OPINI脫N de Jorge Majfud
Reportes desclasificados del Departamento de Estado y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) “reconocen la relaci贸n de larga data entre las fuerzas de seguridad del Estado [colombiano] y los paramilitares”. Estos informes ser谩n utilizados como evidencia para el juicio contra un exl铆der paramilitar colombiano iniciado la semana pasada en un tribunal federal de Estados Unidos en Miami.
El juez federal Edwin Torres determin贸 que Carlos Mario Jim茅nez, el exl铆der paramilitar conocido como “Macaco”, fueron responsables del asesinato del l铆der comunitario colombiano Eduardo Estrada en 2001. El caso fue llevado por el Centro por la Justicia y la Rendici贸n de Cuentas (CJA) y la Comisi贸n Colombiana de Juristas (CCJ) en representaci贸n de las v铆ctimas en Colombia. Con m谩s de once a帽os de preparaci贸n, los demandantes presentaron la denuncia inicial el 15 de junio de 2010.
El presidente colombiano 脕lvaro Uribe extradit贸 a Jim茅nez a Estados Unidos en 2008, donde fue condenado y cumpli贸 11 a帽os de una condena de 33 a帽os por tr谩fico de drogas. Su extradici贸n y la posterior decisi贸n de Estados Unidos de enfocarse 煤nicamente en cargos de narcotr谩fico, impidieron que miles de v铆ctimas del grupo paramilitar de Macaco, el Bloque Central Bol铆var (BCB), pudiesen iniciar un juicio por asesinatos, masacres y otros actos de violencia. En 2019 Jim茅nez fue liberado y repatriado a Colombia, donde fue arrestado de inmediato por cargos de homicidio y conspiraci贸n.
Al pronunciarse a favor de los demandantes, Torres cit贸 “una gran cantidad de pruebas” de que el BCB “operaba en una relaci贸n simbi贸tica con actores estatales colombianos” en el Magdalena Medio de Colombia. La evidencia ayud贸 a establecer que los paramilitares estaban operando bajo la apariencia de la ley cuando cometieron asesinatos y otras atrocidades, una condici贸n necesaria para presentar una demanda en virtud de la Ley de Protecci贸n a las V铆ctimas de la Tortura (TVPA) de EE. UU.
El testimonio pericial presentado por los demandantes cita documentos desclasificados obtenidos por el Archivo de Seguridad Nacional y otras pruebas para mostrar c贸mo el BCB y otros miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se beneficiaron de una relaci贸n de cooperaci贸n con las fuerzas de seguridad colombianas.
Un informe desclasificado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de marzo de 2001 citado por dos expertos clave es un ejemplo especialmente v铆vido de la colaboraci贸n del Estado colombiano con el BCB de Macaco pocos meses antes del asesinato de Estrada. La CIA dijo que el BCB y otro bloque de las AUC que “fueron forzados temporalmente a reubicarse” por el Ej茅rcito colombiano el mes anterior “fueron posteriormente liberados, junto con sus armas”. “El Ej茅rcito los trat贸 ‘bien'”, seg煤n el informe.
El profesor de la Universidad de Toronto Luis Van Isschot cit贸 una serie de pruebas desclasificadas de la colecci贸n del Archivo de Seguridad Nacional para ilustrar el patr贸n de cooperaci贸n de larga data entre los grupos paramilitares ilegales y los actores estatales colombianos, incluida nuestra publicaci贸n de 2007 sobre los v铆nculos del ej茅rcito colombiano con el grupo paramilitar conocido como Triple A finales de la d茅cada de 1970 y registros relacionados con la masacre de febrero de 2000 en El Salado.
Otros documentos citados en el testimonio se refieren al general Rito Alejo Del R铆o, excomandante del Ej茅rcito que en 2012 fue condenado por el asesinato en 1997 del l铆der comunitario Marino L贸pez. Un cable de la embajada de marzo de 1998 dec铆a que el ex comandante de la Brigada 17 hab铆a ordenado a sus tropas que trabajaran con grupos paramilitares en el Magdalena Medio “siempre que estuviera f铆sicamente ausente del 谩rea” y que hab铆a desviado “un avi贸n cargado de armas y municiones a los paramilitares en el Regi贸n del Magdalena Medio en 1985”. Otro cable encontr贸 que el “armamento y equipamiento sistem谩tico de los paramilitares” por parte de Del R铆o a mediados de la d茅cada de 1990 “fue fundamental para su 茅xito militar en ese momento”.
