(Ginebra) – Los líderes autocráticos se enfrentaron en 2021 a una importante reacción política, pero la democracia solo florecerá en la contienda con la autocracia si los líderes democráticos hacen un mejor trabajo para abordar los problemas globales, dijo hoy Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, al publicar el Informe Mundial 2022 [cf1] de Human Rights Watch.
Desde Cuba hasta Hong Kong, el pueblo salió a las calles exigiendo democracia cuando los gobernantes que no rinden cuentas priorizaron, como de costumbre, sus propios intereses sobre los de sus ciudadanos, dijo Roth. Sin embargo, muchos líderes democráticos han estado demasiado enfrascados en preocupaciones a corto plazo y en anotarse puntos políticos como para abordar problemas graves como el cambio climático, la pandemia del Covid-19, la pobreza y la desigualdad, la injusticia racial o las amenazas de la tecnología moderna.
“En un país tras otro, un gran número de personas han salido a la calle, incluso bajo riesgo de ser detenidas o heridas por disparos, lo que demuestra que el atractivo de la democracia sigue siendo fuerte”, dijo Roth. “Pero los líderes electos tienen que desempeñar un mejor trabajo a la hora de hacer frente a los principales desafíos para demostrar que el gobierno democrático cumple con los beneficios prometidos”.
En la 32ª edición del Informe Mundial 2022, Human Rights Watch examina las prácticas de derechos humanos en casi 100 países donde la organización trabaja.
En su ensayo introductorio, Roth cuestiona la idea convencional de que la autocracia está en auge y la democracia, en declive. Muchos autócratas afirman que sirven a su pueblo mejor que los líderes elegidos democráticamente, pero suelen mirar principalmente por sus propios intereses y luego intentan manipular los sistemas electorales para que el pueblo no pueda emitir un veredicto negativo. Los autócratas suelen intentar desviar la atención con apelaciones racistas, sexistas, xenófobas u homófobas, señaló Roth.
El Covid-19 puso de manifiesto esta tendencia egoísta, ya que muchos líderes autócratas restan importancia a la pandemia, dan la espalda a las pruebas científicas, difunden información falsa y no adoptan medidas fundamentales para proteger la salud y la vida de los ciudadanos.
En un avance importante y creciente que debería preocupar a algunos autócratas, un amplio abanico de partidos políticos de la oposición ha empezado a dejar sus diferencias políticas para crear alianzas que den prioridad a un interés común para conseguir que los políticos corruptos o los líderes represivos sean expulsados de sus cargos, dijo Roth.
En la República Checa, una insólita coalición derrotó al Primer Ministro Andrej Babiš. En Israel, una coalición aún más improbable acabó con el largo mandato del Primer Ministro Benjamin Netanyahu. Se han formado alianzas generales similares de partidos de la oposición para las próximas elecciones contra Viktor Orban en Hungría y Recep Tayyip Erdoğan en Turquía. Una tendencia similar dentro del Partido Demócrata de Estados Unidos contribuyó a la selección de Joe Biden para presentarse en las elecciones de 2020 contra Donald Trump.
Además, como los autócratas ya no pueden confiar en elecciones sutilmente manipuladas para preservar el poder, un número cada vez mayor, desde Nicaragua hasta Rusia, está recurriendo a farsas electorales que les garantizan el resultado deseado, pero que no confieren ninguna de las legitimidades que se buscan con la celebración de unas elecciones. Esta creciente represión es un signo de debilidad, no de fortaleza, dijo Roth.
Sin embargo, para persuadir a las personas a que dejen de respaldar a estos autócratas egoístas, las democracias tienen que esforzarse más en abordar los males de la sociedad, dijo Roth.
Por ejemplo, la crisis climática supone una grave amenaza para la humanidad y, sin embargo, los líderes democráticos se limitan a tocar el problema de refilón, dijo, aparentemente incapaces de superar los enfoques nacionales y los intereses creados para dar los pasos necesarios que eviten consecuencias catastróficas. El Informe Mundial 2022 incluye evaluaciones de las políticas climáticas de los 10 principales emisores de gases de efecto invernadero del mundo, así como de más de una decena de otros países en los que se han producido importantes avances políticos relacionados con la crisis climática.
