OPINI脫N de Felipe Portales
El 3 de febrero de 2021, se conmemora el centenario de la matanza de obreros mineros de San Gregorio (oficina salitrera cercana a Antofagasta, Chile) que fue la primera masacre de nuestra historia realizada por un gobierno pretendidamente anti-olig谩rquico como el de Arturo Alessandri, y cuya elecci贸n hab铆a movilizado efectivamente a sectores medios y populares bajo banderas de profundos cambios sociales en beneficio de las grandes mayor铆as nacionales.
Adem谩s, no constituy贸 un episodio aislado. El nuevo gobierno no termin贸 con el “proceso de los subversivos” que hab铆a culminado la represi贸n popular de la fase final del gobierno de Juan Luis Sanfuentes (1915-1920). De este modo, su ministro del Interior, Pedro Aguirre Cerda, confirm贸 el mismo febrero en el Senado la pol铆tica represiva que se hab铆a llevado a cabo con la rama chilena anarco-sindicalista de la International Workers of the World (IWW): “Se me dijo por el se帽or prefecto de polic铆a (de Valpara铆so) que la instituci贸n denominada la IWW pretend铆a reunirse y que ten铆a instrucciones precisas y terminantes de los Tribunales de Justicia para proceder en contra de ella. Pregunt茅 qu茅 individuos pertenec铆an a esa instituci贸n y se me se帽alaron tres, a los cuales les hice la advertencia de que, aunque los Tribunales de Justicia nada hab铆an resuelto sobre el particular, el Gobierno hab铆a considerado a la IWW como una instituci贸n peligrosa por su actuaci贸n y por sus estatutos, y que, por lo tanto, si proced铆an a reunirse, no obstante de que algunos de ellos estaban en libertad bajo fianza, la polic铆a ejercitar铆a sobre ellos las facultades a que estaba obligada, deteniendo a los que estuviesen libres o cancelando su libertad bajo fianza a los que la tuvieran, seg煤n las 贸rdenes de los Tribunales” (Bolet铆n de Sesiones del Senado; 8-2-1921).
Pero adem谩s, Aguirre Cerda le manifest贸 al Senado que el Gobierno hab铆a delineado una pol铆tica represiva en 煤ltima instancia con los trabajadores: “Esta es la f贸rmula que el Gobierno ha adoptado sin vacilaci贸n; se presenta ante los obreros para decirles la vinculaci贸n estrecha que deben tener con el capitalista y sus obligaciones para con 茅l y para con el Gobierno en cuanto al mantenimiento del orden y al respeto que deben a las autoridades. Les hace presente los perjuicios que ellos reciben por estas huelgas y ejercita su influencia ante los patrones para que cedan en aquello que pueda significar un beneficio leg铆timo para la clase trabajadora. Si esta armon铆a no se produce, si la mediaci贸n del Gobierno es insuficiente para evitar las dificultades, en todo caso amparar谩 a los obreros que deseen trabajar, pertenezcan o no a las instituciones en huelga, empleando la fuerza p煤blica si fuere necesario” (Bolet铆n citado).
Fue en este contexto que se dio a comienzos de mes la masacre de San Gregorio, oficina salitrera cercana a Antofagasta; y en el marco de una grave crisis de desempleo de la actividad minera, y de la inhumana actitud de las compa帽铆as de expulsar a los obreros sin darles siquiera un desahucio. Pero las mayores expectativas provocadas por el triunfo de Alessandri generaron una reacci贸n m谩s resuelta de aquellos, procediendo a resistir el inminente desalojo.
