OPINI脫N de Jorge Majfud
Colombia, una democracia paramilitar (I)
Dos a帽os antes del nacimiento de las FARC, en febrero de 1962 el teniente general William Yarborough promovi贸 la idea de los grupos paramilitares “entrenadas de forma clandestina para la represi贸n” en Am茅rica Latina como forma de combatir a los nuevos grupos progresistas y a los activistas sociales sin involucrar ni a Washington ni a los ej茅rcitos nacionales a los que financiaban, ni a los oficiales entrenados y adoctrinados en las escuelas militares de Virginia, Georgia, Panam谩 y en las propias escuelas militares de los pa铆ses latinoamericanos.
En Colombia, esta idea de “special forces” prendi贸 r谩pidamente porque ya exist铆a en la pr谩ctica y en la cultura rural desde las dictaduras de la primera mitad del siglo XX. Desde los a帽os cuarenta, los hacendados financiaban sus propias milicias para extender sus territorios en nombre de la defensa de sus territorios y de la propiedad privada. Con un conocimiento limitado y chueco de El Bogotazo de 1948 que sigui贸 al asesinato del carism谩tico candidato Jorge Eli茅cer Gait谩n, el general estadounidense Yarborough recomend贸 crear en Colombia “una estructura c铆vico-militar que pueda ser usada para presionar en favor de reformas a trav茅s de la propaganda anticomunista y, en la medida de lo posible, pueda ejecutar acciones paramilitares, sabotajes y actividades terroristas contra cualquier simpatizante comunista. Este plan debe ser apoyado por Estados Unidos”. A continuaci贸n, recomend贸 el env铆o de US Special Forces Trainers (Fuerzas Especiales de Entrenamiento de Estados Unidos) para facilitar una operaci贸n a largo plazo. Todo un 茅xito.
Como observa el activista y profesor de la University of Pittsburgh, Daniel Kovalik, en la primera d茅cada del siglo XXI, gracias a los 10.000 millones de d贸lares transferidos por Washington a Bogot谩 para la “contrainsurgencia” y la lucha contra las drogas del Plan Colombia, 10.000 j贸venes colombianos pagaron con sus vidas la maravillosa idea nacida en una pulcra oficina de Estados Unidos. En la Frontera salvaje y, en particular, en Colombia, desde hace d茅cadas, la regla consiste en hacer pasar a las v铆ctimas asesinadas por guerrilleros ca铆dos en combate. Los “falsos positivos” no son solo una tradici贸n colombiana, pero en Colombia se dicta c谩tedra. Cuantos m谩s falsos positivos, cuantos m谩s peligrosos rebeldes asesinados o reportados como inminentes amenazas, m谩s millones de d贸lares en ayuda es enviada por Washington para apoyar la lucha por la Democracia y la Libertad de las sacrificadas clases dirigentes de esos pa铆ses. Esta estrategia no es nueva ni naci贸 en Colombia. Es un viejo recurso de la clase dirigente latinoamericana que hunde sus ra铆ces en el siglo XIX y r谩pidamente olvid贸 de d贸nde proven铆a su pasi贸n y su odio por los de abajo a quienes, m谩s recientemente, se comenz贸 a llamar comunistas o marxistas sin que ni uno ni otros hubiesen le铆do un sol libro o un solo art铆culo publicado en Nueva York por un lejano y complicado fil贸sofo alem谩n llamado Karl Marx.
