El 15 de marzo del año 2007, la Universidad Autónoma de Madrid investía como doctor Honoris Causa al escritor portugués y Premio Nobel de Literatura, José Saramago.
A lo largo de aquella jornada la comunidad universitaria tuvo la oportunidad de hablar y departir con el escritor de temáticas muy diversas –más allá de la literatura– lo que le llevó a comentar y explicar en un momento dado su visión del papel que la universidad juega en la sociedad. Y lo hizo con un juego de palabras, indicando que los verbos enseñar y educar no tienen el mismo significado.
Enseñar es transferir conocimientos, mientras que educar implica transferir dichos conocimientos junto a un marco de valores. El autor portugués insistió en que la universidad es una institución de educación superior, por lo tanto, responsable de formar a los profesionales del futuro como ciudadanos y ciudadanas sensibles y con capacidad de dar respuesta a los problemas sociales y ambientales que les rodean.
Educar, además de enseñar
El momento en que el escritor Saramago describía así la función de la universidad no fue casual. A partir del año 2000 la mayoría de las universidades públicas españolas estaban impulsando de manera decidida políticas universitarias que encaminaban a la universidad hacia el objetivo de transformar nuestro mundo en un mundo mejor.
Las movilizaciones sociales de principios de los años 90, que solicitaban al gobierno –entre otras cuestiones– dedicar el 0,7 % de su producto interior bruto a ayudar a los países más empobrecidos, había permeado de una manera muy directa también en las universidades.
A partir de ese momento varios rectores iniciaron un proceso irreversible de acercamiento de sus universidades a la sociedad, que desembocó finalmente en la aprobación por parte de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) de cuatro documentos que han guiado desde entonces a las universidades en el marco del compromiso, la responsabilidad y la solidaridad.
Compromisos solidarios
El primero de los documentos, Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo, fue aprobado en el año 2000 y sentó las bases de la universidad como actor de la cooperación al desarrollo.
El segundo, Universidad: Compromiso Social y Voluntariado, se aprobó en el año 2001 y abordó el papel de la universidad comprometida teniendo como herramienta la promoción del voluntariado (ese año se celebraba el año Internacional del voluntariado).
Varios años más tarde, en el año 2006, se aprobaron dos nuevos documentos: el Código de Conducta de las Universidades en materia de cooperación al desarrollo que complementaba la estrategia del año 2000, y el Protocolo de Actuación de las Universidades frente a situaciones de crisis humanitarias.
Estos cuatro documentos fueron fundamentales para que en el año 2007 la nueva ley de universidades, la LOMLOU, recogiera y expusiera la importancia de este nuevo papel:
“Esta Ley no olvida el papel de la universidad como transmisor esencial de valores”.
El camino hacia los ODS de 2030
En 2007 se creó el Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) y, entre 2019 y 2020, se aprobaron las nuevas Directrices de la Cooperación Universitaria al Desarrollo. Se respondía así al llamamiento de 2015 de la Asamblea General de Naciones Unidas cuando ésta aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como un nuevo paradigma para erradicar la pobreza, el hambre y la desigualdad.
A partir de la LOMLOU (2007) en cada universidad se empezaron a crear –aunque algunas ya lo habían hecho– las denominadas, en principio y de manera genérica, “estructuras solidarias”, desde las cuales se iniciaron programas enfocados a dar respuesta a este nuevo papel social. Estas estructuras daban el soporte necesario para cumplir con todos los Documentos de la CRUE y además con la propia legislación de educación superior.
Beneficio mutuo
En la actualidad no existe ninguna universidad pública española que no tenga una estructura de este tipo, desde la cual se coordinan las políticas universitarias en materia de solidaridad y compromiso, destacando entre ellas:
El fomento del voluntariado.
Los proyectos de cooperación universitaria al desarrollo.
La atención a la diversidad funcional, sexual y cultural.
El desarrollo de políticas propias para la implementación de la Agenda 2030 y los ODS, la lucha contra el cambio climático y en favor de la sostenibilidad ambiental.
Todo este trabajo es ya incuestionable y reconocido por la sociedad. Y mantiene un carácter bidireccional: no sólo se benefician las sociedades que reciben este impacto social positivo, sino que las universidades también reciben un importante beneficio. Su trabajo de compromiso y responsabilidad tiene un impacto claro en la mejora de la calidad de la enseñanza y la investigación universitaria.
Convierte a las universidades en un foco de atracción al conseguir un profesorado y estudiantado más motivado y reflexivo; una mayor capacidad para captar y movilizar fondos externos, y un mayor fortalecimiento de contactos con otras instituciones y organismos.
Ante los nuevos escenarios internacionales, nuevos modelos de sociedad y las inéditas situaciones generadas por la pandemia o por la violenta guerra en Ucrania, las universidades han sabido reaccionar, evolucionar y adaptarse. No sólo a educar y formar a sus estudiantes para responder de manera precisa a los problemas actuales, sino también para convertirse en instituciones ejemplares, comprometidas y responsables, capaces de ofrecer soluciones.
Y no sólo hacia las sociedades en las cuales se insertan, sino también apoyando y fortaleciendo a sus contrapartes y a otras instituciones de países empobrecidos, cruciales para el desarrollo de sus países.
Agentes transformadores
Pero seguir reconociendo este papel es necesario. En el momento actual de gestión de una nueva ley universitaria, de una nueva ley de cooperación –que guiará la reforma del sistema de cooperación del que forma parte la universidad– y de muchos otros avances que van a marcar el destino de nuestro país y sus relaciones con el exterior, no se puede obviar ni olvidar este papel esencial. Es un papel que guía desde hace más de 20 años a las universidades públicas, y lo cumplen con la convicción de que los años universitarios son cruciales en la definición de la personalidad de un individuo.
Lo que se aprende en las aulas universitarias no se olvida jamás y marcará para siempre la ruta a seguir. Este trabajo forma parte por tanto de su calidad de servicio público. Fomentar el pensamiento crítico, facilitar el diálogo, la participación y la ciudadanía activa, promover y propiciar los valores enmarcados en la solidaridad, el respeto y la tolerancia marcarán, sin duda, el destino de sus jóvenes, de su forma de encarar el mundo, de las posibilidades de trasformación hacia un mundo más justo, igualitario, solidario, responsable, pacífico y tolerante.
Las universidades públicas españolas deben seguir siendo reconocidas como agentes transformadores y de cambio. Un camino irreversible e irrenunciable.
* Directora de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, Universidad Autónoma de Madrid
