Jorge Zavaleta Alegre
Cuando en América crecieron las raíces del libre mercado, la Universidad privada se instaló con todas sus virtudes y herramientas para convertir la educación en un gran negocio privado con el consiguiente descuido y marginalidad de la educación pública.
No son nuevas las irregularidades en una larga lista de instituciones educativas de gran prestigio. Acaba de conocerse la investigación federal, conocida como Operation Varsity Blues, que ha atrapado a más de 50 padres, entrenadores, administradores de exámenes y otros en un esquema que involucra niños admitidos fraudulentamente como reclutas atléticos en algunas de las universidades más prestigiosas del país, según la agencia Reuters, NY Times y D16;
Los acusados son identificados como personas con poder económico y exitosa presencia pública, pero dispuestas a infringir la ley. Y el jurado ha determinado que infringieron la ley para garantizar un lugar de admisión para sus hijos en la escuela de su elección. “Pero el veredicto prueba que incluso estos acusados no están por encima de la ley”. Remarca un miembro de la justicia.
La primera investigación involucró a programas deportivos universitarios en la Universidad del Sur de California, Yale, Stanford, Wake Forest y Georgetown. Muchos otros padres ricos, incluidas algunas celebridades, se han declarado culpables en lugar de arriesgarse en los tribunales.
Uno de los acusados por la justicia norteamericana acepta haber pagado $ 1.5 millones en 2018 para que sus hijas gemelas, que eran buenas estudiantes, fueran admitidas en Harvard y Stanford como atletas reclutadas. Y ahora los acusados se enfrentan hasta 20 años de prisión por los cargos más graves, pero los expertos opinan que bajo las pautas de sentencia obtendrían mucho menos.
Este delito no es exclusivo en Norteamérica. Reconocidos economistas explican que es indispensable estudiar la concentración económica y el poder político en América Latina y plantear en el contexto histórico que viven los grupos económicos en la región. En cada país de América Latina, las corporaciones ejercen su poder y la población empezando por los universitarios no han podido cuestionar el sistema.
En la actualidad se constata que “todos los Estados han perdido poder frente a las organizaciones económicas supranacionales”, tesis que obliga a reconocer que los gobiernos nacionales no son los únicos actores que dirigen las políticas públicas, sino que la influencia de estos poderes fácticos es cada día más evidente. Cotidiana. Agresiva y en muchos casos delictiva.
Vivimos tiempos económicos en los cuales el sector privado se articula con los Estados para concentrar, incrementar y diversificar sus ramas de producción. En el siglo XXI las corporaciones transnacionales no le deben lealtad, ni se sienten a gusto en ningún país debido a que se desligan de la territorialidad de un Estado.
“El Estado nación ha sido superado como unidad económica”; por lo tanto, la fortaleza de las corporaciones no está en el arraigo territorial, sino en su masiva presencia global. La legitimidad y el poder corporativo global surgen con el apoyo estatal, maduran al consolidar su hegemonía dentro del Estado y finalmente pasan de ser agencias familiares a corporaciones verticales y burocráticas.
Todo este proceso consolida un modelo de acumulación y expansión en beneficio de unos pocos capitales que mantienen lazos familiares entre sí y lazos con el poder político del país agencia.
Esta historia es larga en América Latina. Se remonta a la época colonial, precediendo a las repúblicas. Los gobernantes asumen las exportaciones primarias como el camino fácil para financiarse, aun cuando una porción considerable de las divisas que generan estos rubros quedan fuera de los países.
Hablar de las raíces históricas de la injusta distribución de la riqueza nos remite al dominio que han ejercido las élites de los países desarrollados. Este modelo se apuntala en el capital financiero global, sin diversificar –peor aún, sin transformar– las estructuras productivas, todavía afincadas en una modalidad de acumulación primario-exportadora.
Una de las campañas más fuertes en esta línea de derechización de las juventudes ha sido la llamada “Escuela sin partido”; conviene recordar que luego de esta campaña hubo prácticas nefastas y graves como el espionaje de la práctica docente para luego denunciarla. Bajo el lema “Planifique su denuncia”, pide a los alumnos y a sus padres que anoten cuidadosamente o filmen los momentos en los cuales el docente estaría “adoctrinando” a los estudiantes.
También promueven actitudes que llevan a los jóvenes a convertirse en policías de los docentes. Estos procesos, “forman parte de una inevitable derechización con amplio apoyo social, mediante la cual el libre mercado ha logrado capturar a los Estados de forma sistemática”.
Esta necesaria comprensión de los virajes de la izquierda a la derecha a escala mundial es también asumida para Latinoamérica. Sin embargo, para el caso brasileño, la derechización actual responde a “procesos políticos, donde la conflictividad social alcanzó un límite dado por diversos tipos de acción colectiva” que iban creciendo cada vez que la izquierda se sumergía en la administración del Estado y se alejaba de las calles, calles que fueron retomadas por la derecha emergente de ese entonces.
Ya se ha producido la desarticulación del movimiento universitario en particular y del social en general, creando un arma de doble con efectos múltiples. En suma, el trabajo deja en evidencia que a esta nueva derecha no se le puede combatir con argumentos ideológicos, sino en la disputa viva de la vida cotidiana.
Un reciente estudio de 10 investigadores latinoamericanos evidenció que, durante la pandemia, las universidades privadas de la región enfocaron sus acciones no solo en sus grupos de interés tradicionales, sino que las reorientaron a otros actores estratégicos de la sociedad civil.
En esta investigación que comentamos junto a otras publicadas como la CEPA, ubicamos. a destacados profesores de la Universidad de Nacional de Ingeniería (Perú), Universidad de Monterrey (México), Universidad Austral (Argentina), Universidad Privada Boliviana (Bolivia) Universidad del Desarrollo (Chile) y la Universidad do Vale do Itajaí (Brasil).
Congregados alrededor del estudio de las instituciones de educación superior (IES), investigadores de América Latina determinaron que algunas universidades de carácter privado de la región están reorientando sus esfuerzos para contribuir con grupos de interés locales, y reestructurando y reasignando recursos para apoyar a sectores industriales e iniciativas junto a la sociedad civil, municipios, gobiernos provinciales y nacionales.
Es urgente el cambio de las universidades en el proceso de adaptación ante los desafíos de la pandemia por covid-19. Mientras que tradicionalmente protestaban solo los estudiantes y empleados administrativos y académicos, ahora aparecen con mucha fuerza las comunidades locales, incluyendo egresados de esas casas de estudios que deambulan por las calles sin horizonte de trabajo. Y sobre todo muy endeudados con sus universidades (exitosos negocios que no pagan impuestos)
La responsabilidad social implica desafíos fundamentales para las organizaciones, e incorporar a ciudadanos activos y orientados al bien común. La Universidad Privada no ha tenido en cuenta que el modelo de desarrollo mirado solo a la exportación, camina al mayor subdesarrollo y frustración de los jóvenes. Ellos hoy atraviesan momentos de mucha confusión y con necesidad de saber las causas de la crisis tan profunda y las escasas oportunidades de una economía que no refuerza su país de origen y solo proyecta huir de su PAIS de origen.
La comunidad internacional despierta para defender a la universidad privada y soslayar lo ocurrido con universidades de gran prestigio y una mafia que incorporaba a hijos de millonarios, disfrazados de grandes dotes en el deporte.