Seg煤n la ONU, en Colombia la pr谩ctica de los falsos positivos es sistem谩tica s贸lo en 30 de los 32 departamentos colombianos. El 10 de setiembre de 2016, el New York Times detall贸 c贸mo un grupo financiado para actividades insurgentes se convirti贸 en un escuadr贸n de la muerte que controla la costa norte de Colombia. Desde el a帽o 2000, estos grupos de extrema derecha cometieron cientos de masacres que pasaron desapercibidas por la comunidad internacional. Un d铆a antes de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, el 10 de setiembre de 2001 el secretario de Estado Colin Powell declar贸 que, como prueba de la posici贸n contra el terrorismo de Estados Unidos, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hab铆an sido clasificadas como “organizaciones terroristas”. El comunicado de la Secretar铆a de Estado reconoci贸 la autor铆a de 75 masacres por parte de la AUC s贸lo en un a帽o, aparte de torturas y asesinatos sistem谩ticos. El golpe moral no afect贸 de forma significativa las fuentes de financiaci贸n de estos (ahora llamados) grupos terroristas. Los paramilitares continuaron secuestrando, torturando y forzando el desplazamiento de miles de colombianos, en su mayor铆a pobres y sin poder de organizaci贸n. Un n煤mero significativo de desplazados de forma sistem谩tica en favor de las compa帽铆as madereras son miembros de las etnias afrocolombianas de la costa pac铆fica, mientras m谩s de la mitad de los grupos ind铆genas se encuentran en el proceso de extinci贸n por las mismas razones. No por casualidad, seg煤n diversas ONG como PBI Colombia o la brit谩nica ABColombia, el 80 por ciento de los abusos a los derechos humanos de la poblaci贸n colombiana y el 87 por ciento de los desplazados se registran en 谩reas donde operan las mineras internacionales. Al igual que en otros pa铆ses ricos en recursos mineros de oro y de petr贸leo, la poblaci贸n local no solo es desplazada de sus tierras sino que quienes permanecen deber谩n sufrir de la contaminaci贸n de una explotaci贸n irresponsable, como el envenenamiento con mercurio. Es el caso de la mina de carb贸n a cielo abierto de Cerrej贸n, propiedad de ExxonMobile (luego vendida a Glencore and BHP Billiton), la cual en 2001, con la invalorable ayuda de los patriotas paramilitares, arras贸 con toda una comunidad de colombianos negros e ind铆genas way煤, alguna vez conocida como villa de Tabaco, en La Guajira. Desde entonces, activistas como Francia Elena M谩rquez (tambi茅n v铆ctima de atentados contra su vida) han logrado algunas victorias en el Congreso colombiano con el reconocimiento de algunos derechos que no fueron puestos en pr谩ctica en su totalidad.
Por d茅cadas, Washington continu贸 transfiriendo miles de millones de d贸lares al ej茅rcito colombiano para su lucha contra las FARC y el tr谩fico de drogas sin disminuir y mucho menos terminar con la violencia y las matanzas de pobres. Luego del comunicado de 2001 de la Casa Blanca, en un lapso de apenas diez a帽os, los paramilitares (solo por casualidad, algunos vest铆an uniformes de los Marines Corps) ejecutaron a m谩s de 100.000 personas en Colombia, en su mayor铆a activistas, campesinos y pobres. Colombia, sede del mayor sistema de bases militares de Washington en Am茅rica del Sur, no s贸lo se ha distinguido por sus carteles de las drogas y sus exportaciones a Estados Unidos sino que, sobre todo luego del fin de las guerras civiles en Am茅rica central, ha sido la capital del crimen paramilitar en el continente.
Nada de esto ha sido suficiente para cuestionar su sistema democr谩tico, los cr铆menes sistem谩ticos y las injusticias sociales financiadas por los intereses de las corporaciones internacionales y el cacicazgo criollo. Para el siguiente a帽o al acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP, de los 321 asesinatos de l铆deres defensores de los derechos humanos en el mundo, 126 ocurrieron en Colombia. Ese mismo a帽o, el segundo pa铆s m谩s peligroso del mundo para los defensores de los Derechos Humanos fue M茅xico, con 48 asesinados, el tercero Filipinas, con 39, el cuarto Guatemala con 26 y el quinto Brasil con 23. Todos, tal vez menos uno, son pa铆ses latinoamericanos protegidos por Washington y con una larga historia de intervenciones de sus trasnacionales. Las cifras se han mantenido m谩s o menos iguales desde entonces. En los llamados pa铆ses de la “troika de la tiran铆a”, Venezuela registrar谩 cinco asesinatos ese mismo a帽o, Nicaragua cero y Cuba cero.
Este fermento de violencia paramilitar en favor de las grandes compa帽铆as extranjeras y de los hacendados m谩s poderosos, sedientos de nuevos recursos mineros y m谩s tierras para la industria agropecuaria, hicieron popular al presidente 脕lvaro Uribe, quien tambi茅n explot贸 el centenario lema anglosaj贸n de “la ley y el orden” (nuestra ley, nuestro orden) como pocos. Uribe es un poderoso hacendado vinculado al narcotr谩fico, seg煤n la misma embajada de Estados Unidos en los a帽os 90 y seg煤n los informes del gobierno de George W. Bush en la d茅cada siguiente, lo cual no impidi贸 ser condecorado por el mismo presidente Bush.