Los registros adicionales muestran que los funcionarios estadounidenses ten铆an serias dudas sobre si el ej茅rcito colombiano ten铆a alg煤n inter茅s en combatir a los grupos paramilitares que consideraban aliados de facto contra los insurgentes de izquierda. Uno de ellos relata una reuni贸n de 1999 en la que el Subcomandante del Ej茅rcito de Colombia dijo a los funcionarios estadounidenses que sus tropas “no ten铆an ning煤n inter茅s en perseguir a los paramilitares”, caracteriz谩ndolos como “delincuentes comunes apol铆ticos” que “no amenazaron el orden constitucional mediante actividades subversivas”. Semanas despu茅s, el agregado militar de la Embajada confirm贸 que las “Fuerzas Armadas de Colombia no han perseguido activamente a los miembros de los grupos paramilitares porque los ven como aliados en la lucha contra la guerrilla, su enemigo com煤n”. Un cable de enero de 1999 firmado por dos altos funcionarios del Departamento de Estado denunci贸 el hecho de que “el paramilitarismo ha seguido creciendo” en Colombia “y que el gobierno ha hecho poco para enfrentarlos”.
Un cable de la embajada de diciembre de 2001 citado por la experta en Colombia Gimena S谩nchez-Garzoli de la Oficina de Washington para Am茅rica Latina (WOLA) describe una atm贸sfera de colaboraci贸n t谩cita entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad en Barrancabermeja, durante mucho tiempo un semillero de violencia insurgente y paramilitar. La Embajada dijo que sus contactos con el gobierno colombiano fueron “cuidadosos de no aparecer como apologistas de los paramilitares”, pero sin embargo estaban “convencidos de que Barrancabermeja est谩 mejor hoy que hace un a帽o, cuando todav铆a estaba dominada por la guerrilla”. La polic铆a y los militares colombianos afirmaron que “la mayor presencia de los paramilitares ha reducido el caos y la violencia en Barrancabermeja, pero que su 茅xito se debe en gran parte al hecho de que, a diferencia del ELN y las FARC, los paramilitares no atacan a las fuerzas de seguridad del Gobierno de Colombia que patrullan la ciudad. “
Otro cable citado entre los registros judiciales describe c贸mo Macaco continu贸 administrando su imperio paramilitar desde la prisi贸n en 2007 y trabaj贸 con Vicente Casta帽o y otros ex miembros de las AUC con la esperanza de revivir una “red nacional en la l铆nea de las antiguas AUC”. El jefe de inteligencia de la Polic铆a Nacional, el general Oscar Naranjo, dijo a los funcionarios de la embajada que Macaco y otros miembros del BCB “siguen siendo beligerantes y comprometidos con la ret贸rica antisubversiva” y que Casta帽o “disfruta de una” colaboraci贸n significativa “de elementos de la polic铆a y el ej茅rcito”.
El juicio civil contra Macaco es un primer paso importante en la demorada b煤squeda de justicia por las atrocidades cometidas por el BCB. Claret Vargas, abogado senior de CJA, calific贸 la decisi贸n como “una victoria para la verdad”.
“Despu茅s de m谩s de una d茅cada de litigio y m谩s de mil p谩ginas de pruebas… un tribunal ha reconocido los hechos que rodearon el asesinato de Eduardo y responsabiliz贸 al director del BCB”, dijo Vargas en un comunicado publicado en el sitio web de CJA.
“El gobierno de Estados Unidos tuvo la oportunidad de procesar a Macaco por sus cr铆menes de derechos humanos cuando solicitaron su extradici贸n de Colombia”, dijo Daniel McLaughlin de CJA. “Sin embargo, su decisi贸n de centrarse 煤nicamente en los cargos de narcotr谩fico significa que el fallo de hoy puede ser la 煤nica responsabilidad que Macaco ve por sus cr铆menes de derechos humanos”.
El director de la CCJ, Gustavo Gall贸n, dijo que esperaba que el fallo “contribuya a nuestros esfuerzos de rendici贸n de cuentas por los asesinatos del BCB y tambi茅n env铆e un mensaje contundente a las v铆ctimas colombianas de abusos de derechos humanos para que no pierdan la esperanza”.
https://nsarchive.gwu.edu/