(Washington, DC) - Una nueva resoluci贸n del gobierno de Argentina que ampl铆a el alcance del uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad contraviene est谩ndares b谩sicos de derechos humanos y permite abusos policiales, se帽al贸 hoy Human Rights Watch.
El 14 de marzo de 2024 fue publicada la resoluci贸n, firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La ministra explic贸 su decisi贸n mencionando el aumento de la violencia en Rosario, provincia de Santa Fe, ciudad que Human Rights Watch visit贸 a fines de febrero. La resoluci贸n presenta vac铆os legales y ambig眉edades que podr铆an permitir que los agentes de seguridad usen las armas de fuego en un rango inaceptablemente amplio de circunstancias. El nuevo reglamento aplica a todas las fuerzas de seguridad federales, incluida la polic铆a federal y el servicio penitenciario federal.
“Las autoridades se deben asegurar de que quienes viven en Rosario y en otros lugares de Argentina puedan desarrollar su vida diaria sin miedo a la inseguridad”, se帽al贸 Juanita Goebertus, directora de la Divisi贸n de las Am茅ricas de Human Rights Watch. “Para alcanzar ese objetivo, el gobierno deber铆a fortalecer la capacidad de la justicia y prevenir el reclutamiento de bandas criminales, no abrir la puerta al uso excesivo de la fuerza”.
La resoluci贸n es una versi贸n ampliada de otra resoluci贸n que la ministra Bullrich, entonces tambi茅n a cargo del Ministerio de Seguridad, firm贸 en 2018. En ese momento, Human Rights Watch abog贸 por su modificaci贸n por tratarse de una norma contraria a est谩ndares internacionales de derechos humanos.
Rosario es el centro urbano con la tasa de homicidios m谩s alta de Argentina, cinco veces superior a la media nacional. Su ubicaci贸n sobre la vera de una v铆a fluvial clave para el comercio regional y conectada por tierra con Paraguay y Bolivia la hace estrat茅gica para el tr谩fico de droga. Durante m谩s de una d茅cada, distintas bandas locales se han disputado el territorio para la venta de droga. En las dos primeras semanas de marzo de 2024, dos taxistas, un conductor de colectivo y un empleado de una estaci贸n de servicio fueron asesinados. Algunos analistas afirman que los asesinatos fueron posiblemente una respuesta de las bandas contra las medidas que las autoridades han tomado para ejercer un mayor control en las prisiones.
Cuando Human Rights Watch visit贸 Rosario, las autoridades provinciales y municipales, as铆 como jueces, fiscales y expertos en violencia criminal hicieron hincapi茅 en la importancia de fortalecer las capacidades de la justicia y de la fiscal铆a para investigar los cr铆menes cometidos por las bandas locales, su financiamiento y sus conexiones con pol铆ticos corruptos. Tambi茅n mencionaron la necesidad de prevenir el reclutamiento de las bandas mejorando las oportunidades educativas y laborales para los j贸venes.
Debido a su lenguaje amplio y vago la resoluci贸n es incompatible con los est谩ndares de derechos humanos que limitan el uso de armas de fuego, se帽al贸 Human Rights Watch.
La resoluci贸n no distingue entre el uso de armas de fuego y el uso letal intencional, es decir, entre disparar y disparar con la intenci贸n de matar. Se trata de una diferencia clave porque, incluso en los pocos casos en los que est谩 justificado el uso de armas de fuego, los agentes no deben, por lo general, disparar a matar. Seg煤n los Principios B谩sicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que la resoluci贸n cita pero con los cuales no cumple, el uso de armas con intenci贸n letal se permite 煤nicamente cuando “sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.
Por otra parte, la resoluci贸n permite que los agentes de las fuerzas de seguridad federales usen armas de fuego cuando “resulten ineficaces otros medios no violentos”, pero no especifica que existen otros medios para el uso de la fuerza que deber铆an emplearse antes de recurrir a las armas de fuego.
Seg煤n los Principios B谩sicos de la ONU, los agentes de seguridad s贸lo pueden emplear armas de fuego cuando “medidas menos extremas”, incluidas las no violentas y las violentas, resulten insuficientes. Esta disposici贸n reconoce que las armas de fuego tienen m谩s probabilidades de causar la muerte o lesiones que otros usos de la fuerza. Por ello, las fuerzas de seguridad 煤nicamente pueden utilizar armas de fuego cuando los modos de fuerza menos letales y los medios no violentos resulten insuficientes o no sean viables para lograr el resultado buscado.
La resoluci贸n debilita la rendici贸n de cuentas tanto administrativa como judicial de las fuerzas de seguridad por el uso de armas de fuego, se帽al贸 Human Rights Watch.
Seg煤n la resoluci贸n, las autoridades de las fuerzas no pueden adoptar “ninguna medida cautelar ni disciplinaria” contra un agente que se considere “veros铆milmente” que cumpli贸 con la resoluci贸n a menos que la justicia haya dictado una resoluci贸n judicial firme en contra de ese agente. Esto tornar铆a imposible que las autoridades apliquen medidas disciplinarias a los agentes hasta tanto no exista una condena penal firme. La resoluci贸n tambi茅n elimina el requisito, establecido en la resoluci贸n de 2018, que ordenaba a las fuerzas de seguridad la “r谩pida realizaci贸n de un informe” administrativo luego de que un agente utilice un arma de fuego causando lesiones o la muerte.
El Ministerio de Justicia, por su parte, decidi贸 implementar a partir de mayo el sistema acusatorio en los procesos penales de la justicia federal de Rosario, como parte de una progresiva implementaci贸n de este sistema en todo el pa铆s. De ponerse efectivamente en pr谩ctica, este cambio puede acelerar los casos penales y permitir distinguir con m谩s claridad las funciones de jueces y fiscales. Sin embargo, autoridades del Ministerio P煤blico Fiscal y del Ministerio de Justicia dijeron a Human Rights Watch que hay pocos recursos adicionales disponibles para implementar el nuevo sistema.
El gobierno del presidente Milei deber铆a garantizar la financiaci贸n, los recursos y la capacitaci贸n adecuada para asegurar investigaciones eficaces y respetuosas de los derechos en el marco del nuevo sistema acusatorio, se帽al贸 Human Rights Watch.