OPINIÓN de Alberto Adrianzén M.*
El que el fujimorismo y la derecha estén convocando el martes el 26 de octubre una “gran marcha por la nulidad de las elecciones” con la consigna “Ganó Keiko”, es, acaso, la mejor prueba de que estos grupos reaccionarios luego de la segunda vuelta caminan en un solo sentido: la vacancia presidencial y si es necesario el golpe de Estado. Gracias a la web El Foco en estos días hemos sabido de la existencia de un grupo de empresarios cuyo objetivo principal es vacar al Presidente, y cuyos miembros estarían ligados a un grupo de empresarios de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) “dispuestos a pagar a medios de comunicación para publicar noticias en contra del mandatario y subvencionar cierres de carreteras para propiciar el caos en el país…para “sacar al comunismo” del Perú”. Según esta fuente uno de estos grupos se denomina la “Cofradía del Pisco”, cuyo núcleo son empresarios miembros de la SNI y que sería “liderados por el ex ministro de Comercio Exterior José Luis Silva Martinot”.
En este contexto de marchas y grupos conspiradores golpistas no nos debe extrañar que el día de ayer, 19 de octubre, la mayoría del Congreso (79 votos contra 43) no solo haya aprobado, por insistencia y de manera inconstitucional, una ley (en realidad, una interpretación auténtica de la Constitución al estilo fujimorista) que supuestamente regula el llamado voto de confianza sino que también haya rechazado ese mismo día una propuesta del Ejecutivo para regular tanto el voto de confianza como el tema de la vacancia presidencial y así llegar a un consenso. No hay mejor señal de que la guerra entre el Congreso y el Ejecutivo continuará que el comportamiento de la presidenta del Congreso María del Carmen Alva que dejó conducir el debate para ir a su escaño y votar públicamente por esta ilegal ley.
Con esta aprobación por insistencia la derecha en el Congreso ha roto el equilibrio de poderes al limitar la capacidad de respuesta del Ejecutivo para enfrentar los ataques, chantajes y obstrucciones de la oposición en el legislativo. Este desequilibrio es mayor cuando el Congreso no solo mantiene su capacidad de vacar al Presidente por la causal de "incapacidad moral" sino también porque la "interpretación" de esta causal la hace el propio congreso. Dicho de otra manera: mientras a uno se le restringe el poder al otro se le mantiene el mismo poder. Lo democrático, como se planteó en el debate en el Congreso, era discutir, junto con las limitaciones al voto de confianza, las precisiones a la vacancia presidencial para encontrar un nuevo equilibrio entre los poderes y mantener así lo que señaló el propio Tribunal Constitucional: “En este orden de ideas, la cuestión de confianza, como institución cuyo ejercicio queda en manos del Ejecutivo, fue introducida en el constitucionalismo peruano como un contrapeso al mecanismo de la censura ministerial asignado al Poder Legislativo, por lo que debe ser entendida a partir del principio de balance entre poderes” (Expediente 0006-2018PI/TC, fj. 61) . Cuando no existe equilibrio de poderes, como ahora, el Ejecutivo se convierte en un bull y en un poder disminuido capaz de ser sometido por la derecha y la mayoría del Congreso a sus intereses, mientras que los ministros pasan a ser unos simples palitroques de un juego de bolos (o bowling) de la derecha o sus representantes. Van, pues, a la conquista del gobierno o a la vacancia presidencial.
Por ello el camino debió ser una reforma constitucional y la búsqueda de un acuerdo que mantenga el equilibrio de poderes que es uno de los pilares de la democracia y no esta ilegal reforma de la Constitución. En ese sentido, lo aprobado en el Congreso es un paso más en el camino que viene transitando la oposición y la derecha para "domesticar" al Ejecutivo y si ese camino no funciona para vacar (o destituir) al Presidente por "incapacidad moral". A ello se suma que con esta "ley" la oposición ha impuesto, en la práctica, un veto al Presidente para convocar a una Asamblea Constituyente y/o proponer reformas parciales a la Constitución ya que no podrá hacer cuestión de confianza para intentarlo. Y si a todo ello le sumamos la creación de una Comisión para investigar unas supuestas anomalías en la segunda vuelta presidencial, así como la campaña de la casi totalidad de los medios de comunicación contra el gobierno, debe quedarnos claro que el camino de la derecha es la vacancia o el golpe si fuera necesario. Y frente a ello, el gobierno, no solo es frágil y está dividido por los absurdos conflictos entre el Ejecutivo, el partido Perú Libre y su bancada, sino que se asemeja a la imagen al de un boxeador que sube al ring con un brazo atado a la espalda y que tiene frente a un rival que “interpreta” las normas del juego a su antojo; es decir, el opositor es el arbitro al mismo tiempo. Cuando esto sucede la democracia se convierte en un fraude permanente y en un régimen político autoritario que es lo que busca la derecha; es decir, volver al régimen fujimorista.
Adam Przeworski afirma que: “elegimos a nuestros gobiernos por medio del voto. Los partidos proponen políticas y presentan candidatos, nosotros votamos; según las reglas preestablecidas, se declara un ganador, este ocupa su cargo y el perdedor se va a su casa. A veces hay fallas en el sistema, pero por lo general el proceso funciona sin sobresaltos” . Hoy sabemos que eso no sucede en nuestro país. Ahora los que pierden, es decir, la derecha, una élite racista, los militares, los grandes empresarios y medios de comunicación, el fujimorismo y una mayoría del Congreso, quieren ganar negando que en nuestro país, hubo un proceso electoral legal, limpio y legítimo; y si para ganar en esta suerte de “guerra” contra el gobierno, es necesario acabar con nuestra frágil democracia, ahí están listos para decirnos que la amenaza autoritaria en el Perú país no viene de la izquierda y sino que viene como siempre lo fue de la derecha.
* Otra Mirada
