OPINIÓN de Sergio Ortiz
LA SEMANA POLÍTICA
LA DERECHA LO HOSTIGÓ DESDE EL PRIMER DÍA Y LOGRÓ DESTITUIR
UN LÁPIZ SIN PUNTA
Pedro Castillo llegó al gobierno el 28 de julio de 2021 habiendo sido un profesor de primaria, de origen andino y líder de huelgas docentes en 2017. Por eso su símbolo fue el sombrero de su zona y también el lápiz, de educador.
En las elecciones presidenciales tuvo el 19 por ciento de los votos en primera vuelta, apareciendo como candidato sorpresa que pasaba al balotaje contra una figura del establishment y la derecha reaccionaria, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Es hija y continuadora de Alberto Fujimori, responsable del autogolpe de Estado de abril de 1992 y numerosos crímenes del terrorismo de Estado.
Aún con ese prontuario familiar y político, Keiko llegó a los comicios con fuertes posibilidades de ganar y apenas fue derrotada por el maestro por 44.000 votos en segunda vuelta. Como la diferencia fue tan exigua, los motoristas y todas las clases dominantes denunciaron un inexistente fraude electoral. Fue el primer intento de impedirle gobernar a Castillo, cuando éste aún no había asumido.
A partir de iniciar su mandato presidencial de cinco años, aquél fue víctima de otros tres intentos de golpe parlamentario y destitución, por parte de una oposición de derecha y ultraderecha que mantenía el dominio del Congreso unicameral de 130 bancas. Allí el partido de Castillo, Perú Libre, era minoría.
Esos intentos destituyentes argumentando “vacancia” o incapacidad moral del titular del Ejecutivo fueron en noviembre de 2021, cuando la moción golpista sólo reunió 46 votos en el recinto. La siguiente intentona fue en marzo de 2022 cuando llegó a 55 adeptos y un tercer round estaba previsto para el 7 de diciembre, cuando el Congreso había citado a sesión con la intención de deponer al presidente. Esta vez contaba con mayores posibilidades porque en la previa había conseguido que un funcionario allegado a Castillo, Salatiel Marrufo, detenido por corrupción, se acogiera a la figura del arrepentido. Y lo incriminó a Castillo de haber recibido varios miles de dólares en efectivo para él y otros 260.000 para sobornar a 20 legisladores que en la sesión debían votar en contra de la destitución presidencial.
Es importante retener este dato. Hubo cuatro intentos de deponer al presidente Castillo, uno ante la justicia electoral antes de asumir y otros tres en el Congreso para declarar la vacancia por inhabilidad moral. Recién allí, en la víspera del cuarto golpe, Castillo decretó el cierre del Congreso, la intervención de la justicia y un pronto llamado a nuevas elecciones, con el objetivo de convocar a una Asamblea Constituyente en 9 meses.
Fue su final, porque el Congreso opositor y una parte de sus propios legisladores y aliados denunciaron que eso era un “autogolpe de Estado” y lo rechazaron, con fuerte apoyo empresarial y mediático, con el emblema de los monopolios, “El Comercio” de Lima. Castillo quedó totalmente aislado. Le renunciaron casi todos los ministros y hasta su vicepresidenta, Dina Boluarte, se plegó a la campaña derechista, calculando que a ella le pondrían la banda presidencial, al menos momentáneamente.
La fiscalía general de Patricia Benavides ordenó la detención de Castillo por rebelión y conspiración. Y ordenó a la Policía detenerlo cuando, junto con su familia, iba a asilarse a la embajada de México. Ahora tiene una detención preventiva de una semana y luego afrontará cargos que pueden costarle entre 10 y 20 años de cárcel.
ENEMIGOS IMPLACABLES
Los hechos prueban que Perú Libre y el presidente Castillo, que luego se corrió hacia el centro-derecha y dejó esa agrupación marxista dirigida por Vladimir Cerrón, no tenían una apreciación correcta sobre la naturaleza criminal del bloque de las clases dominantes. Éstas habían sido sorprendidas en 2021 por el maestro, pero se determinaron a acabar con él cuanto antes.
Es que el candidato del PL había planteado aumentar el presupuesto para Educación, recuperar la minería para el Estado nacional y cobrar mayores impuestos a las multinacionales del sector, convocar a elecciones para una Asamblea Constituyente y nueva Constitución, y otros cambios positivos. Esa fue una música maravillosa para los oídos de la población de 33 millones de habitantes, de 55 pueblos originarios, campesinos y trabajadores, que vivía y vive en condiciones de pobreza en un país gobernado por políticos como Alberto Fujimori, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski y otros corruptos que recibían coimas de las mineras, los bancos, el narcotráfico, etc.
Hay analistas que a raíz de los sucesos del 7 de diciembre ponen el acento en que hubo seis presidentes en cuatro años: Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Castillo y ahora Boluarte. Es verdad que eso muestra una gran inestabilidad política e institucional.
Pero más importante que eso es el fondo del asunto: el Estado peruano mantiene un sentido de clase capitalista dependiente y semicolonial, con presidentes surgidos de un autogolpe de Estado o de elecciones muy poco limpias: PPK recibió sobornos de Odebrecht y Keiko tiene causas penales muy graves por financiar sus campañas con dinero del crimen organizado y lavado de activos.