JM. Del libro La frontera salvaje. 200 a帽os de fanatismo anglosaj贸n en Am茅rica latina (febrero 2021)
https://www.barnesandnoble.com/w/la-frontera-salvaje-jorge-majfud/1139378646?ean=9781737171010
Colombia, una democracia paramilitar (II)
En 2008, mientras miles de tumbas cerradas por los paramilitares eran abiertas por la investigaci贸n de Justicia y Paz, el exsenador y primo del presidente colombiano, Mario Uribe Escobar, fue acusado y condenado a cuatro a帽os y medio por sus conexiones con el paramilitarismo. A pesar de las confesiones, los documentos, las fotograf铆as y los abundantes videos que vinculan a los paramilitares con figuras reconocidas de la pol铆tica colombiana, el gobierno nunca se cansar谩 de negar cualquier v铆nculo comprometedor. Lo mismo el ala colaboracionista de la oposici贸n venezolana, de paso por el pa铆s vecino.
Pero el poder es astuto como un zorro. No s贸lo sabe negociar sino tambi茅n despistar al m谩s desconfiado. Durante la presidencia de 脕lvaro Uribe se extraditaron a Estados Unidos varios de los miembros responsables del narcotr谩fico, de abusos sexuales sistem谩ticos contra mujeres y menores, y de masacres de miles de v铆ctimas que cada tanto aparecen en fosas comunes. Los acusados s贸lo son extraditados por la primera raz贸n, el narcotr谩fico. Para sorpresa o para confirmaci贸n de sospechas por parte de los activistas de derechos humanos, en Estados Unidos los criminales obtuvieron condenas que rondan los diez a帽os y algunos recibieron, como premio, la residencia permanente en este pa铆s. Una posible raz贸n radica en que muchos ten铆an conexiones con el presidente 脕lvaro Uribe y con Washington, y conven铆a acusarlos por una parte de sus cr铆menes en lugar de remover el resto, logrando confesiones parciales a cambio de penas mucho m谩s generosas que no se adec煤an ni a terroristas ni a genocidas. Por si esta jugada no fuese suficiente para considerarla una genialidad, de esta forma los paramilitares extraditados no pudieron ser investigados por la justicia de Colombia, a la que el presidente Uribe acusa de izquierdista y de tener simpat铆as por las v铆ctimas, como si la justicia estuviese para otra cosa. Antes del arresto y deportaci贸n de los cabecillas paramilitares, sus casas y oficinas fueron saqueadas por las fuerzas de seguridad, por lo cual la justicia colombiana nunca tuvo acceso a ninguna de sus computadoras o archivos personales. En Estados Unidos, a uno de los jefes paramilitares, Salvatore Mancuso, se le escapan algunos datos en medio de la investigaci贸n por narcotr谩fico. Los escuadrones de la muerta no s贸lo recib铆an dinero de Chiquita Bananas, sino de otras multinacionales estadounidenses como Dole y Del Monte. Dole Company es el nuevo nombre de la Standard Fruit Company, una de las bananeras responsables de la manipulaci贸n pol铆tica en procura de buenos negocios en Am茅rica Central que sol铆an resolverse con alguna invasi贸n o “cambio de r茅gimen” a principios del siglo XX. Chiquita Bananas es el nuevo nombre de la United Fruit Company, tambi茅n responsable de golpes de Estado en pa铆ses como Honduras y Guatemala, que llevaron a la destrucci贸n de sus democracias, a la militarizaci贸n de sus sociedades, a la radicalizaci贸n del racismo local, y a la masacre de cientos de miles de gente sin importancia.
El 13 de enero de 2009, una semana antes de dejar la presidencia y a su pa铆s en medio del caos econ贸mico, el presidente George W. Bush le colg贸 la Medalla Presidencial de la Libertad a su amigo, el presidente 脕lvaro Uribe. En su discurso en la Casa Blanca, el presidente, que con su invasi贸n a Irak invent贸 de la nada una de las peores tragedias humanitarias de la historia de Medio Oriente, resalt贸 el m茅rito del presidente colombiano por apegarse siempre a la ley y la democracia en su lucha contra los grupos terroristas que asolaban su pa铆s. Su ley, su democracia.