La masacre pudo ser perfectamente evitada por el Gobierno. Esto lo prueba el hecho que Alessandri envi贸 el 26 de enero un telegrama al Intendente de Antofagasta (el radical Luciano Hiriart Corval谩n) orden谩ndole priorizar la persuasi贸n, pero sin descartar los medios represivos. Y tampoco le dio ning煤n margen de maniobra para hacerles ofertas concretas paliativas de la angustiosa situaci贸n de los trabajadores. A lo anterior hay que agregar la extrema negligencia del intendente al enviar a San Gregorio un cuerpo armado de solo 26 hombres a cargo de un teniente de 24 a帽os, Buenaventura Argando帽a Iglesias; mientras que all铆 se congregaban m谩s de dos mil personas entre obreros y familiares –incluyendo de oficinas cercanas- en gran estado de indignaci贸n.
El 3 de febrero, y luego de un frustrado intento de embarcar a los trabajadores en tren hacia Antofagasta, se realiz贸 una “concentraci贸n para escuchar a los dirigentes, los que reclamaron la cancelaci贸n del desahucio y reafirmaron la decisi贸n de no abandonar la oficina mientras la Casa Gibbs (propietaria de las compa帽铆as) no se comprometiera a pagar” (Floreal Recabarren Rojas.- La matanza de San Gregorio, 1921: Crisis y tragedia; LOM, 2003; p. 69).
Acto seguido –cerca de las 17 horas- la multitud se dirigi贸 a encarar al administrador Daniel Jones y al reducido grupo de soldados. El teniente Argando帽a le orden贸 a la multitud que se detuviera en un punto y como esta no le hizo caso, los efectivos empezaron a dispararle. Como resultado final se calcula que entre 60 y 80 trabajadores fueron ultimados; y, por otro lado, el teniente Argando帽a, el administrador Jones y un suboficial fueron muertos por la multitud. Las diversas estimaciones de v铆ctimas de los trabajadores son de 68 personas, de Fernando Pinto Lagarrigue (ver Leopoldo Castedo.- Chile: Vida y Muerte de la Rep煤blica Parlamentaria; Sudamericana, 1999; p. 280); 70, de Peter DeShazo (Urban Workers and Labor Unions in Chile. 1902-1927; The University of Wisconsin Press, Madison, 1983; p. 186); 60 de Luis Emilio Recabarren (ver Floreal Recabarren; p. 82); y de m谩s de 70 por parte de la comisi贸n de la FOCH que fue posteriormente al lugar (Ibid.).
La reacci贸n posterior a la masacre fue tambi茅n exactamente igual a la de los gobiernos anteriores. Se culp贸 de todo a los trabajadores. Se minti贸 de manera grosera, se帽al谩ndose en el comunicado oficial del intendente Hiriart que “se tiene conocimiento de que toda la tropa fue asesinada alevosamente con armas de fuego, dinamita y cuchillo” (Ibid.; p. 83). Se tortur贸 a varios de los trabajadores posteriormente encarcelados (ver Ibid.; p. 85). El Gobierno decret贸 estado de sitio y censura de comunicaciones para la provincia (ver Ibid.; p. 88). Se conden贸 con largas penas de c谩rcel a varios de los l铆deres del movimiento. Y, por 煤ltimo, se libr贸 de todo juicio a los soldados y carabineros que participaron en la masacre.
