"Para garantizar el Estado de Derecho, se debe priorizar la integridad, calificaciones y diversidad de los candidatos"
(Washington, D.C.) —"El presidente de Argentina, Javier Milei, deber铆a reconsiderar sus nominaciones a la Corte Suprema teniendo en cuenta las calificaciones, experiencia, diversidad e integridad de las candidaturas", se帽al贸 hoy Human Rights Watch.
El 15 de abril de 2024, el presidente Milei nomin贸 al juez federal Ariel Lijo y al acad茅mico Manuel Garc铆a-Mansilla a la Corte Suprema. Numerosas organizaciones de derechos humanos, ciudadanos, asociaciones empresariales y acad茅micos han expresado formalmente su preocupaci贸n por las nominaciones, en particular por el historial de Lijo como juez federal. Si se confirman las nominaciones, no habr铆a ninguna mujer en el tribunal, que est谩 compuesto de cinco miembros. Las nominaciones a la Corte Suprema deben ser aprobadas por el voto de dos tercios del Senado.
“Argentina necesita fortalecer la independencia judicial, el estado de derecho y los esfuerzos para combatir la corrupci贸n”, se帽al贸 Juanita Goebertus, directora para las Am茅ricas de Human Rights Watch. “Para ello, el Gobierno debe considerar seriamente las serias preocupaciones planteadas sobre el juez Lijo y garantizar que todos los nominados a la Corte Suprema tengan la m谩xima integridad y calificaciones”.
La Corte Suprema ha funcionado con s贸lo cuatro miembros desde 2021, cuando renunci贸 la ministra Elena Highton de Nolasco. Los miembros actuales de la Corte se enfrentan a un juicio pol铆tico infudado en el Congreso, que fue iniciado en 2023 por el entonces presidente Alberto Fern谩ndez (2019-2023). Seg煤n la Constituci贸n, los jueces de la Corte Suprema necesitan ser nombrados de nuevo para continuar en sus puestos una vez que cumplen 75 a帽os, aunque algunos jueces han cuestionado la constitucionalidad de esta disposici贸n. El magistrado Juan Carlos Maqueda cumplir谩 75 a帽os en diciembre y ha dicho que se jubilar谩. El gobierno de Milei ha dejado claro que el presidente no tiene intenci贸n de volver a nombrarlo.
Lijo tiene actualmente tres investigaciones disciplinarias pendientes en el Consejo de la Magistratura, el 贸rgano encargado de investigar y destituir a los jueces federales. Se ha enfrentado a otros 29 procedimientos disciplinarios que fueron archivados, incluidos 16 in limine, es decir, sin ning煤n an谩lisis, seg煤n un estudio de la organizaci贸n de derechos humanos Asociaci贸n Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Algunos procedimientos se basaron en acusaciones de que Lijo atras贸 o manipul贸 investigaciones sobre corrupci贸n. Un informe de 2016 de una asociaci贸n de abogados identific贸 retrasos aparentemente “an贸malos”, en ocasiones de m谩s de una d茅cada, en al menos 28 investigaciones sobre corrupci贸n tramitadas por el juzgado de Lijo.
Lijo y su hermano Alfredo, quien se describe como un “operador judicial”, tambi茅n fueron investigados penalmente por “lavado de dinero” y “cohecho”, entre otros delitos. En 2021, un juez federal cerr贸 la investigaci贸n contra ellos, en una decisi贸n que expertos jur铆dicos argentinos han calificado de “controvertida”. Seg煤n los medios de comunicaci贸n, el juez no analiz贸 un informe de la unidad de investigaci贸n financiera de Argentina, en el que se detallaban posibles pruebas de transacciones financieras sospechosas.
Varias organizaciones argentinas de derechos humanos, asociaciones de abogados y grupos empresariales han expresado su preocupaci贸n por la nominaci贸n del juez Lijo a la Corte Suprema. Algunos temen que senadores de todo el espectro pol铆tico voten a favor de Lijo a cambio de que 茅ste utilice su posici贸n en la Corte Suprema y su influencia en el sistema judicial federal para cerrar investigaciones de corrupci贸n contra ex funcionarios del gobierno.
La designaci贸n de dos hombres para las vacantes en la Corte Suprema tambi茅n es contraria a un decreto presidencial de 2003 que llama a las autoridades a tener en cuenta la “diversidad de g茅nero” en el proceso de selecci贸n.
Seg煤n la Convenci贸n de las Naciones Unidas sobre la eliminaci贸n de todas las formas de discriminaci贸n contra la mujer, que Argentina ha ratificado, los gobiernos deben “tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminaci贸n contra la mujer en... la vida pol铆tica y p煤blica.”
Seg煤n un estudio de la Comisi贸n Econ贸mica para Am茅rica Latina y el Caribe (CEPAL), con datos de diciembre de 2021, la Corte Suprema de Argentina es el 煤nico alto tribunal de Am茅rica Latina, el Caribe y la Pen铆nsula Ib茅rica sin ninguna mujer.
“Tener una Corte Suprema compuesta exclusivamente por hombres env铆a un mensaje preocupante a las muchas mujeres abogadas y acad茅micas altamente calificadas de Argentina sobre su capacidad de acceder a posiciones destacadas en el poder judicial”, dijo Goebertus.