La Corte Internacional de Justicia, bajo la presidencia de la estadounidense Joan Donoghue, ex funcionaria del Departamento de Estado, emiti贸 ciertas medidas cautelares en el caso de la denuncia de Sud谩frica contra Israel. De manera para nada sorprendente, la Corte tom贸 una decisi贸n que corresponde exactamente a la posici贸n de Estados Unidos: decret贸 que Israel debe hacer todo lo posible por evitar un genocidio… mientras prosigue su guerra contra el Hamas.
Una Justicia internacional balbuceante
Esta corte internacional es un embri贸n de justicia internacional en el seno de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas. Bajo la denominaci贸n de Corte Internacional de justicia (CIJ), esta corte vino a reemplazar en 1946 la Corte Permanente de Justicia Internacional, que hab铆a sido creada en 1922, en el seno de la Sociedad de las Naciones. Se trata por consiguiente de un sistema que tiene s贸lo un siglo de existencia. Su objetivo ser铆a lograr que cada Estado aplique y respete los compromisos que ha contra铆do mediante la firma de acuerdos, tratados, etc.
Pero los anglosajones, aunque aceptaron esta corte en 1945, tratan desde 1942 de imponer algo que no es el Derecho Internacional, sino su propia visi贸n sobre c贸mo debe funcionar el mundo. Cuando se firm贸 la Carta del Atl谩ntico, en 1941, el primer ministro brit谩nico Winston Churchill y el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt hab铆an afirmado, en nombre de sus Estados respectivos, que ellos deb铆an dirimir solos los diferendos entre los Estados en el mundo de postguerra. Esta fue la causa original de la guerra fr铆a y sigue siendo la causa de los conflictos actuales.
Por consiguiente, y en contradicci贸n con la imagen que de ella tenemos, la Corte Internacional de Justicia no es una jurisdicci贸n bien definida sino un campo de batalla donde el proyecto unipolar anglosaj贸n se enfrenta al proyecto multipolar de la mayor parte de los dem谩s Estados. S贸lo teniendo en cuenta ese contexto podemos interpretar la decisi贸n de la CIJ sobre la masacre de Gaza.
La CIJ no tiene a su disposici贸n un ej茅rcito para obligar los gobiernos a acatar sus decisiones. Su 煤nico medio de presi贸n sobre los gobiernos es la opini贸n p煤blica de cada pa铆s. Ning煤n gobierno se resigna a la idea de que su pueblo lo vea como una entidad criminal.
Los magistrados deber铆an aplicar el Derecho… pero no son tan independientes como deber铆an
Los 15 magistrados permanentes de la Corte Internacional de Justicia llegan a esa posici贸n despu茅s de ser propuestos por los gobiernos de sus pa铆ses y luego de someterse a una elecci贸n. Deben demostrar cierto nivel de razonamiento jur铆dico para justificar sus decisiones. Pero las decisiones reflejan generalmente los prejuicios nacionales de los jueces. Que un magistrado propuesto por su propio gobierno se pronuncie contra ese gobierno es algo que pr谩cticamente nunca sucede. Adem谩s, en la CIJ las dos partes litigantes designan cada una un magistrado adicional –llevando as铆 a 17 la cantidad de magistrados participantes. Esos dos magistrados adicionales se encargan de defender a su pa铆s y de buscar argumentos jur铆dicos favorables a su visi贸n del diferendo.
Recuerdo, adem谩s, que cuando serv铆 de consejero al l铆der libio Muammar el-Kadhafi, era notoria la corrupci贸n de los jueces internacionales. En el contexto del juicio sobre la legalidad de la guerra de la OTAN contra Libia, Kadhafi hab铆a impartido 贸rdenes para, teniendo en cuenta los “regalos” que recib铆an los jueces internacionales, tratar de “equilibrar la balanza” con “regalos” equivalentes.
En el caso que nos ocupa hoy, s贸lo dos magistrados votaron contra todas las decisiones de la CIJ o contra algunas de ellas.
