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Si pagan 430 millones de deuda externa pondrán menos en deuda interna

Se llama Club de París pero mandan Berlín y Tokio



OPINIÓN de Sergio Ortiz

El oficialismo y medios adictos festejaron el pago de 430 millones de dólares al Club de París como si hubiera sido un gol consagratorio en la Copa América. El ministro Martín Guzmán consideró importante pagar aquella suma, en dos cuotas, y despejar el panorama con ese Club hasta marzo del 2022.

El pago completo que debió hacerse el 31 de mayo era de 2.400 millones. Se pagó una parte, como cuando se obla “el mínimo” de una tarjeta de crédito. Los bancos te refinancian y encarecen el resto. ¿Salís ganando? No. Sólo diferiste un pago a costa de más intereses, con mayor deuda.

Si eso le pasa a un argentino de a pie, habrá que ver qué intereses cobra el Club dominado por Alemania y Japón. El peor de ellos resultó Japón, que exigió eso invocando la “comparabilidad” de los pagos que nuestro país le hace a China, otra potencia de Asia de signo político muy distinto a Tokio.

En el acuerdo que Guzmán rubricó el año pasado con BlackRock y demás fondos neo buitres, y en el anunciado esta semana, el pagador obvió investigar la deuda. En las negociaciones con el FMI, por los 45.000 millones del crédito al gobierno de Mauricio Macri en 2018, también la disposición a pagar está exenta de investigación previa.

El gobierno de Alberto Fernández tomó la decisión política de no hacer auditorías, blanqueando esas deudas como legales y legítimas, a pesar de muchos elementos que ponen en duda tal pureza. Después, con cada uno de los acreedores pudo haber razones específicas para no hacer la auditoría. Con el Club de París puede ser para no lesionar la figura de Axel Kicillof, que en 2014 y siendo ministro de Economía, firmó una renegociación con altos intereses y un recargo de 500 millones de dólares en caso de no abonar en término. Hoy es gobernador y co-dirige la campaña de cara a las legislativas de noviembre junto a Sergio Massa y Máximo Kirchner, en el distrito clave.
 
A ese pago confirmado de 430 millones de dólares hay que sumarle otros 1.200 millones de este año al FMI, al margen de la negociación que Guzmán estira con el directorio de Kristalina Georgieva. El crédito de la entidad, en 2018, fue concedido para favorecer la reelección de Macri, en política. Y para que los monopolios y banqueros pudieran fugar 86.200 millones de dólares, según la documentación en poder del Banco Central.

Suponiendo la hipótesis más “favorable” al gobierno, que logre patear para 2022 el pago del grueso de ambas deudas, su decisión de entregar 1.630 millones de dólares a ambos acreedores, sin auditoría, es muy grave. Lo es porque dejará más la intemperie a sectores populares que necesitan más ayuda del Estado, con generación de empleo vía obra pública e IFE, ATP, etc.

MÁS VACUNAS
La gestión del gobierno en deuda externa merece un aplazo político. Lo mejor sería investigar la deuda con el FMI y el Club de París, habiendo mucho material demostrativo de los fraudes. La Oficina Anticorrupción de Félix Crous, por instrucción del presidente, denunció a Macri y sus funcionarios de Economía y del BCRA por los delitos en el trámite de ese crédito. El gobierno no se anima a denunciar al FMI de tiempos de Christine Lagarde, por esos mismos delitos, y a concretar la auditoría, suspendiendo los pagos a esa entidad. No lo hace, emperrado en demostrar que no es Cuba ni Venezuela, y “honra” todas sus deudas.

Es mejor su performance contra la pandemia, con la firma de más acuerdos y la llegada de 25 millones de vacunas con las que se inoculó a más del 40 por ciento de la población.
Las campañas de la derecha reaccionaria y anticientífica que hablaban de infectadura (léase dictadura), envenenamiento, “vacunatorios VIP” que los hubo en mínima expresión, lobbiando por la Pfizer, etc, fueron decayendo en efectividad. Sentir en el brazo el leve pinchazo de la vacuna tuvo mayor influencia en la salud física y mental de millones de argentinos, que las mentiras de Juntos por el Cambio amplificadas por Clarín, La Nación, Infobae, TN, Telefé y América.
Eso sí, el gobierno debe hacer autocrítica parcial de sus planes antipandemia, sobre todo en 2021, porque el año anterior sus medidas restrictivas fueron más firmes y se cumplieron mejor. Las clases presenciales debieron haberse cerrado por más tiempo y en más lugares, no sólo en las zonas de alerta epidemiológica, para disminuir los contagios. ¿Recién ahora bajan a 600 los viajeros del exterior que pueden ingresar por Ezeiza, cuando 40 por ciento de esa gente no respetaba los días de aislamiento? Esas liviandades costaron las vidas de 25 docentes en la CABA de Rodríguez Larreta, de 30 en la Jujuy de Gerardo Morales y en el resto del país.

El segundo capítulo a revisar es que el Presupuesto Nacional 2021 no previó pagos de IFE ni ATP, como si la pandemia hubiera terminado en 2020, a contramano de lo que pensaban los especialistas. ¿Fue por influencia de las negociaciones con Georgieva y sus colaterales de la UIA y la Asamblea Empresaria Argentina, que el gobierno no dispuso más gasto público?
 
