HRW constata la lentitud de los avances para acabar con la violencia sexual en las escuelas de Ecuador
- A pesar del compromiso de las instituciones gubernamentales, la violencia sexual sigue siendo end茅mica en las instituciones educativas de Ecuador y muchas v铆ctimas no encuentran justicia.
- En la 煤ltima d茅cada, se han denunciado 6.438 casos de violencia sexual por parte de docentes, autoridades escolares, otro personal escolar, conserjes y otros estudiantes, afectando a 7.303 ni帽as, ni帽os, y adolescentes.
- El gobierno debe asignar recursos adecuados a los esfuerzos de prevenci贸n y garantizar que las instituciones judiciales investiguen y procesen eficazmente todos los casos de violencia sexual en el 谩mbito educativo.
(Nueva York) – Las medidas del gobierno ecuatoriano para abordar la violencia sexual en las escuelas no han progresado a la escala y la celeridad necesarias para garantizar la seguridad de todos los ni帽os, ni帽as y adolescentes, se帽al贸 Human Rights Watch en un informe publicado hoy. A pesar de los compromisos y las medidas tomadas por las instituciones gubernamentales, la violencia sexual sigue siendo end茅mica en las instituciones educativas de Ecuador y muchas v铆ctimas no encuentran justicia.
El informe de 65 p谩ginas, “‘Like Patchwork’: Ecuador’s Slow Progress Tackling and Preventing School-Related Sexual Violence” (“‘Como poniendo parches’: Ecuador progresa lentamente al combatir y prevenir la violencia sexual en las instituciones educativas”), revela importantes deficiencias en la respuesta del Estado para prevenir y combatir los abusos en el sistema educativo ecuatoriano. Muchas instituciones educativas a煤n no denuncian los abusos ni implementan completamente los protocolos establecidos. Las instituciones judiciales no investigan ni procesan adecuadamente los delitos sexuales contra ni帽os, ni帽as y adolescentes, lo que dificulta que las y los sobrevivientes obtengan justicia.
“En un contexto de creciente inseguridad, cientos de ni帽as, ni帽os, y adolescentes en Ecuador siguen enfrentando violencia sexual en las escuelas”, afirm贸 Katherine La Puente, coordinadora de la divisi贸n de derechos del ni帽o de Human Rights Watch. “Las medidas de respuesta y prevenci贸n del gobierno ecuatoriano no est谩n a la altura de la urgencia y magnitud del problema, y es imperativo que cumplan su compromiso de tolerancia cero contra la violencia sexual en las escuelas”.
Human Rights Watch llev贸 a cabo 68 entrevistas con representantes de organizaciones de la sociedad civil, abogados, activistas, expertas, defensores de los derechos de la ni帽ez y funcionarios gubernamentales en Ecuador. Adem谩s, revis贸 y analiz贸 datos sobre denuncias, investigaciones y enjuiciamientos por violencia sexual proporcionados por el Ministerio de Educaci贸n, la Fiscal铆a General del Estado y el Consejo de la Judicatura.
La violencia sexual y de g茅nero es un problema extendido y persistente en las instituciones educativas de Ecuador. En la 煤ltima d茅cada, se han denunciado 6.438 casos de violencia sexual perpetrados por docentes, autoridades escolares, otro personal escolar, conserjes y otros estudiantes, afectando a 7.303 ni帽os, ni帽as y adolescentes. Solo entre enero de 2020 y junio de 2024, los datos del Ministerio de Educaci贸n revelan 2.827 casos. Adem谩s, entre enero de 2014 y junio de 2024, los conductores de transporte escolar fueron denunciados como agresores en 78 casos, elevando la cifra total a 6.516. Los obst谩culos para denunciar y el inter茅s en proteger la reputaci贸n de las instituciones educativas por encima del bienestar de los ni帽os, ni帽as y adolescentes, resultan en un significativo subregistro de denuncias.
El incremento de la inseguridad y la violencia en los 煤ltimos a帽os, junto con el aprendizaje en l铆nea debido al cierre de escuelas por la pandemia u otras emergencias, han dificultado la capacidad de las instituciones gubernamentales para detectar y responder a los casos de violencia sexual. Grupos defensores de los derechos de la ni帽ez en Ecuador y expertos de la ONU han alertado sobre el impacto negativo de estos niveles de violencia en los ni帽os, ni帽as y adolescentes y en sus derechos.