El Ejecutivo tenía mala fama desde mucho antes y eso abrió la posibilidad de un turno progresista y promisorio con Castillo, que defraudó. También el Congreso es un refugio de rufianes: su imagen negativa es del 86 por ciento, superior al bajo nivel de popularidad que tenía el depuesto el 7 de diciembre. El presidente del Legislativo es un general retirado, José Williams, que actuó en la masacre de Accomarca en 1985 contra Sendero Luminoso y en los asesinatos de los militantes del MRTA que en 1987 habían tomado rehenes en la embajada de Japón.
Esos son los enemigos implacables que tuvo Castillo durante un año y cinco meses. Lo graficó el editorial de El Comercio: “Le tocará al frustrado dictadorzuelo y a quienes lo acompañaron en su operativo de desmontaje de la democracia ser juzgados por las autoridades pertinentes”.
No era un dictador sino un presidente “progre” que no llevó a cabo sus promesas electorales y por eso no hubo multitudes defendiéndolo del golpismo. Cambió quince veces su gabinete, unos 70 ministros y cayó sin pena ni gloria. Él mismo rompió el lápiz con que prometió dibujar un futuro mejor para la educación del pueblo.
LO MALO, LO BUENO, LO FEO
El golpe en Perú puso de manifiesto lo malo: un gobierno más o menos progresista se rindió sin pelea ante los intereses oligárquicos y proimperialistas. Terminó minando su base de sustentación social y política, derrotado e incluso con sus líderes presos. Toda una lección para la runfla de reformistas y claudicantes, abundante en Argentina, que se niega a tomar medidas antiimperialistas con el argumento de que “no da la correlación de fuerzas”. Esa gente puede terminar como Castillo…
Lo feo es que en esta ocasión se pudo ver al imperialismo yanqui por medio de su Departamento de Estado y el ministerio de Colonias (léase OEA), justificar el golpe de Estado peruano y plantear que el Congreso y las fuerzas de derecha habían reestablecido la democracia.
El vocero del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, se apresuró a llamar a Castillo como “expresidente” y estimó que los congresistas peruanos tomaron “medidas correctivas de acuerdo con las reglas democráticas”. La misma postura tuvo Luis Almagro, de la putrefacta OEA, quien tildó de “una alteración del orden constitucional” a las acciones de Castillo, e inmediatamente reconoció Boluarte como nueva presidenta.
Castillo a principios de diciembre había solicitado a Almagro el envío de una delegación de la OEA o Grupo de Alto Nivel dando lugar a la intervención de esa “cosa tan fea”, diría el cubano Carlos Puebla. Ese GAN recomendó 100 días de tregua, dando tiempo a que los golpistas siguieran con su plan hasta el final, en vez de denunciar ese operativo antidemocrático.
Los gobiernos de Francia y España también bendijeron el derrocamiento de Castillo y cantaron loas a la supuesta democracia renacida en Lima. Lamentablemente la cancillería argentina tomó una postura similar, porque en el comunicado difundido por la agencia oficial TELAM se consignó que “fuentes de la Cancillería dijeron que claramente la Argentina rechazó la decisión que tomó Castillo, fuimos de los primeros países que definimos una posición pública exigiendo que se recupere el orden democrático”.
Dentro de ese espectro seudo democratista, pero en realidad proestadounidense, el peor de todos fue el presidente electo de Brasil. Lula declaró: “la destitución de Castillo fue apegada a derecho dentro del marco constitucional”. Es como si el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff y el lawfare que lo tuvo preso injustamente durante casi 2 años, no hubieran existido.
Lo bueno de esta historia lo aportaron políticos y presidentes con una postura antiimperialista, que por suerte los hay en América Latina y el Caribe. Entre los mejores estuvo Andrés Manuel López Obrador, que denunció el golpe y ofreció asilo político a Castillo, con gestiones de su canciller Marcelo Ebrard.
También al tope del ranking se ubicó Venezuela, con buenas posiciones de su presidente Nicolás Maduro y sobre todo Diosdado Cabello, que directamente calificó lo ocurrido como “un golpe organizado por los Estados Unidos”. El gobierno de Luis Arce de Bolivia y Gustavo Petro de Colombia también estuvieron del lado correcto; un poco mejor que Arce y su representante en la OEA estuvo el líder antiimperialista Evo Morales.
Cuba no podía faltar en este bloque de avanzada. Su presidente Miguel Díaz Canel declaró que “la situación en Perú es resultado de un proceso dirigido por las oligarquías dominantes para subvertir la voluntad popular que había elegido a su gobierno de acuerdo con el ordenamiento legal peruano”.
Los acontecimientos en Perú ponen de relieve la necesidad de coordinación entre los países progresistas, antiimperialistas y democráticos de la región. La Unasur no existe. La Celac tiene a todos adentro (buenos, regulares, malos y peores) y sólo actúa por unanimidad, o sea está presa de los vetos.
Hay que retomar y ampliar el ALBA, Alianza Bolivariana de Nuestra América, fundada en 14 de diciembre de 2004 por Hugo Chávez y Fidel Castro. Hoy tiene 10 países miembros y 3 invitados. En pocos días cumplirá 18 años y es necesario su crecimiento y reactivación. A ver si se juegan y entran AMLO y Petro, no digamos Gabriel Boric ni el terceto Fernández-Cristina-Massa, de fuertes vínculos con Washington.
