OPINIÓN del Instituto Para Las Mujeres En La Migración, AC (IMUMI)
El 27 de marzo de 2021, millones de personas fuimos testigas, gracias a un video que se viralizó, del feminicidio de Victoria Salazar, una mujer salvadoreña, reconocida como refugiada en México desde 2018. Fue asesinada en la vía pública por cuatro policías municipales en Tulum, Quintana Roo. El gobierno mexicano y salvadoreño se pronunciaron por cero impunidad en el caso. La sociedad mexicana vio el nivel de violencia que ejercen los elementos policíacos. Sin embargo, la presión, el enojo y la indignación ante lo ocurrido no fue, ni ha sido, suficiente para lograr que Victoria y su familia obtengan justicia y reparación del daño.
Foto César Martínez López
La brutalidad del sometimiento de Victoria que terminaría con su vida no es un caso aislado sino el reflejo de la violencia que las mujeres migrantes y reconocidas como refugiadas viven en este país, sin que acceder a la justicia sea una posibilidad para ellas. Han pasado más de 700 días agotadores y frustrantes para su familia que no ven cercana la reparación del daño. En los días posteriores al feminicidio, Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele públicamente externaron su solidaridad con la familia y anunciaron acciones contra la impunidad, la no repetición, y el acompañamiento del caso. Nada ha sucedido. A dos años de los hechos, la audiencia penal ha sido diferida en múltiples ocasiones por problemas de logística del poder Judicial así como estrategias de dilatación de la defensa, la reparación del daño por parte de las autoridades del gobierno mexicano sigue pendiente, y el proceso judicial abierto por la violencia sexual de una de las hijas de Victoria tampoco ha obtenido avances sustanciales.
Si con acompañamiento y pruebas no se ha podido conseguir un proceso jurídico fluido, ¿qué le puede esperar a las mujeres migrantes y reconocidas como refugiadas que no tienen el suficiente apoyo y acceso a acompañamiento para sus casos? ¿México realmente es un país donde los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas migrantes se respetan? Victoria no murió, a Victoria la mataron, y su feminicido es reflejo de la impunidad, la discriminación y la desigualdad que viven las mujeres migrantes y reconocidas como refugiadas en los procesos jurídicos, donde la violencia institucional sigue presente y sus derechos siguen sin ser protegidos y reconocidos. Las organizaciones no se dan por vencidas y siguen buscando las grietas del sistema que lleve a la reparación del daño, además de brindar acompañamiento psicosocial a la familia. Los Estados simplemente pasaron a Victoria a las estadísticas.
Aunque en México desde 2007 existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que establece tipos y modalidades de violencia, todas entrecruzadas en las experiencias de las mujeres migrantes, solicitantes de protección internacional y reconocidas como refugiadas en este país. El Estado mexicano olvida que es su responsabilidad promover el acceso a la justicia para las mujeres sin discriminación y sin importar su estatus migratorio.
El gobierno mexicano invisibiliza las experiencias y necesidades de las mujeres migrantes, por ejemplo, no existen datos públicos oficiales que den cuenta del número de mujeres reconocidas como refugiadas y migrantes que han sido víctimas de violencia de género en este país. Las pistas las encontramos en los casos que van siendo visibles, en los casos que acompañamos desde de las organizaciones de la sociedad civil y en la documentación de eventos violentos registrados a través de reportes de prensa.
Por ejemplo, entre 2019 y 2020 se registraron más de mil 300 eventos violentos contra personas regresadas a México, desde Estados Unidos, bajo el Protocolo “Quédate en México”, de los cuales el 98 por ciento fueron contra mujeres y sus familias y en el 100% de los casos los perpetradores fueron policías de diferentes niveles, agentes de migración e integrantes del crimen organizado; y de 2021 a 2022 se registraron más de 12 mil eventos violentos contra las personas expulsadas desde territorio estadounidense a México bajo el Título 42. En ningún caso existe una investigación por parte de la Fiscalía General de la República pese a que existe una denuncia formal. Mientras que datos de los boletines estadísticos sobre delitos contra personas migrantes de la Secretaría de Gobernación señalan que en 2022, mil 136 personas migrantes fueron víctimas de algún delito en el país, 406 mujeres y 145 niñas, niños y adolescentes, pero no se desglosa el tipo de violencia que vivieron y cómo se les garantiza el acceso a la justicia.
La política migratoria ignora el impacto de la desigualdad de género y la violencia sistemática contra las mujeres en este país, aunado a la burocracia excesiva y la negligencia de las autoridades desmotivan a las mujeres a continuar sus procesos hasta su conclusión. La justicia para las mujeres migrantes, solicitantes de protección internacional y reconocidas como refugiadas no puede ser exclusiva ni depender de un estatus migratorio.
CIMAC