Del mismo modo, tanto El Diario Ilustrado, El Mercurio y La Naci贸n aprobaron autom谩ticamente la actuaci贸n de las autoridades y la matanza de obreros, culpando a estos 煤ltimos de todo lo sucedido. El primero se帽al贸: “Junto con condenar y lamentar los sucesos, nos creemos en el deber de aplaudir la actitud que, frente a ellos, asumieron S.E. el Presidente de la Rep煤blica y sus Secretarios de Estado. La firmeza y energ铆a, dolorosas pero necesarias, que han gastado, ser谩n 煤tiles para la tranquilidad social. Hubo elementos perniciosos de agitaci贸n y de revuelta que se imaginaron que con la subida del nuevo gobierno iban a tener carta blanca para cometer todo desm谩n y para entregarse a todo desenfreno. Ahora tendr谩n que convencerse que, si bien la actual administraci贸n, lo mismo que las anteriores, est谩 pronta para hacer justicia y atender a las necesidades obreras, en cambio, lo mismo que las administraciones anteriores, est谩 resuelta a ser en茅rgica para amparar el orden y el derecho de propiedad y para refrenar con vigor los desmanes subversivos” (El Diario Ilustrado; 5-2-1921). Es notable ver c贸mo el diario conservador que se hab铆a opuesto tan duramente el a帽o anterior a la candidatura de Alessandri, enfatizaba insistentemente la continuidad del nuevo gobierno con los anteriores…
A su vez, El Mercurio sosten铆a: “Los hechos ocurridos en una de las oficinas salitreras de la provincia de Antofagasta han causado en el pa铆s una sensaci贸n de estupor e indignaci贸n. No creemos que haya un solo chileno que no los condene con la mayor energ铆a. Nada hay en ellos que se pueda confundir con los conflictos entre el capital y el trabajo. Se trata simplemente de un atentado contra la propiedad y las vidas. Debemos esperar que lo sucedido en la oficina de San Gregorio quede como un hecho aislado y sirva de lecci贸n a las autoridades para adoptar medidas que prevengan su repetici贸n y a los obreros honrados de todo Chile para que reh煤sen entrar por el camino del desorden y del crimen a que los invitan elementos de agitaci贸n que en su mayor铆a son ajenos a nuestra clase obrera chilena” (5-2-1921).
E incluso La Naci贸n dec铆a: “Elementos extra帽os a la oficina San Gregorio han provocado esta asonada (…) Ser铆a necesario proceder con el m谩ximum de la severidad contra los instigadores de esos sangrientos desmanes” (5-2-1921).
Posteriormente la represi贸n se llev贸 al campo. Dado que la Federaci贸n Obrera de Chile (FOCH) comenz贸 a promover reivindicaciones y huelgas campesinas para que se sacudieran de su at谩vica servidumbre; la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) le envi贸 a Alessandri una carta para que tomase medidas represivas. El presidente acogi贸 su demanda, se帽alando que “no es recomendable que se federen bajo unas mismas reglas y direcci贸n (los trabajadores de los campos) con los obreros de las ciudades. Las condiciones de unos y otros son diversas y diversas sus necesidades e intereses”. Y respecto de la promoci贸n organizativa de la FOCH, Alessandri no pudo ser m谩s lapidario: “Habr茅 ante todo y sobre todo, de mantener el orden y la seguridad de la vida y de los bienes en la ciudad y en los campos; porque el respeto a la propiedad y el derecho al trabajo son el fundamento de la prosperidad de las naciones. Condeno en la forma m谩s categ贸rica la obra de los agitadores y perturbadores del orden y del trabajo y los considero enemigos del pueblo y enemigos del progreso de la Rep煤blica. Son sembradores de odios que entorpecen la campa帽a de concordia, de armon铆a y de amor que vengo predicando para cimentar sobre estas bases la grandeza del pa铆s” (El Agricultor; mayo de 1921; p. 89).
Luego, en julio el Gobierno le ayud贸 a la compa帽铆a de tranv铆as a quebrar una huelga, terminando centenares de trabajadores despedidos (ver DeShazo; p. 188). En agosto, los empresarios de Valpara铆so efectuaron un lockout que, con la anuencia gubernamental, liquid贸 a la IWW porte帽a y al sistema de “redondilla” que le permit铆a a la central obrera tener poder de negociaci贸n, al reclutar ellos mismos los trabajadores portuarios (ver Ibid.; pp. 188-92). El sistema de redondillas fue tambi茅n liquidado en Iquique en 1923. Posteriormente, “durante la huelga del carb贸n de enero-marzo de 1922, Alessandri envi贸 tropas a la zona de Lota y Coronel, y permiti贸 que los empleadores formaran comit茅s de vigilancia armados. Su respuesta a la huelga general del 10 de febrero (convocada por la FOCH) fue b谩sicamente la misma que la de sus predecesores: Santiago se convirti贸 en un campamento armado. El 11 de febrero, un joven fue muerto por la polic铆a mientras trataba de parar un tranv铆a en Santiago. Otra manifestaci贸n de residentes de albergues en mayo result贸 en la muerte de un trabajador y en la herida de varios otros por la polic铆a. Carabineros fue puesto crecientemente al servicio de los empleadores para labores de rompehuelgas en Santiago durante 1923” (Ibid.; p. 194).
