Como ya es conocido, el gobierno nacional difundió ayer un video que propone una visión “alternativa” acerca del significado del 24 de marzo, y en el día preciso del aniversario. Que además aboga por rebautizarlo como día de la Memoria, la Verdad y la Justicia Completa.
Se recoge así un aspecto clave de los discursos negacionistas. Los tres aspectos habrían sido “tuertos” o “hemipléjicos”, en definitiva no se habrían plasmado ninguno de los tres valores.
En línea similar se reitera a lo largo de toda la grabación la relativización del genocidio, al sostener que los desaparecidos no fueron 30.000. Más aún, que esta cifra es “arbitraria”; “inventada” con las peores intenciones.
Repudio al “terrorismo”, y un “manto” para la represión
La producción audiovisual da un paso adicional de nada desdeñable importancia. Descalifica toda la política de reparaciones a ex detenidos-desparecidos; ex presos políticos, familiares de las víctimas. Sería un “negocio” que llevó a muchos a cobrar “200.000 dólares”. Procura impresionar con la cifra. Y no se detiene ahí, el Estado habría cobrado un “diezmo”. Se extiende así una supuesta corrupción de las víctimas a una presunta malversación estatal. La política de reparación es convertida en una construcción falsa al servicio de intereses mezquinos, más aún, dinerarios. Y eso teñiría al conjunto de la política de derechos humanos.
Esto en boca de Juan Bautista “Tata” Yofre, ex titular de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que oficia de conductor. Y que no lo hace desde cualquier lugar, sino en carácter de estudioso que, los invoca, ha escrito 15 libros sobre el tema. Trajeado y en tono reposado, busca componer el personaje del “experto”, del analista riguroso y muy informado. Hasta tocado por cierta solemnidad impuesta por la seriedad del tema y su tratamiento.
Se suma a la entrevista un ex integrante de la organización Montoneros, Luis Labraña. Éste proclama la idea de que hubo una “guerra”, que un conflicto de este tipo lleva a los dos bandos a actuar como “monstruos”. Pese a que, de modo contradictorio, en otro pasaje afirma que de uno y otro lado se luchó por la libertad y por la patria.
Quizás lo más importante de sus intervenciones es atribuirse haber sido el “inventor” de la cifra de los 30.000, ante la “insuficiencia” del número real (según él alrededor de 4.000 víctimas a esa altura) para sostener la idea de que hubo un genocidio. Una falacia frecuente “no me lo contó nadie, yo lo viví” se profundiza en “no me lo contaron, yo lo inventé”. Defiende la finalidad de tono humanista de su supuesta creación, en búsqueda de “beneficiar” a los organismos de familiares de las víctimas. Para adherir enseguida a la idea de que después fue utilizada como negocio. Y también, para la justificación retrospectiva de los peores actos de las asociaciones “criminales” y “terroristas” en que, según él, se habrían convertido las organizaciones armadas de la década de 1970.
Labraña no se priva de enunciar una propuesta de pretensión abarcativa y concluyente: “…reconstruir a la Argentina, dar un manto final, enterrar el féretro de esos años.” Así apela a un interesado “olvido”, tardío e interesado “entierro”, con olímpica ignorancia de los miles de muertos que no tienen tumba identificada. Algo que quienes murieron a manos de la “subversión” sí poseen.
Un componente adicional es que la presencia de un ex guerrillero introduce la figura del “arrepentido”, de modo de arrimar legitimidad, al conferir voz al “otro lado”. No estaríamos ante una visión unilateral, sino frente a un tratamiento “tolerante” e incluso “imparcial”.
La perspectiva se completa con la aparición del testimonio en cámara de María Fernanda Viola, hija de un oficial del ejército abatido por integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Y hermana de una niña de tres años, María Cristina Viola, quien murió en el atentado que alcanzó al grupo familiar, que ocupaba el interior de su automóvil, con el padre al volante y la madre a su lado.
La misma María Fernanda, entonces de cinco años, se recuperó con dificultades, incluido un período en coma, de acuerdo a como está indicado en un titular periodístico que tiene una exhibición fugaz de su imagen. El carácter funesto del hecho es indudable. Nada puede justificar, ni siquiera por error, la muerte a mano armada de una niña y las serias heridas y el daño psicológico de otra.
Ahora bien, en la mecánica de la puesta en escena, la función de esa testigo, y víctima ella misma, resulta clara. Es la de mostrar el asesinato de una encarnación de la más completa inocencia, con su vida tronchada en la más temprana infancia. Así se trasmite una imagen de espanto, el emergente que parece demostrar de modo indudable el carácter de “terrorista” de la guerrilla. E identificar sus actos como sendas “violaciones de los derechos humanos” y “crímenes de lesa humanidad”. Por lo tanto, imprescriptibles y en consecuencia pasibles de un castigo que nunca se efectivizó.