Uno fue, por supuesto, el juez ad hoc Aharon Barak, encargado de representar a Israel. Aharon Barak particip贸 en la negociaci贸n de los Acuerdos de Camp David junto al sionista revisionista Menajem Beguin [1]. Siendo presidente del Tribunal Supremo de Israel, interpret贸 las Leyes Fundamentales israel铆es de una manera que le permiti贸 dotarse de la posibilidad de censurar las decisiones del parlamento –sobre la base de ese sistema, cuando menos sorprendente, se construy贸 la democracia israel铆, que Benyamin Netanyahu pretende derrocar ahora. En sus veredictos, Aharon Barak defendi贸 sistem谩ticamente los intereses de Israel contra los palestinos, llegando incluso a prohibir que los palestinos recurrieran a los tribunales para denunciar los da帽os causados por el ej茅rcito israel铆. ¿Por qu茅? Porque, seg煤n Aharon Barak, «no se puede hacer la tortilla sin romper los huevos» y llevar esos casos a los tribunales obligar铆a el ej茅rcito a tener que revelar aspectos confidenciales de sus operaciones. Tambi茅n fue Aharon Barak quien, bas谩ndose en el derecho israel铆, autoriz贸 la construcci贸n del “Muro de Separaci贸n”… declarado ilegal por la CIJ.
El pasado viernes, el juez israel铆 Aharon Barak se opuso a 4 de las 6 medidas cautelares. Se opuso a la orden de la CIJ seg煤n la cual Israel est谩 obligado a tomar todas las medidas posibles para evitar que se cometa un genocidio. Se opuso a la orden que obliga Israel a conservar las pruebas de posibles actos de genocidio. Se opuso a la orden que obliga Israel a presentar un informe mensual sobre sus m茅todos. Y tambi茅n se opuso a cualquier forma de limitaci贸n de las acciones del ej茅rcito israel铆. Pero acept贸 que Israel impida a sus pol铆ticos lanzar llamados al genocidio y que Israel aporte ayuda humanitaria a los palestinos.
El otro magistrado que se opuso a la CIJ fue la ugandesa Julia Sebutinde. Para esta jueza, el conflicto israelo-palestino es de car谩cter pol铆tico y no puede dirimirse ante un tribunal. Seg煤n la jueza Julia Sebutinde, los actos presuntamente cometidos por Israel no est谩n acompa帽ados de una intenci贸n genocida y Sud谩frica no demostr贸 la necesidad de emitir las medidas cautelares que solicitaba. Tambi茅n seg煤n esta jueza, dado el hecho que el Hamas no es parte del caso ser铆a irrealista imponer l铆mites s贸lo a uno de los beligerantes.
Al analizar los argumentos de la jueza Julia Sebutinde, lo primero que salta a la vista es que nadie pidi贸 a la CIJ que juzgase el conflicto israelo-palestino. Tambi茅n es evidente que el Derecho Internacional no tiene que ver con la pol铆tica. Es de resaltar el hecho que Sud谩frica evit贸 cuidadosamente acusar a Israel de “genocidio”… pero cit贸 numerosas declaraciones de car谩cter claramente genocidas emitidas p煤blicamente por numerosos dirigentes israel铆es. Bas谩ndose en esas declaraciones p煤blicas de dirigentes israel铆es, Sud谩frica justific贸 la adopci贸n de las medidas cautelares que solicitaba, argumentaci贸n que hasta el juez israel铆 consider贸 v谩lida.
Otro aspecto de los argumentos de la jueza Julia Sebutinde es que la ausencia del Hamas como parte litigante no justifica que Israel perpetre un genocidio.
La posici贸n adoptada por la jueza Julia Sebutinde no puede menos que sembrar dudas sobre sus posiciones anteriores en el Tribunal Especial de Sierra Leona. Por cierto, la representante permanente de Uganda ante la ONU, Adonia Ayebare, coment贸 en los siguientes t茅rminos la posici贸n de esta jueza ugandesa: «La decisi贸n de la jueza Sebutinde en la Corte Internacional de Justicia no representa la posici贸n del gobierno de Uganda sobre la situaci贸n en Palestina (…) Anteriormente, ella vot贸 contra el caso de Uganda sobre la Rep煤blica Democr谩tica del Congo (RDC).»
La oscuridad de los argumentos de la jueza Sebutinde y el hecho mismo de que su propio gobierno se haya tomado el trabajo de alejarse p煤blicamente de sus posiciones hace pensar que su actitud es resultado de alg煤n tipo de corrupci贸n.
La CIJ no se pronunci贸 sobre otras demandas sudafricanas, que exigen decisiones imposibles de tomar de manera urgente. S贸lo se pronunci贸 sobre cuestiones como las medidas de reparaci贸n que deben adoptarse hacia las v铆ctimas y la necesidad de que el Estado de Israel condene a los individuos culpables de genocidio. Pero es crucial el hecho que la CIJ no decidiese que “el Estado israel铆 debe suspender inmediatamente sus operaciones militares en y contra Gaza”.