En este sentido es particularmente ilustrativa una nota confidencial que envi贸 el propio Arturo Alessandri al Intendente de Tarapac谩 cuando en 1923 arreciaron los conflictos laborales en el salitre: “Tienen el perfecto derecho los salitreros de no permitir a (Luis Emilio) Recabarren (¡diputado en ese entonces!) que d茅 conferencias dentro de sus oficinas ni dentro de sus pertenencias, como puede cualquier habitante del pa铆s arrojarlo a puntapi茅s si contra su voluntad pretende introducirse por cualquier motivo a su casa particular (…) La soluci贸n propuesta por US. parece la mejor anticip谩ndole que hay conveniencia en evitar por todos los medios posibles que Recabarren d茅 conferencias (…) Recabarren es el tipo m谩s cobarde y malo que yo jam谩s haya conocido. Agita a los obreros y se esconde como ocurri贸 en San Gregorio (…) A m铆 me dijo que deseaba que los obreros sufrieran y que no se les mejorara su condici贸n para preparar y provocar la revoluci贸n social en que ni siquiera cree y lo hace s贸lo por lucrar con los obreros (…) No tenga consideraci贸n de ning煤n g茅nero con Recabarren, tr谩telo con especial y efectivo rigor y cuente con mi apoyo incondicional” (Julio Pinto y Ver贸nica Valdivia.- ¿Revoluci贸n proletaria o querida chusma? Socialismo y Alessandrismo en la pugna por la politizaci贸n pampina (1911-1932); LOM, 2001; p. 91).
Tambi茅n son muy ilustrativas e impactantes por su crudeza las p煤blicas expresiones de su entonces secretario pol铆tico y futuro ministro del Interior y de Agricultura de Aguirre Cerda, Arturo Olavarr铆a Bravo: “El Gobierno, que tiene el deber fundamental de mantener el orden p煤blico, se ve en la dolorosa y cruel necesidad de contener con mano de fierro los abusos de la pol铆tica obrera. Las masacres que por esta causa se producen, sirven de doloroso escarmiento a los exaltados y el n煤mero de 茅stos empieza a disminuir considerablemente” (La Cuesti贸n Social en Chile; Impr. Fiscal de la Penitenciar铆a, 1923; p. 23).
Pero quiz谩 la expresi贸n m谩s reveladora de los objetivos 煤ltimos profundamente conservadores de las pol铆ticas de Alessandri, la tenemos a prop贸sito de su justificaci贸n de porqu茅 le daba tanta importancia a la separaci贸n de la Iglesia y el Estado, meta que logr贸 con la Constituci贸n de 1925. As铆, “en una carta de 1923 a Miguel Cruchaga (connotado conservador y canciller de su segundo gobierno), su embajador en Brasil, Alessandri le plante贸 que una pronta y amistosa resoluci贸n de las querellas religiosas pod铆a despejar el camino para un frente unido del centro y la derecha chilenas contra los marxistas, el d铆a en que estos llegaran a constituirse en serios contendores por el poder en el pa铆s” (Brian H. Smith.- The Church and Politics in Chile. Challenges to Modern Catholicism; Princeton University Press, New Jersey, 1982; p. 73). ¿No prefigur贸 esta carta el car谩cter fundamentalmente derechista y represivo de su segunda presidencia?…
Felipe Portales
El 3 de febrero de 2021, se conmemora el centenario de la matanza de obreros mineros de San Gregorio (oficina salitrera cercana a Antofagasta, Chile) que fue la primera masacre de nuestra historia realizada por un gobierno pretendidamente anti-olig谩rquico como el de Arturo Alessandri, y cuya elecci贸n hab铆a movilizado efectivamente a sectores medios y populares bajo banderas de profundos cambios sociales en beneficio de las grandes mayor铆as nacionales.
