Por Asambleas Feministas de Cantabria
El a帽o 2018, por el caso de la manada salimos a la calle al grito “no es abuso, es violaci贸n”, y “yo si te creo”, denunciando que en las violencias sexuales se juzgaba el comportamiento, la credibilidad y se cuestionaba el consentimiento de la mujer. Era un caso paradigm谩tico en el que se pon铆a en duda a la v铆ctima y se realizaba un juicio medi谩tico a la vida previa y posterior de la mujer, tratando as铆 de invalidar su testimonio.
Pele谩bamos porque se pusiera el foco en el agresor y no en la victima, considerando central el consentimiento de las mujeres, sin tener que demostrar si hubo violencia y/o intimidaci贸n. Acreditar la violencia y la intimidaci贸n es tremendamente complicado, porque mediante una inquisici贸n jur铆dica se exige demostrar y probar qu茅 es lo que hizo violenta la agresi贸n.
Por eso la Ley de Libertad Sexual ha supuesto un avance y un cambio de paradigma colocando el consentimiento como elemento definitorio de la violencia sexual. Como se帽ala el manifiesto suscrito por m谩s de 200 grupos feministas y colectivos sociales, “el consentimiento es una expresi贸n afirmativa, consciente, voluntaria y reversible y su inexistencia implica delito de agresi贸n sexual. Supone comprender la sexualidad como una relaci贸n entre personas libres que consienten, con capacidad de elecci贸n y en igualdad de derechos. “
Al eliminar la centralidad del consentimiento como elemento de definici贸n de los delitos contra la libertad sexual, la propuesta de contrarreforma del PSOE supone una marcha atr谩s. Reintroducir la distinci贸n entre agresiones sexuales cometidas con o sin violencia e intimidaci贸n es volver al modelo anterior, al que distingu铆a entre abuso y violaci贸n. Nuevamente se pone el foco en la v铆ctima, en si opuso suficiente resistencia, en demostrar que no consinti贸 con su comportamiento.
Por otra parte, desde el feminismo aut贸nomo y alternativo nos preguntamos por qu茅 los partidos pol铆ticos en lugar de preocuparse por las pol铆ticas p煤blicas para atajar las violencias sexuales, focalizando el problema en las mujeres y sus derechos, han pasado a considerar que la soluci贸n consiste en aumentar las penas en el C贸digo Penal, instaurando la idea de que un agravamiento de 茅stas va a traer consigo una reducci贸n de la criminalidad.
Hay suficientes evidencias que demuestran que penas m谩s altas en el C贸digo Penal no implican mayor protecci贸n contra las violencias sexuales, m谩xime en un pa铆s que tiene las penas m谩s altas de Europa, adem谩s de suponer un fracaso de las pol铆ticas en prevenci贸n de la violencia.
El marco punitivista da帽a tambi茅n a las mujeres doblemente, porque deposita la confianza de su seguridad en el C贸digo Penal y desencadena los efectos del p谩nico sexual. El miedo y la inseguridad que produce pensar que los violadores salen de la c谩rcel, refuerzan las narrativas del peligro sexual y dan coherencia a las pol铆ticas de mayor control social y sexual y de restricci贸n de movimientos y autonom铆a de las mujeres.
Se est谩 creando una alarma social que a la par que trata de eliminar el consentimiento como el elemento definitorio de la violencia sexual, est谩 dando lugar a una carrera por implementar un populismo punitivo basado en la subida de penas, que est谩 desviando el centro de las causas que provocan las violencias sexuales, as铆 como de la necesidad de pol铆ticas p煤blicas que vayan a la ra铆z de las desigualdades que generan las violencias que sufrimos.
Exigimos que el consentimiento siga siendo el eje vertebrador de esta Ley, evitando que las mujeres tengan que demostrar que ha habido violencia y/o intimidaci贸n.
Exigimos que se ponga a las mujeres en el centro con sus necesidades y ritmos, al mismo tiempo que se garantice su protecci贸n y recuperaci贸n.
Exigimos una justicia feminista que se base en los principios de verdad, justicia, reparaci贸n y garant铆as de no repetici贸n, que no se centre exclusivamente en la v铆a carcelaria.
Libres y con derechos, el consentimiento no se negocia.