El capitalismo dependiente es un modo de producción y sistema político
OPINIÓN de Sergio Ortiz
LA VIDA ANTES QUE LOS LIBROS Y DISCURSOS
Lo bueno de esta dura crisis en planos concatenados es que abre los ojos de la gente. La realidad enseña mucho más que los libros aunque éstos, dependiendo de quién los escriba y quiénes los lean, también aportan lo suyo a la comprensión de los problemas y posibles soluciones.
La puja electoral no determinará la historia, pero puso sobre la mesa la cuestión de los monopolios; sobre todo los de la alimentación pero también de otros órdenes de gran impacto en el costo de la vida.
El gobierno de Alberto Fernández venía cultivando buena onda con esos popes de la economía. Recibió con un almuerzo a una docena de CEOs de estas empresas y a lo largo de tres horas procuró dorarles la píldora como escala previa a visitar a un contingente más numeroso que se daba cita en el 57 Coloquio de IDEA.
Sin embargo, pese a la buena onda de uno y otro lado, negocios son negocios. Y esos empresarios se pararon de manos cuando, por necesidades electorales, el gobierno les planteó un congelamiento de precios. Hasta ahí llegó el amor, dijeron. Y por boca del titular de la COPAL, del sector alimentación, y la Unión Industrial (Daniel Funes de Rioja ocupa ambos sillones), se negaron al congelamiento.
El secretario de Comercio, Roberto Feletti, no tuvo más remedio que disponer unilateralmente el congelamiento de 1.500 productos hasta enero de 2022. El plazo no casualmente coincide con la campaña electoral, sobre todo el bimestre octubre-noviembre, y el mes posterior a los comicios.
Al gobierno no le quedó otra. La inflación del 3,5 por ciento de septiembre, del 37 acumulada en el año y del 52,7 interanual, demandaba una jugada desesperada como esa. Más allá del aspecto electoralista, ese congelamiento está bien. Llega tarde pero es bienvenido y necesario porque los formadores de precios, esos monopolios, estaban remarcando a lo loco.
Por supuesto los aludidos niegan todos los cargos y proclaman su inocencia. Ellos serian apenas un tramo de la producción y el intercambio. La culpa sería de otros, sobre todo del Estado por su supuesta ineficiencia, altos impuestos, déficit fiscal, carencia de divisas, etc.
OPINIÓN de Sergio Ortiz
LA VIDA ANTES QUE LOS LIBROS Y DISCURSOS
Lo bueno de esta dura crisis en planos concatenados es que abre los ojos de la gente. La realidad enseña mucho más que los libros aunque éstos, dependiendo de quién los escriba y quiénes los lean, también aportan lo suyo a la comprensión de los problemas y posibles soluciones.
La puja electoral no determinará la historia, pero puso sobre la mesa la cuestión de los monopolios; sobre todo los de la alimentación pero también de otros órdenes de gran impacto en el costo de la vida.
El gobierno de Alberto Fernández venía cultivando buena onda con esos popes de la economía. Recibió con un almuerzo a una docena de CEOs de estas empresas y a lo largo de tres horas procuró dorarles la píldora como escala previa a visitar a un contingente más numeroso que se daba cita en el 57 Coloquio de IDEA.
Sin embargo, pese a la buena onda de uno y otro lado, negocios son negocios. Y esos empresarios se pararon de manos cuando, por necesidades electorales, el gobierno les planteó un congelamiento de precios. Hasta ahí llegó el amor, dijeron. Y por boca del titular de la COPAL, del sector alimentación, y la Unión Industrial (Daniel Funes de Rioja ocupa ambos sillones), se negaron al congelamiento.
El secretario de Comercio, Roberto Feletti, no tuvo más remedio que disponer unilateralmente el congelamiento de 1.500 productos hasta enero de 2022. El plazo no casualmente coincide con la campaña electoral, sobre todo el bimestre octubre-noviembre, y el mes posterior a los comicios.
Al gobierno no le quedó otra. La inflación del 3,5 por ciento de septiembre, del 37 acumulada en el año y del 52,7 interanual, demandaba una jugada desesperada como esa. Más allá del aspecto electoralista, ese congelamiento está bien. Llega tarde pero es bienvenido y necesario porque los formadores de precios, esos monopolios, estaban remarcando a lo loco.