Y el tercer problema, de incidencia actual y sobre todo estratégica, es que el sistema de salud necesita mucho más que una “mejor integración”. Debería plantearse un nuevo sistema, con el factor más dirigente del Estado, un control estricto sobre el sector privado y obras sociales para impedir los negociados de esos empresarios-sindicalistas y sindicalistas-empresarios. Cristina Fernández de Kirchner llamó a ese debate, pero ante la reacción desaforada de la medicina privada y prepaga parece ser una llamita que se apagó. ¡Y el país está a dos semanas de llegar a los 100.000 muertos por COVID-19!
 
Los médicos y personal de Salud en el sector público y el privado ganan sueldos indignos, salvo excepciones, y tampoco tienen buenas condiciones laborales. Esto no fue solucionado por el Estado. AF compartió con Sergio Palazzo y la Bancaria un festejo por el aumento al 43 por ciento de los sueldos del sector, pero los estatales firmaron por el 29 en cuotas y tendrán que lidiar duro con Guzmán y Moroni para una revisión de la paritaria y el fin de la precarización. Hoy es el día del Empleado Estatal y sus reivindicaciones son muchas. Deberían ser atendidas, por más que Funes de Rioja y la UIA-AEA chantajeen con que ponen en riesgo las cuentas del Estado, son inflacionarias y joden el trato con el FMI.
 
LAS INTERNAS Y LUCHAS
Aunque la población tiene como prioridades mejorar sus ingresos, cuidar su salud y proteger la soberanía (tanto en deuda externa como en recuperar las vías navegables del Paraná-Paraguay), las dirigencias políticas ya priorizan lo electoral.
 
En esa lid no son iguales el oficialismo y la oposición porque el Frente de Todos basa su campaña en los avances de la vacunación y la reactivación económica. Lo primero es cierto cien por ciento y lo segundo es dudoso, o al menos parcial. Para el ministro Matías Kulfas y su apologista David Cufré, que parece contagiarse de la superficialidad del Gato Sylvestre, la reactivación sería espectacular. Error. El año pasado el PBI cayó 9,9 por ciento y en este primer trimestre mejoró 2,5; aún suponiendo que en todo el 2021 mejorara 7 por ciento, estaríamos abajo de lo perdido; recordando que la recesión también había golpeado en los dos últimos años de Macri, 2018 y 2019.
 
La reactivación es de la construcción y otros renglones; allí aumentarán los empleos y posiblemente los ingresos, si es que los gremios dejan de lado sus componendas y reclaman. Esto último parece dudoso, porque el ministro Moroni manifestó que está muy agradecido a la CGT por “su grado de madurez y razonabilidad importante. No tengo de qué quejarme”. En 2020 se perdieron 223.000 empleos registrados y una parte de los mismos, no todos, se podrán recuperar este año. Pero aún así, ¿qué pasa con los millones de precarizados, informales, etc, que vieron disminuir o desaparecer sus pobres jornales?
Por eso el Estado debe reponer el IFE al menos para 9 o 10 millones de personas, duplicando los 10.000 pesos y pagarlos no solamente tres veces, como hizo en 2020.

En su columna “En modo electoral”, Horacio Verbitsky escribía el 20 de junio pasado: “Las movilizaciones exiguas se enganchan con opciones electorales, como el Polo Obrero con el FIT o Liebres del Sur con Florencio Randazzo”. Error suyo. No son exiguas ni se limitan a la relación con el FIT o Randazzo. Las movilizaciones son muchas, de trabajadores que reclaman por salarios atrasados respecto a la inflación; por mejores sueldos los choferes; por condiciones de trabajo los maestros y personal de salud; contra la informalidad laboral los de Eme-Edesur; por la reincorporación de 300 despedidos, en Bimbo; por el pago de indemnizaciones, los azucareros del ingenio San Isidro, en Salta; y un largo etcétera.

El torrente principal, por lo menos mientras la burocracia sindical pueda seguir pisando el freno con tanta fuerza, son los movimientos sociales, que reclaman alimentos, trabajo y vacunas. Y lejos de olvidarse de sus héroes, el 26 de junio juntaron a 10.000 personas en el Puente Pueyrredón para homenajear a Maxi Kosteky y Darío Santillán (Duhalde, Solá, Atanasoff, Aníbal Fernández y otros gozan de una impunidad injusta).

La campaña electoral de la derecha es mucho peor que la oficialista. Tratan de apaciguar los ánimos de la interna, para que “entre bueyes no haya cornadas”. Quieren apuntar todos sus cuernos y colmillos para atropellar a la población y causar la mayor cantidad de heridos y muertos. La nueva carta de los intelectuales macristas miente: “Si el kirchnerismo gana, vaciará hasta la última gota de democracia”. Eso dicen Beatriz Sarlo, Santiago Kovadloff, Daniel Sabsay, Juan José Sebreli, Federico Andahazi y otros abonados a TN. Ellos piden la unidad de Juntos por el Cambio, suscribiendo las posturas de Macri en esa interna.

Ojalá se rompan los cuernos. Si dos ladrones se pelean sale ganando la gente honrada, que no necesariamente es toda la del Frente de Todos. No lo es Sergio Massa, tan amigo como aquellos de Héctor Magnetto y la embajada norteamericana.

En esta coyuntura, y a pesar de la pandemia, para los movimientos populares, sigue vigente un dilema: movilizar o no movilizar. Esa es la cuestión. Si no ganan la calle será difícil decidir sobre los escritorios.

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