La pandemia de Covid-19 también puso en evidencia las debilidades de los líderes democráticos. Las democracias enfrentaron la pandemia desarrollando con notable rapidez vacunas de ARNm muy eficaces, pero no han conseguido que la población de los países con menores ingresos pueda acceder en igualdad a este invento que salva vidas. Algunos gobiernos democráticos tomaron medidas para mitigar las consecuencias económicas de los confinamientos por culpa del Covid-19, pero aún no han abordado el problema más amplio y persistente de la pobreza y la desigualdad generalizadas, ni han construido sistemas adecuados de protección social para la próxima e inevitable crisis económica, dijo.
Las democracias debaten regularmente las amenazas que plantea la tecnología, dijo. Entre ellas, la difusión de desinformación y discursos de odio por parte de las plataformas de redes sociales, la invasión a gran escala de la privacidad como modelo económico, la intrusión de las nuevas herramientas de vigilancia y los sesgos de la inteligencia artificial. Pero los líderes democráticos solo han dado pequeños pasos para abordarlos.
Las democracias no salen mejor paradas cuando actúan fuera de sus fronteras. A menudo caen en los compromisos de la realpolitik (política realista), reforzando a “amigos” autocráticos para frenar la migración, luchar contra el terrorismo o proteger la supuesta “estabilidad”, en lugar de defender los principios democráticos.
En contraste con la acogida por parte de Trump de autócratas amigos cuando era presidente de EE.UU., Biden prometió una política exterior que se guiaría por los derechos humanos. Pero el país ha seguido proporcionando armas a Egipto, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos e Israel a pesar de su persistente represión. Ante la tendencia autocrática en Centroamérica, Biden priorizó principalmente los esfuerzos para frenar la migración en lugar de la autocracia.
Otros líderes occidentales mostraron una debilidad similar en su defensa de la democracia. El gobierno de la ex canciller alemana Angela Merkel ayudó a orquestar la condena mundial de los crímenes contra la humanidad del gobierno chino en Xinjiang. Sin embargo, mientras ocupaba la presidencia de la Unión Europea, Alemania ayudó a promover un acuerdo de inversión de la UE con China a pesar de que Beijing utilizaba mano de obra forzosa de etnia uigur.
El gobierno del presidente francés Emmanuel Macron ayudó a coordinar una amplia condena de la conducta de Pekín en Xinjiang, pero hizo la vista gorda ante la grave situación en Egipto.
Para que las democracias prevalezcan, sus líderes deben hacer algo más que destacar las inevitables deficiencias del gobierno autocrático, dijo Roth. Deben hacer un mejor trabajo para afrontar los desafíos nacionales y globales con la finalidad de demostrar que la democracia, de hecho, cumple con su cometido.
“Promover la democracia significa defender las instituciones democráticas, como tribunales independientes, medios de comunicación libres, parlamentos robustos y sociedades civiles vibrantes, incluso cuando eso conlleva un escrutinio no deseado o cuestiona las políticas del poder ejecutivo”, señaló Roth. “También exige elevar el discurso público en lugar de avivar nuestros peores sentimientos, actuar según los principios democráticos en lugar de limitarse a expresarlos, y unificarnos ante las posibles amenazas en lugar de dividirnos en la búsqueda de otro mandato inútil”.
Estados Unidos muestra un progreso lento en materia de derechos humanos
(Washington, DC, 13 de enero de 2022) – El progreso del gobierno del presidente Joe Biden en la protección de los derechos humanos en Estados Unidos ha sido lento, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2022.
“El gobierno de Biden hizo algunos pronunciamientos de gran alcance sobre cuestiones clave como la equidad racial y de género, pero hasta ahora hay pocas pruebas de que las palabras se hayan traducido en un impacto real para las personas cuyos derechos han sido sistemática e históricamente ignorados o pisoteados”, señaló Nicole Austin-Hillery, directora ejecutiva del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “La población negra en Estados Unidos sigue sufriendo importantes disparidades económicas derivadas del racismo sistémico que tiene repercusiones a lo largo de generaciones, y las políticas fronterizas han destrozado el derecho a solicitar asilo mientras los funcionarios someten a los inmigrantes a un trato violento y abusivo”.