Por supuesto los aludidos niegan todos los cargos y proclaman su inocencia. Ellos serian apenas un tramo de la producción y el intercambio. La culpa sería de otros, sobre todo del Estado por su supuesta ineficiencia, altos impuestos, déficit fiscal, carencia de divisas, etc.
Esta pelea no buscada por ambos socios-adversarios sacó a luz los manejos y ganancias de pulpos como Molinos, Ledesma, Arcor, Coto, Aceitera General Deheza, Danone, Unilever, Coca-Cola y otros.
Con algunas disidencias de la burguesía nacional (grupo Marolio), el empresariado reaccionó casi en bloque contra la medida. Y se declaró en guerra, aunque con palabras diplomáticas. El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, dijo que “va a haber faltantes en las góndolas”. Léase desabastecimiento, que no caerá del cielo sino por decisiones de esos directorios. Y tendrá el acompañamiento de la derecha política, pues Horacio Rodríguez Larreta, de Juntos, también declaró que “esto termina en desabastecimiento”. El resto de la jauría política y mediática ladró en la misma y amenazante sintonía.
Desde el punto de vista legal el gobierno cuenta con herramientas como la ley de abastecimiento 20680. Pero lamentablemente esta no es una cuestión jurídica sino ante todo política y económica, dos áreas que son gemelas aunque Cristina quiso disociarlas en su apología del capitalismo en la exESMA.
LA BATALLA ES POLÍTICA
Con Axel Kicillof como ministro de Economía (2014) el gobierno consintió en que aquella ley de abastecimiento se viera privada de la posibilidad de enviar a la cárcel a los empresarios que desabastecieran. Quedaron en pie las multas y eventuales cierres: las primeras son chirolas y los segundos una leve amenaza.
Para saber cómo puede terminar la batalla por los precios hay que evaluar no tanto los músculos de los monopolios, que son poderosos, sino los del gobierno nacional. Son algo escuálidos y más bien debiluchos tras la derrota en las primarias.
Ese gobierno está pendiente de un arreglo de la deuda fraudulenta con el FMI contraída por Macri en 2018. Sabe que ese árbitro internacional le sacará tarjeta roja de expulsión contra toda infracción suya en contra de los monopolios. Y sería contraproducente al arreglo al que espera llegar cuanto antes.
El modelo capitalista del que alardeó la vicepresidenta CFK en su alocución del 16 de octubre ante jóvenes de La Cámpora, necesita como pilar básico a los capitalistas privados.
Ese modelo, según el documento de la CGT leído en el Día de la Lealtad peronista, tiene tres patas: “Desarrollo, Producción y Trabajo”. De ese trípode, los capitalistas serían actores dobles, en Desarrollo y Producción, e incluso se atribuyen parte del tercero, pues también se consideran trabajadores, siendo en su mayoría zánganos.
El Frente de Todos es una coalición de tres corrientes, la de Alberto, la de Cristina y la de Sergio Massa. Si decidieran movilizar a los trabajadores y muchos otros sectores populares y medios, en contra del dominio de los monopolios por lo que tienen de ruines en la vida de las mayorías, podrían equilibrar la balanza en cuanto a fuerzas en pugna. Aquella triple y debilitada alianza no quiere movilizar. El apotegma peronista sigue siendo “de casa al trabajo y del trabajo a casa”, a pesar que el trabajo escasea y la vivienda también.
Para desgracia, el gobierno es un espectador de lujo del rubro alimentación, su conexión con las exportaciones y lo que tiene que ver con las divisas. Ahora se puede dimensionar mejor lo que fue la gran derrota de 2020 cuando entre los dos Fernández, Massa y el gobernador Omar Perotti decidieron recular de la decisión anterior de expropiar Vicentín.
