Jorge Zavaleta Alegre
"Después de cuatro décadas, se abre las grandes alamedas". La frase recuerda al presidente chileno Salvador Allende.
Por una nueva Constitución
Latinoamérica, en el último medio siglo ha transitado por una economía libre o libérrima, y ahora pasa por un conflicto entre los grupos económico tradicionales y las emergentes fuerzas populares, cuyos ingresos no transitan por la banca ni los sistemas de tributación. Esta crisis se complica por las pandemias y la vigencia de una informalidad ampliada y delictiva de la droga amazónica, concentrada en el sur oriente del Perú, Bolivia y Paraguay.
Chile (al igual que Perú, Venezuela y Ecuador) ha decidido tener una nueva Constitución Nacional que reemplace aquella que dejó la dictadura de Pinochet.
Pinochet y Allende
Para los latinoamericanos de pensamiento conservador, el presidente Allende fue un orgullo temporal porque su antepasado conquistador había recibido un título de nobleza por la cantidad de indígenas que había eliminado.
Pero ese pensamiento cambió tres años más tarde, cuando el presidente Allende era derrocado en un violento golpe de Estado, comandado por Pinochet y respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, que puso fin al gobierno de la Unidad Popular y a su propia vida.
Era el 11 de septiembre de 1973. Poco antes de morir, en su discurso postrero, Allende dijo: “Mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”.
Durante la era del dictador Pinochet se habían hecho reformas para implantar una economía de libre mercado. El país puso en manos de inversionistas privados las empresas estatales existentes al mismo tiempo que los servicios de salud, la seguridad social, la educación, la vivienda y las telecomunicaciones. Se prohibieron las acciones reivindicativas de los sindicatos y gremios.
Después de la vuelta a la democracia, en 1990, varios gobiernos de la llamada Concertación se sucedieron entre ese año y 2010. Las políticas neoliberales se profundizaron aún más. Se impulsó el consumo y el crédito. El país crecía económicamente e ingresaba a organismos de países desarrollados.
El otro lado de la medalla era que Chile seguía estando dentro de las naciones más desiguales del mundo. Balances de la primera década del siglo, revelan que las cuatro familias más ricas en Chile poseían una riqueza equivalente al 20 por ciento de lo que producía el país al año (PIB).
La protesta que siempre ha sido parte del escenario chileno se desató con una fuerza inusitada hace diez años. El movimiento por volver a hacer pública la educación se constituyó en uno de los más fuertes desde el retorno a la democracia. Los esfuerzos del pueblo chileno obtuvieron como resultado de las protestas el llamar a una nueva Constituyente para abolir la Constitución de Pinochet. Las marchas feministas es un elemento muy valioso que ayudó y ayuda al cambio de este país que termina en la Antártida y en la Latinoamérica del XXI.
El ciclo de sufrimiento al que el pueblo chileno ha sido sometido en los últimos cincuenta años con desaparecidos, exilio, represión y presos políticos parece haberse cumplido.
Las palabras proféticas de Salvador Allende acaban de hacerse realidad. Las pasadas elecciones en el país austral para elegir representantes a la Convención Constitucional, alcaldes y gobernadores han tenido resultados contundentes.
El resultado de la votación: “La suma de los independientes con las dos grandes listas de la oposición al gobierno de Piñera supera los dos tercios de los 155 escaños de la Convención, que contará con 17 cupos reservados para los pueblos indígenas y tendrá paridad entre hombres y mujeres, algo inédito en el mundo”, enfatiza la prensa de Santiago, la capital nacional.
El pueblo chileno ha retomado la vocación de participación sencilla y en humildad. Elisa Loncón, una lingüista chilena, que creció en una choza tradicional de madera y paja donde viven los indígenas mapuche en áreas rurales del centro-sur de Chile, ha obtenido el liderazgo en esta nueva etapa.
Elisa Loncon
Ella fue la única niña indígena en su clase. Pero renunciar a la oportunidad de la educación no era una opción. Ya su madre abandonó la escuela en tercer grado, cansada de caminar largas horas descalza para llegar a su salón de clases, mientras que su padre no aprendió a leer hasta los 17 años.
Elisa Loncón, hoy con 58 años, tiene una maestría y dos doctorados. Es una de los 155 miembros de la nueva asamblea constituyente encargados de redactar la nueva carta magna del país.
En octubre pasado, más del 78% de los votantes chilenos aprobaron el cambio constitucional, y el junio volvieron a votar para elegir a los miembros de una asamblea constituyente. La asamblea ya tuvo su primera sesión oficial, de un proceso que debe durar hasta un año y producir un texto que será ratificado a través de un nuevo plebiscito.
Este acontecimiento no solo pone fin al legado del régimen autoritario de Chile. Es una oportunidad única para que cualquier país establezca nuevas pautas para el siglo XXI. Se espera que la asamblea constitucional de Chile trate de limitar los privilegios de una élite con un control dominante en el poder político, que todavía actúa como una oligarquía.
En el centro del debate constitucional estará si eliminar o no una sección existente que regula el poder del Estado para desarrollar actividades empresariales, lo que la mayoría de los chilenos cree que conduciría a nuevas políticas de bienestar social.
La constitución de Chile que fue redactada bajo la influencia del modelo neoliberal, no obstante muchas enmiendas, la mayoría de los chilenos la considera demasiado dirigida al libre mercado y marca las desigualdades del país.
La lucha de Chile con su pasado autoritario no es única. Los países con democracias recientes, como Birmania, Corea del Sur y Turquía, se han regido por constituciones autoritarias durante años o incluso décadas.
En algunas naciones, como Argentina, que han oscilado una y otra vez entre la democracia y la dictadura, varias transiciones democráticas han sido guiadas por constituciones redactadas por gobiernos autoritarios.
Este hecho refleja una vez más cómo Sebastián Piñera, el multimillonario presidente empresario de Chile, está sumamente desconectado de la manera en que viven la mayoría de los chilenos. El gobierno de Piñera está consciente de esto y está tomando medidas para oponerse a un cambio político radical.
El proceso de reforma no necesariamente tiene que descarrilar el estatus de Chile como una fuerza económica en la región. Un sistema político más inclusivo que promueva los intereses de la mayoría de sus ciudadanos también puede beneficiar a los empleadores mediante estabilidad política y una fuerza laboral más feliz y saludable, coinciden múltiples países.
La mayoría de los electores, sobre todo los jóvenes, son conscientes que no es lo mismo una nueva constitución tutelada, regida y regulada por un parlamento donde se votan leyes represivas y se da impunidad a los violadores derechos humanos y a los corruptos pagados por el empresariado.
Se espera que una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, plenipotenciaria tenga realmente el poder fundacional de decidir, sin condicionamientos de los poderes fácticos vigentes (de la clase dominante, la clase capitalista).
En definitiva la mayoría de ciudadanos de Chile espera que la Asamblea Constituyente respete al movimiento masivo de la población, que ponga en pie un gobierno en el cual las trabajadoras y los trabajadores puedan vivir en una sociedad democrática, expresión de este nuevo electorado.