VIGILANCIA CIUDADANA PROPUESTA AL PERU.
Jorge E. Zavaleta Alegre Corresponsal en América
La Vigilancia Ciudadana es la única iniciativa para poder fortalecer la acción gubernamental, en consecuencia la Democracia, es la síntesis de la propuesta que expone el economista peruano Marco Castillo Torres, profesional con una rica experiencia en la administración de la Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE.
Marco Castillo
Esta institución es el Banco de Desarrollo del Perú, una empresa comprometida con impulsar el desarrollo sostenible del País, haciendo viable el acceso a recursos y oportunidades, para las personas y empresas. La estrategia se basa en generar desarrollo a través de una gestión de triple resultado, con el objetivo de impactar positivamente en el ámbito económico, social y ambiental.
Esta Banca es un motor de desarrollo sostenible, impulsando la competitividad a través de servicios financieros innovadores de alto impacto, brindando soporte a sectores claves para el desarrollo nacional.
Reconocido como Banco de Desarrollo es referente e innovador, con alto impacto en el desarrollo sostenible del Perú, y con un modelo de gestión moderno y autosustentable.
La vigilancia ciudadana es una forma de participación de la población en la esfera pública. Constituye una observación colectiva, sistemática y deliberada de la sociedad civil sobre las autoridades e instituciones.
Es el reflejo de una ciudadanía que exige responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos asumidos y está alerta frente al comportamiento de sus representantes.
Su ejercicio plantea también retos al Estado. En tanto no haya apertura de parte de la institución a la cual se vigila, una provisión oportuna de información sobre sus acciones y compromisos, un reconocimiento del derecho ciudadano de observar, la vigilancia ciudadana enfrentará grandes dificultades y será más bien un campo de conflicto.
En suma, la vigilancia ciudadana como acción sostenida de ejercicio de derechos ciudadanos, supone una reformulación de la relación entre Estado y sociedad. De un lado, una sociedad civil madura que exige responsabilidad y coherencia a sus autoridades. Del otro, un Estado que acepta que rendir cuentas es parte de su deber frente a los ciudadanos.
En el Perú, la práctica ciudadana de la vigilancia es reciente. El Gobierno de Transición que reemplazo a la administracion delictiva de Alberto Fujimori, puso en marcha un cambio, afirmando una política de transparencia para facilitar el acceso ciudadano a la información y, en consecuencia, generar mejores condiciones para la vigilancia ciudadana.
El Portal de Transparencia del MEF constituye un ejemplo de esa nueva política. (Ver www.mef.gob.pe). La aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley27806, del 2/08/2002, en www.congreso.gob.pe) son dos columnas que abrieron puertas a una nueva etapa en la Historia de un pais con mas de 33 millones de población.
La vigilancia ciudadana es la participación y la concertación para la toma de decisiones sobre planes de desarrollo, presupuestos anuales y otros temas. La descentralización abre nuevos campos al ejercicio de la vigilancia ciudadana. Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales tendrían –progresivamente- más recursos y más competencias.
Los ciudadanos y las ciudadanas en las regiones, en virtud de la nueva legislación nacional y también gracias a dispositivos específicos que señalan que todo gobierno subnacional debe tener un Portal de Transparencia, tendrán mayores oportunidades para informarse acerca de las decisiones políticas, presupuestales y administrativas que tomen sus autoridades.
El Proyecto Participa Perú tiene como uno de sus campos de acción la promoción de la vigilancia ciudadana sobre la descentralización. En este marco, se ha implementado el Sistema Vigila Perú en siete (7) regiones del país: Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, Piura, San Martín y Ucayali.
El Sistema Vigila Perú hace seguimiento a la acción del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales de esas regiones y a algunos de sus Gobiernos Locales en torno a temas presupuestales, de transparencia y de participación, de inclusión y exclusión, de educación y salud.
En las tres décadas de vida institucional del Grupo Propuesta Ciudadana (GPC) han tenido lugar grandes cambios. Se consolidó un modelo económico sustentado en la apertura general del mercado, con una expansión sostenida de las industrias extractivas y de la agroexportación que creó estabilidad macroeconómica, crecimiento de los ingresos fiscales, junto con una gran concentración de la riqueza, el incremento del desempleo, de la informalidad y de la conflictividad social, así como la concentración de la propiedad agraria y la marginación de la pequeña agricultura.
Simultáneamente se produjo la crisis del sistema político, realidad que se ha profundizado, en particular desde el 2016, y ha puesto en cuestión la propia viabilidad del régimen democrático. Además, en estas décadas hemos pasado de una alta centralización del poder a un proceso de descentralización que despertó grandes expectativas, pero que ha terminado en desencanto, estancamiento y regresión centralista.
Desde su fundación en 1992, GPC se comprometió en un esfuerzo colectivo para defender y profundizar la democracia. Construyó su identidad en la apuesta por la transformación descentralizada y participativa del Estado así como en la búsqueda constante por mejorar el aporte del sector extractivo al desarrollo de los territorios.
El Consorcio ha demostrado capacidad para adaptarse a los cambios en el contexto, muchos de los cuales han sido de gran envergadura, y preservar al mismo tiempo sus principios y orientaciones estratégicas.
Su principal capital es la presencia y legitimidad de las diez instituciones socias que actúan en diecisiete regiones. La conjunción de capacidades y experiencias ha hecho posible una intervención nacional que integra las diferentes realidades territoriales.
Su fortaleza se apoya igualmente en un equipo ejecutivo comprometido con el proyecto, con una fuerte identidad institucional y con una reconocida capacidad profesional. El Consorcio ha mantenido una opción estratégica por la construcción de alianzas y redes de la sociedad civil a nivel internacional, nacional y regional, aunada a un esfuerzo sostenido por fortalecer las capacidades y facilitar el acceso a información a los más variados liderazgos sociales e institucionales.*
(Informacion Calandria vigilancia ciudadana Perú)
