La era de la desregulaci贸n violenta
Agenda de Milei con festejo en la casta
Emilio Cafassi (Profesor Titular e Investigador de la Universidad de Buenos Aires).
En el circo pol铆tico argentino, el guion parece escrito exclusivamente por la pluma gubernamental, con la trama centrada en la pol铆tica financiera y, m谩s especialmente a煤n, en la estrategia cambiaria. Este 茅nfasis eclipsa cualquier debate sobre la reconfiguraci贸n econ贸mico-social en curso, cuya profundizaci贸n se vislumbra mediante el an谩lisis del arsenal jur铆dico ya disponible. A trav茅s de una mec谩nica asociaci贸n entre la intervenci贸n en el mercado cambiario y la tasa de inflaci贸n, se pretende ofrecer soluci贸n a una preocupaci贸n popular indiscutible: el constante incremento del costo de vida, con una inflaci贸n oficial del 79.8% en los primeros seis meses completos de la gesti贸n Milei. Durante casi todo el mes de julio, los titulares de la prensa han desplegado un abanico de detalles t茅cnicos sobre la intervenci贸n en las finanzas p煤blicas y los m煤ltiples tipos de cambio existentes: d贸lar oficial, d贸lar blend, d贸lar tarjeta, d贸lar contado con liqui, d贸lar MEP, d贸lar blue, entre los m谩s conocidos. En esta orquesta financiera, la ausencia de una cotizaci贸n libre, aunque ilegal, coexiste en una compleja pero dilatada armon铆a. Las variables financieras y cambiarias, la evoluci贸n de las reservas y la contabilidad de las cuentas p煤blicas, se erigen en un contraste agudo con la escasa repercusi贸n que los medios hegem贸nicos otorgan a las consecuencias del derrumbe del tejido socioproductivo y el deterioro social provocado por estas medidas. Carlos Pagni, probablemente el m谩s l煤cido portavoz de las tribulaciones de la derecha, se pregunta desde las p谩ginas del aristocr谩tico diario La Naci贸n si la brecha cambiaria no condiciona la brecha pol铆tica.
A pesar de que, tras el debate y aprobaci贸n de la iniciativa legislativa del gobierno, ya hab铆a aludido en estas p谩ginas a la colaboraci贸n de una mayor铆a de legisladores y medios gr谩ficos y audiovisuales por acci贸n, y de jueces por omisi贸n, considero necesario profundizar en el car谩cter estrat茅gico de los acuerdos jur铆dico-pol铆ticos alcanzados con las tres normativas de amplio alcance vigentes. Estas son: el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU, 70/2023) con el que Milei inici贸 su gesti贸n en diciembre pasado, la Resoluci贸n conocida como Protocolo de Seguridad (PS, 943/2023) del Ministerio hom贸nimo a cargo de Bullrich, y la llamada Ley Combi (LC), aprobada recientemente por el parlamento tras negociaciones que reflejaron hasta d贸nde un bloque pol铆tico sustantivo y mayoritario representa una opci贸n pol铆tica tan novedosa como siniestramente aquiescente, capaz de rearticular las relaciones de fuerza o, como lo llaman los medios, “la brecha”. Estas tres legislaciones, actuando en conjunto, simbolizan una reconfiguraci贸n integral del Estado y la econom铆a argentina. Bajo la bandera de la modernizaci贸n del pa铆s mediante la desregulaci贸n y la privatizaci贸n, despliegan un abanico de amenazas m煤ltiples a los intereses populares.
