Debate de sociedad en Europa
Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza
Son贸 el pitazo inicial del partido final. Los
煤ltimos d铆as de agosto arranc贸 la recta final de la campa帽a a favor de la “Iniciativa
por Multinacionales Responsables”. Justo tres meses antes que la ciudadan铆a
suiza concurra a las urnas el domingo 29 de noviembre para pronunciarse sobre
un tema delicado que, dependiendo del resultado, puede tener repercusiones regionales.
De ser aceptada, la nueva norma constitucional se
aplicar谩 a cerca de 1.500 grandes empresas. Las 580.000 peque帽as y medianas helv茅ticas
(PME) que cuentan con menos de 250 trabajadora/es, quedar谩n exentas.
Se dirimir谩 as铆 un tema que hasta hace menos de
diez a帽os era un tab煤 en la vida nacional. Y que hoy va m谩s all谩 de los Alpes y
est谩 presente en buena parte de Europa, animando un significativo debate de
sociedad.
All谩 lejos, todo vale
En Cerro de Pasco, Per煤, el agua y el aire
est谩n envenenados por metales pesados. La responsable: una gigantesca mina de
la empresa Volc谩n – controlada por la multinacional suiza Glencore-. 70 mil
personas habitan en la regi贸n, y las consecuencias, aunque generales, golpean fundamentalmente
a ni帽as y ni帽os. Numerosos casos de anemias, par谩lisis y diferentes tipos de
discapacidades constituyen moneda corriente entre la poblaci贸n infantil.
A miles de kil贸metros, en Yavatmal, en
el centro de India, en apenas algunas semanas, 800 trabajadores agr铆colas se
intoxicaron a causa de pesticidas empleados en plantaciones de algod贸n. El “Polo”, uno de los qu铆micos utilizados, cuya
sustancia activa es el diafentiuron, proviene de Suiza. La trasnacional
de bandera helv茅tica Syngenta export贸 hacia aquel pa铆s 75 toneladas en 2017.
A pesar que su
venta est谩 prohibida en Suiza y en la Uni贸n Europea, dicho pesticida sigue siendo comercializado en numerosas
naciones latinoamericanas (Colombia, Ecuador, Per煤, M茅xico, Costa Rica etc.). La
misma Syngenta reconoce que es “t贸xico por inhalaci贸n” (https://www.syngenta.com.co/product/crop-protection/insecticida/polo-250-ec).
Un reciente reportaje de la cadena
nacional de TV exhibi贸 el drama de “La Rinconada” en el Puno peruano, donde
miles de mineros artesanales, en condiciones sanitarias y sociales infrahumanas,
buscan oro que ser谩 vendido por centavos a la Refiner铆a Metalor, con sede central
en el Cant贸n helv茅tico de Neuch芒tel. ONG suizas sostienen que entre el 60 y el
70% del comercio internacional de oro pasa por las manos de cuatro refiner铆as
helv茅ticas, entre las cuales se encuentra Metalor.
La relaci贸n entre la problem谩tica el holding
argentino Vicent铆n y la multinacional Glencore, socios en la empresa RENOVA, no
hace m谩s que abrir interrogantes sobre los derechos sindicales y ambientales vigentes.
En una coyuntura de gran tensi贸n sobre el futuro de esta cerealera exportadora.
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La explotaci贸n infantil en cultivos de
caf茅 de Guatemala destinado a la empresa Nespresso (de la transnacional suiza
Nestl茅), documentada en un reportaje de la Channel 4 inglesa, comprueba
violaciones sistem谩ticas de derechos humanos.
Se multiplican as铆 en la prensa nacional
e internacional, ejemplos sobre violaciones de derechos humanos y ambientales.
Desmentidos formales, comunicados insulsos o declaraciones ret贸ricas, constituyen
la l铆nea predominante de muchas de las multinacionales helv茅ticas criticadas.
Obligaci贸n universal
La Iniciativa Popular Federal *Empresas
Responsables para proteger el ser humano y el medio ambiente* (tal su
nombre oficial) exige que las grandes sociedades helv茅ticas y sus filiales en
el exterior -principalmente asentadas en Am茅rica Latina, 脕frica o Asia- respeten
los derechos humanos y ambientales seg煤n las normas que deben acatar en Suiza
mismo. Es decir, busca imponerles un marco jur铆dico de acci贸n planetaria acorde
a los c谩nones actuales definidos, entre otras, por las Naciones Unidas (https://initiative-multinationales.ch/).
