Vacunas contra el COVID-19, debate planetario
Brasil, “genocidio y gran cámara de gas a cielo abierto”
Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza
La humanidad no solo se confronta a una crisis sanitaria, económica y social. Surgen, día a día, nuevas preguntas sobre gobernabilidad, formas de producción, paradigmas distributivos. Los derechos intelectuales sobre las vacunas anti COVID-19 suscitan ya un debate de sociedad global.
El régimen de propiedad intelectual imperante obstaculiza la distribución y el acceso a las vacunas en todo el mundo, afirma Patrick Durisch, responsable de política de salud en la organización suiza Public Eye (La Mirada pública).
Su organización, junto con Amnistía Internacional y otras veinte ONG helvéticas, enviaron a fines de enero una carta al Consejo Federal --ejecutivo colegiado-- pidiéndole que apoye la propuesta de exención (“waiver”, en inglés) de las normas internacionales de propiedad intelectual para permitir una producción descentralizada de las vacunas y así combatir, más eficazmente, la crisis pandémica.
Democratizar la producción
Para los firmantes, una situación crítica como la actual, que amenaza dramáticamente la salud y la estabilidad mundial, exige que la comunidad internacional tome medidas osadas para liberar, rápidamente, la capacidad productiva de estos medicamentos esenciales.
En otras palabras: todas estas organizaciones sostienen que una empresa local que cuente con los conocimientos necesarios puede lanzarse a la producción sin necesidad de largas negociaciones para obtener una licencia antes de hacerlo. Esta exención no sólo ahorraría tiempo esencial, sino que también aseguraría la libertad de acción para multiplicar las vacunas y cubrir, de esta forma, las necesidades locales o regionales imprescindibles. (https://medecinsdumonde.ch/
Lo que está en juego son dos visiones del mundo: la de los monopolios farmacéuticos y la de la democratización de la producción nacional descentralizada.
Contradicción que no se reduce a un simple debate ideológico. Lo trasciende. Más de 100 países apoyan la solicitud presentada por India y Sudáfrica –y auspiciada conjuntamente, en un inicio, por Zimbabue, Kenia, Mozambique, Esuatini y Pakistán-- ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). A inicios de marzo ya son 57 los países copatrocinadores de dicha solicitud. Proponen la derogación temporal de determinadas normas internacionales del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, mejor conocido como TRIPS, en inglés). (https://www.wto.org/spanish/
La iniciativa cuenta con el aval de prácticamente toda América Latina y el Caribe, a excepción de Brasil; África; China y la mayor parte de las naciones asiáticas ( https://www.google.com/maps/d/
Denuncia contra gobierno de Brasil
Brasil se asoció con las naciones poderosas, negando el drama epidémico que enfrenta internamente y subestimando sus propios problemas de abastecimiento.
Realidad dramática del país sudamericano que llevó en las últimas horas a importantes personalidades de su sociedad civil a promover una “Carta Abierta a la Humanidad”, a través de la cual denuncian la irresponsabilidad ante la pandemia del presidente Jair Bolsonaro, al que califican de “genocida”. Afirman que Brasil se ha convertido en una “cámara de gas” a cielo abierto.
Los firmantes, entre los que se encuentran Leonardo Boff, Frey Betto, Chico Buarque, Celso Amorin etc. solicitan a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud y a asociaciones nacionales de todo prestigio a denunciar al gobierno brasilero. Demandan, además, a la Corte Penal Internacional “condenar urgentemente la política genocida de ese gobierno que amenaza la civilización” (https://docs.google.com/
La Organización Mundial del Comercio, congelada
Esta organización, que ha estado sufriendo una crisis paralizante durante los últimos años, por el momento se limita a tirar la pelota para adelante, tratar de despejar la cancha y ganar minutos --tiempo político-- para evitar el riesgo de una definición inesperada del partido.
Ngozi Okonjo-Iweala, de nacionalidad nigeriana y norteamericana, y nueva directora de la OMC, pretende evitar una querella comercial mediante la utilización de las "flexibilidades" del sistema actual. En sus primeros días del nuevo mandato intenta no entrar en la médula del asunto. Y apela a mejorar la distribución de las vacunas existentes también entre los países de bajo y mediano ingreso.
Según Okonio-Iweala, el mecanismo COVAX de Naciones Unidas, el cual vela por la financiación, producción y distribución de vacunas Covid-19 en particular entre las naciones más necesitadas del planeta, debe agilizarse. Este mecanismo prevé la distribución de 2.000 millones de dosis antes de fin de año. Aun contando con un significativo apoyo financiero internacional, COVAX no logra competir con los países ricos, que acaparan cuanto pueden en el mercado internacional en esta primera fase de la producción.