Si bien podemos encontrar antecedentes de reducci贸n de las protecciones laborales, acompa帽ada por la flexibilizaci贸n y la liberalizaci贸n del mercado - senda ya trillada hacia una mayor concentraci贸n de la riqueza y el poder f谩ctico- este movimiento se entrelaza con un in茅dito reforzamiento del control social, que cercena dr谩sticamente el derecho a la protesta y la libertad de expresi贸n, alcanzando una profundidad y un alcance sin precedentes, superiores incluso a los de los gobiernos derechistas de Menem o Macri. Se trata de un fen贸meno pol铆tico que trasciende la mera hojarasca tecnicista de los anglicismos financieros o el eco de un neoliberalismo redivivo. Al sintetizar brutalmente la esencia y magnitud de esta estrategia antipopular, formalmente articulada, se revelan al menos cinco ejes ineludibles. Prefiero correr el riesgo de fastidiar al lector con la referencia al conjunto normativo, en lugar de caer en la narrativa gen茅rica de las repeticiones o las analog铆as simples, pues creo que las estrategias deben develarse y no suponerse.
Desregulaci贸n Econ贸mica y Liberalizaci贸n del Mercado. El coraz贸n de estas legislaciones late al ritmo de un mercado salvaje, eliminando cualquier barrera para su imperio. El DNU proclama la desregulaci贸n del comercio, los servicios y la industria, eliminando restricciones que, seg煤n se alega, distorsionan precios y sofocan la libre iniciativa privada (art. 1). Declara adem谩s la erradicaci贸n de todas las exigencias normativas que impiden la interacci贸n espont谩nea de la oferta y la demanda (art. 2). Simult谩neamente, en el art. 3, promueve una mayor inserci贸n en el comercio global, alineando las normas argentinas con los est谩ndares internacionales, espec铆ficamente las recomendaciones de la Organizaci贸n Mundial del Comercio (OMC) y la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸micos (OCDE). Para ello, deroga leyes que restringen la actividad econ贸mica, como la Ley de Abastecimiento (N° 20.680), la Ley de Promoci贸n Industrial (N° 21.608) y la Ley de G贸ndolas (N° 27.545), entre otras. Estas derogaciones buscan despejar los obst谩culos para el libre comercio y la competitividad (arts. 4-12), permitiendo la transformaci贸n de empresas p煤blicas en sociedades an贸nimas en 180 d铆as (art. 13), una medida reforzada por la LC en su art. 48, eliminando ventajas de derecho p煤blico. Esto incluye empresas estatales y sociedades de econom铆a mixta. La LC tambi茅n modifica la Ley 23.696 para facilitar la privatizaci贸n y promover la participaci贸n de empleados en la propiedad de las empresas estatales, incentivando la transferencia de acciones a empleados (arts. 41-47) o derogando decretos de marcos regulatorios previos (arts. 36-40).
Reforma del Estado y Privatizaci贸n. Los art铆culos 13 a 35 del DNU barren con leyes y regulan sectores vitales como el energ茅tico, minero y agropecuario, abriendo las puertas a la participaci贸n privada. Ejemplos de ello incluyen la derogaci贸n de la Ley N° 18.425 de Promoci贸n Comercial y la Ley N° 27.113 de la Agencia Nacional de Laboratorios P煤blicos. El art铆culo 52 reduce el control estatal sobre las empresas privatizadas, liberando sus operaciones de las ataduras gubernamentales. La LC deroga leyes que impon铆an restricciones fiscales y subsidios, otorgando mayor flexibilidad en la gesti贸n de recursos y tarifas. Esto incluye la eliminaci贸n de subsidios para servicios p煤blicos y energ茅ticos (arts. 36-40), una medida que pinta un paisaje donde el Estado se reconfigura, cediendo espacio a las fuerzas del mercado y promoviendo una nueva era de privatizaci贸n.