Una d茅cada m谩s tarde, el vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence, presionar谩 para que el poderoso servidor y expresidente 脕lvaro Uribe sea liberado de su arresto domiciliario. El 14 de agosto de 2020, en un apasionado tweet, escribir谩: “nos unimos a todos los amantes de la libertad del mundo al llamado a los oficiales colombianos para que dejen a este h茅roe, distinguido con la Medalla Presidencial de Estados Unidos a la Libertad, pueda defenderse a s铆 mismo como un hombre libre”. Su libertad, su h茅roe. Como fue el caso de Manuel Noriega y tantos otros, sus hist贸ricas conexiones reportadas por los mismos funcionarios de Washington con el terrorismo paramilitar y el narcotr谩fico en nombre de la paz y la lucha contra el narcotr谩fico, de repente, no existen.
Luego de la desmovilizaci贸n formal de la AUC en 2006, diferentes grupos paramilitares se organizaron en diferentes bandas criminales de extrema derecha (Bacrim). En la actualidad cuentan con varios miles de miembros activos, continuando as铆 la tradici贸n de los paramilitares de aterrorizar y desplazar a la poblaci贸n m谩s vulnerable en nombre de una autodefensa que precede a cualquier ataque y por el inter茅s de propietarios m谩s poderosos, entre los que se cuentan los mafiosos del narcotr谩fico.
En los a帽os por venir, las masacres continuar谩n agregando miles y miles de ejecutados, ninguno rico o poderoso. El dinero inyectado por Washington a la “Guerra contra las drogas” se filtra de la polic铆a y los militares a los paramilitares que ahora dominan los carteles de la droga. Con el desarme de las FARC, la tradici贸n del paramilitarismo, responsable de m谩s del 80 por ciento de los asesinatos en el largo conflicto, encontrar谩 nuevos espacios para sus negocios. Con excepci贸n de los intereses especiales de las sagradas corporaciones, de las siempre bienvenidas inversiones extranjeras, la indiferencia del resto del mundo continuar谩 como si nada. Cada tanto, los pobladores y la polic铆a de localidades insignificantes descubrir谩n fosas con decenas de v铆ctimas, cada una (seg煤n los due帽os del pa铆s y del mundo) con su merecido disparo en la cabeza.
El 15 de agosto de 2020, nueve j贸venes ser谩n masacrados al sur del pa铆s por uno de los m煤ltiples grupos que act煤an por diferentes regiones del pa铆s, subiendo a 33 la cifra de masacres de ese a帽o. Aunque al principio se intentar谩 atribuir las muertes al grupo guerrillero ELN, la matanza tendr谩 como objetivo demostrar el poder de estos grupos paramilitares, como Los Contadores. Diez d铆as despu茅s, otros tres j贸venes correr谩n la misma suerte. El 20 de julio de 2020, el Indepaz registrar谩 que solo en cuatro a帽os fueron asesinados casi mil l铆deres sociales, “971 desde la firma del acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016 hasta el 15 de julio de 2020”. Para finales de 2020 esa cifra habr谩 superado las mil v铆ctimas. S贸lo en 2020 se reportar谩n 85 masacres y el asesinato de 292 l铆deres sociales, entre los cuales se contar谩 el activista por los derechos humanos en Colombia, Jorge Luis Solano Vega.
El 20 de setiembre de 2020, el secretario de Estado Mike Pompeo, en su cuarta visita a Colombia en dos a帽os (esta vez para intervenir en una “Cumbre antiterrorista” y anunciar otros 5.000 millones de d贸lares para el programa Colombia Crece), acusar谩 a Venezuela de ser un narcoestado y acusar谩 al r茅gimen venezolano de haber “brindado refugio seguro, ayuda y alberge a terroristas” de las FARC. Del mayor tr谩fico de drogas de las Am茅ricas, del terror sin competencia del paramilitarismo colombiano y de los terroristas de variadas nacionalidades (seg煤n el FBI) que disfrutan de las playas de Florida, ni una palabra. El mismo secretario de Estado, para entonces habr谩 reconocido en la Texas A&M University: “yo he sido director de la CIA y les puedo asegurar que nosotros mentimos, enga帽amos y robamos; tenemos cursos enteros de entrenamiento para eso”.
Esta confesi贸n se echar谩 r谩pidamente al olvido, como casi todo.