“Aunque bien intencionado, el mecanismo COVAX tal como está concebido se queda en un ejercicio filantrópico que no aborda las causas fundamentales de la mala repartición de las vacunas, de la falta de transparencia del sistema y de los monopolios de la industria farmacéutica que impiden una producción a escala mundial, explica Patrick Durisch.
En principio, la OMC está tratando de arreglar, mediante consenso, estas divergencias. La excepción que India y África del Sur proponen --con el apoyo de esa centena de países y una parte cada vez más robusta y significativa de la sociedad internacional--, se perfila como esencial, pero genera roces tan inevitables como irritantes.
En caso de aceptarse, haría posible que otras empresas produzcan y distribuyan vacunas y medicamentos contra el COVID-19 en todo el mundo. Cada Estado miembro de la OMC podría optar por prescindir de las exigencias de propiedad intelectual que regulan las pruebas de diagnóstico, los tratamientos y las mismas vacunas mientras dura la pandemia. En la práctica, "una empresa local con los conocimientos necesarios podría producirlos sin tener que negociar durante mucho tiempo una licencia”, explican las ONG suizas.
Public Eye, junto con otras 400 organizaciones internacionales, le comunicaron a la OMC su apoyo a la propuesta de India y Sudáfrica de eximir de ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC para la prevención, contención y el tratamiento del COVID-19. (https://www.wto.org/english/
Unos, mucho; otros, nada
Los principales países o regiones poderosas, como la Unión Europea, han suscrito contratos comerciales bilaterales para garantizar la compra de miles de millones de dosis de vacunas para sus propias poblaciones.
El problema es que otros países, les menos pudientes, tendrán que esperar varios meses o incluso años para obtener el suministro básico de vacunas.
Según Public Eye, en la situación actual casi 70 naciones no podrán vacunar a más de una persona de cada 10 durante el 2021. Según Amnistía Internacional, 9 de cada 10 personas en los países de menos recursos no recibirán ni una dosis en 2021 (https://www.amnesty.org/es/
Ejemplo ilustrativo: Suiza ha firmado contratos con cinco empresas fabricantes por un total de 32 millones de dosis de vacunas. Es decir, el doble de lo que se necesita para vacunar a toda su población de apenas 8 millones de habitantes.
En noviembre pasado, un grupo de nueve expertos de la ONU emitieron una declaración conjunta para celebrar la propuesta de exención de determinados aspectos del Acuerdo sobre los ADPIC. La misma considera que el actual marco de dichos acuerdos puede tener efectos negativos sobre los precios y la disponibilidad de los productos médicos. (https://www.ohchr.org/EN/
Diversas instituciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, también apoyan esta exención argumentando que la misma está ligada, únicamente, a una cuestión de voluntad política de Estados y entidades multilaterales.
El caso en el Consejo de Seguridad
El director de la Organización Mundial de la Salud coincidió el pasado 26 de febrero con que “los países de pequeños y medianos ingresos se beneficiarían tremendamente con un levantamiento provisional de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas” (https://reliefweb.int/report/
La OMS también celebró la resolución el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del último viernes de febrero en virtud de la cual se pide el cese al fuego en todos los conflictos armados para facilitar la vacunación contra el COVID-19 en zonas de tensión. Pero enfatizó que esa organización mundial podría hacer aún más para ayudar a acabar con la pandemia; entre otras cosas, abordando la cuestión de la propiedad intelectual de las vacunas.
“Hay que tomar en serio la exención de la propiedad intelectual y el Consejo de Seguridad puede hacerlo, si hay voluntad política… hay que dar pasos concretos para aumentar la producción y la vacunación, y acabar con este virus lo antes posible”, subrayó el doctor Tedros Adhanon Ghebreyesus, director de la OMS. Además, explicó que en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio hay provisiones para compartir propiedad intelectual, pero que este asunto sigue siendo “el elefante en la habitación” del que nadie quiere hablar.
“Especialmente cuando hablamos de propiedad intelectual, vemos falta de cooperación y una seria resistencia. Para ser honesto, no puedo entenderlo. Esta pandemia no tiene precedentes y el virus ha tomado al mundo entero como rehén. Este tipo de cosas pasa una vez cada 100 años. ¿Si la provisión [de exención] no se puede aplicar ahora, entonces ¿cuándo?; si no podemos [hacer exenciones] durante tiempos difíciles y bajo condiciones sin precedentes, ¿entonces cuando? Esto es serio”, lamentó Ghebreyesus.