En la 32ª edición del Informe Mundial 2022, de 752 páginas, Human Rights Watch examina las prácticas de derechos humanos en casi 100 países. Su director ejecutivo, Kenneth Roth, cuestiona la idea convencional de que la autocracia está en auge. En un país tras otro, un gran número de personas han salido recientemente a las calles, incluso a riesgo de ser detenidas o heridas por disparos, lo que demuestra que el atractivo de la democracia sigue siendo fuerte. Mientras tanto, a los autócratas les resulta cada vez más difícil manipular las elecciones a su favor. Sin embargo, Roth afirma que los líderes democráticos deben desempeñar un mejor trabajo a la hora de hacer frente a los desafíos nacionales y globales; para asegurarse de que la democracia cumple con los beneficios prometidos.
Además de las políticas y acciones del poder ejecutivo para lograr la equidad racial y de género y proteger los derechos de las personas LGBT, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU. votó a favor de trasladar la H.R. 40, un proyecto de ley para estudiar la concesión de reparaciones por la esclavitud, al pleno de la Cámara para su votación por primera vez en 32 años. Pero a finales de 2021 este paso histórico hacia la reparación del legado de la esclavitud se estancó en la Cámara.
Entre los fracasos en materia de derechos en la política interna de Estados Unidos vinculados al racismo sistémico, a pesar de algunas reducciones en las tasas de encarcelamiento de la población negra, esta sigue estando enormemente sobrerrepresentada en las cárceles y prisiones. Las personas de raza negra son asesinadas por la policía a una tasa per cápita que triplica la de la población blanca. Las personas negras siguen constituyendo casi el 42% de la población actual de los corredores de la muerte, a pesar de que solo representan el 12,4% de la población estadounidense.
Las comunidades negras, latinas e indígenas han sido desproporcionadamente perjudicadas por la pandemia de Covid-19, que ha profundizado las disparidades raciales existentes en materia de atención sanitaria, vivienda, acceso a agua potable y asequible, empleo, educación y acumulación de riqueza, señaló Human Rights Watch. La desigualdad económica sigue siendo alta y ha aumentado ligeramente en Estados Unidos, aunque la pobreza se redujo en gran medida debido al aumento de las prestaciones del gobierno. La brecha de riqueza entre las personas negras y blancas persiste.
El gobierno de Biden también mantiene en vigor la dañina política fronteriza del Título 42, bajo la cual puede expulsar rápidamente a solicitantes de asilo a condiciones inseguras en México o en sus países de origen basándose en argumentos engañosos de salud pública. En un ejemplo especialmente grave de esta política, los agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense a caballo amenazaron a personas de Haití que cruzaban la frontera en Del Río, Texas, en septiembre, y Estados Unidos procedió entonces a expulsar sumariamente a miles de haitianos a condiciones peligrosas en su país.
Human Rights Watch informó sobre otras pruebas de trato abusivo a personas solicitantes de asilo por parte de agentes fronterizos estadounidenses, descritas en documentos del Departamento de Seguridad Nacional obtenidos tras un litigio. Estos documentos catalogan más de 160 informes internos de abusos físicos y de otro tipo contra solicitantes de asilo, así como violaciones de sus derechos al debido proceso.
En su política exterior, el gobierno anunció su compromiso de “situar los derechos humanos en el centro de la política exterior estadounidense” y del multilateralismo. Estados Unidos buscó –y ganó— la elección al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y se reincorporó al Acuerdo Climático de París. Anuló la perjudicial Ley Mordaza sobre la financiación de la atención sanitaria a las mujeres, restableció la financiación del Fondo de Población de la ONU y reintrodujo la información sobre los derechos reproductivos en el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado.
Sin embargo, entre los fracasos significativos en la protección y promoción de los derechos humanos se encuentra la continua venta de armas a gobiernos que violan los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario, como Filipinas, Egipto y Arabia Saudí, y la no condena pública de los abusos de derechos por parte de los supuestos socios estratégicos de EE.UU.
El gobierno de Biden debería poner fin a la política abusiva e ilegal del Título 42 y adoptar medidas concretas e informar con firmeza sobre los progresos realizados en consonancia con sus declaraciones políticas sobre la equidad racial y de género. Los gobiernos estatales y locales de EE.UU. deberían poner fin a las actuaciones policiales abusivas contra la comunidad negra y otras personas de color y, en su lugar, invertir en las comunidades de forma que se aborde el racismo estructural. Las políticas estatales que amenazan el derecho al acceso al aborto y la libertad reproductiva deben terminar para proteger plenamente los derechos de las mujeres y las niñas.
