(Washington D.C.) – Miembros de la Polic铆a Nacional de Colombia han cometido abusos grav铆simos en contra de manifestantes en su mayor铆a pac铆ficos durante las protestas que empezaron en abril de 2021, se帽al贸 hoy Human Rights Watch. El gobierno de Colombia deber铆a tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos e iniciar una reforma policial profunda para garantizar que los agentes respeten el derecho de reuni贸n pac铆fica y los responsables de abusos sean llevados ante la justicia.
El 28 de abril, miles de personas salieron a las calles en decenas de ciudades de Colombia en protesta contra un proyecto de reforma tributaria. El gobierno retir贸 la propuesta algunos d铆as despu茅s, pero las manifestaciones continuaron por motivos que incluyen la desigualdad econ贸mica, la violencia policial, el desempleo y la falta de servicios p煤blicos adecuados. En reiteradas ocasiones los polic铆as han dispersado manifestaciones pac铆ficas de manera arbitraria y empleado la fuerza de forma excesiva, y a menudo brutal, incluso mediante el uso de municiones letales. Human Rights Watch ha documentado numerosas muertes cometidas directamente por polic铆as, as铆 como violentas golpizas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias de manifestantes y transe煤ntes.
“Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la polic铆a en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”, se帽al贸 Jos茅 Miguel Vivanco, director para las Am茅ricas de Human Rights Watch. “Se necesita una reforma seria que permita separar claramente a la Polic铆a de las Fuerzas Militares y asegurar una supervisi贸n y rendici贸n de cuentas adecuada para impedir que estos abusos vuelvan a ocurrir o queden impunes”.
Aunque la mayor铆a de las protestas han sido pac铆ficas, algunos individuos han cometido actos graves de violencia, como quemar estaciones de polic铆a y atacar a polic铆as, dos de los cuales han muerto.
Human Rights Watch entrevist贸, en su mayor铆a por tel茅fono o videoconferencia, a m谩s de 150 personas ubicadas en 25 ciudades de Colombia, incluidas v铆ctimas, sus familiares y abogados, testigos presenciales, funcionarios judiciales, funcionarios de la Defensor铆a del Pueblo y defensores de derechos humanos. Human Rights Watch tambi茅n se reuni贸 con la vicepresidenta de Colombia, quien tambi茅n es la canciller; el director de la Polic铆a; el fiscal general; y el director de la justicia penal militar.
Miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses (Independent Forensic Expert Group, IFEG) del Consejo Internacional para la Rehabilitaci贸n de V铆ctimas de la Tortura (International Rehabilitation Council for Torture Victims, IRCT), organizaci贸n internacional integrada por reconocidos expertos forenses, elaboraron dict谩menes sobre algunas de las evidencias de abusos. Human Rights Watch consult贸 registros policiales y m茅dicos, necropsias, fotos y videos de las v铆ctimas, publicaciones de organizaciones de derechos humanos e informes de prensa. Human Rights Watch tambi茅n corrobor贸 m谩s de 50 videos publicados en redes sociales y obtuvo informaci贸n de la Defensor铆a del Pueblo, la Procuradur铆a General de la Naci贸n, la Fiscal铆a General de la Naci贸n y los Ministerios de Defensa y de Interior acerca de la respuesta del gobierno ante abusos cometidos en protestas anteriores.
Human Rights Watch ha recibido denuncias cre铆bles sobre 68 muertes ocurridas desde el comienzo de las manifestaciones. Human Rights Watch recibi贸 denuncias de estas muertes a trav茅s de organizaciones locales, incluyendo, entre otras, Temblores y la coalici贸n de organizaciones de derechos humanos Defender la Libertad. Human Rights Watch document贸 cada uno de los casos de forma independiente y con evidencias de primera mano.
Hasta ahora, hemos confirmado que 34 de estas muertes ocurrieron en el contexto de las protestas, incluidas las de dos polic铆as, un investigador judicial y 31 manifestantes o transe煤ntes, de los cuales al menos 20 parecen haber muerto a manos de polic铆as. Personas armadas vestidas de civil tambi茅n han atacado a manifestantes y han causado la muerte de por lo menos cinco de ellos.
Las autoridades colombianas deben llevar a cabo investigaciones prontas, independientes y rigurosas sobre todos los casos de abuso policial y otros hechos graves de violencia, incluyendo por parte de hombres armados de civil que atacaron a manifestantes, se帽al贸 Human Rights Watch. Tambi茅n deben investigar a los agentes de polic铆a que podr铆an haber incumplido su deber de proteger a manifestantes de ataques armados cometidos por particulares.
Human Rights Watch obtuvo evidencias cre铆bles que indican que la polic铆a mat贸 al menos a 16 manifestantes o transe煤ntes con municiones letales disparadas con armas de fuego. En la gran mayor铆a de estos casos, las v铆ctimas ten铆an heridas de bala en 贸rganos vitales, como el t贸rax o la cabeza, lo cual, seg煤n aseguraron autoridades judiciales a Human Rights Watch, es consistente con que hayan sido causadas con la intenci贸n de matar.
Al menos una v铆ctima m谩s muri贸 por golpizas y otras tres por uso indebido o excesivo de gases lacrim贸genos o aturdidoras.
M谩s de 1.100 manifestantes y transe煤ntes han sufrido lesiones desde el 28 de abril, seg煤n datos del Ministerio de Defensa, aunque es probable que la cifra total sea mayor, dado que muchos casos no se han denunciado ante las autoridades.Human Rights Watch document贸 los casos de nueve personas que sufrieron lesiones oculares graves, al parecer como resultado de cartuchos de gases lacrim贸genos o proyectiles de impacto cin茅tico disparados con fusiles antidisturbios. Siete de estas personas probablemente perder谩n la visi贸n en un ojo.