Se soslaya, para no perturbar la argumentación, que tres de los integrantes del grupo que realizó el ataque fueron condenados y pasaron años en prisión.
El propósito de generar repulsión es más o menos obvio, junto con la ignorancia adrede, una vez más, de que las violaciones de los derechos humanos parten de actos atribuibles a criminales dotados de los recursos y la apariencia de legitimidad del Estado, no de grupos que lo enfrentan careciendo de esos medios. Y por lo tanto la atribución es impropia.
Tal vez no es tan claro el ingrediente aportado por la fecha. Esto ocurrió en diciembre de 1974, más de un año antes del golpe que dio inicio a la dictadura. Esa elección permite hablar de la “subversión” sin hacer mayor referencia al régimen cívico militar y sus crímenes. Ni Viola ni Yofre hacen esa mención. Y Labraña sólo en términos vagos. Y, asimismo, se condena que la “subversión” haya enfrentado con las armas a un gobierno constitucional (si bien con comandos parapoliciales en plena actuación).
El conjunto va acompañado de reiteradas afirmaciones de que sólo hubo memoria para las víctimas de la dictadura. Que, además, en muchos casos no fueron tales. Y todo habría estado regido por una concepción política dominada por una ideología “proguerrillera”.
Yofre menciona un “responsable” de esa memoria a la que pinta como parcial y desviada, el secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis Duhalde. A quien se descalifica de entrada por haber sido “abogado del ERP”. Junto con Rodolfo Ortega Peña, se aclara. El “detalle” de que no eran defensores de una sola organización, sino de presos políticos de diversas tendencias, en el contexto de la dictadura anterior, no merece atención. El asesinato de Ortega Peña por la triple A, tampoco.
Nada es caprichoso
La finalidad de esta pieza propagandística difundida mediante las redes sociales es unidireccional: enlodar al conjunto de la lucha antidictatorial, e identificar organizaciones armadas con terrorismo. El corolario es de fácil extracción; los militares libraron una guerra en defensa de valores no ya legítimos sino incuestionables. En la que cometieron “excesos”, en los combates que se libraron en consecuencia. Lucha que habría sido indispensable para la preservación de la existencia misma de la nación y de la sociedad argentina en su conjunto.
Ni una palabra concreta acerca de secuestros, torturas, violencia sádica sobre personas indefensas, robos de bebés, prisioneros arrojados al río desde aviones…
Apenas el ex militante montonero habla de su captura por la triple A, de la que logró salvarse y que precedió a su exilio inmediato. Pero claro, eso fue mucho antes de la dictadura.
Esos silencios revisten tanta o mayor gravedad que lo que sí se verbaliza.
El actual gobierno prosigue y refuerza así su labor de negación del genocidio y de “embellecimiento” de los represores. No se detiene en los límites de los “dos demonios”, sino que exime del signo malvado a uno de los “ángeles caídos”, como los denominó Labraña en un giro que aspira a la sutileza.
Le agregan una tonalidad muy sombría al mensaje la oportunidad elegida; la pretensión de cambiar el significado del 24 de marzo, el propósito de desprestigio y, en última instancia, de arrasamiento de unas conquistas con décadas de vigencia. Que están incorporadas a un extendido sentido común ahora en cuestión.
Ya se suceden los pronunciamientos condenatorios. Y continuarán sin duda en los próximos días. Esperemos que no decida mirar para otro lado buena parte de la dirigencia, incluida la que enarboló siempre su identificación con la república y la democracia.
Lo más destacable es que la gigantesca movilización del domingo constituye una refutación práctica, palpable, del deseo de imponer una memoria de signo opuesto. Los amedrentamientos en forma de protocolo, amenazas e insultos, abiertos o solapados, no han tenido hasta ahora la eficacia que muchos temían. Temores que algunos impulsan con entusiasmo desde el aparato estatal.
La marcha fue muy numerosa y de alcance nacional. En Buenos Aires funcionó en la práctica casi como una sola, más allá de discrepancias que pueden ser más o menos atendibles y mantuvieron su escisión en dos de los años precedentes.
Perdonen las lectoras y lectores la extensa narración de diversos aspectos del video emitido ayer. El autor de estas líneas se la ha permitido en atención a que, desde viejos militantes a alumnas y alumnos universitarios de primer año, le han manifestado su dificultad, o directa imposibilidad, para soportar su visión completa.
Más allá de lo penoso que pueda resultar, debemos mirar de frente este mensaje. Y acercarnos a la comprensión de su lógica, para mejor contrarrestar sus efectos. No lidiamos con una anécdota pasajera.
*Daniel Campione
@DanielCampione
