Tras la anulaci贸n del fallo que garantizaba el derecho al aborto, prolifera en Estados Unidos un pavoroso estado de injusticia
OPINI脫N de Amy Goodman
Tras la decisi贸n de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar el fallo del caso “Roe contra Wade”, que garantizaba el derecho al aborto en todo el territorio estadounidense, una ola de injusticia se est谩 propagando por todo el pa铆s. En varios estados se est谩n implementando las llamadas “leyes de activaci贸n”, que fueron escritas con el prop贸sito de que entraran en vigor inmediatamente despu茅s de la anulaci贸n del fallo del caso Roe contra Wade y as铆 instaurar la prohibici贸n inmediata del derecho al aborto en dichos estados. Las excepciones por motivos de violaci贸n o incesto incluidas en algunas de estas legislaciones han sido eliminadas. Estas restricciones sin precedentes sobre lo que hasta hace poco era considerado un derecho consagrado en la Constituci贸n de Estados Unidos cobraron enorme relevancia recientemente, luego de que una ni帽a de diez a帽os v铆ctima de violaci贸n tuviera que viajar desde el estado de Ohio, donde reside, al vecino estado de Indiana para acceder a un aborto farmacol贸gico. La feroz embestida que la ni帽a y su m茅dica de Indiana recibieron por este hecho deber铆a servirnos de advertencia sobre la 茅poca extremadamente peligrosa en la que hemos entrado.
El 1 de julio, el peri贸dico Indianapolis Star public贸 un impactante art铆culo sobre la ni帽a que fue violada. Esto ocurri贸 solo una semana despu茅s de que la Corte Suprema emitiera el dictamen del caso “Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization”, que revoc贸 el hist贸rico fallo del caso “Roe contra Wade” de 1973 en el que se hab铆a determinado la legalizaci贸n del aborto en todo Estados Unidos. Horas despu茅s de conocida la decisi贸n del alto tribunal estadounidense, Ohio implement贸 una ley estatal que proh铆be los abortos despu茅s de las seis semanas de embarazo, una legislaci贸n que ven铆a siendo bloqueada desde 2019 por inconstitucional. El art铆culo publicado por el peri贸dico describe los casos de una gran cantidad de pacientes que desean interrumpir sus embarazos y viajan a Indiana desde estados vecinos que cuentan con severas restricciones al derecho al aborto, como Kentuky y Ohio.
El art铆culo detallaba tambi茅n c贸mo la doctora Caitlin Bernard, especialista en ginecolog铆a y obstetricia, ten铆a a su cuidado a una ni帽a de diez a帽os que hab铆a quedado embarazada luego de una violaci贸n. Personal m茅dico especialista en abuso infantil de Ohio se puso en contacto con la doctora Bernard en busca de ayuda, porque la ni帽a cursaba seis semanas y tres d铆as de gestaci贸n y no pod铆a practicarse un aborto en Ohio, ya que la legislaci贸n de ese estado proh铆be los abortos a partir de las seis semanas de gestaci贸n y no prev茅 ninguna excepci贸n por casos de violaci贸n o incesto.
Medios de comunicaci贸n, analistas y dirigentes pol铆ticos de derecha salieron inmediatamente a cuestionar la veracidad de la informaci贸n. “Cada d铆a que pasa, se hace m谩s probable que esto sea un invento”, le dijo al medio USA Today el fiscal general de Ohio, el republicano Dave Yost. Por su parte, el congresista republicano de Ohio Jim Jordan public贸 un tuit —que luego elimin贸— en el que dec铆a: “Otra mentira m谩s. ¿A qui茅n le sorprende?”. Jordan trabaj贸 como entrenador de lucha libre en la Universidad Estatal de Ohio de 1987 a 1994 y ha sido acusado de ayudar a encubrir las agresiones sexuales que varios atletas varones sufrieron a manos de un m茅dico del departamento de atletismo de dicha universidad.