Entre los heridos hay periodistas y defensores de derechos humanos que estaban cubriendo las protestas. Muchos de ellos estaban usando chalecos que los identificaban como miembros de la prensa o de organizaciones de derechos humanos.
El 3 de junio, el Ministerio de Defensa se帽al贸 que, desde el 28 de abril, la polic铆a hab铆a detenido a m谩s de 1.200 personas por delitos presuntamente cometidos durante las protestas. Los fiscales hab铆an imputado a 215. La Fiscal铆a General de la Naci贸n dijo a Human Rights Watch que cientos de detenidos fueron liberados luego de que un juez o fiscal determinara que sus derechos hab铆an sido violados durante la detenci贸n o que no exist铆an evidencias de que hab铆an cometido un delito.
A su vez, la polic铆a ha privado de la libertad a m谩s de 5.500 personas sobre la base de una disposici贸n legal que le permite “trasladar” a una persona a un “centro asistencial o de protecci贸n” para “su protecci贸n” o la de terceros. Human Rights Watch document贸 m煤ltiples casos de detenciones arbitrarias, incluyendo varios en los que la polic铆a emple贸 la figura de “traslado por protecci贸n”.
El 14 de mayo, la Defensor铆a del Pueblo report贸 que hab铆a recibido quejas en contra de miembros de la Polic铆a por 2 casos de violaci贸n sexual, 14 casos de agresi贸n sexual y otros 71 casos de violencia basada en g茅nero, incluyendo bofetadas y abuso verbal. Las organizaciones de derechos humanos colombianas han informado sobre m谩s casos. Human Rights Watch document贸 dos casos de violencia sexual por parte de polic铆as contra manifestantes.
Human Rights Watch tambi茅n document贸 17 golpizas violentas cometidas por la polic铆a, en muchos casos con bastones. Una v铆ctima, Elvis Vivas, de 24 a帽os, muri贸 en un hospital despu茅s de recibir una golpiza brutal por parte de polic铆as.
Se ha informado que al menos 419 personas han desaparecido durante las protestas. El 4 de junio, la Fiscal铆a indic贸 que hab铆a localizado a 304 de esas personas. En algunos casos, quienes las reportaron como desaparecidas no sab铆an que estas personas hab铆an sido detenidas.
Aunque la mayor铆a de las manifestaciones se desarrollaron de manera pac铆fica, algunos individuos cometieron actos graves de violencia, incluidas agresiones violentas contra polic铆as y ataques a estaciones de polic铆a con piedras y c贸cteles Molotov, saqueos e incendios de bienes p煤blicos y privados. Al 2 de junio, m谩s de 1.200 polic铆as hab铆an sido lesionados, al menos 192 de gravedad, dos agentes hab铆an muerto y siete segu铆an hospitalizados, seg煤n el Ministerio de Defensa. Veinte polic铆as fueron heridos por armas de fuego, seg煤n el director general de la Polic铆a. El 29 de abril, varios individuos golpearon y abusaron sexualmente de una mujer polic铆a mientras atacaban una estaci贸n policial en Cali.
Grupos de manifestantes bloquearon calles y v铆as por per铆odos prolongados, lo cual en algunos casos restringi贸 o impidi贸 la distribuci贸n de alimentos o la circulaci贸n de ambulancias, sobre todo en los departamentos de Valle del Cauca y Cundinamarca. En ocasiones, estas restricciones dificultaron el acceso a insumos de salud, incluido el ox铆geno para pacientes con Covid-19, indic贸 el Ministerio de Salud. Una beb茅 reci茅n nacida muri贸 el 23 de mayo luego de que los manifestantes bloquearan la ambulancia que la trasladaba entre Cali y Buenaventura.
“La violencia contra polic铆as y los bloqueos que impidan el acceso a alimentos o servicios de salud son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial”, se帽al贸 Vivanco.
Casos de abusos cometidos durante protestas ocurridas en 2019 y 2020 motivaron peticiones, incluyendo por parte de Human Rights Watch, de que se realizara una reforma policial.
La Polic铆a colombiana depende del Ministerio de Defensa y con frecuencia ha sido desplegada para combatir a grupos armados junto con las Fuerzas Armadas, lo cual ha hecho que no exista una separaci贸n clara sobre las diferentes funciones de estas dos fuerzas. En situaciones de conflicto armado, el uso de la fuerza se rige por el derecho internacional humanitario, y las reglas son muy distintas a las de contextos civiles, tales como en protestas. Asimismo, los polic铆as implicados en abusos a menudo son juzgados en tribunales militares, donde hay pocas probabilidades de que los agentes respondan por esos abusos dada su tradicional opacidad y falta de independencia.
Colombia necesita una Polic铆a de car谩cter civil que est茅 entrenada para responder a las manifestaciones de una manera respetuosa de los derechos humanos, y cuyos miembros rindan cuentas por los abusos cometidos, dijo Human Rights Watch. Establecer una separaci贸n clara entre la Polic铆a y las Fuerzas Armadas es un primer paso clave para ello.