JM. Del libro La frontera salvaje. 200 a帽os de fanatismo anglosaj贸n en Am茅rica latina (febrero 2021)
https://www.barnesandnoble.com/w/la-frontera-salvaje-jorge-majfud/1139378646?ean=9781737171010
Colombia, una democracia paramilitar (I)
Dos a帽os antes del nacimiento de las FARC, en febrero de 1962 el teniente general William Yarborough promovi贸 la idea de los grupos paramilitares “entrenadas de forma clandestina para la represi贸n” en Am茅rica Latina como forma de combatir a los nuevos grupos progresistas y a los activistas sociales sin involucrar ni a Washington ni a los ej茅rcitos nacionales a los que financiaban, ni a los oficiales entrenados y adoctrinados en las escuelas militares de Virginia, Georgia, Panam谩 y en las propias escuelas militares de los pa铆ses latinoamericanos.
En Colombia, esta idea de “special forces” prendi贸 r谩pidamente porque ya exist铆a en la pr谩ctica y en la cultura rural desde las dictaduras de la primera mitad del siglo XX. Desde los a帽os cuarenta, los hacendados financiaban sus propias milicias para extender sus territorios en nombre de la defensa de sus territorios y de la propiedad privada. Con un conocimiento limitado y chueco de El Bogotazo de 1948 que sigui贸 al asesinato del carism谩tico candidato Jorge Eli茅cer Gait谩n, el general estadounidense Yarborough recomend贸 crear en Colombia “una estructura c铆vico-militar que pueda ser usada para presionar en favor de reformas a trav茅s de la propaganda anticomunista y, en la medida de lo posible, pueda ejecutar acciones paramilitares, sabotajes y actividades terroristas contra cualquier simpatizante comunista. Este plan debe ser apoyado por Estados Unidos”. A continuaci贸n, recomend贸 el env铆o de US Special Forces Trainers (Fuerzas Especiales de Entrenamiento de Estados Unidos) para facilitar una operaci贸n a largo plazo. Todo un 茅xito.
Como observa el activista y profesor de la University of Pittsburgh, Daniel Kovalik, en la primera d茅cada del siglo XXI, gracias a los 10.000 millones de d贸lares transferidos por Washington a Bogot谩 para la “contrainsurgencia” y la lucha contra las drogas del Plan Colombia, 10.000 j贸venes colombianos pagaron con sus vidas la maravillosa idea nacida en una pulcra oficina de Estados Unidos. En la Frontera salvaje y, en particular, en Colombia, desde hace d茅cadas, la regla consiste en hacer pasar a las v铆ctimas asesinadas por guerrilleros ca铆dos en combate. Los “falsos positivos” no son solo una tradici贸n colombiana, pero en Colombia se dicta c谩tedra. Cuantos m谩s falsos positivos, cuantos m谩s peligrosos rebeldes asesinados o reportados como inminentes amenazas, m谩s millones de d贸lares en ayuda es enviada por Washington para apoyar la lucha por la Democracia y la Libertad de las sacrificadas clases dirigentes de esos pa铆ses. Esta estrategia no es nueva ni naci贸 en Colombia. Es un viejo recurso de la clase dirigente latinoamericana que hunde sus ra铆ces en el siglo XIX y r谩pidamente olvid贸 de d贸nde proven铆a su pasi贸n y su odio por los de abajo a quienes, m谩s recientemente, se comenz贸 a llamar comunistas o marxistas sin que ni uno ni otros hubiesen le铆do un sol libro o un solo art铆culo publicado en Nueva York por un lejano y complicado fil贸sofo alem谩n llamado Karl Marx.