Adem谩s, no constituy贸 un episodio aislado. El nuevo gobierno no termin贸 con el “proceso de los subversivos” que hab铆a culminado la represi贸n popular de la fase final del gobierno de Juan Luis Sanfuentes (1915-1920). De este modo, su ministro del Interior, Pedro Aguirre Cerda, confirm贸 el mismo febrero en el Senado la pol铆tica represiva que se hab铆a llevado a cabo con la rama chilena anarco-sindicalista de la International Workers of the World (IWW): “Se me dijo por el se帽or prefecto de polic铆a (de Valpara铆so) que la instituci贸n denominada la IWW pretend铆a reunirse y que ten铆a instrucciones precisas y terminantes de los Tribunales de Justicia para proceder en contra de ella. Pregunt茅 qu茅 individuos pertenec铆an a esa instituci贸n y se me se帽alaron tres, a los cuales les hice la advertencia de que, aunque los Tribunales de Justicia nada hab铆an resuelto sobre el particular, el Gobierno hab铆a considerado a la IWW como una instituci贸n peligrosa por su actuaci贸n y por sus estatutos, y que, por lo tanto, si proced铆an a reunirse, no obstante de que algunos de ellos estaban en libertad bajo fianza, la polic铆a ejercitar铆a sobre ellos las facultades a que estaba obligada, deteniendo a los que estuviesen libres o cancelando su libertad bajo fianza a los que la tuvieran, seg煤n las 贸rdenes de los Tribunales” (Bolet铆n de Sesiones del Senado; 8-2-1921).
Pero adem谩s, Aguirre Cerda le manifest贸 al Senado que el Gobierno hab铆a delineado una pol铆tica represiva en 煤ltima instancia con los trabajadores: “Esta es la f贸rmula que el Gobierno ha adoptado sin vacilaci贸n; se presenta ante los obreros para decirles la vinculaci贸n estrecha que deben tener con el capitalista y sus obligaciones para con 茅l y para con el Gobierno en cuanto al mantenimiento del orden y al respeto que deben a las autoridades. Les hace presente los perjuicios que ellos reciben por estas huelgas y ejercita su influencia ante los patrones para que cedan en aquello que pueda significar un beneficio leg铆timo para la clase trabajadora. Si esta armon铆a no se produce, si la mediaci贸n del Gobierno es insuficiente para evitar las dificultades, en todo caso amparar谩 a los obreros que deseen trabajar, pertenezcan o no a las instituciones en huelga, empleando la fuerza p煤blica si fuere necesario” (Bolet铆n citado).
Fue en este contexto que se dio a comienzos de mes la masacre de San Gregorio, oficina salitrera cercana a Antofagasta; y en el marco de una grave crisis de desempleo de la actividad minera, y de la inhumana actitud de las compa帽铆as de expulsar a los obreros sin darles siquiera un desahucio. Pero las mayores expectativas provocadas por el triunfo de Alessandri generaron una reacci贸n m谩s resuelta de aquellos, procediendo a resistir el inminente desalojo.