El 6 de junio, el Presidente Iv谩n Duque anunci贸 una serie de medidas para “transformar” la Polic铆a. Algunas de estas medidas, tales como la reforma al sistema disciplinario, podr铆an tener un impacto positivo para prevenir y sancionar abusos policiales, si son dise帽adas e implementadas adecuadamente, sostuvo Human Rights Watch. Sin embargo, otras de las medidas anunciadas parecen ser m谩s bien de car谩cter cosm茅tico y, en general, las reformas propuestas no son suficientes para prevenir violaciones de derechos humanos y garantizar justicia por los abusos.
El Presidente Duque ha reconocido que la polic铆a cometi贸 algunos abusos y manifestado que los agentes implicados ser铆an procesados y castigados. En el pasado, Duque ha rechazado otras propuestas de reformas policiales mayores, y ha se帽alado que su gobierno tiene “tolerancia cero” frente a abusos de la polic铆a.
Sin embargo, el sistema disciplinario interno de la Polic铆a, que no es suficientemente independiente, no ha castigado a los agentes responsables por abusos durante protestas en 2019 y 2020, conforme indican datos oficiales obtenidos por Human Rights Watch. La Fiscal铆a, que adelanta investigaciones penales, tampoco ha logrado avances suficientes en sus investigaciones sobre abusos cometidos durante esas protestas.
Ver abajo recomendaciones detalladas y m谩s informaci贸n sobre las conclusiones de Human Rights Watch.
Dispersi贸n arbitraria de protestas pac铆ficas; uso excesivo de la fuerza
El gobierno colombiano ha desplegado a polic铆as regulares y a miembros del Escuadr贸n M贸vil Antidisturbios (ESMAD) para responder a las protestas. Los polic铆as regulares asisten cada dos a帽os a un curso de 45 horas sobre c贸mo actuar en manifestaciones pac铆ficas, pero no reciben capacitaci贸n espec铆fica sobre c贸mo responder a disturbios, dijo el director de la Polic铆a a Human Rights Watch.
Asimismo, desde el 1 de mayo, el presidente Duque ha desplegado a soldados para “asistir” a la polic铆a, pero no para emplear la fuerza contra manifestantes. El 28 de mayo, Duque aument贸 el n煤mero de soldados desplegados y orden贸 que varios gobernadores y alcaldes trabajaran en conjunto con las fuerzas de seguridad para adoptar las “medidas necesarias” para “levantar los bloqueos”.
El derecho internacional de los derechos humanos establece que las autoridades deben proteger las reuniones pac铆ficas y no deben dispersarlas incluso si consideran que son il铆citas. Las autoridades deben abstenerse de usar la fuerza a menos que esto resulte necesario y proporcionado para responder a incidentes espec铆ficos de violencia. Como norma general, las manifestaciones pac铆ficas que bloquean el tr谩nsito pueden dispersarse solo si generan perturbaciones graves y sostenidas.
Sin embargo, Human Rights Watch ha documentado varios casos en los cuales agentes del ESMAD o polic铆as regulares violaron estos principios al dispersar de manera arbitraria protestas pac铆ficas o usar la fuerza de manera indiscriminada o excesiva, incluyendo mediante el uso de armas letales.
Uso indebido de armas letales
Conforme a los est谩ndares internacionales de derechos humanos, las armas letales solo pueden emplearse cuando resulte estrictamente necesario para abordar un riesgo inminente para la vida o la integridad f铆sica. El uso de armas letales para dispersar reuniones o manifestaciones es siempre il铆cito.
Conforme al derecho colombiano, la polic铆a puede usar armas de fuego en defensa propia o para proteger a personas de un “peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el prop贸sito de evitar la comisi贸n de un delito particularmente grave que entra帽e una seria amenaza para la vida”.
La Polic铆a colombiana indic贸 a Human Rights Watch que la polic铆a regular y los miembros del ESMAD no han usado armas letales durante las manifestaciones.
Sin embargo, Human Rights Watch corrobor贸 varios videos en los que se ve a polic铆as disparando armas de fuego en el contexto de las manifestaciones, en circunstancias en las cuales no parec铆a haber un riesgo para la vida o la integridad f铆sica de una persona.
Human Rights Watch document贸 16 casos en los cuales la polic铆a parece haber matado con municiones letales a manifestantes no armados. En al menos 15 de los casos, las v铆ctimas ten铆an heridas de bala en 贸rganos v铆tales: 7 ten铆an heridas en el t贸rax, 6 en la cabeza y 2 en el abdomen. Esas heridas son consistentes con haber sido causadas con la intenci贸n de matar, se帽alaron autoridades judiciales a Human Rights Watch.
Almacenista, 22 a帽os Cali, Valle del Cauca M谩s informaci贸n »
Estudiante, 19 a帽os Ibagu茅, Tolima M谩s informaci贸n »
Artista de grafiti, 26 a帽os Cali, Valle del Cauca M谩s informaci贸n »
Electricista, 23 a帽os Cali, Valle del Cauca M谩s informaci贸n »
T茅cnico de gas, 38 a帽os Cali, Valle del Cauca M谩s informaci贸n »
Estudiante, 17 a帽os Cali, Valle del Cauca M谩s informaci贸n »
Uso indiscriminado e inapropiado de armas menos letales
La polic铆a utiliz贸 gases lacrim贸genos en varias oportunidades contra manifestantes pac铆ficos, seg煤n se帽alaron manifestantes y funcionarios de la Defensor铆a del Pueblo a Human Rights Watch.
Asimismo, la polic铆a parece haber disparado gases lacrim贸genos con armas antidisturbios de forma imprudente y peligrosa en varias ocasiones. La polic铆a debe disparar los cartuchos de gases lacrim贸genos al cielo, a fin de reducir la velocidad de la trayectoria de los proyectiles, que son pesados, para que luego de un arco descendente caigan en el suelo. Sin embargo, a trav茅s de entrevistas con diversos manifestantes y videos, Human Rights Watch pudo corroborar que polic铆as dispararon los cartuchos directamente hacia los manifestantes.