Seg煤n la ONU, en Colombia la pr谩ctica de los falsos positivos es sistem谩tica s贸lo en 30 de los 32 departamentos colombianos. El 10 de setiembre de 2016, el New York Times detall贸 c贸mo un grupo financiado para actividades insurgentes se convirti贸 en un escuadr贸n de la muerte que controla la costa norte de Colombia. Desde el a帽o 2000, estos grupos de extrema derecha cometieron cientos de masacres que pasaron desapercibidas por la comunidad internacional. Un d铆a antes de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, el 10 de setiembre de 2001 el secretario de Estado Colin Powell declar贸 que, como prueba de la posici贸n contra el terrorismo de Estados Unidos, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hab铆an sido clasificadas como “organizaciones terroristas”. El comunicado de la Secretar铆a de Estado reconoci贸 la autor铆a de 75 masacres por parte de la AUC s贸lo en un a帽o, aparte de torturas y asesinatos sistem谩ticos. El golpe moral no afect贸 de forma significativa las fuentes de financiaci贸n de estos (ahora llamados) grupos terroristas. Los paramilitares continuaron secuestrando, torturando y forzando el desplazamiento de miles de colombianos, en su mayor铆a pobres y sin poder de organizaci贸n. Un n煤mero significativo de desplazados de forma sistem谩tica en favor de las compa帽铆as madereras son miembros de las etnias afrocolombianas de la costa pac铆fica, mientras m谩s de la mitad de los grupos ind铆genas se encuentran en el proceso de extinci贸n por las mismas razones. No por casualidad, seg煤n diversas ONG como PBI Colombia o la brit谩nica ABColombia, el 80 por ciento de los abusos a los derechos humanos de la poblaci贸n colombiana y el 87 por ciento de los desplazados se registran en 谩reas donde operan las mineras internacionales. Al igual que en otros pa铆ses ricos en recursos mineros de oro y de petr贸leo, la poblaci贸n local no solo es desplazada de sus tierras sino que quienes permanecen deber谩n sufrir de la contaminaci贸n de una explotaci贸n irresponsable, como el envenenamiento con mercurio. Es el caso de la mina de carb贸n a cielo abierto de Cerrej贸n, propiedad de ExxonMobile (luego vendida a Glencore and BHP Billiton), la cual en 2001, con la invalorable ayuda de los patriotas paramilitares, arras贸 con toda una comunidad de colombianos negros e ind铆genas way煤, alguna vez conocida como villa de Tabaco, en La Guajira. Desde entonces, activistas como Francia Elena M谩rquez (tambi茅n v铆ctima de atentados contra su vida) han logrado algunas victorias en el Congreso colombiano con el reconocimiento de algunos derechos que no fueron puestos en pr谩ctica en su totalidad.
Por d茅cadas, Washington continu贸 transfiriendo miles de millones de d贸lares al ej茅rcito colombiano para su lucha contra las FARC y el tr谩fico de drogas sin disminuir y mucho menos terminar con la violencia y las matanzas de pobres. Luego del comunicado de 2001 de la Casa Blanca, en un lapso de apenas diez a帽os, los paramilitares (solo por casualidad, algunos vest铆an uniformes de los Marines Corps) ejecutaron a m谩s de 100.000 personas en Colombia, en su mayor铆a activistas, campesinos y pobres. Colombia, sede del mayor sistema de bases militares de Washington en Am茅rica del Sur, no s贸lo se ha distinguido por sus carteles de las drogas y sus exportaciones a Estados Unidos sino que, sobre todo luego del fin de las guerras civiles en Am茅rica central, ha sido la capital del crimen paramilitar en el continente.
Nada de esto ha sido suficiente para cuestionar su sistema democr谩tico, los cr铆menes sistem谩ticos y las injusticias sociales financiadas por los intereses de las corporaciones internacionales y el cacicazgo criollo. Para el siguiente a帽o al acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP, de los 321 asesinatos de l铆deres defensores de los derechos humanos en el mundo, 126 ocurrieron en Colombia. Ese mismo a帽o, el segundo pa铆s m谩s peligroso del mundo para los defensores de los Derechos Humanos fue M茅xico, con 48 asesinados, el tercero Filipinas, con 39, el cuarto Guatemala con 26 y el quinto Brasil con 23. Todos, tal vez menos uno, son pa铆ses latinoamericanos protegidos por Washington y con una larga historia de intervenciones de sus trasnacionales. Las cifras se han mantenido m谩s o menos iguales desde entonces. En los llamados pa铆ses de la “troika de la tiran铆a”, Venezuela registrar谩 cinco asesinatos ese mismo a帽o, Nicaragua cero y Cuba cero.
Este fermento de violencia paramilitar en favor de las grandes compa帽铆as extranjeras y de los hacendados m谩s poderosos, sedientos de nuevos recursos mineros y m谩s tierras para la industria agropecuaria, hicieron popular al presidente 脕lvaro Uribe, quien tambi茅n explot贸 el centenario lema anglosaj贸n de “la ley y el orden” (nuestra ley, nuestro orden) como pocos. Uribe es un poderoso hacendado vinculado al narcotr谩fico, seg煤n la misma embajada de Estados Unidos en los a帽os 90 y seg煤n los informes del gobierno de George W. Bush en la d茅cada siguiente, lo cual no impidi贸 ser condecorado por el mismo presidente Bush.