La masacre pudo ser perfectamente evitada por el Gobierno. Esto lo prueba el hecho que Alessandri envi贸 el 26 de enero un telegrama al Intendente de Antofagasta (el radical Luciano Hiriart Corval谩n) orden谩ndole priorizar la persuasi贸n, pero sin descartar los medios represivos. Y tampoco le dio ning煤n margen de maniobra para hacerles ofertas concretas paliativas de la angustiosa situaci贸n de los trabajadores. A lo anterior hay que agregar la extrema negligencia del intendente al enviar a San Gregorio un cuerpo armado de solo 26 hombres a cargo de un teniente de 24 a帽os, Buenaventura Argando帽a Iglesias; mientras que all铆 se congregaban m谩s de dos mil personas entre obreros y familiares –incluyendo de oficinas cercanas- en gran estado de indignaci贸n.
El 3 de febrero, y luego de un frustrado intento de embarcar a los trabajadores en tren hacia Antofagasta, se realiz贸 una “concentraci贸n para escuchar a los dirigentes, los que reclamaron la cancelaci贸n del desahucio y reafirmaron la decisi贸n de no abandonar la oficina mientras la Casa Gibbs (propietaria de las compa帽铆as) no se comprometiera a pagar” (Floreal Recabarren Rojas.- La matanza de San Gregorio, 1921: Crisis y tragedia; LOM, 2003; p. 69).
Acto seguido –cerca de las 17 horas- la multitud se dirigi贸 a encarar al administrador Daniel Jones y al reducido grupo de soldados. El teniente Argando帽a le orden贸 a la multitud que se detuviera en un punto y como esta no le hizo caso, los efectivos empezaron a dispararle. Como resultado final se calcula que entre 60 y 80 trabajadores fueron ultimados; y, por otro lado, el teniente Argando帽a, el administrador Jones y un suboficial fueron muertos por la multitud. Las diversas estimaciones de v铆ctimas de los trabajadores son de 68 personas, de Fernando Pinto Lagarrigue (ver Leopoldo Castedo.- Chile: Vida y Muerte de la Rep煤blica Parlamentaria; Sudamericana, 1999; p. 280); 70, de Peter DeShazo (Urban Workers and Labor Unions in Chile. 1902-1927; The University of Wisconsin Press, Madison, 1983; p. 186); 60 de Luis Emilio Recabarren (ver Floreal Recabarren; p. 82); y de m谩s de 70 por parte de la comisi贸n de la FOCH que fue posteriormente al lugar (Ibid.).
La reacci贸n posterior a la masacre fue tambi茅n exactamente igual a la de los gobiernos anteriores. Se culp贸 de todo a los trabajadores. Se minti贸 de manera grosera, se帽al谩ndose en el comunicado oficial del intendente Hiriart que “se tiene conocimiento de que toda la tropa fue asesinada alevosamente con armas de fuego, dinamita y cuchillo” (Ibid.; p. 83). Se tortur贸 a varios de los trabajadores posteriormente encarcelados (ver Ibid.; p. 85). El Gobierno decret贸 estado de sitio y censura de comunicaciones para la provincia (ver Ibid.; p. 88). Se conden贸 con largas penas de c谩rcel a varios de los l铆deres del movimiento. Y, por 煤ltimo, se libr贸 de todo juicio a los soldados y carabineros que participaron en la masacre.
