la pol铆tica entre represi贸n, decretos y vetos
Miedo y poder, colaboracionismo en tiempos de Milei
Emilio Cafassi (Profesor Titular e Investigador de la Universidad de Buenos Aires). cafassi@uba.ar
Una mirada ingenua y superficial sobre las correlaciones de fuerzas entre -y en- los poderes del Estado argentino podr铆a llevar a pensar que hemos alcanzado un punto culminante, un giro que, finalmente, pondr铆a l铆mites a la potestad cuasi omn铆moda del Poder Ejecutivo sobre el resto, aportando una brisa de democraticidad. Sin embargo, esa ilusi贸n se desvanece con el m谩s m铆nimo escrutinio. La Constituci贸n de 1994, creada, entre otras cosas, para garantizar la reelecci贸n del entonces presidente Menem, introdujo a trav茅s de la ley 26.122 el instrumento del “Decreto de Necesidad y Urgencia” (DNU), un instituto que otorga al Ejecutivo la potestad de dictar normas con fuerza de ley, sin pasar por los engorrosos tr谩mites legislativos, siempre que ambas c谩maras no lo rechacen. Aunque, en la pr谩ctica, ya se utilizaba sin marco regulatorio desde presidencias anteriores, fue concebido con car谩cter excepcional, para situaciones en que “circunstancias extraordinarias” impidieran el tr谩mite ordinario. No obstante, todos los gobiernos lo usaron a discreci贸n, sin remilgos. Cualquier semejanza con la Ley de Urgente Consideraci贸n (LUC) en Uruguay, empleada con desenfado y total atropello por el inescrupuloso e inimputable Lacalle Pou y su multicoalici贸n derechista, ser谩 pura coincidencia dentro de la misma c谩ndida perspectiva. Ambos mecanismos concentran el poder en una figura que, amparada en el pretexto de la urgencia, despoja de protagonismo al legislativo y convierte la pluralidad en una puesta en escena casi teatral. Ideal para reyezuelos oportunistas que no pierden tiempo en deliberaciones ni debates. En Argentina existen casos en los que los DNUs fueron parcialmente rechazados, es cierto, pero finalmente ratificados, lo que resulta insignificante frente a la avalancha de decretos emitidos, miles en total. Uno de ellos, el DNU 70/2023 de Milei, de pretensiones refundacionales, mediante el cual Javier Milei derog贸 o modific贸 decenas de leyes apenas d铆as despu茅s de asumir la Presidencia, fue rechazado en marzo de 2024 por el Senado. Sin embargo, sigue vigente, ya que a煤n no ha sido tratado por la C谩mara de Diputados, perpetuando sus pluriabarcativas medidas.
Pero, en un giro inusual, el Senado derog贸 por amplia mayor铆a el DNU 656/2024, que pretend铆a inflar el presupuesto de la Secretar铆a de Inteligencia de Estado (SIDE) en 100 mil millones de pesos, destinados a fondos reservados. ¿Un respiro en la sofocante atm贸sfera pol铆tica local? En modo alguno. Tan solo un acto de autodefensa, pues las sospechas apuntaban a que esos fondos nutrir铆an lo que en la jerga pol铆tica se conoce como “carpetazos”: insumos para chantajes, con datos sobre la vida privada y negocios de pol铆ticos, comunicadores, empresarios y personajes influyentes o competitivos, para cuando el momento lo requiera. Fue el expresidente Macri, mecenas pol铆tico y principal aliado, quien retir贸 su apoyo para esta iniciativa, ni bien descubri贸 que los “servicios” merodeaban una de las causas judiciales en la que est谩 procesado. El DNU, en consecuencia, ha sido declarado nulo de nulidad absoluta, lo que significa que la SIDE no podr谩 contar con esos fondos, aunque ya hayan gastado el 75%. Lo erogado ahora deja de ser secreto y se convierte en p煤blico, abriendo la puerta al derecho ciudadano de acceder a la informaci贸n. Pero, fiel a su estilo, el gobierno de Milei emiti贸 otro DNU (780/24) que reglamenta la Ley 27.275 de acceso a la informaci贸n p煤blica, modificando su anterior norma. As铆, limita el derecho de la ciudadan铆a a escrutar los asuntos de inter茅s p煤blico, con una distinci贸n arbitraria entre “informaci贸n p煤blica” y “datos de naturaleza privada”. ¿Creer谩 el lector que este decreto tambi茅n ser谩 derogado en aras de la transparencia? La respuesta, como tantas otras en esta administraci贸n, se esfuma en la sombra de la opacidad. La sustracci贸n del apoyo al Ejecutivo es, por el momento, solo una excepci贸n puntual en este caso de espionaje.
