Kenia tenía 17 años cuando sufrió una caída que acabó con su embarazo. Pero al drama por la pérdida de su bebé se añadieron nueve años más de calvario, los que la joven ha pasado privada de libertad acusada de un aborto que no provocó.
"Mi bebé nació y no reaccionó, lo último que recuerdo fue que vi muchas luces en mi cara, ya estaba en el hospital en una camilla y estaban muchos policías custodiándome, tomándome fotos", ha relatado.
En El Salvador, donde el aborto es ilegal en todos los supuestos y está y tipificado como homicidio agravado en el Código Penal del año 98, Kenia fue encarcelada a su salida del hospital y condenada a 30 años de prisión. Recuerda que la policía testificó contra ella en el juicio.
Un agente le prometió encargarse de que se pudriera en la cárcel. "A mis 17 años me privaron de libertad por algo tan injusto. Perdí toda mi juventud, perdí a mi familia, todos mis planes de superación se me vinieron abajo", lamenta.
Las afectadas que pueden ahora retomar su vida piden la liberación de otras diez mujeres en la misma situación. Mujeres que tras sufrir una "emergencia obstétrica" y ser ingresadas en hospitales del sistema público salvadoreño, son separadas de sus familias sin importar que tengan hijos menores.
Se dicen criminalizadas "por ser mujeres" y por sus bajos recursos.
El Código Penal salvadoreño es uno de los más duros del mundo en un momento de apertura en Latinoamérica, donde Colombia, Argentina y Ecuador han aprobado recientes cambios respecto a la penalización del aborto.
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