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Vicentín y otras empresas, socias del terrorismo de Estado

OPINIÓN de Sergio Ortiz

Por notoriedad política, hoy la lupa se posa sobre Vicentín. Por novedades judiciales, en La Veloz del Norte. Los monopolios fueron socios de la represión.

SERGIO ORTIZ


La novedad de los tribunales de Salta es que, un año y medio después que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara avanzar con las indagatorias, el juez federal Julio Bavio dio sus primeros pasos, tan demorados. Es en la causa del dueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte, Marcos Levin, y tres policías a su servicio que habían secuestrado y torturado a quince trabajadores de esa firma.

La causa fue desdoblada. En 2016 Levin fue condenado a 12 años de prisión por esos delitos en perjuicio del delegado gremial Víctor Manuel Cobos.

Por otro lado, esos delitos contra otros quince laburantes fueron a una causa aparte, desdoblada. Y ante la apelación de las defensas de estos trabajadores esta semana hubo aquella novedad: luego que la Corte ordenara a la justicia salteña reanudar las indagatorias, éstas empezaron pero con las demoras de siempre. Uno de los policías alegó enfermedad y no poder declarar. Y así harán los otros.

Si bien Levin tiene el dudoso mérito de primer empresario condenado por complicidad civil con la dictadura militar, sus pesares fueron mínimos. La condena de 12 años no satisfizo a la querella ni al movimiento de derechos humanos. Y encima en octubre de 2017 la Cámara de Casación anuló ese módico castigo. Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques anularon esa pena afirmando que no se trató de un delito de lesa humanidad, considerando prescriptos los cargos contra el empresario. También anularon las dos condenas a 12 y otra a 8 años impuestas a los tres policías. Al lector debe sonarle el apellido Mahiques...

Ese fallo tan favorable a la complicidad empresarial fue apelado, pero hasta que la Corte Suprema dictamine, los beneficiados gozarán de libertad. Y si dentro de uno o dos años hubiera un fallo adverso, verán de cumplirlo en casa.

Lo que motivó a Levin urdir con esos policías el plan para secuestrar, torturar y despedir activistas, fue similar al afán de tantos empresarios. Querían ganancias extraordinarias durante la dictadura por la vía de amedrentar a su personal y superexplotarlo sin que molestos delegados les marcaran la cancha con los convenios y protestas.


Vicentín

Promediando 2019 se supo que esta empresa agroexportadora había entrado extrañamente en cesación de pagos y luego abierto un concurso de acreedores. Hasta ese momento sus números eran superavitarios en dólares, ubicada en el podio de las seis exportadoras de granos y aceites.

Diez atrás, cuando Alberto Fernández comunicó al país su decisión de intervenir la compañía y luego expropiarla, recién ahí el caso Vicentín ganó notoriedad.

Por un lado, una gran parte del país apoyando esas medidas con doble argumento: voluminosa deuda de 18.300 millones de pesos de Vicentín con el Banco Nación y defensa de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Otra parte, quizás no tan amplia como aquélla, simpatiza con la idea de contar con una empresa estatal en un rubro vital para controlar el precio de los alimentos y chequear las liquidaciones de dólares del agrobusiness.

En la vereda de enfrente, los directivos de Vicentín, sus colegas de la AEA, la Unión Industrial y la Suciedad Rural, con el acompañamiento de Clarín y los dirigentes del PRO-Cambiemos. Este bando por supuesto se opone en nombre de la seguridad jurídica y la defensa de la propiedad privada. Los delitos que podrían imputarse a aquellos directivos, por vaciamiento, fuga de capitales, evasión fiscal, etc, no tendrían mayor importancia.

Ni el gobierno ni el sector que defiende a Vicentín menean el delito mayor cometido por esos empresarios santafesinos: su complicidad con el terrorismo de Estado.

En noviembre de 1976 la aceitera entregó a las fuerzas policiales a 22 de sus trabajadores y delegados. Fueron secuestrados y llevados a la Jefatura de Policía en Reconquista, a Santa Fe y la Brigada Aérea, donde los torturaron y encarcelaron. La patronal, socia y cómplice de esos delitos, aprovechó para intimarlos y despedirlos del trabajo. Varias víctimas denunciaron y recordaron sus pesares: Heraldo Salvador Sánchez, Efrén Venturini y Oscar Zarza, entre otros.

La relación de Vicentín con los delitos de lesa humanidad de la dictadura estuvo hasta hoy bajo una espesa capa de hielo. Judicialmente no dio lugar a ninguna condena a los Padoan y Nardelli, sus controlantes.


La impunidad

Con enormes dificultades y notables retrasos, la justicia pudo ir abriéndose camino para juzgar y condenar a los militares, policías y gendarmes responsables directos o autores mediatos de horribles crímenes de la dictadura militar-cívica.

El puntapié inicial fue el juicio a las primeras Juntas de Comandantes (la última quedó impune). El pueblo argentino, los organismos de DD HH, y las organizaciones humanitarias solidarias del extranjero, debieron sortear muchos obstáculos, amenazas, leyes de impunidad (“Punto Final” y “Obediencia Debida”, alfonsinistas), levantamientos “carapintadas” y decretos menemistas.

A fines de 2019 el informe de la Procuración daba cuenta que había 962 condenados por delitos de lesa humanidad, 606 procesados y 576 imputados. El límite de esta buena marca es que la justicia llegó muy tarde y que el 50 por ciento de los represores gozan hoy del inmerecido beneficio de la prisión domiciliaria, incrementado durante el macrismo.

Esos buenos números no tienen nada que ver con los registrados respecto a los civiles involucrados en aquellos crímenes. Son una abrumadora minoría: Jaime Smart (ex ministro del general Ibérico Saint Jean), una media docena de excamaristas y jueces en Mendoza y Santa Fe, el cura Von Wernich y unos pocos más.

Los empresarios se salvaron en masa. Apenas está el fallo de 2016 contra Levin, anulado posteriormente, y otro de 2018 contra dos gerentes de la Ford por delitos de lesa humanidad contra 24 trabajadores (7 desaparecidos).

Los monopolios donde se cometieron secuestros, torturas y desapariciones con muertes de activistas, están impunes. Los dueños de Ledesma, Mercedes Benz, Techint, Socma, Clarín, Fiat, Perkins, Renault, Acindar, Loma Negra, La Nueva Provincia, Tandanor, Roggio, etc, fueron responsables de centenares de desapariciones. Están blindados hasta hoy, como Vicentín.

El Estado ni siquiera puso en marcha la “Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura militar para la búsqueda de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia”, aprobada en octubre de 2015 a propuesta del diputado Héctor Recalde. Largo e inútil nombre.

Eso fue ser cómplices de los cómplices de Videla. ¿No es hora que la democracia levante ese pagaré de 44 años?


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