La decisi贸n actual de la CJI es similar a la que adopt贸 en el caso de Gambia contra Myanmar –emite las mismas medidas cautelares adoptadas para evitar el genocidio de los rohinyas. Pero esta decisi贸n de la CIJ no puede compararse con el caso de Ucrania contra la Federaci贸n Rusa –en este 煤ltimo caso la decisi贸n de la CIJ no respond铆a a un supuesto genocidio emprendido por los rusos contra los ucranianos sino al hecho que Rusia argumenta que se vio obligada a iniciar su operaci贸n militar especial en Ucrania porque Kiev estaba cometiendo un genocidio contra la poblaci贸n ucraniana rusoparlante.
Las medidas cautelares no prejuzgan sobre la cuesti贸n de fondo
Las medidas cautelares emitidas por la CIJ son de obligatorio cumplimiento para Israel y para Sud谩frica, pero tambi茅n lo son para los otros 151 Estados firmantes de la Convenci贸n para la Prevenci贸n y Represi贸n del Crimen de Genocidio, o sea cada uno de esos Estados est谩 obligado a respaldar y aplicar individualmente las medidas cautelares emitidas por la CIJ. Algunos de esos Estados pueden estimar que esas medidas cautelares justifican un embargo sobre la venta o suministro de todo tipo de armamento y tambi茅n podr铆an prohibir que las personas con doble nacionalidad participen en una guerra potencialmente genocida.
Argelia solicit贸 de inmediato una reuni贸n del Consejo de Seguridad de la ONU, programada para el 31 de diciembre, para que ese 贸rgano precise las acciones concretas que deben adoptarse en el marco de las medidas cautelares emitidas por la CIJ. Por supuesto, es poco probable que el Consejo de Seguridad de la ONU amenace a Israel con una intervenci贸n militar, pero s铆 podr铆a decidir, por ejemplo, la imposici贸n de un embargo sobre las ventas de armas a Israel.
Las medidas cautelares emitidas por la CIJ ser谩n de todas maneras invocadas ante otros tribunales, conforme al derecho anglosaj贸n. Y ya existen 2 casos: una denuncia de Defense for Children International contra el presidente estadounidense Joe Biden, el secretario de Estado Antony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin, presentada ante el tribunal del norte de California, y otra denuncia, presentada en Londres, por Global Legal Action Network contra el gobierno brit谩nico. En ambos casos, los acusadores parten del principio que, en la actual situaci贸n, toda entrega de armas a Israel constituye una participaci贸n en la masacre contra la poblaci贸n de Gaza.
Las medidas cautelares de la CJI sobre la demanda sudafricana tambi茅n podr铆a traducirse en juicios concretos contra ciertos dirigentes israel铆es ante la Corte Penal Internacional (CPI). Varios Estados ya han dado pasos en ese sentido.
Tambi茅n es importante recordar que las medidas cautelares que la CIJ acaba de emitir son de car谩cter “provisional” s贸lo hasta que se emita el veredicto sobre el fondo de la cuesti贸n. Pero… tampoco hay que so帽ar. Debemos ser realistas y tener en cuenta que la corte puede recurrir a alg煤n subterfugio para no llegar a emitir un veredicto. De ser as铆, nunca habr铆a, a fin de cuentas, un juicio concreto sobre el fondo de la demanda sudafricana, lo cual har铆a caducar las actuales medidas cautelares.
Ese parece ser el resultado m谩s probable, aunque la CIJ ha descartado, por ahora, el argumento seg煤n el cual las gestiones anteriores de Sud谩frica ante Israel no dejaron suficiente espacio de tiempo para que se produjese una respuesta concreta.
Tambi茅n podr铆a suceder que la CIJ tratara de tergiversar sobre «la intenci贸n de genocidio». Si finalmente la CIJ decidiese que la denuncia no tiene raz贸n de ser, la masacre podr铆a reanudarse.
En todo caso, no hay que hacerse muchas ilusiones sobre la Corte Internacional de Justicia. Si bien su existencia misma representa un gran paso hacia el Derecho Internacional, tambi茅n es cierto que el resultado est谩 lejos de ser satisfactorio.
[1] «Cuando el velo se desgarra: las verdades ocultas, de Jabotinsky a Netanyahu», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 23 de enero de 2024.
«Las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia», por Thierry Meyssan, Red Voltaire , 30 de enero de 2024, www.voltairenet.org/article220354.html