y bolivariano. Ya veremos cómo acaba la cosa en el TC, pero de momento El Mundo, el ABC y La Razón, además de otras publicaciones digitales menores, así como el batallón de opinadores que nutren tertulias en radio y televisión, continúan, dale que dale, acusando a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de cualquier cosa imaginable. Especialmente de los miles de muertos por la pandemia.
Hay un problema grave, sin embargo, que las derechas madrileñas quieren esconder bajo la alfombra, aunque el intento es como querer tapar el sol con un dedo: la nefasta gestión de las residencias de mayores, que está en la base del pavoroso balance de víctimas, y del aún más terrible de las circunstancias en las que se produjeron esas muertes. En este apartado, la realidad de la Comunidad de Madrid, el buque insignia de la propuesta política del PP, ha resultado macabra.
A la información sobre el estado de buena parte de las residencias, y de la atención que en ellas se daba a los ingresados, se ha sumado el enfrentamiento entre un consejero de Ciudadanos y su sucesor (del PP) a propósito de las órdenes reiteradas de este último de no trasladar a los ancianos contagiados de Coronavirus a los hospitales. El colmo de la gestión de Díaz Ayuso ha sido que ese triaje no se le aplicó a aquellos mayores que gozaban de un seguro privado; los cuales sí fueron trasladados sin ningún problema a los hospitales privados.
Isabel Díaz Ayuso, que se supera día a día en sus surrealistas intervenciones, ofreció una nueva perla dialéctica en el último debate sobre la gestión de las residencias en la Asamblea de Madrid. Ante el alud de información contrastada, confirmada y cuantificada sobre su gestión dijo que: "No hay peor mentira que la que se basa en datos objetivos" [sic].
De estos y otros datos objetivos, como los recortes y las privatizaciones impuestas por el PP desde hace dos décadas en la Comunidad de Madrid, es de lo que no quieren que se hable. El modelo sociosanitario del Partido Popular ha sido dejado en evidencia por la pandemia, y ha quedado negro sobre blanco que las privatizaciones en el terreno de la salud han pasado una tremenda factura en este tiempo de tsunami sanitario. Ese modelo no sólo no funciona, sino es que es perverso y se debe abandonar; se debe cambiar en beneficio de la potenciación de la inversión pública en materia de salud y en la atención a los mayores.
Además de hacer caer al gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos al precio que haga falta, el PP en particular y las derechas hispánicas en general tienen una razón poderosa para seguir generando la más agria confrontación y la máxima polarización en la sociedad española: que no se ponga en cuestión su política rabiosamente privatizadora en materia sanitaria.
Solo un resultado que castigue esta estrategia en las próximas elecciones vascas y gallegas podría hacerles reconsiderar la táctica de tierra quemada que están practicando.