JM. Del libro La frontera salvaje. 200 a帽os de fanatismo anglosaj贸n en Am茅rica latina (febrero 2021)
https://www.barnesandnoble.com/w/la-frontera-salvaje-jorge-majfud/1139378646?ean=9781737171010
Colombia, una democracia paramilitar (II)
En 2008, mientras miles de tumbas cerradas por los paramilitares eran abiertas por la investigaci贸n de Justicia y Paz, el exsenador y primo del presidente colombiano, Mario Uribe Escobar, fue acusado y condenado a cuatro a帽os y medio por sus conexiones con el paramilitarismo. A pesar de las confesiones, los documentos, las fotograf铆as y los abundantes videos que vinculan a los paramilitares con figuras reconocidas de la pol铆tica colombiana, el gobierno nunca se cansar谩 de negar cualquier v铆nculo comprometedor. Lo mismo el ala colaboracionista de la oposici贸n venezolana, de paso por el pa铆s vecino.
Pero el poder es astuto como un zorro. No s贸lo sabe negociar sino tambi茅n despistar al m谩s desconfiado. Durante la presidencia de 脕lvaro Uribe se extraditaron a Estados Unidos varios de los miembros responsables del narcotr谩fico, de abusos sexuales sistem谩ticos contra mujeres y menores, y de masacres de miles de v铆ctimas que cada tanto aparecen en fosas comunes. Los acusados s贸lo son extraditados por la primera raz贸n, el narcotr谩fico. Para sorpresa o para confirmaci贸n de sospechas por parte de los activistas de derechos humanos, en Estados Unidos los criminales obtuvieron condenas que rondan los diez a帽os y algunos recibieron, como premio, la residencia permanente en este pa铆s. Una posible raz贸n radica en que muchos ten铆an conexiones con el presidente 脕lvaro Uribe y con Washington, y conven铆a acusarlos por una parte de sus cr铆menes en lugar de remover el resto, logrando confesiones parciales a cambio de penas mucho m谩s generosas que no se adec煤an ni a terroristas ni a genocidas. Por si esta jugada no fuese suficiente para considerarla una genialidad, de esta forma los paramilitares extraditados no pudieron ser investigados por la justicia de Colombia, a la que el presidente Uribe acusa de izquierdista y de tener simpat铆as por las v铆ctimas, como si la justicia estuviese para otra cosa. Antes del arresto y deportaci贸n de los cabecillas paramilitares, sus casas y oficinas fueron saqueadas por las fuerzas de seguridad, por lo cual la justicia colombiana nunca tuvo acceso a ninguna de sus computadoras o archivos personales. En Estados Unidos, a uno de los jefes paramilitares, Salvatore Mancuso, se le escapan algunos datos en medio de la investigaci贸n por narcotr谩fico. Los escuadrones de la muerta no s贸lo recib铆an dinero de Chiquita Bananas, sino de otras multinacionales estadounidenses como Dole y Del Monte. Dole Company es el nuevo nombre de la Standard Fruit Company, una de las bananeras responsables de la manipulaci贸n pol铆tica en procura de buenos negocios en Am茅rica Central que sol铆an resolverse con alguna invasi贸n o “cambio de r茅gimen” a principios del siglo XX. Chiquita Bananas es el nuevo nombre de la United Fruit Company, tambi茅n responsable de golpes de Estado en pa铆ses como Honduras y Guatemala, que llevaron a la destrucci贸n de sus democracias, a la militarizaci贸n de sus sociedades, a la radicalizaci贸n del racismo local, y a la masacre de cientos de miles de gente sin importancia.
El 13 de enero de 2009, una semana antes de dejar la presidencia y a su pa铆s en medio del caos econ贸mico, el presidente George W. Bush le colg贸 la Medalla Presidencial de la Libertad a su amigo, el presidente 脕lvaro Uribe. En su discurso en la Casa Blanca, el presidente, que con su invasi贸n a Irak invent贸 de la nada una de las peores tragedias humanitarias de la historia de Medio Oriente, resalt贸 el m茅rito del presidente colombiano por apegarse siempre a la ley y la democracia en su lucha contra los grupos terroristas que asolaban su pa铆s. Su ley, su democracia.
