OPINI脫N de Ariela Ruiz Caro
Las elecciones presidenciales y legislativas del 14 de noviembre en Nicaragua han generado rechazo internacional por considerarse que fueron fraudulentas y carecieron de legitimidad y transparencia, en un escenario en el que l铆deres de oposici贸n, incluidos siete precandidatos presidenciales, contin煤an detenidos.
Los llamados para desconocer las elecciones, invocar la Carta Democr谩tica Interamericana (CDI) de la OEA para expulsar a Nicaragua de este organismo e incrementar las sanciones econ贸micas no se hicieron esperar. Las declaraciones de l铆deres como el presidente Joe Biden al calificar las elecciones de “farsa” y se帽alar que “la familia Ortega y Murillo gobiernan Nicaragua como aut贸cratas, no diferentes de la familia Somoza contra la que Ortega y los sandinistas lucharon hace cuatro d茅cadas” as铆 como las de representantes de la Uni贸n Europea, no se hicieron esperar. Tampoco, los pronunciamientos conjuntos de excancilleres y expresidentes latinoamericanos quienes, entre otros, apuntaron a la destituci贸n de ese pa铆s de la OEA.
La respuesta del gobierno nicarag眉ense lleg贸 el 19 de noviembre a trav茅s de su canciller, Denis Moncada, quien anunci贸 su retiro de esa organizaci贸n toda vez que “tiene como misi贸n facilitar la hegemon铆a de los Estados Unidos; con su intervencionismo, sobre los pa铆ses de Am茅rica Latina y el Caribe.” No obstante, la acci贸n que m谩s podr铆a afectar a la poblaci贸n nicarag眉ense es la ley Renacer, promulgada por Biden el 10 de noviembre.
El protagonismo de la OEA
El mismo d铆a de las elecciones, cuatro expresidentes (Fernando Enrique Cardoso de Brasil, Laura Chinchilla de Costa Rica, Ricardo Lagos de Chile, y Juan Manuel Santos de Colombia) y el actual secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casas Zamora, denunciaron que las condiciones de la ileg铆tima jornada electoral estuvieron marcadas por la violaci贸n de los derechos ciudadanos para elegir de manera libre y democr谩tica a sus autoridades y que ese era el camino mediante el cual una democracia se convierte en autocracia.
En ese marco hicieron un llamado a “las instituciones democr谩ticas de Estados Unidos, Canad谩, Europa y los pa铆ses latinoamericanos, m谩s los organismos internacionales que corresponda, para desconocer sus resultados” y profundizar el aislamiento internacional del r茅gimen, incluida su suspensi贸n de la OEA. Asimismo, exigieron la inmediata liberaci贸n de todos los presos pol铆ticos, y la suspensi贸n de todos los programas o negociaciones en el seno de las instituciones financieras internacionales y regionales en tanto las condiciones m铆nimas de vigencia de la institucionalidad democr谩tica no retornen a Nicaragua.
Dos d铆as despu茅s, 40 ex cancilleres de 14 de los 34 miembros de la OEA, entre los que se encuentran cuatro peruanos (Eduardo Ferrero Costa, Diego Garc铆a Say谩n, Eda Rivas y Allan Wagner) suscribieron una carta en la que instaron a los gobiernos a censurar al gobierno de Nicaragua en la 51 Asamblea General por la violaci贸n de la CDI, tal como efectivamente ocurri贸 el viernes 12.
Los excancilleres se帽alaron que el gobierno nicarag眉ense no s贸lo contamin贸 el proceso electoral, sino que ignor贸 los elementos esenciales de la democracia como la independencia de poderes, la libertad de expresi贸n, la alternancia en el poder y el pluralismo pol铆tico. “Todos estos principios, establecidos en la Constituci贸n de Nicaragua, la CDI y la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos, han sido conculcados”, hechos que marcan “el afianzamiento de un r茅gimen totalitario en Nicaragua”. Hicieron tambi茅n un llamado a la OEA para que se convocara a una Asamblea General Extraordinaria para tomar acciones enmarcadas en los compromisos de la CDI que podr铆a llevar a la suspensi贸n de Nicaragua de la OEA si el gobierno no acepta realizar nuevas elecciones libres, transparentes y justas.