De ser aceptada modificar谩 el art铆culo 101a de
la Constituci贸n Nacional, estableciendo que “la Confederaci贸n toma medidas
para que la econom铆a respete m谩s los derechos humanos y ambientales…La ley
regula las obligaciones de las empresas que tienen su sede estatutaria, su administraci贸n
central o su establecimiento principal en Suiza”. Y enumera a continuaci贸n,
como marco, los derechos humanos y normas ambientales internacionales; la obligaci贸n
de hacer prueba de una *diligencia razonable* y de asumir los perjuicios que
ellas o sus filiales produzcan.
La violaci贸n de derechos humanos y de normas internacionales
a nivel ambiental deber铆a implicarles sanciones a las transnacionales
violadoras. Es decir, insisten los promotores de la iniciativa, “cuando las
multinacionales contaminan el agua potable o destruyen regiones enteras, deben
responder a esos da帽os y asumir los perjuicios cometidos”.
En la pr谩ctica, si la Iniciativa Popular fuera
aprobada por la ciudadan铆a en la votaci贸n del 煤ltimo domingo de noviembre, las
v铆ctimas de esas violaciones en cualquier lugar del mundo estar铆an autorizadas
jur铆dicamente a exigir una reparaci贸n, en Suiza mismo.
Los perjudicados -recurriendo al apoyo de ONG y
abogados solidarios- deber谩n probar ante los tribunales helv茅ticos los da帽os
sufridos. Las multinacionales tendr谩n el derecho de demostrar si han seguido
todas las instrucciones y efectuado todos los controles necesarios. Un tribunal
nacional deber谩, finalmente, juzgar.
Respeto a la legislaci贸n internacional
La Iniciativa, que con el apoyo de 120 mil
firmas fue inscrita oficialmente el 10 de octubre del 2016, - y que sufriera
interminables idas y vueltas entre el ejecutivo nacional y las dos c谩maras parlamentarias-,
retoma, como concepto esencial, el de la “diligencia debida”, asumido por el
Consejo de Derechos Humanos en junio del 2011 al adoptar los Principios
Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos. (https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf)
La diligencia debida se帽ala el deber de los
Estados; la responsabilidad de las empresas y el acceso de las v铆ctimas a la justicia
para obtener una compensaci贸n por el da帽o sufrido. Tiene tres componentes: la
identificaci贸n de riesgos; una actividad en consecuencia a dichos peligros; y
la informaci贸n p煤blica y transparente sobre esos an谩lisis de riesgo y las medidas
adoptadas para evitarlos.
En el caso espec铆fico de las multinacionales y
sus filiales, deber谩n, ya antes de comenzar a operar en un pa铆s determinado,
hacer un estudio a fondo de las potenciales violaciones de derechos humanos o
ambientales que su actividad puede implicar. Y continuar con ese m茅todo durante
todo el tiempo de su actividad.
En ese ejercicio deber谩n respetar la Declaraci贸n
Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Pol铆ticos (Pacto II de la ONU); el tambi茅n onusiano Pacto
Internacional de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales (PIDESC), as铆 como
los ocho convenios fundamentales de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT).
Posibilidad de 茅xito
Una encuesta de la segunda semana de mayo indicaba
que el 78 % de la ciudadan铆a votar铆a a favor de la iniciativa. ¿C贸mo explicar
un nivel de simpat铆a tan alto para una tem谩tica sensible en el pa铆s con mayor
concentraci贸n de multinacionales por habitante? Y a pesar de la contra propaganda
intensa y repleta de recursos promovida, esencialmente, por la central patronal
Economie Suisse.
Las claves de interpretaci贸n son diversas. La
primera, el intenso trabajo de sensibilizaci贸n e informaci贸n que desde a帽os
importantes actores de la sociedad civil han impulsado sobre el tema. Proceso
que arranca a fines del 2011 con el lanzamiento de la petici贸n popular “Derecho
sin Fronteras” que fue un primer gran 茅xito de etapa al lograr m谩s de 135 mil
firmas en solo 7 meses y que planteaba la necesidad de reglamentar la presencia
multinacional helv茅tica en cualquier parte del planeta.
Adicionalmente, son 114 las organizaciones de
la cooperaci贸n, de los derechos humanos, feministas, ambientales, eclesiales,
sindicatos, cooperativas y uniones de accionistas, que sostienen, ahora, la
iniciativa popular. Desde Amnist铆a Internacional Suiza a Alianza Sur – que re煤ne
a las seis ONG de cooperaci贸n al desarrollo m谩s conocidas-, hasta UNITERRE
(rama local de V铆a Campesina) y el WWF, pasando por varios sindicatos: UNIA (el m谩s numeroso), SYNDICOM (de la
comunicaci贸n), Trabajo Suizo (socialcristiano), SYNA, y la misma Uni贸n Sindical
Suiza, principal confederaci贸n nacional de trabajadores.