En junio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fall贸 en contra de Ecuador en el caso Paola Guzm谩n Albarrac铆n vs. Ecuador, el primer caso del tribunal sobre violencia sexual en el 谩mbito educativo. La Corte orden贸 al gobierno tomar medidas espec铆ficas para prevenir, abordar y erradicar la violencia sexual en las instituciones educativas. Estas medidas incluyen la mejora de la detecci贸n y denuncia de los casos, la formaci贸n del personal educativo en abordaje y prevenci贸n, y la provisi贸n de orientaci贸n, asistencia y atenci贸n a las v铆ctimas y sus familiares, adem谩s de la actualizaci贸n peri贸dica de la informaci贸n estad铆stica.
Desde 2020, Ecuador ha tomado medidas significativas para combatir la violencia sexual en las instituciones educativas y acelerar la justicia para las v铆ctimas. La Pol铆tica P煤blica para erradicar la violencia sexual en el 谩mbito educativo, que abarca acciones hasta 2030, coordina la respuesta del gobierno en prevenci贸n, atenci贸n, generaci贸n de informaci贸n y acceso de las v铆ctimas a la justicia y la reparaci贸n integral.
En octubre de 2023, el Ministerio de Educaci贸n emiti贸 la Estrategia Nacional de Educaci贸n Integral en Sexualidad (ENEIS), tambi茅n hasta 2030, que exige su aplicaci贸n en todas las instituciones educativas del pa铆s. El Estado tambi茅n ha emprendido otros esfuerzos interministeriales para erradicar la violencia sexual en las instituciones educativas. Aun con estas importantes medidas, persisten importantes lagunas en la respuesta del Estado y en su cumplimiento de las 贸rdenes de la Corte Interamericana, se帽al贸 Human Rights Watch.
A pesar de los protocolos que exigen al personal escolar denunciar los casos de violencia sexual, muchos de estos casos no se reportan. Human Rights Watch encontr贸 que el personal no siempre conoce o sigue los protocolos obligatorios del Ministerio de Educaci贸n; que pueden priorizar el prestigio y la reputaci贸n de la instituci贸n educativa sobre la necesidad de proteger a las y los estudiantes, reducir los abusos y responsabilizar a los agresores; y que hay una significativa escasez de personal de los departamentos de consejer铆a estudiantil (DECE), incluidos psic贸logos y orientadores educativos. Es probable que los recortes presupuestarios a las iniciativas para responder a la violencia sexual en el 谩mbito educativo hayan limitado su efectividad.
Aunque el Estado ecuatoriano ha realizado avances importantes en el lanzamiento de su estrategia y curr铆culo, las autoridades educativas a menudo enfrentan oposici贸n y resistencia a las metodolog铆as y herramientas desarrolladas para ense帽ar la educaci贸n integral en sexualidad (EIS). Algunos docentes y padres se han opuesto al aprendizaje del material y la ense帽anza de temas como la prevenci贸n del embarazo adolescente. En ocasiones, los y las docentes y las instituciones educativas omiten discusiones sobre g茅nero, orientaci贸n sexual e identidad de g茅nero, a pesar de que estos son conceptos clave para entender la salud sexual y reproductiva y para prevenir la violencia sexual.
Human Rights Watch tambi茅n encontr贸 serias preocupaciones sobre el sistema judicial de Ecuador, incluyendo la limitada experiencia en el manejo de casos de violencia sexual y de g茅nero contra ni帽os, ni帽as y adolescentes, la escasez de fiscales en todo el pa铆s y la disponibilidad limitada de peritos como psic贸logos, m茅dicos e int茅rpretes de lenguaje de se帽as. Los retrasos significativos en los procedimientos judiciales a menudo hacen que las personas sobrevivientes esperen a帽os para que se resuelvan sus casos.
Estas preocupaciones se ven agravadas por los efectos de una sentencia de la Corte Constitucional emitida en 2021 que determin贸 que la destituci贸n de un docente por acoso sexual a una alumna era desproporcionada en relaci贸n con su delito. Tras la sentencia, los tribunales han readmitido al menos a 23 docentes a los que el Ministerio de Educaci贸n hab铆a declarado responsables de violencia sexual.
El Estado ecuatoriano deber铆a financiar adecuadamente sus esfuerzos de prevenci贸n y garantizar que las instituciones puedan contratar y cubrir las carencias de personal educativo y fiscal esencial, se帽al贸 Human Rights Watch. Adem谩s, el Estado debe asegurar que las instituciones judiciales investiguen y procesen efectivamente todos los casos de violencia sexual en el 谩mbito educativo.
“El Estado ecuatoriano deber铆a reafirmar su compromiso de abordar firmemente la violencia sexual en las escuelas”, se帽al贸 La Puente. “Para erradicar efectivamente la violencia sexual en las escuelas, Ecuador debe poner fin a la impunidad y a los comportamientos c贸mplices que someten a miles de ni帽as, ni帽os, y adolescentes a abusos y socavan su derecho a estar seguros en la escuela”.