El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado este miércoles que el organismo hará "todo lo posible" para "presionar" con el objetivo de lograr que el golpe de Estado militar del lunes en Birmania "fracasa".
"Haremos todo lo posible para movilizar a todos los actores clave de la comunidad internacional para poner suficiente presión sobre Birmania y asegurarnos de que este golpe fracasa", ha dicho, en una entrevista concedida al diario estadounidense 'The Washington Post'.
"Desafortunadamente, el Consejo de Seguridad (de la ONU) no ha logrado unidad en este sentido", ha manifestado, tras la decisión de China de bloquear el miércoles una resolución de condena presentada por Reino Unido ante el organismo.
Así, ha indicado que "es absolutamente inaceptable" que el Ejército diera un golpe "para revertir el resultado de las elecciones y la voluntad popular" tras los comicios legislativos de noviembre, que "tuvieron lugar con normalidad" y "tras un largo periodo de transición".
"Si podemos acusar de algo a Aung San Suu Kyi --la líder 'de facto' del país, detenida durante la asonada-- es de estar demasiado cerca del Ejército, de proteger al Ejército, principalmente en relación con lo ocurrido con la dramática ofensiva del Ejército contra los rohingyas, que llevó a un éxodo masivo a Bangladesh", ha sostenido.
"Aung San Suu Kyi asumió esta defensa del Ejército, incluso ante los tribunales internacionales. Si podemos acusarla de algo es de estar muy cerca del Ejército. Es absolutamente inaceptable ver este golpe", ha agregado Guterres, en referencia a la imputación de Birmania ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la campaña contra los rohingyas.
Los rohingyas son una minoría étnica de fe musulmana que se concentra en el estado birmano Rajine. Birmania les considera descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh y no les reconoce como ciudadanos, privándoles con ello de derechos básicos.
La persecución que, según denuncian, sufren en Birmania les ha empujado tradicionalmente a Bangladesh, donde hay más de un millón de rohingyas. En agosto de 2017, el Gobierno birmano lanzó una campaña militar en respuesta a ataques de insurgentes rohingyas que llevó a la ONU a denunciar una posible "limpieza étnica".
Por ello, Guterres ha expresado su deseo de que "la democracia pueda hacer progresos de nuevo en Birmania" y ha hecho hincapié en que "para ello deben ser liberados todos los presos, el orden constitucional debe ser reestablecido".
"Espero que la comunidad internacional pueda unirse", ha añadido. "Espero que sea posible lograr que el Ejército de Birmania entienda que esta no es la forma de gobernar el país y que no es la forma de seguir hacia adelante", ha zanjado.
El golpe fue ejecutado tras las recientes tensiones a raíz de las elecciones generales de noviembre, en las que se impuso de forma aplastante la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi y tras las que tanto la oposición como el Ejército han denunciado posibles irregularidades.
Las quejas opositoras están encabezadas por el Partido Unión Solidaridad y Desarrollo (USDP), que mantiene lazos con el Ejército, si bien no ha presentado pruebas que demuestren un fraude. Pese a ello, las Fuerzas Armadas dejaron entrever su malestar por estas presuntas irregularidades.
El Ejército, que cuenta con el 25 por ciento de los escaños en el Parlamento, según la Constitución, elevó el tono y el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, llegó a afirmar que la Carta Magna podría ser "revocada" días antes de la asonada.
Un tribunal de Birmania permite el arresto de Suu Kyi durante dos semanas
Un tribunal de Birmania ha concedido una solicitud policial para detener a la depuesta líder del país, Aung Sang Suu Kyi, y al presidente, Win Myint, hasta el 15 de febrero por presuntamente importar y usar ilegalmente equipos de comunicaciones, mientras que el Ejército ha liberado a unas 400 personas tras su detención durante el golpe.