Para poder tratar el tema de Nicaragua en la 51 Asamblea General de la OEA, que tuvo lugar del 10 al 12 de noviembre, ocho pa铆ses (Estados Unidos, Canad谩, Chile, Costa Rica, Ecuador, Rep煤blica Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda) hab铆an presentado el 20 de octubre un proyecto de resoluci贸n sobre la Situaci贸n de Nicaragua en el Consejo Permanente de esa organizaci贸n. La resoluci贸n fue aprobada el 10 de noviembre por 25 votos a favor (entre ellos el de Per煤), uno en contra (Nicaragua), 7 abstenciones (Bolivia, M茅xico, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Santa Luc铆a, Belice y Dominica) y un pa铆s ausente (Saint Kitts y Nevis). Si bien la resoluci贸n no pide abiertamente la activaci贸n del art铆culo 21 de la CDI, en virtud del cual se puede suspender a un Estado miembro, esta no se descarta.
La Carta Democr谩tica Interamericana
Esta fue adoptada por los 34 miembros de la OEA en 2001, en Lima, en momentos en que Per煤 se desprend铆a del r茅gimen autoritario de Alberto Fujimori y dot贸 a la organizaci贸n de un instrumento jur铆dico que le permitir铆a actuar no s贸lo ante golpes de Estado. Al introducir el concepto de “alteraci贸n del orden constitucional” pod铆a abordar los abusos de poder de nuevo tipo despu茅s del fin de las dictaduras militares, frente a las cuales, dependiendo del signo pol铆tico, el organismo mir贸 a un costado.
Si bien los objetivos de la CDI son loables y suenan bien, sus 20 a帽os de existencia no dejan muchos resultados para festejar. Esta no s贸lo no fue invocada en todas las crisis pol铆ticas que ocurrieron en la regi贸n, sino que existe una suerte de doble rasero para evaluar el respeto a la institucionalidad y el Estado de Derecho. El ejemplo m谩s reciente ocurri贸 en Honduras en 2017 cuando, a pesar del fraude electoral perpetrado por el presidente Juan Orlando Hern谩ndez –denunciado por la propia Misi贸n Electoral de la OEA– el secretario general de la OEA y los gobiernos de Colombia, Estados Unidos, M茅xico (de Enrique Pe帽a Nieto), entre otros, reconocieron r谩pidamente a Hern谩ndez como leg铆timo vencedor, bloqueando una posible activaci贸n de la Carta.
Cuando en 2012 el Senado destituy贸 al presidente de Paraguay, Fernando Lugo, en lo que muchos califican como neogolpismo, a la OEA se le pas贸 el tiempo en investigaciones. Sin embargo, fue suspendido en el Mercosur (por violar la cl谩usula democr谩tica del Protocolo de Ushuaia) y de la Unasur (por incumplimiento de los art铆culos 1, 5 y 6 de su Protocolo Adicional)
El 煤nico caso de suspensi贸n de un Estado por medio del art铆culo 21 de la CDI fue Honduras en 2009, despu茅s del golpe de Estado en contra del presidente Mel Zelaya. Entonces, 33 pa铆ses votaron por la expulsi贸n del pa铆s centroamericano en una Asamblea General Extraordinaria. A pesar de que la “normalidad electoral” retorn贸 al pa铆s, no se restableci贸 el mandato de Zelaya, por lo que muchos observadores cuestionan la real efectividad de la Carta.
La CDI tampoco ha sido invocada, ni siquiera mencionada, cuando los v谩ndalos dirigidos por el expresidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2020. La OEA no se inmut贸 tampoco con los audios en los que funcionarios de las filas del Partido Republicano del Estado de Georgia se negaron al pedido de Trump de alterar los votos y revertir las elecciones que Biden gan贸 limpiamente. Varios meses antes de la contienda electoral, Trump dec铆a con total desparpajo, que s贸lo reconocer铆a el resultado si 茅l ganaba pues su derrota s贸lo se explicar铆a por un fraude. En el reino de la democracia y del respeto a la institucionalidad, y con una OEA silente, un inimputable Trump tiene chances de ser el pr贸ximo presidente de ese pa铆s.
“Renacer”
En general, si le interesa, el gobierno estadounidense prefiere optar por sanciones unilaterales para asfixiar la econom铆a de un pa铆s cuestionado, antes que entrar en las disquisiciones de la OEA. En el caso de Nicaragua, Biden ha sido presionado por sus opositores para promulgar, el 10 de noviembre, la ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer, por sus siglas en ingl茅s), la cual abre la puerta a sanciones m谩s duras contra ese gobierno. Los senadores Marco Rubio, Ted Cruz y los congresistas Juan Vargas y Mar铆a Elvira Salazar, entre otros, han tenido un papel decisivo en su promulgaci贸n.
