Perú. Nos faltan 5 estudiantes: La justicia pendiente del caso La Cantuta 28 años después

Por Amanda Meza y Álvaro Meneses

Hay una pregunta que 28 años después aún flota en el aire: ¿Dónde están? La memoria no puede ser frágil y bien lo saben los familiares de los nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, ‘La Cantuta’.
Casi tres décadas después de la masacre perpetrada por el ‘Grupo Colina’, destacamento militar creado por el Servicio de Inteligencia Nacional dirigido por Vladimiro Montesinos y al que Alberto Fujimori dio rango ministerial, los cuerpos de 5 de los nueve estudiantes siguen sin rastro: Felipe Flores Chipana, Armando Amaro Condor, Robert Teodoro Espinoza, Dora Oyague Fierro y Heráclides Pablo Meza, no han podido recibir el entierro digno de sus familias. El duelo parece eterno.
Aún queda en la memoria gráfica y visual del Perú, el momento en que luego de un año del crimen cometido en el gobierno fujimorista, gracias a la investigación periodística y a la ayuda del reciclador Justo Arizapana, recientemente fallecido; el fiscal Víctor Cubas llegó hasta la fosas de Cieneguilla, el 8 de julio de 1993, donde desenterró un juego de llaves con el que abrió el local del Centro Federado de Electromecánica del dirigente estudiantil Juan Mariños Figueroa. Otro juego de llaves se encontró entre los restos óseos calcinados que abrió el armario del estudiante Armando Amaro Condor y la puerta de su vivienda.
Las investigaciones determinaron que Huachipa fue el lugar donde luego de secuestrar a los estudiantes y al profesor, el Grupo Colina los asesinó y enterró los cuerpos hasta en dos oportunidades. Pero no era la única zona, un segundo lugar de entierro con los restos que ahí calcinaron se realizó en Cieneguilla.
28 AÑOS DESPUÉS, HAY UNA JUSTICIA Y REPARACIÓN PENDIENTES
Veintiocho años después, pese a la condena a Alberto Fujimori, aún está pendiente el juicio oral a Vladimiro Montesinos Torres, los generales Nicolás Hermoza Ríos, Juan Nolberto Rivero Lazo, Luis Perez Documet, el coronel Federico Navarro Pérez, así como los integrantes del grupo Colina: Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingue Guevara, los técnicos Nelson Carbajal García, Jesús Sosa Saavedra y Julio Chuqui Aguirre. La investigación ha sido acumulada al caso Pativilca.
A esto se suma que de ocho condenados, entre los que se cuenta el general Julio Salazar Monroe y otros cuatro en calidad de no habidos o prófugos, ninguno ha cumplido con pagar la reparación civil a los deudos de ‘La Cantuta’, pese a que el Estado peruano como tercero civil responsable tampoco ha efectuado la reparación económica.
“Lamentablemente el Estado peruano no cumple con sus obligaciones entre las que está cumplir con lo ordenado por la judicatura, en especial lo que significa las reparaciones de las víctimas, y me refiero no solo al aspecto económico sino también de evitar cualquier revictimización de las víctimas y sus familiares”, apunta Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) que defiende a los parientes de las víctimas del caso.
Foto: Colectivo Jauría.
Como se recuerda, según la Ley 30137, que establece los criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales, se priorizan los de materia laboral, luego los de tipo previsional y finalmente las víctimas de violaciones de derechos humanos. Incluso en esta última categoría, el reglamento prioriza a las víctimas con enfermedades en fase terminal y avanzada, luego a los mayores de 65 años. “Para que el Estado pague debes haber pasado un largo tiempo en espera, estar gravemente enfermo o ser mayor de 65 años”, interpreta la abogada Gloria Cano a Wayka. En el caso de los padres de las víctimas de Cantuta, todos son mayores de 70 años, cuatro de ellos ya fallecidos.
EL PODER AL DESNUDO
Mucho se ha pretendido distorsionar de esta historia en la que Fujimori tuvo un papel principal. Antes de la masacre había ordenado que las fuerzas militares intervengan la universidad luego que los universitarios reprocharan una de sus características visitas de la que salió humillado, según recoge el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Fujimori ordenó intervenciones en universidades como La Cantuta y San Marcos. (Archivo El Comercio)
No solo eso, el informe destaca que la reacción de Fujimori fue tildar a los estudiantes de “terroristas”. “No es posible tener una universidad donde se enseña a destruir al país con ideologías terroristas”, dijo entonces en una declaración que parece no haber cambiado nada el discurso de sus seguidores. Dando ejemplo de terruqueo a las víctimas que sus seguidores pretenden normalizar, señalando como terrucos también a los familiares y grupos de oposición.
Fujimori intentó bloquear cualquier mancha de su gobierno en la lucha antisubversiva. En el caso La Cantuta promulgó una ley de amnistía para librar a los condenados de la cárcel, y repartió para ellos felicitaciones y ascensos.
Una de las grandes cargas de las familias de los estudiantes y el profesor asesinados, ha sido el ‘terruqueo’, haciendo caso omiso del fallo de la Corte Suprema presidida entonces por César San Martín que señaló, terminantemente, que los agraviados no eran terroristas.
Una larga batalla contra la difamación y el deshonor que proviene de quienes quieren a como dé lugar hacer borrón y cuenta nueva de una historia de violencia y masacre que embarra su futuro político.
Así lo recuerda Carmen Amaro, hermana de Armando Amaro Condor, una de las víctimas del caso La Cantuta: “Cuando aparecieron las fosas de Cieneguilla se empieza una campaña orquestada para desacreditar a las víctimas, para justificar el crimen. Se les atribuía la responsabilidad del atentado de Tarata y que lo de la Cantuta fue una respuesta a eso. Luego, en 2009, una sentencia resolvió que ni los estudiantes ni el profesor de la Cantuta pertenecían a algún movimiento subversivo, pero ni con todo eso se detuvo el terruqueo impulsado por el fujimorismo para intentar distorsionar la historia”.
LA LARGA LUCHA DE LOS DEUDOS
Mientras algunos de los condenados por este espantoso crimen cumplen condena y rehacen sus vidas, las familias de los nueve estudiantes y el profesor siguen el camino arduo, sacrificado e incomprendido de la búsqueda de justicia.
En 28 años a la espera de alguna señal del cuerpo destrozado del hijo o del esposo, han fallecido cuatro padres de las víctimas; sin respuestas, sin atención del Estado en la obligación de decirles dónde están los cinco desaparecidos de este caso. Esa es la deuda más grande que tiene el Estado con La Cantuta.
Foto: Juan Zapata

Resumen Latinoamericano
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