“El gobierno de Estados Unidos debe tomar medidas audaces y concretas para proteger los derechos humanos de todas las personas en Estados Unidos –blancas y negras, ciudadanas y no ciudadanas (estadounidenses) por igual—, así como para promover los derechos humanos en todo el mundo a través de su política exterior”, señaló Austin-Hillery.
UE: el compromiso con los derechos flaquea ante la tensión
(Bruselas) – El apoyo de la Unión Europea a gobiernos abusivos para mantener alejados a los inmigrantes y solicitantes de asilo durante 2021 puso de relieve la enorme brecha entre la retórica del bloque acerca de los derechos humanos y su práctica real, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2022. Los principales ejemplos son la militarización y la emergencia humanitaria en la frontera entre Belarús y Polonia, y las devoluciones en otras fronteras exteriores de la UE.
“A menudo vemos que el compromiso de la Unión Europea con los derechos humanos flaquea cuando las cosas se ponen difíciles”, dijo Benjamin Ward, subdirector para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “En un momento en que la gente está sufriendo y sus derechos están amenazados dentro y fuera de las fronteras de la Unión Europea, necesitamos una UE dispuesta a defenderlos”.
En la 32ª edición del Informe Mundial 2022, de 752 páginas, Human Rights Watch examina las prácticas de derechos humanos en casi 100 países. Su director ejecutivo, Kenneth Roth, cuestiona la idea convencional de que la autocracia está en auge. En un país tras otro, un gran número de personas han salido recientemente a las calles, incluso a riesgo de ser detenidas o heridas por disparos, lo que demuestra que el atractivo de la democracia sigue siendo fuerte. Mientras tanto, a los autócratas les resulta cada vez más difícil manipular las elecciones a su favor. Sin embargo, Roth afirma que los líderes democráticos deben desempeñar un mejor trabajo a la hora de hacer frente a los desafíos nacionales y globales; para asegurarse de que la democracia cumple con los beneficios prometidos.
Human Rights Watch destacó las preocupaciones de toda la Unión en materia de inmigración y asilo, discriminación e intolerancia, pobreza y desigualdad, Estado de derecho y política exterior del bloque. El Informe Mundial incluye capítulos sobre Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Polonia y España, y sobre países de la región no pertenecientes a la UE, como Bosnia y Herzegovina, Serbia, Kosovo y el Reino Unido.
El respeto al Estado de Derecho se erosionó en varios países de la UE a lo largo del año. Polonia y Hungría fueron objeto de un continuo escrutinio por los ataques contra los derechos de las personas LGBT, la independencia judicial y la libertad de los medios de comunicación, los derechos de las mujeres y los grupos de la sociedad civil, incluidos los defensores de los derechos de las mujeres. Hubo algunos indicios de una respuesta más enérgica por parte de algunas instituciones de la UE a la situación de Hungría y Polonia, incluidas las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE.
Pero aunque los Estados miembros de la UE utilizaron una retórica más fuerte para criticar los ataques al Estado de derecho y a las instituciones democráticas dentro de la UE, no llegaron a tomar medidas decisivas en virtud del procedimiento del artículo 7 previsto en los tratados de la UE ni a impulsar plenamente los sistemas para condicionar la financiación al cumplimiento de los principios de la UE.
Los países de la UE apenas avanzaron en el desarrollo de políticas migratorias respetuosas con los derechos o en el reparto equitativo de la responsabilidad sobre los inmigrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados, y solo mostraron consenso en el sellado de las fronteras y en la externalización de la responsabilidad a expensas de los derechos humanos. Aunque los países de la UE evacuaron a miles de afganos de Kabul en agosto, sus promesas de reasentamiento se quedaron cortas, y siguieron cooperando con países como Libia, a pesar de las pruebas de los graves abusos cometidos contra migrantes y refugiados. La agencia fronteriza de la UE, Frontex, se resiste a las peticiones de rendición de cuentas frente a los crecientes indicios de responsabilidad en los abusos y la falta de investigación.