El proyecto de ley Renacer fue aprobado a principios de agosto por el Senado, pero estuvo encarpetado en la C谩mara de Representantes, donde reci茅n esta semana se aprob贸 y se envi贸 al despacho de Biden para su promulgaci贸n. Esta ley permite solicitar a los bancos multilaterales que restrinjan el otorgamiento de pr茅stamos e inclusive revisar la pertenencia de Nicaragua al Tratado de Libre Comercio de Am茅rica Central (CAFTA). Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, pues importa el 60% de sus productos. Biden preferir铆a no ahogar econ贸micamente a Nicaragua para no provocar una nueva oleada migratoria que repita la situaci贸n de Hait铆 o del Tri谩ngulo Norte de Centroam茅rica (Guatemala Honduras y El Salvador). El 86% de los inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos proviene de estos tres pa铆ses mientras que solo 6,8% proviene de Nicaragua. La crisis migratoria en la frontera sur es uno de los problemas m谩s serios que enfrenta su administraci贸n.
Entretanto, los miembros de la OEA hab铆an instruido al Consejo Permanente a nombrar una comisi贸n para que realice gestiones diplom谩ticas al m谩s alto nivel para procurar una soluci贸n pac铆fica y efectiva a la crisis pol铆tica y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo m谩ximo de 75 d铆as. Luego de recibido el informe de esa comisi贸n, se adoptar铆an las medidas necesarias, incluida, la convocatoria a una sesi贸n extraordinaria de la Asamblea General para invocar el art铆culo 21 de la CDI para su expulsi贸n. La respuesta del gobierno de retirarse de la OEA le quita el piso a los funcionarios y consultores del organismo.
Es decir, la OEA no ser铆a la entidad que fiscalizar铆a las fallas de la institucionalidad democr谩tica en Nicaragua. Durante la Asamblea General, la representante de M茅xico, Luz Elena Ba帽os Rivas, ya hab铆a se帽alado que se “pretende poner soluciones desde fuera a problemas locales” con “decisiones que est谩n en contra del derecho internacional”. La mexicana agreg贸 que “la OEA deber铆a de ser una organizaci贸n inclusiva, promotora del di谩logo pol铆tico, de la cooperaci贸n, la integraci贸n y el desarrollo de los Estados miembros, pero no lo es (…) Por el contrario, es un espacio donde se profundizan las diferencias y el aislamiento, y donde se impulsan agendas parcializadas”.
Uno de los absurdos que la OEA cometi贸 en su 煤ltima Asamblea General es haber acogido en su seno a enviados de Juan Guaid贸 como representantes del gobierno de Venezuela, a pesar de su retiro de ese organismo en 2017, hecho que produjo el rechazo de M茅xico, Argentina, Bolivia, entre otros, mientras que el Per煤 mantuvo silencio.
Es una paradoja que muchos de los gobiernos dispuestos a juzgar desde ese organismo el irregular proceso electoral de Nicaragua y los atropellos que se producen en ese pa铆s contra la libertad de expresi贸n, carezcan de 茅tica para hacerlo. Como si fueran carmelitas descalzas, varios de los gobernantes que alzan el dedo acusador contra Nicaragua est谩n involucrados en actos de corrupci贸n, evasi贸n de sus fortunas en guaridas fiscales, militarizan regiones para contener los reclamos de la poblaci贸n originaria (los mapuches, por ejemplo) o imponen estados de excepci贸n para reprimir la protesta social. Otros est谩n acusados por cr铆menes contra la humanidad por negar y manejar mal la pandemia, por permitir la destrucci贸n de la Amazonia, por reprimir brutalmente manifestaciones sociales, por no tomar acciones frente al esc谩ndalo de los falsos positivos (inocentes asesinados por el ej茅rcito en calidad de trofeos) o a la matanza de dirigentes sindicales y medioambientales, entre otros. En estas condiciones, el r茅gimen de Nicaragua se encontrar谩 cada vez m谩s aislado de la comunidad internacional y su poblaci贸n expuesta a la asfixia que generar铆a la instrumentaci贸n de la ley Renacer promulgada por Biden. Una vez, m谩s, la OEA demuestra no ser el organismo id贸neo para hacer respetar el Estado de derecho y la institucionalidad democr谩tica en la regi贸n.