La polic铆a colombiana tambi茅n us贸 un sistema de lanzamiento de proyectiles m煤ltiples, conocido como Venom, que permite disparar hasta 30 cartuchos de gas lacrim贸geno, humo o aturdidoras por vez. Human Rights Watch corrobor贸 videos de su uso en varias ciudades, incluidas Bogot谩 y Popay谩n (departamento de Cauca). Se supone que el sistema lanza los proyectiles con una trayectoria “parab贸lica” —es decir, hacia el cielo— para evitar que haya un “impacto directo” contra los manifestantes, seg煤n indic贸 la Polic铆a a Human Rights Watch en una carta. Sin embargo, la carta tambi茅n indica que el Venom puede disparar desde un 谩ngulo de apenas 10 grados, lo cual no permitir铆a que sea “parab贸lico”.
Human Rights Watch tambi茅n corrobor贸 varios videos de la polic铆a utilizando el Venom desde el suelo y disparando de forma directa contra los manifestantes en Popay谩n.
El Venom produce efectos indiscriminados en un 谩rea extensa y no es posible usarlo de un modo que permita distinguir amenazas leg铆timas, explic贸 Human Rights Watch. Su uso no resulta adecuado para manifestaciones pac铆ficas. Incluso si se producen sucesos violentos aislados en el contexto de protestas, la polic铆a debe responder de manera proporcional y no indiscriminada.
Human Rights Watch document贸 casos de siete personas heridas y tres fallecidas, al parecer como resultado del impacto de cartuchos de gases lacrim贸genos. Estos casos incluyen los siguientes:
Auxiliar de bodega, 24 a帽os Madrid, Cundimarca M谩s informaci贸n »
Estudiante para chef y asistente de cocina, 25 a帽os Bogot谩 M谩s informaci贸n »
Estudiante de f铆sica, 20 a帽os Bogot谩 M谩s informaci贸n »
En 2019, la polic铆a colombiana dispar贸 cartuchos de perdigones con escopetas de calibre 12 contra los manifestantes. Un manifestante muri贸 debido a esta arma. En enero de 2020, la Procuradur铆a General de la Naci贸n, un 贸rgano independiente, concluy贸 que los polic铆as ten铆an formaci贸n limitada o nula en el uso de esta escopeta. En septiembre de 2020, la Corte Suprema suspendi贸 el uso de estas armas por parte de la polic铆a.
El director de la Polic铆a indic贸 a Human Rights Watch que los polic铆as no est谩n usando ning煤n tipo de escopetas de perdigones actualmente, y que las escopetas calibre 12 est谩n almacenadas en las estaciones policiales.
La Polic铆a indic贸 que est谩n usando fusiles antidisturbios para disparar cartuchos que contienen entre 12 y 24 bolas que, seg煤n dijeron, son de pl谩stico. Human Rights Watch document贸 varios casos en los que los manifestantes parecen haber sido heridos por estos proyectiles de impacto cin茅tico.
Algunas de las v铆ctimas recibieron el impacto de varios proyectiles al mismo tiempo, lo cual sugiere que les dispararon de cerca, dado que estos proyectiles se dispersan a medida que se alejan.
Periodistas Sibat茅, Cundinamarca M谩s informaci贸n »
Electricista, 23 a帽os Bogot谩 M谩s informaci贸n »
Estudiante, 22 a帽os Pereira, Risaralda M谩s informaci贸n »
Conductor de bus, 25 a帽os Cali, Valle del Cauca M谩s informaci贸n »
Golpizas
Human Rights Watch document贸 17 casos de golpizas a manifestantes o transe煤ntes cometidas por la polic铆a, a menudo con bastones. Algunas de estas personas fueron luego detenidas. Una muri贸 a causa de las heridas.
Trabajador de carrocer铆a, 24 a帽osMadrid, Cudinamarca M谩s informaci贸n »
Estudiante, 18 a帽os Bogot谩 M谩s informaci贸n »
Estudiante, 24 a帽os Medell铆n, Antioquia M谩s informaci贸n »
Estudiante, 19 a帽os Bogot谩 M谩s informaci贸n »
Violencia basada en g茅nero
El 14 de mayo, la Defensor铆a del Pueblo inform贸 que hab铆a recibido quejas contra miembros de la Polic铆a por 2 casos de violaci贸n sexual, 14 casos de agresiones sexuales y otros 71 casos de violencia de g茅nero, incluyendo bofetadas y abuso verbal. Las organizaciones de derechos humanos colombianas han informado m谩s casos. Human Rights Watch document贸 dos casos de violencia sexual cometidos por polic铆as contra manifestantes:
Artesana, 32 a帽os Yumbo, Valle del Cauca M谩s informaci贸n »
Estudiante, 18 a帽os Palmira, Valle del Cauca M谩s informaci贸n »
Detenciones arbitrarias; imputaciones desproporcionadas
Cientos de manifestantes fueron detenidos por la polic铆a y liberados luego de que un juez o fiscal concluyera que sus derechos hab铆an sido violados durante la detenci贸n o que no hab铆a evidencias para vincularlos a un delito, seg煤n dijo la Fiscal铆a. Human Rights Watch document贸 en detalle 27 casos de personas que parecen haber sido detenidas de manera arbitraria. Fiscales, funcionarios de derechos humanos y abogados de v铆ctimas se帽alaron que existen decenas de casos m谩s.