Cerca de medio millar de comit茅s locales funcionan
en todo el pa铆s. Entre los cuales, m谩s de 20 en la Ciudad de Z煤rich, una decena
en la capital Berna, siete en la ciudad de Ginebra y cinco en la de Lausana.
Los mismos, con un constante trabajo de sensibilizaci贸n, presencia con estands,
podios, discusiones p煤blicas y trabajo virtual vienen asegurando una activa presencia,
aun durante el tiempo de pandemia. Y se lanzan a partir de fines de agosto al
sprint final de trabajo pol铆tico.
La diversidad de sus componentes es otra
especificidad de esta iniciativa en marcha. M谩s all谩 de los partidos
socialista, verde, y de la izquierda extraparlamentaria, que sostienen desde el
inicio la propuesta, se ha creado un Comit茅 Burgu茅s de apoyo – que re煤ne unas 160
personalidades pol铆ticas de centro y derecha-: un
grupo de representantes religiosos a favor de la justicia y la 茅tica empresariales,
as铆 como un extendido grupo de la “Econom铆a a favor de las empresas
responsables”.
Personalidades de primer nivel tambi茅n apoyan
la propuesta. Entre otras, las antiguas consejeras federales -poder ejecutivo
nacional colectivo- Ruth Dreifuss y Micheline Calmy-Rey, el ex presidente de la
Cruz Roja Internacional Cornelio Sommaruga y los premios Nobel de Qu铆mica 2017
Jacques Dubochet y de F铆sica 2019, Michel Mayor. Los copresidentes del Comit茅 de
Iniciativa son Dick Marty, ex senador nacional progresista del Partido Radical
Liberal (derecha empresarial), y la profesora de Derecho, Monika Roth.
Realidad europea
Si la Iniciativa lograra triunfar el 29 de
noviembre pr贸ximo, implicar谩 la introducci贸n de una modificaci贸n en la Constituci贸n.
Esto requiere la doble mayor铆a, es decir la del pueblo y la de los cantones, lo
que complejiza este tipo de consulta popular. Un triunfo en Suiza (con 21
multinacionales en el top 1000, es decir entre las m谩s importantes a
nivel mundial) reforzar铆a un debate m谩s global que existe ya en varios pa铆ses europeos.
En 2017, en Francia, que cuenta con 40 de las multinacionales
del top 1000 fue aceptada una “Ley de vigilancia” (Loi Vigilance)
que incorpora la responsabilidad civil de las multinacionales que violan los derechos
humanos. De las m谩s abiertas en el sector, esta ley fue el resultado de una
intensa movilizaci贸n de sindicatos y actores sociales luego del desastre de
Plaza Rana, de abril del 2013 en Dakha, capital de Banglad茅s. Entonces, debido
a una irresponsabilidad empresarial, el derrumbe del edificio de nueve pisos que
albergaba una mega industria textil cost贸 la vida a 1.138 personas y produjo, al
menos, 2000 heridos.
En el Reino Unido (39 sociedades en el top
mil), la responsabilidad de esas grandes empresas a nivel de derechos
esenciales fue reconocida en el 2012. Incluso la Corte Suprema aprob贸 en 2019 un
recurso jur铆dico contra el grupo minero Vedanta por su actuaci贸n en Sambia.
Pero al igual que Alemania (35 en el top mil), una ley reguladora anima la
discusi贸n parlamentaria.
Por su parte en Holanda (17 en el top mil)
fue aprobada una ley sancionadora del trabajo de los ni帽os y se estudia una
extensi贸n de la misma a la violaci贸n de todos los derechos humanos. Los Pa铆ses
Bajos reconocen diversas formas de responsabilidad civil de las multinacionales.
En 2019, un tribunal aprob贸 el juicio contra la Shell por su actuaci贸n
antiecol贸gica en Nigeria.
Una Comisi贸n de la Uni贸n Europea (que concentra
a 235 de las multinacionales top 1000) estudia la tem谩tica. Y mientras
el Parlamento Europeo se pronuncia a favor de mejorar el acceso de las v铆ctimas
a la reparaci贸n, define que la responsabilidad civil es una competencia de cada
uno de los Estados miembros.
¿Se puede exigir responsabilidad a multinacionales
cuya esencia y objetivo es solo la ganancia? M谩s all谩 de los cambios verdaderos
que una propuesta de esta naturaleza pueda lograr, el debate y la sensibilizaci贸n
que ella genera son ya impactos positivos. Exigir buena conducta a las transnacionales
– ¿sofisma?, ¿perspectiva reformista de una sociedad altamente consumista? –
apunta, en definitiva, a desenmascarar uno de los funcionamientos del actual
sistema hegem贸nico mundial.