No sólo estaban en juego el cobro de créditos millonarios del Banco Nación que Macri había dilapidado y cortar manejos fraudulentos de subfacturación de exportaciones por el Paraná. Si el Estado expropiaba esa firma iba a tener presencia directa en el mercado de granos, aceites, carnes y alimentos. Así hubiera podido no sólo hacerse de unos cuantos millones de dólares al año y disminuir parte del contrabando y evasión por los puertos. Y lo más importante, visto el debate de estos días: contar con una empresa para intervenir en ese mercado y controlar los precios en serio, no con inspectores que la ven desde afuera.
Y la solución de fondo es esa. En lo inmediato, control estatal y popular de precios, pero inmediatamente altas multas y cierres para quienes incumplan el congelamiento. Y nacionalizar algunas firmas, comenzando por Vicentín que sigue en un embrollo judicial, para tener una herramienta estatal en esa pelea.
ULTIMO, PERO DE IMPORTANCIA, LAS ELECCIONES
El comicio del 14 de noviembre es de resultado incierto. En parte porque en el electorado hay vaivenes e indecisiones; ni las consultoras se atreven a vaticinar. Está sí el mojón del 12 de septiembre, para tenerlo de referencia.
En el gobierno, sin alharaca porque podrían hacer el ridículo, creen que pueden dar vuelta la derrota aunque no argumentan los factores de esa recomposición.
En la oposición piensan que pueden estirar su ventaja o mantenerla, y tratan de no hablar de más y seguir escondiendo a pianta votos como Macri. Volvió a ser un problema para la campaña por su negativa a concurrir al juzgado de Martín Bava, citado por espionaje a familiares del ARA San Juan.
El cronista tiene dudas, pero cree que el oficialismo puede mejorar un poco su performance. Se basa para pensar eso en tres factores: aunque mínima, una parte de plata ha llegado a la gente, más que nada por ahora son anuncios; los funcionarios, dirigentes y militantes han militado más en el territorio, luego del espanto sufrido y lo que puede significar otro traspié de cara a 2023. Y el tercer elemento es que la oposición no hizo mucho más y tuvo a Macri otra vez en el candelero.
Algunas encuestas dicen que Juntos por el Cambio en la estratégica Buenos Aires seguiría adelante con el 37,8 por ciento sobre los 34 del FDT, el fascismo neoliberal de Espert con 7,7, el FITU 4,8 y Randazzo 3,5. Lo divulgó alguien cercano al gobierno nacional, como Raúl Timerman, haciéndose eco del trabajo de Shila Vilker.
Esas mediciones pueden ser parcialmente erróneas pero tienen una base: la bronca de gran parte del electorado por la inflación y aumentos de precios. El INDEC indicó que la Canasta Básica Total es de 70.532 pesos para una familia tipo y la CBA (alimentos) de 30.013 pesos para no ser indigentes. Está en la pobreza el 40,6 por ciento de la población y en la indigencia el 10,7, totalizando casi 19 millones de argentinos.
Esa masa crítica está con ganas de castigar a quienes gobiernan, y una buena parte también tiene intención de hacerlo con quienes gobernaron antes. Habrá que ver a quiénes castigan más. Puede haber algunos votos más a quienes se diferencian por derecha (Espert-Milei) y por izquierda (Del Caño-Bregman), aunque sin romper aquella polarización.
Espert en el debate en TN dos veces increpó a Tolosa Paz sobre cómo y cuándo iban a arreglar con el FMI. No tuvo respuesta, pero él sabe que la decisión de arreglar está tomada no sólo en el FDT sino también en Juntos. Es lo que la ultraderecha plantea y quiere. Los únicos que plantearon no pagar y no arreglar con Georgieva fueron los candidatos del FITU; los demás estuvieron unidos, sin grieta.
Otro gran tema donde aquella división no existe es en marginar y reprimir a los mapuches en Río Negro. Mandar gendarmes y fuerzas federales al Bolsón, tal como pidió la gobernadora Carreras, unió a Macri, Pichetto y Berni, argumentando casos de terrorismo. El presidente Fernández, con disidencia respecto a la índole del supuesto delito, acordó en enviar esas fuerzas de represión.
Los dueños de La Anónima, Aluar, Tecpetrol y otros monopolios energéticos y terratenientes están felices con esa expedición punitiva, más allá de las molestias por la lista de precios de Feletti.