El mismo cuerpo legislativo ratific贸 el veto del presidente Milei sobre la ley de movilidad jubilatoria, que ofrec铆a una compensaci贸n irrisoria frente a la licuaci贸n de haberes por inflaci贸n: unos humillantes 12 d贸lares o apenas 6 kg de pan para quienes sobreviven con la m铆nima. El rechazo al levantamiento del veto significa que ya no ser谩 necesario someterlo a consideraci贸n del Senado, rigiendo directamente la ley de ajuste previa, sin posibilidad de otra modificaci贸n. Las dos terceras partes necesarias para rechazar el veto, que con holgura hab铆an conseguido aprobar la nueva norma, no se reedit贸 contra 茅l. Adem谩s de los representantes del partido de Milei (LLA), una proporci贸n importante de los seguidores de Macri (PRO) y cinco diputados del partido radical (UCR) cambiaron el apoyo original a la ley por el apoyo al veto. En el caso de estos 煤ltimos, se los denunci贸 por la obtenci贸n de favores personales, lo que los llev贸 a la separaci贸n provisoria del partido. Mientras esta vuelta de campana se produc铆a en el recinto, afuera se reiteraba la salvaje represi贸n a las protestas de los jubilados con palos y gases. La novedad de este caso fue que, entre las v铆ctimas de los gases, hubo una ni帽a de 10 a帽os y un ni帽o de 9. En el caso de la primera, mientras estaba sentada con su madre en la calle, un polic铆a le dispar贸 gas a cent铆metros de su cara. En el otro, el ni帽o se descompuso al inhalarlo del ambiente cuando, tambi茅n con su madre, pasaba por la zona luego de una consulta m茅dica.
La respuesta oficial fue, como en tantas otras ocasiones, la perversa inversi贸n de roles: la v铆ctima convertida en victimario. El caso m谩s resonante fue el de la ni帽a, cuya madre fue se帽alada con el dedo acusador por la ministra de Seguridad, Bullrich, tild谩ndola de irresponsable por asistir a la marcha con su hija. Su viceministra, Monteoliva, desfil贸 por los canales oficialistas exhibiendo un video borroso, donde una tenue nube rosada -que aseguraba ser pimienta en polvo- se alzaba entre los manifestantes, mientras en la escena no aparec铆a un solo polic铆a. Declar贸 con cinismo que all铆 se encontraba el verdadero agresor de la ni帽a. Sin embargo, al d铆a siguiente, la verdad emergi贸 como un rel谩mpago en plena tormenta: un video mostraba con n铆tido detalle el preciso instante en que un agente, desoyendo los gritos de advertencia, disparaba el gas directamente hacia la ni帽a. El primer video era un montaje. Hasta un periodista ac贸lito, c贸mplice de la primera versi贸n, tuvo que retractarse y, con la verg眉enza a cuestas, pedir la renuncia de la ministra y de todos los responsables. Tal atrocidad y su posterior justificaci贸n se entienden en el marco de un clima de 茅poca que busca criminalizar la protesta, donde la mendacidad y la corrupci贸n fluyen desde las c煤pulas. Este proceder se ampara en normas como el protocolo de seguridad y un DNU, no derogados, que intentan vestir de legalidad lo que no es m谩s que la desnudez del atropello a los derechos humanos m谩s b谩sicos. Mis padres no asist铆an a protestas. Fui solo por primera vez a los 13 a帽os, y desde entonces me he nutrido de ellas. ¿Qu茅 clase de impunidad ideol贸gica permite afirmar que una familia, o cualquier individuo, no puede manifestarse con sus hijos? ¿Qui茅n cuidar谩 de los ni帽os de las cientos de miles de mujeres -y hombres- que llenan y llenamos las calles cada 8 de marzo? ¿C贸mo es posible que una de las vivencias m谩s ricas en educaci贸n c铆vica para los menores sea ahora tachada de irresponsable o ilegal?