Los fiscales han realizado imputaciones desproporcionadas por cargos de “terrorismo” en contra de algunos manifestantes que presuntamente participaron en hechos de vandalismo. Mientras la pena por da帽o en bien ajeno es de entre 16 y 90 meses de prisi贸n, las penas por terrorismo son de hasta 22 a帽os y medio, con arreglo al derecho colombiano. Los est谩ndares internacionales de derechos humanos exigen que las imputaciones y sanciones penales sean proporcionales a la gravedad de las conductas en cuesti贸n y la responsabilidad del presunto culpable. Las autoridades no deber铆an utilizar de forma arbitraria la figura penal de “terrorismo” ante cr铆menes de menor gravedad, se帽al贸 Human Rights Watch.
La polic铆a tambi茅n priv贸 de la libertad a m谩s de 5.500 personas utilizando una figura legal que permite que los agentes “trasladen” a una persona a un “centro asistencial o de protecci贸n” para su propia “protecci贸n” o la de terceros. Human Rights Watch document贸 varios casos en los cuales la polic铆a parece haber usado esta disposici贸n de forma abusiva. La norma permite dicho “traslado” solo cuando sea el “煤nico medio disponible para evitar el riesgo a la vida o integridad” y exige que el polic铆a primero contacte a familiares para que “asuma[n] la protecci贸n”; si eso no es posible, deben llevar a la persona a un “centro asistencial”, un centro de salud, un hospital o un “lugar especialmente destinado para tal fin”, o a sus hogares de ser posible. La legislaci贸n colombiana establece que la persona trasladada no puede ser enviada a un centro de detenci贸n bajo ning煤n motivo. Sin embargo, en los casos documentados por Human Rights Watch la polic铆a llev贸 a los privados de libertad a estaciones de polic铆a, en lugar de a centros de salud o sitios de detenci贸n administrativa, y no llam贸 a sus familiares.
M煤sico, 33 a帽os Medell铆n, Antioquia M谩s informaci贸n »
Defensor de derechos humanos, 27 a帽os Bucaramanga, Santander M谩s informaci贸n »
Miembros de la Polic铆a detuvieron a Jos茅 Mauricio Garc铆a Nieto, de 24 a帽os; Dan Brayer Andrade Bolanos, de 22; Jorge Mario Ram铆rez 脕lzate, de 22; Daniel Navarrete Var贸n, de 22; Jorge Andr茅s Noguera Fl贸rez, de 23; y Santiago Ram铆rez Duque, de 26, en la tarde del 25 de mayo en Tulu谩, Valle del Cauca. Un informe policial al que tuvo acceso Human Rights Watch indica que al momento de la detenci贸n cuatro de ellos estaban tirando piedras a edificios; uno estaba encendiendo una botella de pl谩stico para supuestamente lanzarla a una estaci贸n de polic铆a; y uno estaba “incitando” a otras personas a “oponerse al procedimiento policial”.
Durante una audiencia virtual realizada el d铆a siguiente ante un juez, un fiscal los imput贸 por “terrorismo”. Human Rights Watch tuvo acceso a los videos de la audiencia. La 煤nica evidencia que present贸 el fiscal contra ellos es el informe de la polic铆a y declaraciones de polic铆as. El fiscal reconoci贸 que los actos espec铆ficos que habr铆an cometido los indiciados podr铆an constituir por s铆 solos el delito de da帽o en bien ajeno, pero dijo que la imputaci贸n por “terrorismo” estaba justificada porque los detenidos eran parte de una “turba” que les produc铆a “agitamiento”. Sin embargo, el fiscal no present贸 evidencia de que los indiciados hubieran actuado de forma coordinada entre s铆 o con otros manifestantes, y reconoci贸 que no hab铆a evidencias que los vincularan con la quema del Palacio de Justicia de Tulu谩 que ocurri贸 esa noche, luego de que fueran detenidos. El derecho colombiano no permite la prisi贸n preventiva para el delito de da帽o en bien ajeno, que es un delito menor, pero s铆 para el delito de terrorismo.
El fiscal tambi茅n dijo en la audiencia que los detenidos le hab铆an dicho a trav茅s de llamadas de WhatsApp que la polic铆a los hab铆a golpeado. Sin embargo, los detenidos no fueron llevados a un centro m茅dico para un examen, supuestamente debido a los disturbios en la ciudad, seg煤n otro informe policial al que tuvo acceso Human Rights Watch. Sin presentar ninguna evidencia al respecto, el fiscal dijo que exist铆a la “posibilidad” de que los detenidos hubieran resistido su captura y que era “factible” que la fuerza utilizada por la polic铆a hubiera sido adecuada. El juez legaliz贸 la captura.
El 28 de mayo, el mismo juez concluy贸 que los detenidos eran un “peligro para la comunidad” y orden贸 que est茅n en prisi贸n preventiva. Los seis j贸venes se encuentran en la c谩rcel de Popay谩n, sus abogados y familiares dijeron a Human Rights Watch.
Presunta participaci贸n de grupos armados y civiles
El gobierno de Colombia se帽al贸 que varios grupos armados, incluido el Ej茅rcito de Liberaci贸n Nacional (ELN) y grupos que surgieron de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se hab铆an “infiltrado” en las protestas para cometer actos de vandalismo y atacar a la polic铆a. El fiscal general indic贸 a Human Rights Watch el 4 de junio que las autoridades hab铆an detenido a 11 presuntos miembros de grupos armados en relaci贸n con actos violentos durante las manifestaciones.
