Rescates, préstamos, inyecciones de capital… desde Greenpeace llevamos tiempo denunciando los miles de millones que los países europeos conceden al sector aéreo. Un montón de dinero público a pesar de la falta de compromiso de las aerolíneas para reducir sus emisiones, en una industria donde el greenwashing y las falsas soluciones no ocultan la realidad: cuantos más vuelos, más contaminación.
Esta manera de financiar el cambio climático también se produce a nivel local: entre 2015 y 2022 una veintena de aeropuertos españoles se han beneficiado de más de 60 millones de euros en subvenciones encubiertas. Es una de las conclusiones de nuestra última investigación, titulada “Chanchullos en el aire”: Análisis de las subvenciones de ayuntamientos y comunidades al sector aéreo donde denunciamos las ayudas que reciben las aerolíneas para mantener vuelos deficitarios.
Pero ojo… Esos 60 millones corresponden únicamente a los contratos que hemos podido localizar y verificar. La opacidad y la falta de transparencia son habituales. Estas subvenciones se suelen camuflar bajo “acciones de promoción turística” a través de Fundaciones y Consorcios dirigidos por ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos.
Muchas de estas ayudas no son puntuales. Se renuevan año tras año porque las aerolíneas utilizan estos contratos para mantener artificialmente operativas ciertas conexiones. Y además hacen chantaje con ello, amenazando con retirar los vuelos si no les renuevan las ayudas.
Subvencionar vuelos así es ilegal. La Comisión Europea ya ha dictaminado la ilegalidad de las ayudas públicas indirectas a las compañías aéreas camufladas bajo contratos de promoción turística, pues distorsiona el principio de libre competencia frente a otros modos de transporte.
Como casos más flagrantes, destacan los 22 millones concedidos por la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, los 8 millones de la sociedad VIA – Promoción del Aeropuerto de Vitoria S.A., los 10,4 millones de la sociedad pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas) o los 10 millones del Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña. Entre las aerolíneas beneficiadas por estos contratos destacan Ryanair, Easyjet, Binter, Iberia, Air Nostrum o Volotea.
Desde el punto de vista ambiental, cualquier subvención que incentive incrementar los vuelos resulta una pésima idea, por los efectos que supone al lastrar una economía verde y unos hábitos de movilidad libres de combustibles fósiles. Pero más allá del impacto ambiental negativo, las subvenciones detectadas provocan otro tipo de anomalías:
- Muchos de estos aeropuertos se construyeron sin ser necesarios y supusieron un sumidero de dinero público, procedente en buena medida de fondos europeos
- Contrariamente a lo que se promete, la construcción de aeropuertos tiene una escasa repercusión en el empleo y el desarrollo económico de una región.
- Los gobiernos justifican estas subvenciones con el objetivo preferente de atraer más turistas, sea como sea. Así, estas subvenciones reducen los recursos para el transporte cotidiano y se abandonan otras propuestas para conseguir modelos de desarrollo económico más estables y resilientes que el turístico.
- En no pocos casos el aeropuerto se transforma en una apuesta identitaria, algo cuya pérdida degradaría la provincia a una división inferior. Los gobiernos se aferran a mantener como sea sus aeropuertos porque entienden que quien los cierre va a sufrir un alto coste electoral.
- La mayoría de estos vuelos subvencionados se encuentran en la España más despoblada y central. Sin embargo, las subvenciones a las líneas aéreas han terminado en muchos casos potenciando vuelos a la periferia turística: Costa del Sol, Levante y las islas. Esto supone que el flujo de dinero de las arcas territoriales de las zonas menos turísticas termina beneficiando a territorios que no lo necesitan.
- Lejos de atraer visitantes extranjeros, los destinos de los vuelos bonificados son sobre todo destinos vacacionales de la población local. Así se produce una transferencia de rentas públicas regresiva que favorece a las clases medias y altas, pues son aquellas que se pueden permitir unas vacaciones en avión.
En plena emergencia climática es inaceptable que se financie con dinero público una actividad nociva para el medioambiente como es la aviación. Y más aún que bajo la apariencia de contratos de promoción turística, se firmen contratos para que las aerolíneas mantengan de forma artificial sus vuelos.
Por ello demandamos a los diferentes gobiernos locales, diputaciones y autonómicos que detengan este tipo de ayudas y dedique estos recursos a promover un modelo turístico compatible con la protección del clima y el entorno.
