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Mujeres migrantes víctimas de violencia machista en España: sobrerrepresentación en las cifras e infrarrepresentación en los sistemas de protección




Julia Cuesta del Hoyo. Madrid. AmecoPress.- “Cuando yo terminé con él, yo era muy callada. Casi no hablaba con la gente, no tenía casi amigos, entonces, había ahí una amiga, Toñi, que ya llegó y me habló. Me dio corte, pero yo pensé “ella tiene que ser mi amiga”, porque claro, tu sabes, el tema del maltratador es como encerrarte y que no hables con nadie, entonces, yo era un poco callada y sola. (…) Yo pensaba: “yo no quiero vivir así”. Yo sola me daba ánimos: “¿Tú no quieres vivir así verdad? Con un hombre así ¿verdad? Pues, entonces, ¡venga!”, y me daba muchos ánimos.” Este es tan solo uno de los fragmentos de la historia de vida de Cristina, una mujer colombiana que, al igual que muchas otras, fue víctima de violencia de género. La historia de Cristina, en la cual fue clave el apoyo de otras mujeres, es una de las 19 historias de vida que recoge el estudio ‘Tirar del hilo: historias de mujeres migradas supervivientes de violencia machista'.

Las mujeres migrantes en España hacen frente a una serie de circunstancias personales, administrativas, sociales y jurídicas que dificultan su situación y aumentan su grado de vulnerabilidad, tanto social como frente a las violencias machistas. Un acceso al empleo muy limitado, los tres años en situación irregular hasta poder solicitar arraigo laboral o social y la necesidad imperiosa de encontrar un empleo para poder subsistir -lo que generalmente supone trabajar en unas condiciones laborales pésimas- son algunas de las problemáticas con las que este colectivo social lidia.

Además, en muchas ocasiones, a estas dificultades se les suma el desconocimiento del idioma y la falta de una red de apoyo en el país. Todas estas complicaciones acaban por desembocar en una limitación de acceso a algunos derechos humanos fundamentales como es el derecho a una vida libre de violencias.

Estas circunstancias se entrelazan en un contexto institucional que, lejos de ofrecer ayuda o facilitar el acceso a esta, reproduce prejuicios y actitudes racistas que vulneran aún más su postura. Los poderes públicos de Estados de origen, paso y destino juegan un rol clave en la desprotección de las personas migrantes y, más acentuadamente, de las mujeres.
A esta situación se suma un contexto institucional que, lejos de ofrecer ayuda o facilitar el acceso a esta, reproduce prejuicios y actitudes racistas que vulneran aún más su postura

Como fruto de todos estos condicionantes, y tal y como indican todas las fuentes disponibles, las mujeres migrantes se encuentran sobrerrepresentadas en los datos sobre violencia machista. Según el segundo informe presentado por AETI y la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe “Mujeres Migrantes Víctimas de Violencia de Género en España”, las mujeres extranjeras superan el 30% en las tasas de feminicidios, denuncias y llamadas al 016 en España, lo que se traduce en la desproporcionada representación de este colectivo en los datos de violencia de género.

Si bien, cabe señalar que esta sobrerrepresentación entre las víctimas migrantes no se corresponde con una sobrerrepresentación de extranjeros entre los agresores. Tan solo un 10% de los feminicidios a mujeres españolas entre 2003 y 2019 fue provocado por extranjeros, mientras que en el caso contrario, un 24% de los feminicidios a mujeres extranjeras entre estos mismos años fueron llevados a cabo por españoles.

La Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe junto con AIETI han elaborado recientemente dos estudios que presentan la situación de las mujeres migrantes víctimas de violencia machista en España. Por un lado se encuentra el análisis cuantitativo ya mencionado, “Mujeres Migrantes Víctimas de Violencia de Género en España”, y por otro lado, tiene lugar un análisis cualitativo de historias de vida denominado “Tirar del hilo” con el que se busca entender qué ocurre detrás de las cifras.