Croacia, Chipre, Grecia, Hungría, Eslovenia, España, Lituania, Letonia y Polonia participaron en devoluciones de inmigrantes, y los tres últimos modificaron su legislación nacional para dar cobertura legal a estas prácticas ilegales. Dinamarca aprobó una ley que le permite enviar a solicitantes de asilo a otro país para el examen de sus solicitudes y sentó un precedente peligroso al eliminar el estatuto de “protección temporal” de las personas procedentes de Damasco o sus alrededores. Las autoridades francesas infligieron un trato degradante a inmigrantes en la frontera entre Reino Unido y Francia, en una política errónea para disuadir a quienes llegan al norte del país. Los grupos que defienden los derechos de los inmigrantes y los refugiados en Grecia, Italia y Chipre, entre otros países, se enfrentaron a un entorno hostil, incluido el procesamiento.
Las respuestas estatales al racismo, la violencia y la discriminación, que afectaban a mujeres, minorías étnicas y religiosas, personas LGBT y personas con discapacidad, fueron a menudo inadecuadas y en algunos casos exacerbaron el abuso de los derechos. La pandemia de Covid-19 fomentó la discriminación y los delitos de odio, incluida la incitación al odio por Internet dirigida a determinados grupos sociales. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE y el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa afirmaron que los países de la UE debían abordar la discriminación estructural, incluida la elaboración de perfiles étnicos por parte de la policía. En un avance positivo, la Comisión Europea adoptó una estrategia para los derechos de las personas con discapacidad hasta 2030.
La pandemia de Covid-19 aumentó la profunda desigualdad y la pobreza en la Unión Europea, a pesar de un importante presupuesto de recuperación con fondos dedicados a abordar la exclusión social y las medidas de mitigación de cada país. Las estimaciones oficiales sugerían que aproximadamente una quinta parte de la población de la UE estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. El uso de los bancos de alimentos y la pobreza infantil aumentaron, las medidas para compensar la subida de los costes energéticos parecían insuficientes, y la población gitana seguía corriendo un riesgo desproporcionado de vivir en la pobreza y la exclusión social.
La UE obstaculizó la adopción de medidas fundamentales para poner fin a la pandemia de Covid-19 al oponerse a las propuestas de exención temporal de las normas comerciales y de propiedad intelectual que podrían facilitar la producción y disponibilidad mundial de las pruebas, tratamientos y vacunas contra el Covid-19.
La Comisión Europea adoptó en julio propuestas legislativas para lograr la neutralidad climática en 2050, incluyendo un objetivo de reducción de las emisiones del 55% para 2030, pero el Parlamento Europeo votó a favor de prolongar las subvenciones al gas hasta 2027, socavando estos esfuerzos. Los 27 miembros de la UE se encuentran colectivamente entre los 10 principales emisores de gases de efecto invernadero del mundo, contribuyendo a la crisis climática en todo el planeta.
La UE y varios Estados siguieron desempeñando un papel destacado en las iniciativas de la ONU relacionadas con los derechos humanos en países como Afganistán, Belarús, Sudán, Etiopía, Siria, Sri Lanka, Myanmar, Nicaragua y Corea del Norte, así como con el cambio climático. Pero la regla de la unanimidad de la UE en política exterior impidió a menudo una acción decisiva para abordar, o incluso denunciar, graves abusos a los derechos humanos, sobre todo en países como Egipto, Israel, los países del Golfo y la India.
Las expresiones de preocupación a menudo solo se han formulado durante los diálogos bilaterales sobre derechos humanos, cuyo impacto en el fomento de un cambio positivo sigue siendo muy cuestionable. Impulsada por el Parlamento Europeo, la UE está trabajando para adoptar una legislación histórica sobre la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente obligatoria para las empresas. La UE también está reformando su sistema de preferencias generalizadas (SPG), que concede a terceros países un acceso preferente al mercado de la UE vinculado a diversas formas de condicionalidad en materia de derechos humanos.
(Nueva York) – América Latina está enfrentando algunos de los desafíos más graves en materia de derechos humanos en décadas, señaló hoy Human Rights Watch al presentar su Informe Mundial 2022.
“El alarmante retroceso de las libertades fundamentales en América Latina nos obliga hoy a defender espacios democráticos que solíamos dar por sentados”, expresó Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de Human Rights Watch. “Incluso líderes que llegaron al poder mediante elecciones democráticas han atacado a la sociedad civil independiente, la libertad de prensa y la independencia judicial. Millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y países, y la pandemia ha tenido un impacto económico y social devastador”.