Una d茅cada m谩s tarde, el vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence, presionar谩 para que el poderoso servidor y expresidente 脕lvaro Uribe sea liberado de su arresto domiciliario. El 14 de agosto de 2020, en un apasionado tweet, escribir谩: “nos unimos a todos los amantes de la libertad del mundo al llamado a los oficiales colombianos para que dejen a este h茅roe, distinguido con la Medalla Presidencial de Estados Unidos a la Libertad, pueda defenderse a s铆 mismo como un hombre libre”. Su libertad, su h茅roe. Como fue el caso de Manuel Noriega y tantos otros, sus hist贸ricas conexiones reportadas por los mismos funcionarios de Washington con el terrorismo paramilitar y el narcotr谩fico en nombre de la paz y la lucha contra el narcotr谩fico, de repente, no existen.
Luego de la desmovilizaci贸n formal de la AUC en 2006, diferentes grupos paramilitares se organizaron en diferentes bandas criminales de extrema derecha (Bacrim). En la actualidad cuentan con varios miles de miembros activos, continuando as铆 la tradici贸n de los paramilitares de aterrorizar y desplazar a la poblaci贸n m谩s vulnerable en nombre de una autodefensa que precede a cualquier ataque y por el inter茅s de propietarios m谩s poderosos, entre los que se cuentan los mafiosos del narcotr谩fico.
En los a帽os por venir, las masacres continuar谩n agregando miles y miles de ejecutados, ninguno rico o poderoso. El dinero inyectado por Washington a la “Guerra contra las drogas” se filtra de la polic铆a y los militares a los paramilitares que ahora dominan los carteles de la droga. Con el desarme de las FARC, la tradici贸n del paramilitarismo, responsable de m谩s del 80 por ciento de los asesinatos en el largo conflicto, encontrar谩 nuevos espacios para sus negocios. Con excepci贸n de los intereses especiales de las sagradas corporaciones, de las siempre bienvenidas inversiones extranjeras, la indiferencia del resto del mundo continuar谩 como si nada. Cada tanto, los pobladores y la polic铆a de localidades insignificantes descubrir谩n fosas con decenas de v铆ctimas, cada una (seg煤n los due帽os del pa铆s y del mundo) con su merecido disparo en la cabeza.
El 15 de agosto de 2020, nueve j贸venes ser谩n masacrados al sur del pa铆s por uno de los m煤ltiples grupos que act煤an por diferentes regiones del pa铆s, subiendo a 33 la cifra de masacres de ese a帽o. Aunque al principio se intentar谩 atribuir las muertes al grupo guerrillero ELN, la matanza tendr谩 como objetivo demostrar el poder de estos grupos paramilitares, como Los Contadores. Diez d铆as despu茅s, otros tres j贸venes correr谩n la misma suerte. El 20 de julio de 2020, el Indepaz registrar谩 que solo en cuatro a帽os fueron asesinados casi mil l铆deres sociales, “971 desde la firma del acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016 hasta el 15 de julio de 2020”. Para finales de 2020 esa cifra habr谩 superado las mil v铆ctimas. S贸lo en 2020 se reportar谩n 85 masacres y el asesinato de 292 l铆deres sociales, entre los cuales se contar谩 el activista por los derechos humanos en Colombia, Jorge Luis Solano Vega.
El 20 de setiembre de 2020, el secretario de Estado Mike Pompeo, en su cuarta visita a Colombia en dos a帽os (esta vez para intervenir en una “Cumbre antiterrorista” y anunciar otros 5.000 millones de d贸lares para el programa Colombia Crece), acusar谩 a Venezuela de ser un narcoestado y acusar谩 al r茅gimen venezolano de haber “brindado refugio seguro, ayuda y alberge a terroristas” de las FARC. Del mayor tr谩fico de drogas de las Am茅ricas, del terror sin competencia del paramilitarismo colombiano y de los terroristas de variadas nacionalidades (seg煤n el FBI) que disfrutan de las playas de Florida, ni una palabra. El mismo secretario de Estado, para entonces habr谩 reconocido en la Texas A&M University: “yo he sido director de la CIA y les puedo asegurar que nosotros mentimos, enga帽amos y robamos; tenemos cursos enteros de entrenamiento para eso”.
Esta confesi贸n se echar谩 r谩pidamente al olvido, como casi todo.
JM. Del libro La frontera salvaje. 200 a帽os de fanatismo anglosaj贸n en Am茅rica latina (febrero 2021)
https://www.barnesandnoble.com/w/la-frontera-salvaje-jorge-majfud/1139378646?ean=9781737171010