Silvina Monteros Obelar, miembro de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, explica cómo y por qué se planteó la elaboración de estos informes. “Las asociaciones de mujeres migrantes nos dábamos cuenta de que cada vez más mujeres migrantes solicitaban ayuda, atención o información en temas de violencia de género. Esa demanda crecía y las estadísticas también lo apuntaban.” Ante esta problemática, surge la necesidad de aunar y analizar todas las fuentes oficiales existentes en España, “son muchas y complicadas de unificar y analizar en conjunto, porque recogen aspectos muy diversos de la violencia”.

Este análisis cuantitativo no solo confirmó la hipótesis de que las mujeres migrantes están sobrerrepresentadas en los datos de violencia machista de España, sino que además reflejaba que también existe una infrarrepresentación de mujeres migrantes en los sistemas de protección. En cuanto a las ayudas económicas especificas a mujeres migrantes en esta situación, la cifra desciende en comparación al alto índice de violencia que existe.

El dato de que la violencia machista afecta en mayor proporción a las mujeres extranjeras va estrechamente ligado a que estas se encuentren menos protegidas. Reciben menos ayudas económicas oficiales, existen menos programas de seguimiento telemático aplicados a protegerlas y además esta desprotección se acentúa en aquellas mujeres que se encuentren en situación irregular.

A pesar de verse reflejadas de manera desproporcionada en los datos de violencia de género, feminicidios y llamadas al 016, tan solo un 13,3% de las mujeres extranjeras se ha beneficiado con ayudas económicas.



El estudio anteriormente mencionado apunta también que un 32,7% de las denuncias registradas por violencia de género están interpuestas por una mujer extranjera, lo que significa que 24 de cada mil mujeres extranjeras denuncian, a diferencia de las 6 de cada mil españolas. De los feminicidios ocurridos entre 2006 y 2016, un 24,9% de las españolas asesinadas había denunciado previamente, mientras que de las mujeres extranjeras asesinadas un 38,2% sí había interpuesto una denuncia.

Es por esto que, ante la necesidad de comprender los fenómenos y motivos detrás de esta sobrerrepresentación en las cifras e infra representación en los sistemas de protección, AIETI y la Red plantean una nueva investigación, el informe cualitativo “Tirar del hilo”. Este informe recoge 19 historias de vida que narran cómo los obstáculos, dificultades y necesidades específicas de cada trayectoria son mucho más complejas que las concepciones prefijadas y rígidas acerca de la violencia de género.

A través de estas historias se permite entender que las dificultades de acceso que tienen las mujeres migrantes víctimas de violencia machista para acceder a los sistemas de atención y protección son muy diversas, y entran en juego diferentes factores. Por un lado se encuentra el desconocimiento acerca de la normativa, del entorno y de los recursos.

A esto se suma muchas veces la violencia psicológica ejercida por los agresores y que acaba aislándola de su entorno. Esto impide a las víctimas crear una red de apoyo que podría ayudarlas a salir de la situación de violencia. Además de la violencia psicológica, en muchos casos existe una dependencia económica por parte de la mujer a su maltratador.

Salir de esta dependencia implica convivir con trabajos muy precarios, mal pagados y con más dificultades para conciliar vida laboral y familiar. Esto dificulta su situación enormemente si optan por denunciar su situación, lo que acaba por impedir que esto ocurra y que se tenga una autonomía e independencia completa.

El contexto de estas mujeres y su facilidad para interponer una denuncia se complican todavía más cuando estas se encuentran en el país de forma irregular. Tanto la ley de medidas de protección contra la ley de violencia de género como la ley de extranjería regulan la posibilidad de obtener una autorización de residencia y trabajo temporal para las mujeres víctimas de violencia de género. Esto se lleva a cabo al poner una denuncia por violencia de género -es decir, aquella perpetuada por la pareja o ex pareja- , dado que se les concede una orden de protección dentro del proceso judicial.