El DNU teje modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744) y la Ley de Empleo (N° 24.013), allanando el camino para una contrataci贸n y despido de empleados m谩s expedita, reduciendo indemnizaciones y flexibilizando los contratos laborales. Entre estas medidas se incluyen la ampliaci贸n del per铆odo de prueba y la autorizaci贸n de mecanismos de indemnizaci贸n alternativos (arts. 53-70). Adem谩s, redefine el 谩mbito de aplicaci贸n de la Ley de Contrato de Trabajo, excluyendo a ciertos trabajadores, como los del sector p煤blico y agrario, de sus disposiciones m谩s protectoras (art. 65), o eliminando el principio de la norma m谩s favorable para el trabajador en caso de duda, erosionando as铆 las protecciones legales para los empleados (art. 66). La LC establece un sistema de registraci贸n laboral simplificado y digitalizado, con el objetivo declarado de reducir la informalidad, aunque tambi茅n debilita las protecciones laborales tradicionales. Incluye modificaciones a las leyes laborales para facilitar la flexibilidad y reducir costos para los empleadores, tales como cambios en la Ley N° 20.744 para flexibilizar las relaciones laborales, permitiendo contratos m谩s flexibles y la eliminaci贸n de ciertas garant铆as laborales (arts. 68-70). Si bien este es el 煤nico caso en que el poder judicial intervino, haciendo lugar a una cautelar que deja en suspenso las medidas, el objetivo sigue siendo claro: la estrategia dominante se mantiene, y debe d谩rsele la respectiva importancia.
Reforzamiento de la Seguridad y Control Social. El PS revierte la larga tradici贸n de protesta p煤blica callejera que se instal贸 con la irrupci贸n del movimiento piquetero y convivi贸 en durante m谩s de dos d茅cadas. Hoy le otorga a las fuerzas de seguridad el poder de intervenir sin necesidad de una orden judicial en caso de cortes de v铆as de circulaci贸n, catalog谩ndolos como delitos flagrantes. Esta intervenci贸n se extiende a rutas nacionales y otras v铆as bajo jurisdicci贸n federal (art. 1), autorizando a las fuerzas de seguridad a despejar las v铆as de comunicaci贸n con la m铆nima fuerza necesaria. La intervenci贸n debe ser inmediata y sin orden judicial previa (art. 2), aplic谩ndose a cualquier concentraci贸n de personas o colocaci贸n de obst谩culos que reduzcan el ancho de calles, rutas o avenidas (art. 3). La acci贸n de las fuerzas de seguridad se orientar谩 a despejar los accesos y las v铆as de comunicaci贸n o transporte hasta dejar completamente libre el espacio destinado a la circulaci贸n (art. 4). Adem谩s, obliga a la identificaci贸n de manifestantes y veh铆culos, permitiendo futuras acciones legales y administrativas contra organizaciones y participantes de las protestas. Esto incluye la identificaci贸n de autores, c贸mplices e instigadores mediante filmaciones y otros medios digitales (arts. 6-8). Culminando, el art. 11 permite que el Ministerio de Seguridad demande judicialmente a organizaciones y personas responsables por los costos de operativos y da帽os, as铆 como remitir los datos a la Direcci贸n Nacional de Migraciones en caso de extranjeros involucrados.
Reducci贸n del gasto p煤blico. El DNU declara la emergencia p煤blica en varias 谩reas, incluyendo la fiscal y tarifaria, hasta el 31 de diciembre de 2025, abriendo la puerta a ajustes fiscales dr谩sticos. Esto conlleva la eliminaci贸n de subsidios y la reducci贸n del gasto p煤blico (art. 1). Se retira el control estatal sobre precios y tarifas (arts. 36-50), desatando un nuevo orden donde las finanzas p煤blicas se someten a una austeridad implacable, sacrificando en el altar de la eficiencia econ贸mica las protecciones y apoyos que alguna vez sustentaron a los sectores m谩s vulnerables.
El grueso y sint茅tico punteo, no pretende inducir a la b煤squeda de retrospectivas, cuya utilidad no pongo en duda para la historiograf铆a, sino justipreciar la excepcionalidad y dramatismo del consenso pol铆tico creciente que se est谩 articulando -en la “casta”- en torno al fen贸meno de Milei, como emergente de una transformaci贸n inclementemente regresiva de la sociedad argentina. En la jerga n谩utica y de aviaci贸n, ante la inminencia de una cat谩strofe se grita: mayday!!!