Por otra parte, personas armadas vestidas de civil participaron en actos violentos contra manifestantes. En Pereira, departamento de Risaralda, un grupo de personas de civil atacaron al manifestante y l铆der social Lucas Villa cuando estaba haciendo declaraciones contra el gobierno durante una protesta el 5 de mayo. Uno de ellos le dispar贸 y lo mat贸, un testigo que result贸 herido le dijo a Human Rights Watch. Autoridades judiciales con conocimiento del caso se帽alaron que las evidencias indican que bandas locales de narcotr谩fico podr铆an estar involucradas.
En algunos casos, agentes de polic铆a no reaccionaron debidamente cuando personas de civil atacaron a manifestantes. Human Rights Watch corrobor贸 videos que muestran c贸mo hombres armados que en las im谩genes se encuentran junto a la polic铆a dispararon a manifestantes en Cali el 28 de mayo. Los polic铆as no parecen haber tomado acciones para prevenir o frenar estos ataques. El d铆a siguiente, un comandante de la polic铆a reconoci贸 que los agentes “omitieron su deber” y dijo que ser铆an investigados.
El director general de la Polic铆a, General Jorge Luis Vargas, dijo a Human Rights Watch que no se enviaron polic铆as vestidos de civil a operativos de control de multitudes ni para detener a manifestantes. Sin embargo, Human Rights Watch corrobor贸 videos que muestran que polic铆as vestidos de civil detuvieron a manifestantes que estaban bloqueando una autopista en Cali el 17 de mayo.
Limitada rendici贸n de cuentas por abusos policiales
Las autoridades colombianas, incluida la Fiscal铆a General de la Naci贸n, que adelanta investigaciones penales, y la Polic铆a y la Procuradur铆a General de la Naci贸n, que pueden impulsar procedimientos disciplinarios, han logrado avances limitados en relaci贸n con los abusos policiales contra manifestantes.
La Fiscal铆a inform贸 a Human Rights Watch el 4 de junio que solo hab铆a imputado a un polic铆a en relaci贸n con los abusos cometidos durante la reciente ola de protestas. Se trata de un agente que fue imputado el 13 de mayo por el homicidio del manifestante Marcelo Agredo Inchima. Miembros de la Delegada de Seguridad Ciudadana de la Fiscal铆a, que est谩 adelantando todos los procesos por abusos policiales, dijeron que esa unidad hab铆a asignado a fiscales e investigadores adicionales para adelantar los casos de abusos policiales y que la directora de la unidad estaba realizando reuniones semanales con los fiscales para analizar los avances en cada caso.
El 28 de mayo, el director de la justicia penal militar se帽al贸 a Human Rights Watch que los jueces militares hab铆an abierto 34 investigaciones en relaci贸n con las protestas, incluyendo 10 por homicidios y 11 por lesiones personales. Conforme a est谩ndares regionales de derechos humanos, los tribunales penales militares no deben adelantar procesos por graves violaciones de derechos humanos.
El director de la Polic铆a manifest贸 el 14 de mayo que hab铆an iniciado investigaciones disciplinarias contra 117 agentes por posibles conductas indebidas durante la actual ola de protestas. De esos agentes, cinco hab铆an sido suspendidos temporalmente, incluidos tres que se encontraban bajo investigaci贸n disciplinaria por homicidio. El resto segu铆a desempe帽ando sus funciones. La Procuradur铆a, que tambi茅n adelanta investigaciones disciplinarias, se帽al贸 el 31 de mayo que hab铆a iniciado 78 investigaciones de posibles abusos de poder y uso excesivo de la fuerza por parte de polic铆as; la gran mayor铆a se encontraba en etapas preliminares.
No se han realizado avances significativos en la investigaci贸n de abusos policiales cometidos durante protestas anteriores. El 4 de junio, la Fiscal铆a le dijo a Human Rights Watch que hab铆a abierto 90 investigaciones por abusos policiales cometidos durante las protestas de 2019 y otras 116 por abusos cometidos durante las manifestaciones de 2020. La Fiscal铆a se帽al贸 que hab铆a iniciado el juicio en cinco casos de 2020 y hab铆a logrado imputaciones en otros dos casos. Ning煤n agente de polic铆a hab铆a sido imputado en relaci贸n con los abusos cometidos durante las protestas de 2019.
La Procuradur铆a tampoco ha logrado ning煤n avance significativo. El 10 de mayo, la entidad inform贸 a Human Rights Watch que hab铆a iniciado 24 investigaciones sobre las protestas de 2019, y otras 5 sobre las de 2020. Ning煤n polic铆a hab铆a sido objeto de sanciones disciplinarias y la mayor铆a de los casos continuaban en etapas preliminares.
El 17 de abril de 2021, el Ministerio de Defensa dijo a Human Rights Watch que la Polic铆a hab铆a iniciado 40 investigaciones disciplinarias en relaci贸n con las protestas de 2019. De esas, 24 se hab铆an archivado sin que se le aplicaran medidas disciplinarias a ning煤n polic铆a, seg煤n se帽al贸 el Ministerio de Defensa, mientras que las dem谩s se encontraban en tr谩mite. El Ministerio de Defensa tambi茅n inform贸 que, de las 92 investigaciones disciplinarias que la Polic铆a hab铆a iniciado sobre las protestas de 2020, 54 se hab铆an archivado; en la mayor铆a de los casos debido a que los investigadores no hab铆an podido identificar al polic铆a involucrado. Solamente dos polic铆as hab铆an recibido sanciones disciplinarias en casos que parec铆an tener alguna relaci贸n con violaciones de derechos humanos, y otros cuatro hab铆an resultado absueltos.