Esta medida no solo es desconocida para la mayoría de mujeres extranjeras, sino que además no está garantizada. Solo un 25% lo solicita y, de ellas, un 30% son denegadas. Además, al interponer la denuncia y encontrarte en una situación irregular se inicia un expediente de expulsión. Si se concede esta orden de protección el expediente queda suspendido, pero si no se les concede el expediente podría seguir adelante. En definitiva, denunciar supone un riesgo.


“Salir del círculo de violencia es muy complicado”

Tal y como afirma Silvina Monteros, salir del círculo de violencia es muy complicado y muchas veces implica tener que enfrentarse a una mala praxis por parte de quienes trabajan en las instituciones implicadas. Comentarios racistas o machistas, culpabilización y responsabilización por la situación en la que se encuentran, evaluación constante de su condición de madres…

En conclusión, las mujeres migrantes víctimas de violencia de género se ven enfrentadas a complicaciones “extra” que dificultan enormemente su búsqueda de ayuda y amparo por parte del sistema en el que se encuentran.

En este contexto y en un intento por proteger a este colectivo frente a otro tipo de violencias machistas más allá de la perpetrada por la pareja o expareja, el Ministerio de Igualdad contempló la reforma de la Ley de Extranjería en su proyecto de Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, también conocido como ley del «solo sí es sí».

Esta ley tiene como contenido principal la transformación del capítulo de delitos sexuales del Código Penal, poniendo en el foco de la regulación la existencia o no de consentimiento por parte de la víctima. Con este proyecto de ley desaparecería el delito de abuso, convirtiendo así todo acto sexual no consentido como agresión sexual y, en caso de penetración, violación.

En lo referido al cambio de la Ley de Extranjería, este consistiría en impedir que las mujeres en situación administrativa irregular puedan ser expulsadas de España en el caso en el que denuncien haber sufrido violencia sexual. De esta forma, no se podría iniciar un expediente administrativo sancionador a las presuntas víctimas de violencia sexual por encontrarse irregularmente en territorio español. Además, la ley también establece que, en caso de ya existir un expediente sancionador previo, "se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se hubiera incoado por la comisión de dicha infracción con anterioridad a la denuncia o, en su caso, la ejecución de las órdenes de expulsión o de devolución eventualmente acordadas”.
Aunque esta ley es un avance, todavía quedan fuera muchas otras formas de violencia machista que también deben ser tenidas en cuenta

Aunque esta ley es un avance, todavía quedan fuera muchas otras formas de violencia machista que también deben ser tenidas en cuenta y a las que las mujeres migrantes se ven muy expuestas, como puede ser el acoso sexual en el lugar de trabajo.

Para la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe las reivindicaciones y la dirección en la que se debe trabajar son claras, y deben de pasar por aumentar los recursos, los servicios y su financiación en la lucha contra la violencia de genero. Además, señalan la importancia de poner en marcha las medidas que propone el Pacto de Estado contra la Violencia de Género acordado en el año 2017. Este pacto incluye medidas que precisamente cubrirían todos los vacíos anteriormente mencionados, pero muchas de ellas no han llegado a ponerse en marcha.

Una de estas medidas clave es la de agrupar las diferentes violencias machistas como violencia de género, y no solo limitarla a aquella perpetuada por la pareja o ex pareja. Esto ya lo determina el Convenio de Estambul -el cual España ha ratificado- y es necesario para que todas las víctimas de violencia machista en esos otros ámbitos puedan acogerse a las medidas de protección, atención y económicas que regula la ley.

Por último, consideran que es necesario hacer un fuerte trabajo de concienciación y campañas en las que se incluya una perspectiva interseccional e intercultural, dado que en la actualidad a pesar de existir campañas de concienciación y prevención, estas no van dirigidas a mujeres migrantes, y eso acaba suponiendo que ellas mismas no sean conscientes de que también pueden acceder a estos recursos.

Foto: Archivo AmecoPress.
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Pie de foto: 1) Infografía AIETI; 2) Ilustración Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe

Ameco Press

 

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