Del mismo modo, tanto El Diario Ilustrado, El Mercurio y La Naci贸n aprobaron autom谩ticamente la actuaci贸n de las autoridades y la matanza de obreros, culpando a estos 煤ltimos de todo lo sucedido. El primero se帽al贸: “Junto con condenar y lamentar los sucesos, nos creemos en el deber de aplaudir la actitud que, frente a ellos, asumieron S.E. el Presidente de la Rep煤blica y sus Secretarios de Estado. La firmeza y energ铆a, dolorosas pero necesarias, que han gastado, ser谩n 煤tiles para la tranquilidad social. Hubo elementos perniciosos de agitaci贸n y de revuelta que se imaginaron que con la subida del nuevo gobierno iban a tener carta blanca para cometer todo desm谩n y para entregarse a todo desenfreno. Ahora tendr谩n que convencerse que, si bien la actual administraci贸n, lo mismo que las anteriores, est谩 pronta para hacer justicia y atender a las necesidades obreras, en cambio, lo mismo que las administraciones anteriores, est谩 resuelta a ser en茅rgica para amparar el orden y el derecho de propiedad y para refrenar con vigor los desmanes subversivos” (El Diario Ilustrado; 5-2-1921). Es notable ver c贸mo el diario conservador que se hab铆a opuesto tan duramente el a帽o anterior a la candidatura de Alessandri, enfatizaba insistentemente la continuidad del nuevo gobierno con los anteriores…
A su vez, El Mercurio sosten铆a: “Los hechos ocurridos en una de las oficinas salitreras de la provincia de Antofagasta han causado en el pa铆s una sensaci贸n de estupor e indignaci贸n. No creemos que haya un solo chileno que no los condene con la mayor energ铆a. Nada hay en ellos que se pueda confundir con los conflictos entre el capital y el trabajo. Se trata simplemente de un atentado contra la propiedad y las vidas. Debemos esperar que lo sucedido en la oficina de San Gregorio quede como un hecho aislado y sirva de lecci贸n a las autoridades para adoptar medidas que prevengan su repetici贸n y a los obreros honrados de todo Chile para que reh煤sen entrar por el camino del desorden y del crimen a que los invitan elementos de agitaci贸n que en su mayor铆a son ajenos a nuestra clase obrera chilena” (5-2-1921).
E incluso La Naci贸n dec铆a: “Elementos extra帽os a la oficina San Gregorio han provocado esta asonada (…) Ser铆a necesario proceder con el m谩ximum de la severidad contra los instigadores de esos sangrientos desmanes” (5-2-1921).
Posteriormente la represi贸n se llev贸 al campo. Dado que la Federaci贸n Obrera de Chile (FOCH) comenz贸 a promover reivindicaciones y huelgas campesinas para que se sacudieran de su at谩vica servidumbre; la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) le envi贸 a Alessandri una carta para que tomase medidas represivas. El presidente acogi贸 su demanda, se帽alando que “no es recomendable que se federen bajo unas mismas reglas y direcci贸n (los trabajadores de los campos) con los obreros de las ciudades. Las condiciones de unos y otros son diversas y diversas sus necesidades e intereses”. Y respecto de la promoci贸n organizativa de la FOCH, Alessandri no pudo ser m谩s lapidario: “Habr茅 ante todo y sobre todo, de mantener el orden y la seguridad de la vida y de los bienes en la ciudad y en los campos; porque el respeto a la propiedad y el derecho al trabajo son el fundamento de la prosperidad de las naciones. Condeno en la forma m谩s categ贸rica la obra de los agitadores y perturbadores del orden y del trabajo y los considero enemigos del pueblo y enemigos del progreso de la Rep煤blica. Son sembradores de odios que entorpecen la campa帽a de concordia, de armon铆a y de amor que vengo predicando para cimentar sobre estas bases la grandeza del pa铆s” (El Agricultor; mayo de 1921; p. 89).
Luego, en julio el Gobierno le ayud贸 a la compa帽铆a de tranv铆as a quebrar una huelga, terminando centenares de trabajadores despedidos (ver DeShazo; p. 188). En agosto, los empresarios de Valpara铆so efectuaron un lockout que, con la anuencia gubernamental, liquid贸 a la IWW porte帽a y al sistema de “redondilla” que le permit铆a a la central obrera tener poder de negociaci贸n, al reclutar ellos mismos los trabajadores portuarios (ver Ibid.; pp. 188-92). El sistema de redondillas fue tambi茅n liquidado en Iquique en 1923. Posteriormente, “durante la huelga del carb贸n de enero-marzo de 1922, Alessandri envi贸 tropas a la zona de Lota y Coronel, y permiti贸 que los empleadores formaran comit茅s de vigilancia armados. Su respuesta a la huelga general del 10 de febrero (convocada por la FOCH) fue b谩sicamente la misma que la de sus predecesores: Santiago se convirti贸 en un campamento armado. El 11 de febrero, un joven fue muerto por la polic铆a mientras trataba de parar un tranv铆a en Santiago. Otra manifestaci贸n de residentes de albergues en mayo result贸 en la muerte de un trabajador y en la herida de varios otros por la polic铆a. Carabineros fue puesto crecientemente al servicio de los empleadores para labores de rompehuelgas en Santiago durante 1923” (Ibid.; p. 194).