El sistema disciplinario policial carece de la independencia necesaria, concluy贸 Human Rights Watch. El director de la Polic铆a Nacional se帽al贸 que no existe una carrera profesional separada para los agentes que realizan las investigaciones por asuntos disciplinarios. Esto significa que no existen salvaguardas para asegurar que los investigadores no acaben trabajando junto con polic铆as a quienes hayan investigado previamente, o bajo su mando. La legislaci贸n colombiana tambi茅n permite que el director de la Polic铆a Nacional revoque cualquier decisi贸n disciplinaria.
El director de la Polic铆a Nacional afirm贸 que el sistema disciplinario se encuentra desbordado por procedimientos relacionados con cuestiones menores que, seg煤n se帽al贸, retrasan el avance de las investigaciones por infracciones graves. El director afirm贸 que estaba trabajando en una reforma orientada a mejorar los procesos por infracciones graves y transferir los casos sobre “graves violaciones de derechos humanos” a la Procuradur铆a, un organismo que debe ser independiente.
Posible desacato de una decisi贸n de la Corte Suprema
En septiembre de 2020, la Corte Suprema dispuso que se implementaran varias reformas para prevenir abusos en el contexto de protestas. Sin embargo, Human Rights Watch comprob贸 que los esfuerzos para cumplir con la sentencia de la Corte han sido en su mayor铆a proforma, y han tenido escaso impacto sobre la actuaci贸n policial. La principal o 煤nica excepci贸n ha sido la prohibici贸n de usar escopetas calibre 12, las cuales, hasta donde ha podido comprobar Human Rights Watch, no se han utilizado.
La Corte Suprema orden贸 que el gobierno colombiano estableciera un nuevo protocolo sobre el “uso de la fuerza frente a manifestaciones pac铆ficas”. El gobierno efectivamente public贸 un nuevo protocolo en enero de 2021, pero este no incluye ninguna nueva medida o mecanismo de supervisi贸n serio para prevenir el uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones o garantizar la rendici贸n de cuentas cuando estos hechos ocurren.
La corte tambi茅n orden贸 que las organizaciones de derechos humanos y las agencias de la ONU fueran autorizadas para “verificar” las detenciones y los traslados por “protecci贸n” durante las protestas. En octubre de 2020, despu茅s de las protestas de ese a帽o, la Procuradur铆a General de la Naci贸n y la Polic铆a crearon un comit茅 para ese fin, el cual inclu铆a a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), pero no a las organizaciones locales de derechos humanos. Human Rights Watch recibi贸 informaci贸n que indica que la Polic铆a y la Procuradur铆a en numerosas ocasiones no han convocado el comit茅 durante las protestas actuales.
Asimismo, la corte resolvi贸 que el gobierno deb铆a expedir un acto administrativo, a m谩s tardar en octubre de 2020, que ordenara que todos los funcionarios gubernamentales protegieran y respetaran todas las “manifestaciones no violentas”, incluso aquellas que se organizaran en contra del gobierno. El gobierno no ha dictado esa norma.
Del mismo modo, la corte orden贸 que la Defensor铆a del Pueblo realizara un seguimiento estricto a los abusos del ESMAD en contra de manifestantes. Los funcionarios de la Defensor铆a del Pueblo han estado monitoreando la respuesta a las protestas y buscando mecanismos de di谩logo con manifestantes para levantar bloqueos. Sin embargo, el n煤mero de funcionarios asignados a esta tarea ha sido insuficiente y no han dado abasto con la labor. El defensor del pueblo no ha reportado peri贸dicamente sobre los abusos ni los ha condenado de forma inequ铆voca.
El 27 de mayo, la Corte Suprema abri贸 un procedimiento formal para determinar si el gobierno hab铆a incurrido en un desacato.
Recomendaciones
Al gobierno del Presidente Iv谩n Duque, incluido el director de la Polic铆a Nacional:
Tomar medidas inmediatas para garantizar el respeto y la protecci贸n de los derechos humanos y comenzar a reparar los da帽os, tales como:
Condenar de forma inequ铆voca las violaciones de derechos humanos, incluyendo los casos de uso excesivo de la fuerza y de violencia sexual por parte de polic铆as, as铆 como los casos en los cuales miembros de la Polic铆a no tomaron acciones para frenar ataques en contra de manifestantes.
Presentar una disculpa, en nombre del Estado colombiano, por abusos policiales cometidos durante las protestas.
Garantizar que todos los funcionarios de gobierno eviten utilizar lenguaje que pueda ser percibido como estigmatizante hacia los manifestantes.
Asegurar que la polic铆a, incluyendo el ESMAD, proteja las protestas pac铆ficas, no las disperse y priorice mecanismos que no involucren el uso de la fuerza en todas sus acciones para levantar bloqueos.
Priorizar las investigaciones disciplinarias sobre abusos policiales, por lo menos los cometidos desde las protestas de 2019, y comprometerse a reportar de forma p煤blica y peri贸dica los avances en estas investigaciones. Las investigaciones disciplinarias deben garantizar la rendici贸n de cuentas de los agentes que cometieron abusos durante las protestas, as铆 como de los comandantes de las unidades y los comandantes de polic铆a a cargo de los operativos que puedan haber ordenado la comisi贸n de tales abusos o que puedan tener responsabilidad, conforme al derecho colombiano, por no haber adoptado las medidas adecuadas a efectos de prevenir delitos o hacer que los responsables rindan cuentas por su actuaci贸n.