Las elecciones presidenciales y legislativas del 14 de noviembre en Nicaragua han generado rechazo internacional por considerarse que fueron fraudulentas y carecieron de legitimidad y transparencia, en un escenario en el que l铆deres de oposici贸n, incluidos siete precandidatos presidenciales, contin煤an detenidos.
Los llamados para desconocer las elecciones, invocar la Carta Democr谩tica Interamericana (CDI) de la OEA para expulsar a Nicaragua de este organismo e incrementar las sanciones econ贸micas no se hicieron esperar. Las declaraciones de l铆deres como el presidente Joe Biden al calificar las elecciones de “farsa” y se帽alar que “la familia Ortega y Murillo gobiernan Nicaragua como aut贸cratas, no diferentes de la familia Somoza contra la que Ortega y los sandinistas lucharon hace cuatro d茅cadas” as铆 como las de representantes de la Uni贸n Europea, no se hicieron esperar. Tampoco, los pronunciamientos conjuntos de excancilleres y expresidentes latinoamericanos quienes, entre otros, apuntaron a la destituci贸n de ese pa铆s de la OEA.
La respuesta del gobierno nicarag眉ense lleg贸 el 19 de noviembre a trav茅s de su canciller, Denis Moncada, quien anunci贸 su retiro de esa organizaci贸n toda vez que “tiene como misi贸n facilitar la hegemon铆a de los Estados Unidos; con su intervencionismo, sobre los pa铆ses de Am茅rica Latina y el Caribe.” No obstante, la acci贸n que m谩s podr铆a afectar a la poblaci贸n nicarag眉ense es la ley Renacer, promulgada por Biden el 10 de noviembre.
El protagonismo de la OEA
El mismo d铆a de las elecciones, cuatro expresidentes (Fernando Enrique Cardoso de Brasil, Laura Chinchilla de Costa Rica, Ricardo Lagos de Chile, y Juan Manuel Santos de Colombia) y el actual secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casas Zamora, denunciaron que las condiciones de la ileg铆tima jornada electoral estuvieron marcadas por la violaci贸n de los derechos ciudadanos para elegir de manera libre y democr谩tica a sus autoridades y que ese era el camino mediante el cual una democracia se convierte en autocracia.
En ese marco hicieron un llamado a “las instituciones democr谩ticas de Estados Unidos, Canad谩, Europa y los pa铆ses latinoamericanos, m谩s los organismos internacionales que corresponda, para desconocer sus resultados” y profundizar el aislamiento internacional del r茅gimen, incluida su suspensi贸n de la OEA. Asimismo, exigieron la inmediata liberaci贸n de todos los presos pol铆ticos, y la suspensi贸n de todos los programas o negociaciones en el seno de las instituciones financieras internacionales y regionales en tanto las condiciones m铆nimas de vigencia de la institucionalidad democr谩tica no retornen a Nicaragua.
Dos d铆as despu茅s, 40 ex cancilleres de 14 de los 34 miembros de la OEA, entre los que se encuentran cuatro peruanos (Eduardo Ferrero Costa, Diego Garc铆a Say谩n, Eda Rivas y Allan Wagner) suscribieron una carta en la que instaron a los gobiernos a censurar al gobierno de Nicaragua en la 51 Asamblea General por la violaci贸n de la CDI, tal como efectivamente ocurri贸 el viernes 12.
Los excancilleres se帽alaron que el gobierno nicarag眉ense no s贸lo contamin贸 el proceso electoral, sino que ignor贸 los elementos esenciales de la democracia como la independencia de poderes, la libertad de expresi贸n, la alternancia en el poder y el pluralismo pol铆tico. “Todos estos principios, establecidos en la Constituci贸n de Nicaragua, la CDI y la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos, han sido conculcados”, hechos que marcan “el afianzamiento de un r茅gimen totalitario en Nicaragua”. Hicieron tambi茅n un llamado a la OEA para que se convocara a una Asamblea General Extraordinaria para tomar acciones enmarcadas en los compromisos de la CDI que podr铆a llevar a la suspensi贸n de Nicaragua de la OEA si el gobierno no acepta realizar nuevas elecciones libres, transparentes y justas.