En este sentido es particularmente ilustrativa una nota confidencial que envi贸 el propio Arturo Alessandri al Intendente de Tarapac谩 cuando en 1923 arreciaron los conflictos laborales en el salitre: “Tienen el perfecto derecho los salitreros de no permitir a (Luis Emilio) Recabarren (¡diputado en ese entonces!) que d茅 conferencias dentro de sus oficinas ni dentro de sus pertenencias, como puede cualquier habitante del pa铆s arrojarlo a puntapi茅s si contra su voluntad pretende introducirse por cualquier motivo a su casa particular (…) La soluci贸n propuesta por US. parece la mejor anticip谩ndole que hay conveniencia en evitar por todos los medios posibles que Recabarren d茅 conferencias (…) Recabarren es el tipo m谩s cobarde y malo que yo jam谩s haya conocido. Agita a los obreros y se esconde como ocurri贸 en San Gregorio (…) A m铆 me dijo que deseaba que los obreros sufrieran y que no se les mejorara su condici贸n para preparar y provocar la revoluci贸n social en que ni siquiera cree y lo hace s贸lo por lucrar con los obreros (…) No tenga consideraci贸n de ning煤n g茅nero con Recabarren, tr谩telo con especial y efectivo rigor y cuente con mi apoyo incondicional” (Julio Pinto y Ver贸nica Valdivia.- ¿Revoluci贸n proletaria o querida chusma? Socialismo y Alessandrismo en la pugna por la politizaci贸n pampina (1911-1932); LOM, 2001; p. 91).
Tambi茅n son muy ilustrativas e impactantes por su crudeza las p煤blicas expresiones de su entonces secretario pol铆tico y futuro ministro del Interior y de Agricultura de Aguirre Cerda, Arturo Olavarr铆a Bravo: “El Gobierno, que tiene el deber fundamental de mantener el orden p煤blico, se ve en la dolorosa y cruel necesidad de contener con mano de fierro los abusos de la pol铆tica obrera. Las masacres que por esta causa se producen, sirven de doloroso escarmiento a los exaltados y el n煤mero de 茅stos empieza a disminuir considerablemente” (La Cuesti贸n Social en Chile; Impr. Fiscal de la Penitenciar铆a, 1923; p. 23).
Pero quiz谩 la expresi贸n m谩s reveladora de los objetivos 煤ltimos profundamente conservadores de las pol铆ticas de Alessandri, la tenemos a prop贸sito de su justificaci贸n de porqu茅 le daba tanta importancia a la separaci贸n de la Iglesia y el Estado, meta que logr贸 con la Constituci贸n de 1925. As铆, “en una carta de 1923 a Miguel Cruchaga (connotado conservador y canciller de su segundo gobierno), su embajador en Brasil, Alessandri le plante贸 que una pronta y amistosa resoluci贸n de las querellas religiosas pod铆a despejar el camino para un frente unido del centro y la derecha chilenas contra los marxistas, el d铆a en que estos llegaran a constituirse en serios contendores por el poder en el pa铆s” (Brian H. Smith.- The Church and Politics in Chile. Challenges to Modern Catholicism; Princeton University Press, New Jersey, 1982; p. 73). ¿No prefigur贸 esta carta el car谩cter fundamentalmente derechista y represivo de su segunda presidencia?…
Felipe Portales
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