Agustín Bagauda
El 23 de febrero de 1981 el fascismo entraba (también estaba) en el Congreso a punta de pistola y pegando tiros. Ahora, sin pistola, sin tiros, marca la agenda (moción de censura) de la institución donde “reside la soberanía popular”, el Congreso; la de los medios de comunicación y el debate público. A unos días de la convocatoria de elecciones autonómicas y municipales (y a medio año de las generales), buscando desgastar al PP y movilizar a parte de su electorado presentándose como la única opción coherente que hace frente al gobierno “socialcomunista”.
Más allá de un esperpento, es el fotograma de una inquietante “película”, que no es otra que el actual escenario político de nuestro país, con la extrema derecha situada en todos los órganos del Estado (Parlamentos, poder judicial, ejército, policía,…) salvo en el gobierno, objetivo a (re)conquistar, y una izquierda muy debilitada en todos los planos.
Mientras esto ocurre en el Parlamento la crisis social va in crescendo: la pobreza se extiende como una mancha de aceite (28%), a la par que la precariedad (sobre todo en nuestros jóvenes), la depreciación de salarios y pensiones, la escalada de la inflación subyacente (7,7 %) (1), el precio de los alimentos (15,4 %) y del imparable aumento del coste de la vivienda y sus correlativos desahucios (21.888, 1º Sem. 2022); y con el 14,3 % de la población pasando frío en sus hogares (pobreza energética). Estos son los principales problemas, reales, del proletariado y clases populares, sin olvidarnos del deterioro y abandono programado de los servicios públicos en pro de su privatización (gracias a normativas de competencia de las instituciones centrales).
Y al tiempo que se da esta dramática situación social los grandes emporios empresariales, especialmente el energético y la banca (2), obtienen beneficios escandalosos. A costa de la explotación y precariedad de los trabajadores, de las cuantiosas ayudas del Estado (que pagamos todos), directas e indirectas, del pago por debajo de los costes de producción a los productores del campo, del traslado del aumento de los costes de las mercancías a los consumidores (el grueso, asalariados), de los procesos de “desposesión” (privatizaciones), cuando no del robo (eso sí, legal) de los ciudadanos. Como no puede ser de otra forma bajo el capitalismo, la contradicción capital-trabajo está presente, y la clase trabajadora, que es quien crea la riqueza social, ve cómo la clase capitalista se apropia de ella.
No solo la clase obrera (políticamente huérfana), también la pequeña burguesía es golpeada por la crisis, y vemos cómo cuando no tienen que cerrar sus negocios (3), los mantienen a duras penas. ¡Golpe de realidad a la ideología del emprendimiento! (que han introducido hasta la médula en los centros de enseñanza). Una pequeña burguesía agobiada por las deudas, los alquileres y el precio de la electricidad, ve ahora, con el regresivo acuerdo de pensiones, que tiene que hacer una cotización adicional a la S.S. (MEI), lo que es aprovechado por la gran patronal (a la que eso no le supone ningún problema dados sus pingües beneficios, devaluación salarial, ingentes subvenciones y fraude fiscal) para utilizarla como ariete contra el gobierno de coalición y los sindicatos; y refuerza su tendencia a desplazarse a posiciones reaccionarias, lo que ayuda a explicar su progresiva fascistización.
En este contexto, en estas circunstancias, el gobierno de coalición, a lo largo de toda la legislatura que está a punto de terminar, se ha mostrado incapaz de enfrentarse a la banca, al sector energético, a la industria de la alimentación, a las grandes corporaciones; incapaz, por tanto, de dar solución a los lacerantes problemas de la mayoría social, porque los beneficios y abundancia de los primeros son los bajos salarios y empobrecimiento de la segunda.
Así, “Todas las medidas adoptadas por el gobierno de coalición para intentar controlar la inflación desde fuera, sin intervenir en el mercado, han fracasado”; “…, uno tras otros, estos planes y medidas chocan contra una estructura empresarial dominada por oligopolios que controlan todos los sectores económicos, trasladan al consumidor el aumento de los costes de producción y distribución y absorben cualquier ayuda que el Estado establezca. En definitiva: sin atacar los intereses del gran capital, no vale ninguna política para frenar la constante degradación de las condiciones de vida y trabajo de las masas”. (Informe aprobado por el CC del PCE m-l, marzo de 23).