Suspender el uso de proyectiles de impacto cin茅tico y del Venom hasta que se realice un examen independiente sobre el riesgo de estas armas, los protocolos para su uso y la capacitaci贸n que han recibido los agentes policiales para utilizarlos.
Llevar a cabo una revisi贸n exhaustiva de los protocolos, las pr谩cticas y los equipos de control de multitudes de la polic铆a, y de la capacitaci贸n de los agentes sobre el uso de la fuerza, el derecho a reunirse en forma pac铆fica y otros derechos humanos.
Brindar reparaciones, as铆 como acceso a servicios de salud, a v铆ctimas de violencia policial, incluyendo servicios integrales para v铆ctimas de violencia sexual.
Convocar el comit茅 creado para verificar detenciones y “traslados por protecci贸n” durante las manifestaciones y reformar el protocolo que cre贸 este comit茅 para garantizar la participaci贸n de representantes de la sociedad civil.
Ampliar significativamente la capacitaci贸n sobre control de multitudes que se brinda a polic铆as, incluso para aquellos que no forman parte del ESMAD.
Fortalecer los sistemas para prevenir y sancionar los actos de violencia basada en g茅nero perpetrados por polic铆as.
Al Congreso de Colombia:
Iniciar un proceso con amplia participaci贸n de grupos de la sociedad civil y agencias internacionales que operan en Colombia para reformar la Polic铆a, adoptando las siguientes medidas, entre otras:
Transferir la Polic铆a del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior o a un nuevo Ministerio de Seguridad, a fin de asegurar que el rol y las funciones de los polic铆as est茅n claramente separados de los de los militares.
Establecer salvaguardas s贸lidas que aseguren que los “traslados por protecci贸n” no se usen de modo arbitrario.
Reformar el sistema disciplinario de la Polic铆a para asegurar su independencia.
Garantizar que el sistema de justicia militar no adelante investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas por polic铆as.
Revisar los protocolos policiales sobre uso de la fuerza a fin de asegurar que existan mecanismos s贸lidos para prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de polic铆as.
Establecer mecanismos independientes de supervisi贸n y control sobre la polic铆a.
Fortalecer los mecanismos para prevenir y sancionar actos de violencia de g茅nero perpetrados por polic铆as.
Reformar el C贸digo Penal para asegurar que los fiscales tengan la obligaci贸n de investigar de oficio cualquier lesi贸n que haya sufrido una persona, incluidas las lesiones causadas por polic铆as, con independencia de si se ha realizado una denuncia penal por el hecho.
A la Fiscal铆a General de la Naci贸n:
Priorizar los procesos por abusos policiales realizando investigaciones sobre los agentes que hayan estado directamente involucrados en abusos cometidos en el contexto de protestas, al menos desde el a帽o 2019, as铆 como sobre los comandantes a cargo de unidades y operativos que puedan haber ordenado la comisi贸n de tales abusos o que puedan tener responsabilidad, conforme al derecho colombiano, por no haber adoptado las medidas adecuadas a efectos de prevenir delitos o hacer que los responsables rindan cuentas por su actuaci贸n.
Crear un grupo especial de fiscales e investigadores dentro de la Delegada de Seguridad Ciudadana que se est茅n a cargo exclusivamente de investigar abusos policiales cometidos contra manifestantes, al menos desde 2019.
Presentar escritos judiciales para solicitar que los jueces resuelvan que sea la Fiscal铆a —y no el sistema de justicia militar— la que se ocupe de los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por la polic铆a.
Investigar de oficio todos los casos en los cuales los jueces hayan concluido que miembros de la Polic铆a violaron derechos de los detenidos cuando esas acciones constituyan un delito con arreglo al derecho colombiano.
A la Procuradur铆a General de la Naci贸n:
Garantizar una rendici贸n de cuentas por los abusos policiales, lo cual incluye investigar disciplinariamente a los agentes que hayan estado directamente involucrados en abusos cometidos en el contexto de protestas, al menos desde el a帽o 2019, as铆 como a los comandantes de las unidades y a los comandantes de polic铆a a cargo de los operativos que puedan haber ordenado la comisi贸n de tales abusos o que puedan tener responsabilidad, conforme al derecho colombiano, por no haber adoptado las medidas adecuadas a efectos de prevenir delitos o hacer que los responsables rindan cuentas por su actuaci贸n.
Apoyar las acciones legales que busquen garantizar que los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por la polic铆a sean transferidos de la justicia penal militar a la justicia penal ordinaria.
Convocar el comit茅 creado para verificar detenciones y “traslados por protecci贸n” durante las manifestaciones y reformar el protocolo que cre贸 este comit茅 para garantizar la participaci贸n de representantes de la sociedad civil.
Investigar de oficio todos los casos en los cuales los jueces hayan concluido que miembros de la Polic铆a violaron los derechos de los detenidos cuando esas acciones constituyan una infracci贸n disciplinaria con arreglo al derecho colombiano.
A la Defensor铆a del Pueblo:
Asegurar un control “estricto, fuerte e intenso” sobre abusos cometidos por el ESMAD durante manifestaciones, tal y como lo orden贸 la Corte Suprema en su sentencia de septiembre de 2020.
Aumentar el n煤mero de funcionarios a cargo de monitorear los abusos policiales durante las protestas y garantizar que reciban protecci贸n y apoyo adecuado para realizar su trabajo.
Informar de forma p煤blica y peri贸dica sobre los casos de abusos policiales cometidos durante las protestas.
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Human Rights Watch