(Washington, DC) La liberaci贸n del expresidente peruano Alberto Fujimori viola las obligaciones internacionales del Per煤, se帽al贸 hoy Human Rights Watch. La Corte Interamericana de Derechos Humanos deber铆a remitir el caso a la Asamblea General de la Organizaci贸n de los Estados Americanos (OEA).
El 4 de diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional del Per煤 orden贸 la liberaci贸n de Fujimori, quien cumpl铆a una condena de 25 a帽os de prisi贸n por su rol en ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desapariciones forzadas y corrupci贸n. El tribunal dijo que las 贸rdenes de no liberar a Fujimori emitidas por la Corte Interamericana no eran vinculantes. La Corte respondi贸 el 5 de diciembre disponiendo que el Per煤 “se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional”, a la espera de que la Corte revise el indulto. Sin embargo, el gobierno liber贸 a Fujimori el 6 de diciembre.
“La liberaci贸n de Fujimori es una bofetada a las v铆ctimas de atrocidades”, dijo Juanita Goebertus, directora de la Divisi贸n de las Am茅ricas de Human Rights Watch. “La OEA deber铆a examinar la liberaci贸n en el contexto de la grav铆sima erosi贸n del Estado de derecho y de la protecci贸n de los derechos humanos en el Per煤”.
La sentencia del Tribunal Constitucional del 4 de diciembre fue firmada por tres magistrados y hubo un voto singular. Los otros dos miembros del Tribunal dijeron a la prensa que el presidente del Tribunal no les avis贸 de la discusi贸n del tema, el cual no estaba incluido en la agenda oficial. En votos en singular en un fallo anterior sobre este caso, esos dos magistrados hab铆an sostenido que el Tribunal ten铆a que cumplir las 贸rdenes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En 2022, el Congreso nombr贸 a los seis miembros actuales del Tribunal en un proceso que careci贸 de transparencia y de criterios claros.
La sentencia del Tribunal Constitucional se produce en un contexto de crecientes ataques de las instituciones peruanas contra el sistema interamericano de derechos humanos con el objetivo de reducir la rendici贸n de cuentas, y contra el Estado de derecho.
Miembros del Congreso han presentado recientemente proyectos de ley para denunciar la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos. En noviembre, la presidenta Dina Boluarte nombr贸 a un ministro de Relaciones Exteriores que, dos meses antes, hab铆a defendido que el Per煤 se retirara del tratado.
El Congreso, adem谩s, nombr贸 a un defensor del pueblo sin experiencia en derechos humanos, destituy贸 sin fundamento a una fiscal superior e inici贸 una investigaci贸n sumaria para remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que nombra a jueces, fiscales y a los jefes de las entidades electorales. Algunos congresistas tambi茅n buscan destituir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. La fiscal de la Naci贸n est谩 siendo investigada por supuestamente cerrar investigaciones penales contra legisladores a cambio de votos que la beneficiaban y ha debilitado la lucha contra la corrupci贸n.
Fujimori fue condenado en 2009 a 25 a帽os de prisi贸n por violaciones de derechos humanos, que incluyen su rol en la ejecuci贸n extrajudicial de 15 personas en el distrito de Barrios Altos de Lima, la desaparici贸n forzada y el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, y dos secuestros.
El 24 de diciembre de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski concedi贸 a Fujimori un indulto humanitario que parec铆a ser una maniobra pol铆tica para ganar los votos de los partidarios de Fujimori en el Congreso para bloquear los procedimientos de juicio pol铆tico contra Kuczynski. Fujimori fue liberado como resultado del indulto.
Conceder un indulto humanitario a Fujimori podr铆a ser compatible con est谩ndares internacionales de derechos humanos siempre que no recibiera un trato especial y su liberaci贸n fuera el resultado de una determinaci贸n m茅dica independiente, exhaustiva y concluyente que estableciera la gravedad de su estado de salud. El indulto humanitario de Kuczynski no cumpli贸 con esos criterios.
En mayo de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que basa sus decisiones en la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos y las cuales son vinculantes para el Per煤, emiti贸 una resoluci贸n de supervisi贸n de cumplimiento de sus sentencias Barrios Altos y La Cantuta, que hab铆an declarado al Per煤 responsable de grav铆simas violaciones de derechos humanos. La Corte afirm贸 que exist铆an “serios cuestionamientos” sobre la justificaci贸n m茅dica y jur铆dica del indulto, as铆 como sobre el contexto pol铆tico en el que se concedi贸. La Corte pidi贸 al Per煤 que informara sobre la revisi贸n judicial del indulto que se encontraba pendiente.
En octubre de 2018, un tribunal peruano determin贸 que el indulto presentaba graves irregularidades y era incompatible con las obligaciones internacionales del Per煤. La Corte Suprema luego confirm贸 el fallo. Fujimori regres贸 a prisi贸n en enero de 2019.
En marzo de 2022, el Tribunal Constitucional anul贸 esos fallos y orden贸 la liberaci贸n de Fujimori. Pero en abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos respondi贸 ordenando al Per煤 “abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional”, ya que no hab铆a cumplido con los est谩ndares internacionales al revisar el indulto humanitario. A partir de esa orden, Fujimori no fue liberado.
El 4 de diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional ratific贸 su fallo de marzo de 2022 y orden贸 nuevamente la liberaci贸n de Fujimori, argumentando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia para emitir 贸rdenes vinculantes cuando est谩 supervisando el cumplimiento de sus sentencias por parte de los Estados.
Sin embargo, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no la establece el Tribunal Constitucional del Per煤 ni ning煤n otro tribunal nacional, sino la propia Corte Interamericana, bas谩ndose en su interpretaci贸n de la Convenci贸n Americana. La jurisprudencia de la Corte establece que, a partir de lo dispuesto en la Convenci贸n Americana y en su propio reglamento, las resoluciones emitidas como parte de la supervisi贸n de cumplimiento de las sentencias son vinculantes.
“Per煤 ha liberado a Fujimori sobre la base de un indulto humanitario que presenta vicios y en contra de las 贸rdenes del principal tribunal de derechos humanos de las Am茅ricas”, declar贸 Goebertus. “La decisi贸n coloca al Per煤 junto a Nicaragua y Venezuela como pa铆ses que contravienen el sistema interamericano de derechos humanos. La comunidad internacional debe presionar al gobierno para que cumpla con sus obligaciones internacionales, incluidas las decisiones de la Corte Interamericana”.