Es un gobierno que ha incumplido sistemáticamente sus promesas (derogación de la reforma laboral, de la reforma de las pensiones, de la Ley Mordaza, la aprobación de una nueva Ley de Vivienda,…), nos ha embarcado (de forma indirecta) en un conflicto armado de imprevisibles consecuencias, uncido aún más al carro de guerra del imperialismo otanista, aumentado el 26,3 % el gasto militar… y traicionado al hermano pueblo saharaui.
Ante tamaño despropósito neoliberal, antipopular, proimperialista, la “izquierda” institucional de Unidas Podemos, quien dice representar y defender los intereses de los trabajadores, de la “gente de abajo”, de la “ciudadanía”, de la “mayoría social”, cruza toda línea roja, deja por el camino hechas jirones sus señas de identidad de izquierdas y se mantiene en el Gobierno. Siempre tendrá una justificación para ello. Es una UP que, en correspondencia con una ideología que desplaza de la centralidad el conflicto capital-trabajo por los conflictos de identidad o de las minorías, ha basado su política en cuestiones que no son las prioridades de los trabajadores (paro, precariedad, vivienda, sanidad,…).
Esta política gubernamental, esta política de los reformistas, puede tener un alto costo político y social en el contexto actual. Aumenta la frustración y desencanto de importantes sectores sociales que depositaron en UP su confianza; genera desafección en amplias masas, muchas en una situación desesperada, que puede desplazar a parte de las mismas hacia propuestas reaccionarias y fascistas; da “armas” a las huestes de extrema derecha; e indispone a parte de la población contra toda propuesta de izquierdas, aunque sea consecuente, lo que dificulta la labor de los que queremos una cambio real, una ruptura, del statu quo.
La andadura de UP, representantes de una pequeña burguesía timorata que prefiere ponerse del lado de la gran burguesía que del de la clase obrera, nos descubre lo que históricamente nos ha mostrado el reformismo revisionista: por un lado, la esterilidad del parlamentarismo; por el otro, lo negativo y contraproducente que resulta coaligarse en el gobierno con un partido abiertamente neoliberal, pilar del régimen y embarcado como el que más en empresas de rapiña.
Subrayamos: “Sin atacar los intereses del gran capital, no vale ninguna política para frenar la constante degradación de las condiciones de vida y trabajo de las masas”. Conclusión: para mejorar “las condiciones laborales y de vida” de las masas trabajadoras es condición sine qua non enfrentarse al gran capital y, por ende, a la estructura política que lo sustenta y defiende: en el caso de España, el estado monárquico del 78. ¿Se puede hacer exclusivamente desde la labor institucional? No, no solo ni sobre todo. La lucha contra el capital, la oligarquía y su estado deben darse en todos los frentes, mas esencialmente en la calle, en los barrios, en las fábricas y centros de trabajo, en los tajos, en la universidad e institutos, con la perspectiva de avanzar en la construcción de la unidad popular, de acumular suficientes fuerzas para derrotar al enemigo de clase. En ese proceso podremos ofrecer una resistencia a la ofensiva del capital, se podrá poner freno a la “degradación de esas condiciones” y mantener conquistas y derechos, pero solo la victoria podrá consolidarlas, erradicar el fascismo y abordar y dar solución a los problemas estructurales de nuestro país.
Notas:
(1) Lejos de lo que dice la burguesía, la parte del león de la inflación no se debe al alza de los salarios sino al mantenimiento o aumento del margen de beneficio empresarial: “Los beneficios (empresariales) han sido la principal contribución a los aumentos de precios, no los aumentos de salarios” (Michael Roberts, economista británico, entrevista en Eldiario.es, 8/12/2022)
(2) La gran banca: 20.840 millones € en 2022, un 21,7 % más que el pasado año. Las grandes compañías del sector energético sumaron unos beneficios, en el mismo ejercicio, de más de 19.000 millones €; en el caso de Endesa un 77% más que el año anterior.
(3) En 2022, 1.151 pymes tuvieron que cerrar sus negocios: “En los últimos 24 meses, los costes han acumulado un aumento del 33%. (…). De hecho, en el último trimestre del año se constata un cambio de tendencia en la actividad de la pyme, que se traduce (…) en la primera reducción anual del número de empresas que se registra desde 2013 (…), con un saldo de 1.151 pymes menos” (Cepyme, en elpaís.com, 21/03/23). Y de estas pymes, ¿cuáles sufren más? Las más pequeñas: “Esquivar todos los obstáculos de esta carrera es más difícil para las microempresas. Las empresas con menos de diez empleados caen un 0,6% con el cierre de 6.262 negocios”.
*Partido Comunista de España (marxista-leninista)