AI denuncia la ejecución de al menos 13 personas en Irak "en medio de una alarmante falta de transparencia"

Las autoridades iraquíes deben detener de inmediato todas las ejecuciones, ha manifestado hoy Amnistía Internacional después de que al menos 13 hombres fueran ejecutados el 22 de abril en la Prisión Central de Nasiriya, en la gobernación meridional de Thi Qar, tras ser declarados culpables de cargos de terrorismo excesivamente amplios e imprecisos.

A Amnistía Internacional le preocupa que muchas personas más puedan ser ejecutadas en secreto en medio de una alarmante falta de transparencia sobre las ejecuciones en Irak en los últimos meses. Anteriormente, fuentes de seguridad habían confirmado a los medios de comunicación la ejecución de 13 hombres el 25 de diciembre de 2023; se trataba de la primera ejecución colectiva registrada desde noviembre de 2020. Pero, según han contado a Amnistía Internacional activistas y abogados que representan a los condenados a muerte, decenas más han sido ejecutados desde el 10 de abril, y las autoridades no lo notificaron con antelación a los condenados ni a sus familias y abogados.

“Las recientes ejecuciones en Irak son alarmantes y desoladoras. Durante años, un legado de abusos y violaciones de derechos humanos ha asolado el sistema de justicia iraquí, dando lugar a miles de condenas a muerte tras juicios manifiestamente injustos”, ha afirmado Razaw Salihy, investigadora de Amnistía Internacional sobre Irak.

“Ejecutar a una persona tras un juicio que incumple las normas internacionales de derechos humanos puede constituir privación arbitraria de la vida. El gobierno iraquí debe declarar de inmediato una suspensión oficial de las ejecuciones y trabajar con vistas a la abolición total de la pena de muerte.”

De los hombres ejecutados el 22 de abril, 11 habían sido declarados culpables por su vinculación al grupo armado denominado Estado Islámico. El abogado de los otros dos ejecutados el 22 de abril contó a Amnistía Internacional que éstos habían sido declarados culpables de delitos de terrorismo con arreglo al Código Penal tras un juicio manifiestamente injusto y llevaban en detención desde 2008. Tanto este letrado como los familiares de los dos hombres dijeron que ambos habían sido torturados y obligados a firmar documentos que no se les había permitido leer. El abogado explicó que más tarde un juez les había informado de que los documentos eran confesiones y que implicaban su condena a muerte. Los hombres había solicitado un nuevo juicio basándose en sus denuncias de que sus confesiones habían sido obtenidas mediante tortura. Amnistía Internacional examinó los documentos emitidos en 2020 por el comité judicial encargado de examinar estas solicitudes, en los que éste declaraba que no era posible realizar una revisión de los casos con arreglo a la ley porque los expedientes se habían extraviado.

“El hecho de que dos de los ejecutados pudieron ser privados de la oportunidad de tener un juicio justo y de la revisión de sus casos por la pérdida de sus expedientes es absolutamente cruel e indignante. El uso de la pena de muerte es terrible en todas las circunstancias, pero la ejecución de personas tras juicios manifiestamente injustos pone de relieve la crueldad de esta injusticia”, ha dicho Razaw Salihy.

“Fueron torturados para obtener su ‘confesión’, y las autoridades quieren tacharlos de terroristas. [Las autoridades] perdieron los expedientes y los ejecutaron como si no importaran nada”, contó su abogado a Amnistía Internacional.  

Dos abogados contaron a Amnistía Internacional que hasta 150 personas corren peligro inminente de ejecución ya que, según informes, el presidente Abdul Latif Rashid ha ratificado sus condenas a muerte. Según documentos judiciales oficiales examinados por Amnistía Internacional, el 22 de octubre de 2023, el Tribunal Federal de Apelación pidió la ratificación de la condena a muerte de 51 individuos desde la Oficina de la Presidencia. Se sospecha que hay más de 8.000 personas recluidas en espera de ejecución en Irak.

Según información de que dispone Amnistía Internacional, un número no especificado de presos fueron ejecutados el 6 de enero. Además, un activista dijo a Amnistía Internacional que el familiar de un preso condenado a muerte en Nasiriya había contado que los guardias se habían llevado a al menos 12 presos de sus celdas a mediados de abril y no los habían vuelto a traer, y que más tarde habían informado a los demás compañeros de celda de que podían quedarse con las pertenencias de los hombres que se habían llevado. A Amnistía Internacional le preocupa que puedan haber sido ejecutados.

El 21 de febrero, Amnistía Internacional envió sendas cartas a la Oficina de la Presidencia de Irak y el Ministerio de Justicia para solicitar información sobre el número de condenas a muerte ratificadas, el proceso de ratificación y el número de ejecuciones, y sobre las medidas adoptadas para garantizar los derechos fundamentales de quienes van a ser ejecutados, incluida la debida notificación al afectado, su familia y su representante letrado con antelación a la ejecución. La organización aún no ha recibido respuesta.

Amnistía Internacional ha documentado de manera consistente los defectos en los procesos judiciales de Irak que privan de un juicio justo a las personas. Sistemáticamente, los tribunales iraquíes han admitido como prueba “confesiones” empañadas por denuncias de tortura, no han investigado esas denuncias y han condenado a muerte a personas basándose en tales confesiones. Se privó a los acusados de representación letrada o se les asignó un abogado de oficio con quien no pudieron reunirse en privado. Miles fueron declarados culpables de delitos de terrorismo de definición amplia e imprecisa.

Además, la organización ha documentado graves motivos de preocupación relacionados con las condiciones inhumanas y de hacinamiento en la Prisión Central de Nasiriya, donde están recluidas las personas condenadas a muerte, y con las denuncias de tortura y otros malos tratos y la privación de asistencia médica. Ha habido decenas de muertes bajo custodia en la prisión que, según contaron familiares y abogados de los condenados a muerte a Amnistía Internacional, fueron ocasionadas por tales condiciones de reclusión.