El presentador del canal Fox News Jesse Watters calific贸 al art铆culo sobre la violaci贸n de la ni帽a como una noticia falsa y luego invit贸 al fiscal general republicano de Indiana, Todd Rokita, a su programa. Durante esa entrevista, Rokita dijo acerca de la doctora Bernard:
“Y luego tenemos a esta activista a favor del aborto que act煤a como m茅dica y tiene un historial de no informar [los abortos al estado]. Estamos recabando toda la informaci贸n y las pruebas. Haremos una investigaci贸n a fondo, que incluye la revisi贸n de la matr铆cula profesional [de esta doctora]. Si ella no inform贸 sobre este aborto al estado de Indiana, est谩 cometiendo, de manera deliberada, un delito de omisi贸n de informar”.
Durante la entrevista se mostr贸 una foto de la doctora Bernard.
Al d铆a siguiente, las autoridades del estado de Ohio anunciaron el arresto de un hombre que hab铆a confesado haber violado a la ni帽a de diez a帽os en al menos dos ocasiones.
Los registros p煤blicos confirmaron que la doctora Bernard hab铆a cumplido con todos los requisitos legales de Indiana al informar sobre el caso. A pesar de esos registros de acceso p煤blico, Rokita confirm贸 que estaba investigando a la doctora Bernard por posibles delitos relacionados con la atenci贸n que le brind贸 a la ni帽a.
La doctora Bernard contrat贸 a un abogado y present贸 una demanda contra el fiscal general Rokita; tambi茅n planea entablar una demanda por difamaci贸n. Bernard ha sufrido hostigamientos y amenazas por parte de extremistas antiaborto durante mucho tiempo, incluida una amenaza de secuestrar a su hija en 2020. Estas nuevas acusaciones falsas promovidas por Fox News y otros medios la han expuesto a煤n m谩s a un da帽o potencial.
Los extremistas antiaborto han asesinado, al menos, a once personas desde 1993, desde m茅dicos, recepcionistas, acompa帽antes terap茅uticos y guardias de seguridad hasta otras personas que se encontraban por casualidad en alguno de los centros de salud que estaban en la mira de los extremistas. La Federaci贸n Nacional del Aborto ha realizado una recopilaci贸n exhaustiva de estad铆sticas sobre estos hechos de violencia que, adem谩s de esos once asesinatos, incluyen 26 intentos de asesinato, atentados con bomba, secuestros, hostigamientos, agresiones, actos de vandalismo e incendios premeditados.
Mientras que el fiscal general de Indiana, Todd Rokita, destina recursos p煤blicos a su cacer铆a de brujas contra la doctora Caitlin Bernard, aproximadamente 5.000 kits de violaci贸n permanecen sin procesar en Indiana, seg煤n lo documenta el programa End the Backlog, de la organizaci贸n Joyful Heart Foundation. Tal vez Rokita deber铆a centrarse menos en difamar al personal m茅dico e iniciar persecuciones pol铆ticas contra los profesionales de la salud y, en su lugar, priorizar de una vez por todas el an谩lisis de esos kits de violaci贸n.
Esta 煤ltima ola de legislaciones contra el aborto est谩 aumentando de manera alarmante. En varios estados est谩n en proceso de redacci贸n leyes para evitar que las personas gestantes viajen de un estado a otro para practicarse un aborto, o para llevarlas a juicio por acceder al procedimiento de manera legal en otro estado. Otras leyes que est谩n bajo consideraci贸n apuntan a aquellas personas que “ayuden e inciten” a un aborto, lo que incluye pr谩cticamente a cualquiera que interact煤e con una persona que desea interrumpir su embarazo, desde miembros de la familia hasta donantes, taxistas y proveedores de atenci贸n m茅dica. En 煤ltima instancia, el movimiento antiabortista busca forzar una prohibici贸n del aborto en todo el territorio nacional.
Proteger a las personas embarazadas que desean abortar y a sus proveedores de atenci贸n m茅dica de los extremistas antiaborto —ya sea que est茅n acechando en las afueras de las cl铆nicas o de los hogares de los m茅dicos, dentro de las legislaturas estatales o en el Congreso de Estados Unidos— debe ser una prioridad para todos los estadounidenses. Si bien la anulaci贸n del fallo del caso Roe contra Wade es una derrota –y un grave acto de injusticia cometido por la Corte Suprema–, tambi茅n es un llamado a la acci贸n.
© 2022 Amy Goodman