En el Informe Mundial 2022 de 752 páginas, su 32º edición, Human Rights Watch analiza las condiciones de derechos humanos en casi 100 países. El director ejecutivo Kenneth Roth desafía la noción convencional de que la autocracia está en auge en todo el mundo.
El gobierno cubano llevó a cabo abusos sistemáticos contra críticos y artistas, incluyendo detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y procesos penales abusivos, en respuesta a protestas mayormente pacíficas en contra del gobierno.
Las elecciones de noviembre en Nicaragua se llevaron a cabo sin las más mínimas garantías democráticas. De cara a los comicios, el gobierno de Daniel Ortega detuvo y procesó arbitrariamente a críticos y opositores, incluyendo a siete candidatos presidenciales, y mantuvo a muchos de ellos incomunicados en condiciones abusivas durante semanas o meses. Estas detenciones se suman a las más de 100 personas percibidas como críticas que permanecen encarceladas arbitrariamente en el contexto de la crisis de derechos humanos que inició en 2018.
En noviembre, el fiscal de la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante la gestión de Nicolás Maduro. Expertos independientes de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU concluyeron que las autoridades judiciales habían sido cómplices de abusos aberrantes. La misión electoral independiente de la Unión Europea, que observó las elecciones regionales de noviembre, informó que algunos opositores políticos seguían inhabilitados de forma arbitraria para postularse a cargos públicos, que hubo un acceso desigual a los medios de comunicación, y que la falta de independencia judicial y de respeto al Estado de derecho habían afectado la transparencia e imparcialidad de las elecciones. Human Rights Watch ha denunciado la arremetida contra opositores y la desigualdad de condiciones para competir en elecciones, lo cual dificultó que todos los votantes pudieran ejercer sus derechos libremente.
También hubo intentos reiterados de debilitar el Estado de derecho por parte de líderes con tendencias autoritarias que fueron electos democráticamente.
En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, un defensor de la dictadura militar (1964-1985), intentó intimidar al Tribunal Supremo por medio de insultos y amenazas e hizo alegaciones infundadas de fraude electoral.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador continuó sus ataques mediáticos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, así como sus esfuerzos por eliminar organismos públicos independientes que limitan su poder y por cooptar el sistema judicial para perseguir a enemigos políticos. En noviembre, decretó que los proyectos prioritarios de su gobierno reciban permisos automáticamente, sin cumplir con los estudios requeridos, y que sean exentos de las reglas de transparencia.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele y sus aliados en la legislatura reemplazaron sumariamente a los magistrados de la Corte Suprema con quienes diferían y promulgaron leyes para remover a cientos de fiscales y jueces de instancias inferiores. Los nuevos magistrados designados a la Corte Suprema resolvieron que Bukele podía postularse a la reelección consecutiva, a pesar de una disposición constitucional que lo prohíbe. El gobierno también propuso una ley de “agentes extranjeros” que, de ser aprobada, podría limitar gravemente el trabajo de periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil.
Por su parte, en Argentina, Bolivia, Perú y Guatemala, diversos esfuerzos orientados a debilitar la independencia judicial o a utilizar el sistema de justicia con fines políticos han amenazado el sistema democrático de pesos y contrapesos.
En Colombia, miembros de la Policía Nacional respondieron a protestas mayormente pacíficas dispersando de manera arbitraria a manifestantes y recurriendo a un uso excesivo de la fuerza, incluyendo el empleo de municiones letales. La violencia y los abusos por parte de grupos armados, que incluyen asesinatos, masacres y desplazamientos forzados, se agudizaron en zonas remotas donde la presencia de instituciones públicas civiles y las oportunidades económicas son escasas. Según la ONU, más de 450 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde 2016. El gobierno ha adoptado medidas insuficientes e inadecuadas para protegerlos.
Colombia —al igual que Chile, Ecuador y Perú, donde las fuerzas de seguridad han cometido graves abusos contra manifestantes en los últimos años— aún no ha adoptado medidas significativas para reformar su fuerza policial, ni un marco jurídico que contribuya a que se haga justicia por estas violaciones de derechos humanos. En Brasil, la policía mató a 6.400 personas en 2020, la mayor cifra registrada a la fecha. Cerca del 80 % de las víctimas fueron personas negras.
