OPINIÓN de Amy Goodman
La violencia política está aumentando de manera acelerada y alarmante en Estados Unidos. En la madrugada del viernes 28 de octubre, un intruso irrumpió en la residencia de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en la ciudad de San Francisco, y agredió a su esposo, de 82 años de edad, con un martillo. El ataque ocasionó a Paul Pelosi una fractura de cráneo. El intruso, David DePape, de 42 años, fue detenido. Las publicaciones de DePape en las redes sociales son una mezcla espeluznante de teorías conspirativas, comentarios racistas y antisemitas y cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. “¿Dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy?”, le gritó DePape a Paul Pelosi [durante el ataque], replicando un cantito que los partidarios de Trump corearon en el Capitolio de Estados Unidos durante la insurrección del 6 de enero de 2021. El señor Pelosi logró llamar al teléfono de emergencias y dejó la línea abierta para que la operadora pudiera escuchar el intercambio que él tenía con el intruso. La operadora llamó entonces a la policía de San Francisco para que fuera a la residencia de Pelosi y verificara la situación. DePape estaba atacando a Pelosi cuando la policía llegó al lugar. Los agentes detuvieron rápidamente al agresor y Pelosi fue trasladado de urgencia al hospital, con una fractura de cráneo. DePape permanece encarcelado y enfrenta cargos por múltiples delitos a nivel estatal y federal.
Durante un discurso que pronunció este miércoles en horario estelar desde la estación ferroviaria Union Station de Washington D.C., el presidente Biden dijo: “En Estados Unidos no resolvemos nuestras diferencias con acciones violentas, actos intimidatorios, balas o martillos. Las resolvemos de manera pacífica en las urnas”. Así es como debería ser. Pero el liderazgo de tinte demagógico con el que Donald Trump tomó el control del Partido Republicano y su mentira acerca de que las elecciones de 2020 fueron ganadas de forma fraudulenta han llevado a Estados Unidos a entrar en una etapa oscura y peligrosa. Racismo, xenofobia, nacionalismo cristiano y toda otra confusa mezcla de prejuicios y agravios se propagan impulsados por dirigentes republicanos desesperados por mantenerse en el poder. Esta mezcolanza tóxica cuenta con el respaldo de una minoría de ultraderecha cada vez más armada y radicalizada, que encubre su criminalidad detrás de las autodenominadas “milicias civiles” y sus eslóganes patrióticos.
“Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo”, proclama Trump, sin decir nunca en qué momento de su dolorosa y tumultuosa historia Estados Unidos fue realmente “grande”. El acrónimo de esa frase en inglés, ”MAGA”, ha sido utilizado tanto por los partidarios de Trump como por sus muchos detractores. La derecha lo ha adoptado como un grito de guerra y los defensores de la democracia lo usan como una señal general de alarma.
Durante su intervención del miércoles por la noche, Biden también expresó: “La democracia estadounidense está bajo ataque porque el expresidente de Estados Unidos, que fue derrotado, se rehúsa a aceptar los resultados de las elecciones de 2020 […]. Ha hecho de la “gran mentira” [del fraude electoral] un dogma de fe del sector republicano alineado con él, el MAGA, que es un sector minoritario del Partido Republicano […]. Ese sector ha incentivado actos de violencia y de intimidación contra votantes y funcionarios electorales”.
Desde la derrota electoral de Trump en 2020, las amenazas contra funcionarios electorales se han intensificado. En 2021, el Centro Brennan para la Justicia emitió un informe que detalla numerosas situaciones de confrontación, amedrentamiento y amenazas contra trabajadores electorales en varios estados del país, muchas de ellas relacionadas con el racismo y el antisemitismo. Las legislaturas estatales controladas por el Partido Republicano impulsaron con celeridad varias iniciativas destinadas a restringir la participación electoral y aprobaron decenas de leyes al respecto. Muchos estados han promulgado diversas leyes que limitan el acceso al voto, dificultan la votación anticipada y la emisión del voto por correo, imponen nuevos requisitos de identificación de votantes e incluso —como en el estado de Georgia— una ley que declara ilegal proveer agua a las personas que hacen fila en los centros de votación.
Una encuesta realizada por la agencia de noticias Reuters y la consultora de opinión pública Ipsos, publicada la semana pasada, concluyó que dos de cada cinco votantes están preocupados por la amenaza de que se susciten actos violentos o de intimidación en los centros de votación durante estas elecciones de mitad de mandato, y que dos tercios de los votantes registrados temen que grupos de extremistas lleven a cabo actos de violencia si no están satisfechos con los resultados de las elecciones.
En el estado de Arizona, grupos de personas armadas y enmascaradas, vestidas con chalecos antibalas, estuvieron vigilando un sitio de recepción de papeletas de voto por correo que permanece abierto las 24 horas del día. La organización Liga de Mujeres Votantes acudió a un tribunal federal y obtuvo una orden de alejamiento temporal para los miembros del grupo de intimidación de votantes conocido como Clean Elections USA. El presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa, Bill Gates, y el secretario y autoridad electoral del condado, Stephen Richer, emitieron una declaración conjunta que incluye una frase que describe en sí misma la gravedad de la situación: “No usen chalecos antibalas para intimidar a los votantes que acuden a emitir su voto dentro del marco de la Ley”. Hasta el momento, la Secretaría de Estado de Arizona ha informado al Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre al menos seis casos de intimidación de votantes.
En el condado rural de Nye, en el estado de Nevada, simpatizantes de Trump que sostienen la teoría del fraude electoral en las elecciones de 2020 y las teorías que alimentan las sospechas sobre los dispositivos de escaneo óptico lograron que el condado adoptara el conteo manual de las papeletas. El secretario electoral del condado dimitió en protesta, mientras que el conteo manual de votos no ha resultado bien. Debido a la gran cantidad de errores humanos, se ha ordenado la interrupción del proceso de conteo. Pero la paralización del recuento no sucedió antes de que la vicepresidenta del Comité Central del Partido Republicano del Condado de Nye, Laura Larsen, que portaba una pistola de manera visible, expulsara a una observadora electoral de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles e intentara confiscar sus notas.
El ataque a Paul Pelosi fue parte de un intento fallido de secuestrar o asesinar a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, segunda en la línea de sucesión presidencial. En respuesta, destacados dirigentes republicanos —como el gobernador del estado de Virginia, Glenn Youngkin, la candidata a gobernadora de Arizona, Kari Lake, y Donald Trump hijo— bromearon sobre el ataque a Paul Pelosi.
Exacerbar y naturalizar la violencia política, tal como lo están haciendo Donald Trump y sus aliados del Partido Republicano, asegura más derramamiento de sangre. La resiliencia de la democracia estadounidense depende de la participación libre, justa y vigorosa de todos los ciudadanos con derecho a voto. La violencia política debe ser condenada y contrarrestada con una participación electoral masiva.
© 2022 Amy Goodman
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