Para poder tratar el tema de Nicaragua en la 51 Asamblea General de la OEA, que tuvo lugar del 10 al 12 de noviembre, ocho pa铆ses (Estados Unidos, Canad谩, Chile, Costa Rica, Ecuador, Rep煤blica Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda) hab铆an presentado el 20 de octubre un proyecto de resoluci贸n sobre la Situaci贸n de Nicaragua en el Consejo Permanente de esa organizaci贸n. La resoluci贸n fue aprobada el 10 de noviembre por 25 votos a favor (entre ellos el de Per煤), uno en contra (Nicaragua), 7 abstenciones (Bolivia, M茅xico, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Santa Luc铆a, Belice y Dominica) y un pa铆s ausente (Saint Kitts y Nevis). Si bien la resoluci贸n no pide abiertamente la activaci贸n del art铆culo 21 de la CDI, en virtud del cual se puede suspender a un Estado miembro, esta no se descarta.
La Carta Democr谩tica Interamericana
Esta fue adoptada por los 34 miembros de la OEA en 2001, en Lima, en momentos en que Per煤 se desprend铆a del r茅gimen autoritario de Alberto Fujimori y dot贸 a la organizaci贸n de un instrumento jur铆dico que le permitir铆a actuar no s贸lo ante golpes de Estado. Al introducir el concepto de “alteraci贸n del orden constitucional” pod铆a abordar los abusos de poder de nuevo tipo despu茅s del fin de las dictaduras militares, frente a las cuales, dependiendo del signo pol铆tico, el organismo mir贸 a un costado.
Si bien los objetivos de la CDI son loables y suenan bien, sus 20 a帽os de existencia no dejan muchos resultados para festejar. Esta no s贸lo no fue invocada en todas las crisis pol铆ticas que ocurrieron en la regi贸n, sino que existe una suerte de doble rasero para evaluar el respeto a la institucionalidad y el Estado de Derecho. El ejemplo m谩s reciente ocurri贸 en Honduras en 2017 cuando, a pesar del fraude electoral perpetrado por el presidente Juan Orlando Hern谩ndez –denunciado por la propia Misi贸n Electoral de la OEA– el secretario general de la OEA y los gobiernos de Colombia, Estados Unidos, M茅xico (de Enrique Pe帽a Nieto), entre otros, reconocieron r谩pidamente a Hern谩ndez como leg铆timo vencedor, bloqueando una posible activaci贸n de la Carta.
Cuando en 2012 el Senado destituy贸 al presidente de Paraguay, Fernando Lugo, en lo que muchos califican como neogolpismo, a la OEA se le pas贸 el tiempo en investigaciones. Sin embargo, fue suspendido en el Mercosur (por violar la cl谩usula democr谩tica del Protocolo de Ushuaia) y de la Unasur (por incumplimiento de los art铆culos 1, 5 y 6 de su Protocolo Adicional)
El 煤nico caso de suspensi贸n de un Estado por medio del art铆culo 21 de la CDI fue Honduras en 2009, despu茅s del golpe de Estado en contra del presidente Mel Zelaya. Entonces, 33 pa铆ses votaron por la expulsi贸n del pa铆s centroamericano en una Asamblea General Extraordinaria. A pesar de que la “normalidad electoral” retorn贸 al pa铆s, no se restableci贸 el mandato de Zelaya, por lo que muchos observadores cuestionan la real efectividad de la Carta.
La CDI tampoco ha sido invocada, ni siquiera mencionada, cuando los v谩ndalos dirigidos por el expresidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2020. La OEA no se inmut贸 tampoco con los audios en los que funcionarios de las filas del Partido Republicano del Estado de Georgia se negaron al pedido de Trump de alterar los votos y revertir las elecciones que Biden gan贸 limpiamente. Varios meses antes de la contienda electoral, Trump dec铆a con total desparpajo, que s贸lo reconocer铆a el resultado si 茅l ganaba pues su derrota s贸lo se explicar铆a por un fraude. En el reino de la democracia y del respeto a la institucionalidad, y con una OEA silente, un inimputable Trump tiene chances de ser el pr贸ximo presidente de ese pa铆s.
“Renacer”
En general, si le interesa, el gobierno estadounidense prefiere optar por sanciones unilaterales para asfixiar la econom铆a de un pa铆s cuestionado, antes que entrar en las disquisiciones de la OEA. En el caso de Nicaragua, Biden ha sido presionado por sus opositores para promulgar, el 10 de noviembre, la ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer, por sus siglas en ingl茅s), la cual abre la puerta a sanciones m谩s duras contra ese gobierno. Los senadores Marco Rubio, Ted Cruz y los congresistas Juan Vargas y Mar铆a Elvira Salazar, entre otros, han tenido un papel decisivo en su promulgaci贸n.