Algunos gobiernos han usado la pandemia de Covid-19 como pretexto para violar derechos. El gobierno guatemalteco arremetió contra los medios de comunicación e impuso restricciones al acceso a la información sobre la pandemia. En Brasil, el presidente Bolsonaro hizo caso omiso de las recomendaciones científicas, difundió información falsa y promovió tratamientos contra el virus sin eficacia comprobada.
En muchos países, niños y niñas enfrentaron obstáculos para acceder a la educación como resultado de restricciones relacionadas con la pandemia.
La emergencia humanitaria en Venezuela, que precede a la pandemia, dejó al país en una situación desastrosa para enfrentarla. Millones de venezolanos necesitan asistencia humanitaria, pero la respuesta internacional no ha recibido el financiamiento necesario. El Programa Mundial de Alimentos estima que uno de cada tres venezolanos se encuentra en situación de inseguridad alimentaria.
La pandemia y la crisis económica asociada a ella, el homicidio del presidente Jovenel Moïse y un terremoto de magnitud 7,2 exacerbaron la inestabilidad política que ya atravesaba Haití, así como la violencia que ejercen las pandillas, que muchas veces tienen nexos con actores estatales. Haití enfrenta dificultades crónicas para responder a las necesidades básicas de su población.
A pesar del cierre de fronteras, millones de personas han huido forzosamente de sus hogares. Más de seis millones de venezolanos han huido del país. Muchos de ellos tienen dificultades para obtener estatus legal en los países de acogida y enfrentan deportaciones arbitrarias, xenofobia y abusos por parte de funcionarios de migración. Más de 110.000 nicaragüenses han huido de su país desde 2018. Cientos de miles de personas huyen del triángulo norte de Centroamérica cada año. Muchos de los que huyen en busca de protección transitan por México, donde sufren violencia, discriminación y abusos por parte de grupos criminales y autoridades mexicanos.
Ha habido unos pocos acontecimientos alentadores. En diciembre de 2020, Argentina aprobó un proyecto para legalizar el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo, y en 2021 cuatro estados de México despenalizaron el aborto en las primeras 12 semanas. La Corte Constitucional del Ecuador y la Suprema Corte de México dieron un paso para flexibilizar las restricciones al aborto, lo cual podría impulsar más avances.
El Senado mexicano aprobó una reforma histórica a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que los albergues y Centros de Justicia para las Mujeres sean accesibles para las mujeres con discapacidad. El Congreso de Chile aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer las identidades de género no binarias en los documentos de identidad oficiales.
El Tribunal Supremo de Brasil ha bloqueado algunas de las políticas más perniciosas del presidente Bolsonaro y ha defendido los derechos humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala ha seguido alertando sobre los intentos para cercenar derechos fundamentales en el país, a pesar de enfrentar varios esfuerzos del Congreso para remover al procurador de su cargo y una posible investigación penal por promover los derechos de las personas LGBT y los derechos sexuales y reproductivos.
“Muchos periodistas, defensores de derechos humanos y jueces valientes en la región han desempeñado un papel extraordinario al exponer abusos y actuar como frenos al poder ejecutivo”, expresó Taraciuk Broner. “Es fundamental que se sigan apoyando los esfuerzos cruciales que realizan estas personas para proteger el Estado de derecho, las libertades fundamentales y las instituciones democráticas en un período de graves riesgos para la región”.
Brasil debe proteger el derecho al voto y la libertad de expresión
(São Paulo) – Las instituciones democráticas de Brasil deberían proteger el derecho al voto y la libertad de expresión de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2022, frente a los intentos del presidente Jair Bolsonaro de socavar el sistema electoral y debilitar el Estado de derecho y las libertades fundamentales, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2022.
En 2021, el presidente Bolsonaro siguió propagando información falsa sobre las vacunas contra el Covid-19 y su gobierno no adoptó medidas para abordar el gravísimo impacto de la pandemia en la educación. En octubre, una investigación del Senado documentó otras serias deficiencias en la respuesta del gobierno a la pandemia y aportó pruebas de corrupción en la compra de vacunas.
El gobierno de Bolsonaro también promovió políticas que violan los derechos humanos en otras áreas, como los derechos de las comunidades indígenas, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad y la libertad de expresión. Los homicidios causados por policías han llegado a números sin precedentes, mientras que la deforestación de la Amazonía alcanzó el nivel más alto desde 2006.