Un cierto lugar com煤n en los progresismos nos lleva a interpretar de inmediato el fen贸meno represivo como una confrontaci贸n entre pobres, una suerte de imposibilidad para tejer lazos entre intereses objetivos comunes. Sin embargo, adem谩s de los procesos de selecci贸n de represores, elegidos por su car谩cter s谩dico, violento o psicopatol贸gico, un art铆culo del diario P谩gina 12 aporta precisiones desde una perspectiva econ贸mica que matizan estos preconceptos. En primer lugar, los "robocops" que avanzan con sus escudos, disparan gas pimienta y apalean sin miramientos ostentan jerarqu铆as nada menores: inspectores en la polic铆a federal y alf茅reces en la gendarmer铆a, o incluso cargos superiores como principal y hasta segundo comandante. Con sus adicionales por antig眉edad, riesgo y prevenci贸n, perciben hasta diez veces lo que cobran los jubilados que reprimen. Una cifra nada desde帽able, que llega al 70% del salario presidencial del pasado mayo (seg煤n el 煤ltimo registro), para dimensionar la magnitud de estos ingresos. Aunque el oficio de la crueldad y la violencia f铆sica no se explica 煤nicamente por el salario, este dato complementa la caracterizaci贸n del perfil.
No es la primera vez que subrayo la complicidad de una vasta mayor铆a del arco pol铆tico con esta etapa de descomposici贸n terminal en la pol铆tica argentina. La relaci贸n entre los poderes legislativo y ejecutivo, este 煤ltimo debilitado en el primero por la falta de experiencia, tradici贸n y acumulaci贸n pol铆tica, se ve agravada por la inacci贸n c贸mplice del poder judicial. Todo esto deriva en una hegemon铆a cada vez m谩s presidencialista, donde el poder de la pluma decreta a su antojo y las c谩maras bajan la mirada. Decretos que no son rechazados por una simple mayor铆a, vetos a leyes que, aun impulsadas por mayor铆as rotundas, se disuelven en el aire cuando no se reafirman tras ser vetadas. Y la constante omisi贸n del poder legislativo de examinar la constitucionalidad o la simple legalidad de las normativas refuerza esa sensaci贸n de una impunidad sistem谩tica, como un engranaje bien aceitado de complicidad. Evitando disimulos, Milei ofreci贸 en la quinta presidencial un asado para los 87 h茅roes que impidieron levantar el veto, aunque con la simulaci贸n de austeridad para abonar una m贸dica suma por cada cubierto.
A煤n consciente de las distancias objetivas, cuando aludo a colaboraci贸n, no puedo dejar de pensar en el r茅gimen de Vichy con el Tercer Reich, que la oficializaba tras el armisticio de junio de 1940. Consist铆a en cumplir las normativas alemanas y cooperar con sus autoridades. El l铆der de entonces, P茅tain, justific贸 esta colaboraci贸n como una forma de aliviar las dificultades de la ocupaci贸n para Francia, mientras promulgaba leyes antisemitas y facilitaba redadas contra jud铆os. Aquel colaboracionismo adopt贸 varias formas: estatal, con la polic铆a sirviendo a la ideolog铆a nazi; fascista, mediante grupos pol铆ticos que apoyaban la guerra junto a Alemania; y econ贸mica, con empresarios colaborando en la concentraci贸n econ贸mica dirigida por el r茅gimen nazi. Tampoco se trataba solo de colaboraci贸n formal, ya que muchos ciudadanos participaban en formas menos institucionales, como denunciar a sus compatriotas a las autoridades nazis o simplemente tolerar la ocupaci贸n. Un tipo de colaboracionismo que respond铆a a motivaciones diversas, incluyendo el odio racial y la ideolog铆a del orden. En nuestro caso solo hablamos de la sumisi贸n de la mayor铆a parlamentaria argentina actual hacia el gobierno de Milei y de una ciudadan铆a que no desborda las calles por miedo o aquiescencia. Los primeros, por alineaci贸n ideol贸gica y acuerdos de fondo, temor a consecuencias pol铆ticas o directo inter茅s material. O todo junto, menos principios.
As铆, el colaboracionismo de anta帽o se reinventa en formas m谩s sutiles, pero no menos devastadoras, donde el miedo y el inter茅s personal construyen el silencio que, entre sombras, observa c贸mo el poder aplasta valores. Con o sin armas enfrente, la rendici贸n est谩 en marcha.