El proyecto de ley Renacer fue aprobado a principios de agosto por el Senado, pero estuvo encarpetado en la C谩mara de Representantes, donde reci茅n esta semana se aprob贸 y se envi贸 al despacho de Biden para su promulgaci贸n. Esta ley permite solicitar a los bancos multilaterales que restrinjan el otorgamiento de pr茅stamos e inclusive revisar la pertenencia de Nicaragua al Tratado de Libre Comercio de Am茅rica Central (CAFTA). Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, pues importa el 60% de sus productos. Biden preferir铆a no ahogar econ贸micamente a Nicaragua para no provocar una nueva oleada migratoria que repita la situaci贸n de Hait铆 o del Tri谩ngulo Norte de Centroam茅rica (Guatemala Honduras y El Salvador). El 86% de los inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos proviene de estos tres pa铆ses mientras que solo 6,8% proviene de Nicaragua. La crisis migratoria en la frontera sur es uno de los problemas m谩s serios que enfrenta su administraci贸n.
Entretanto, los miembros de la OEA hab铆an instruido al Consejo Permanente a nombrar una comisi贸n para que realice gestiones diplom谩ticas al m谩s alto nivel para procurar una soluci贸n pac铆fica y efectiva a la crisis pol铆tica y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo m谩ximo de 75 d铆as. Luego de recibido el informe de esa comisi贸n, se adoptar铆an las medidas necesarias, incluida, la convocatoria a una sesi贸n extraordinaria de la Asamblea General para invocar el art铆culo 21 de la CDI para su expulsi贸n. La respuesta del gobierno de retirarse de la OEA le quita el piso a los funcionarios y consultores del organismo.
Es decir, la OEA no ser铆a la entidad que fiscalizar铆a las fallas de la institucionalidad democr谩tica en Nicaragua. Durante la Asamblea General, la representante de M茅xico, Luz Elena Ba帽os Rivas, ya hab铆a se帽alado que se “pretende poner soluciones desde fuera a problemas locales” con “decisiones que est谩n en contra del derecho internacional”. La mexicana agreg贸 que “la OEA deber铆a de ser una organizaci贸n inclusiva, promotora del di谩logo pol铆tico, de la cooperaci贸n, la integraci贸n y el desarrollo de los Estados miembros, pero no lo es (…) Por el contrario, es un espacio donde se profundizan las diferencias y el aislamiento, y donde se impulsan agendas parcializadas”.
Uno de los absurdos que la OEA cometi贸 en su 煤ltima Asamblea General es haber acogido en su seno a enviados de Juan Guaid贸 como representantes del gobierno de Venezuela, a pesar de su retiro de ese organismo en 2017, hecho que produjo el rechazo de M茅xico, Argentina, Bolivia, entre otros, mientras que el Per煤 mantuvo silencio.
Es una paradoja que muchos de los gobiernos dispuestos a juzgar desde ese organismo el irregular proceso electoral de Nicaragua y los atropellos que se producen en ese pa铆s contra la libertad de expresi贸n, carezcan de 茅tica para hacerlo. Como si fueran carmelitas descalzas, varios de los gobernantes que alzan el dedo acusador contra Nicaragua est谩n involucrados en actos de corrupci贸n, evasi贸n de sus fortunas en guaridas fiscales, militarizan regiones para contener los reclamos de la poblaci贸n originaria (los mapuches, por ejemplo) o imponen estados de excepci贸n para reprimir la protesta social. Otros est谩n acusados por cr铆menes contra la humanidad por negar y manejar mal la pandemia, por permitir la destrucci贸n de la Amazonia, por reprimir brutalmente manifestaciones sociales, por no tomar acciones frente al esc谩ndalo de los falsos positivos (inocentes asesinados por el ej茅rcito en calidad de trofeos) o a la matanza de dirigentes sindicales y medioambientales, entre otros. En estas condiciones, el r茅gimen de Nicaragua se encontrar谩 cada vez m谩s aislado de la comunidad internacional y su poblaci贸n expuesta a la asfixia que generar铆a la instrumentaci贸n de la ley Renacer promulgada por Biden. Una vez, m谩s, la OEA demuestra no ser el organismo id贸neo para hacer respetar el Estado de derecho y la institucionalidad democr谩tica en la regi贸n.