“El presidente Bolsonaro ha intentado debilitar los pilares de la democracia atacando al poder judicial y repitiendo alegaciones infundadas de fraude electoral”, dijo Maria Laura Canineu, directora para Brasil de Human Rights Watch. “A medida que se acercan las elecciones de octubre, el Tribunal Supremo Federal, el Tribunal Superior Electoral, el Ministerio Público, el Congreso y otras instituciones democráticas deberían mantenerse alerta y resistir cualquier intento del presidente Bolsonaro de negar a los brasileños el derecho a elegir a sus representantes”.
En el Informe Mundial 2022 de 752 páginas, su 32º edición, Human Rights Watch analiza las condiciones de derechos humanos en casi 100 países. El director ejecutivo Kenneth Roth desafía la noción convencional de que la autocracia está en auge en todo el mundo.
Las elecciones presidenciales y legislativas pondrán a prueba la fortaleza de la democracia brasileña ante las amenazas del presidente Bolsonaro, un ferviente defensor de la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985, señaló Human Rights Watch. En septiembre, el presidente hizo su intento más reciente de intimidar al Supremo Tribunal Federal, que supervisa investigaciones penales contra él. También hizo afirmaciones falsas que parecían orientadas a generar desconfianza respecto a los resultados de elecciones democráticas. El Supremo Tribunal Federal ha rechazado enérgicamente las “amenazas a su independencia o intimidaciones”, mientras que el Tribunal Superior Electoral ha refutado las acusaciones infundadas de fraude electoral realizadas por el presidente.
El gobierno de Bolsonaro también ha promovido procesos penales contra al menos 17 personas por emitir críticas, en algunos casos mediante la Ley de Seguridad Nacional, que databa del período de la dictadura militar. Si bien muchos de los procesos se han cerrado, estas acciones transmiten el mensaje de que criticar al presidente puede ser causa de persecución. En agosto, el Congreso derogó la Ley de Seguridad Nacional, pero no ha derogado disposiciones similares del Código Penal que castigan la difamación con penas de prisión y pueden usarse para reprimir la libertad de expresión.
El presidente Bolsonaro también ha bloqueado a medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y otros usuarios en las cuentas de redes sociales que utiliza para divulgar información de interés público o tratar asuntos públicos.
Una investigación parlamentaria demostró que la desastrosa respuesta del gobierno frente a la pandemia ha puesto en riesgo la salud y la vida de los brasileños al, entre otras cosas, desestimar las medidas científicas para contener al virus y promover fármacos de eficacia no comprobada para tratarlo. Además, la investigación reveló que las autoridades no realizaron las gestiones necesarias a nivel nacional y local para evitar la escasez de oxígeno en hospitales, lo cual probablemente contribuyó a la muerte de pacientes en la ciudad de Manaus. El Ministerio Público debería analizar el informe con mucha atención y presentar cargos en los casos en que las pruebas lo ameriten, dijo Human Rights Watch.
Los homicidios causados por la policía llegaron al nivel más alto del que se tiene registro en 2020, el último año para el cual hay estadísticas. Cerca del 80 % de las víctimas eran personas negras. En Río de Janeiro, la policía hizo caso omiso a una orden del Supremo Tribunal Federal que prohibió las operaciones policiales en barrios de bajos ingresos durante la pandemia, excepto en “casos absolutamente excepcionales”. El presidente Bolsonaro ha alentado la violencia policial y ha defendido un proyecto legislativo que haría más difícil sancionar a policías por abusos.
Si bien el gobierno prometió en foros internacionales que protegería la Amazonía, ha impulsado políticas orientadas a acelerar su destrucción. El presidente Bolsonaro ha promovido proyectos legislativos para negar a numerosos pueblos indígenas el derecho a sus tierras tradicionales y para legalizar, en la práctica, las operaciones de minería ilegal que allí existen. Los datos del propio gobierno muestran que la deforestación en la Amazonía llegó al nivel más alto en los últimos 15 años.
“En respuesta a la gran indignación tanto en Brasil como a nivel internacional, el gobierno de Bolsonaro se ha comprometido a proteger los bosques, pero los datos oficiales sugieren que estas son promesas vacías”, observó Canineu. “El presidente Bolsonaro debe mostrar resultados concretos de reducción de la deforestación y poner fin a la impunidad en relación a delitos ambientales y a la violencia contra defensores del medio ambiente”.
