Dos activistas por el clima, de un total de 25, han declarado en los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid por participar en actividades no violentas de protesta en favor del medio ambiente
Amnistía Internacional ha acudido a la cita para mostrar su apoyo a los activistas y recordar que la investigación penal que se sigue contra ellos por pertenencia a organización criminal no tiene cabida según los estándares internacionales de derechos humanos que protegen el derecho a la protesta. Estos activistas son investigados por haber participado en acciones directas no violentas en nombre de Futuro Vegetal. Algunas de las acciones de protesta objeto de investigación son las realizadas en el museo de El Prado en noviembre de 2022, o el bloqueo de la circunvalación de Madrid, M-30, en diciembre de ese mismo año.
“La instrumentalización y aplicación inadecuada de cargos relacionados con la delincuencia organizada contra activistas que participan en actos pacíficos de desobediencia civil no respeta el principio de proporcionalidad que debe cumplir toda respuesta de las autoridades a actos pacíficos de desobediencia civil”, asegura Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional en España.
“La presentación de estos cargos contra participantes en acciones de desobediencia civil puede constituir una limitación indebida de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión, y generar un efecto disuasorio y desmovilizador”, concluye Canales.
El propio Secretario General de Naciones Unidas António Gutierres, señaló en redes sociales sobre casos similares: “A veces se describe a los activistas climáticos como radicales peligrosos. Pero los verdaderos radicales peligrosos son los países que aumentan la producción de combustibles fósiles. Invertir en nuevas infraestructuras de combustibles fósiles es una locura moral y económica.”.
La protesta pacífica es un derecho, no un privilegio, y un derecho que los Estados tienen el deber de respetar, proteger y facilitar. Sin embargo, el derecho a la protesta está cada vez más amenazado, pues las autoridades usan fuerza ilegítima contra las personas en más de 85 países, España entre ellos. Hace demasiado que autoridades de todo el mundo han lanzado un feroz ataque contra quienes ejercen pacíficamente su derecho a la protesta y han destruido vidas en el proceso.
En el caso de España, la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa señalóen su última visita cómo la aplicación de la Ley Mordaza y de algunos artículos del Código Penal continúan teniendo un impacto negativo sobre el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión y de expresión, especialmente sobre defensores de derechos humanos y periodistas, generando un efecto desmovilizador en la ciudadanía, una preocupación compartida por Amnistía Internacional.
El pasado jueves 3 de octubre, EH Bildu anunció un acuerdo con el Gobierno para reformar la Ley Mordaza. En líneas generales Amnistía Internacional da la bienvenida al anuncio de reforma porque esta ley ha tenido un impacto negativo en derechos humanos en sus más de 9 años de vigencia. El contenido del acuerdo anunciado hoy no se alinea completamente con las recomendaciones de Amnistía Internacional y del conjunto de la sociedad civil, pero contempla modificaciones relevantes que supondrían mejoras respecto de la Ley de Seguridad Ciudadana actual. Desde la organización, instamos a que la tramitación parlamentaria suponga una oportunidad para alinear el texto con los estándares internacionales de derechos humanos y corrija los aspectos más lesivos de la ley.
Por otra parte, en opinión de Amnistía Internacional, los delitos del Código Penal que afectan al derecho a la protesta aun requieren una definición más precisa para no criminalizar indebidamente actos de desobediencia civil pacífica, ni imponer penas desproporcionadas. Por ejemplo, el delito de desórdenes públicos debe asegurar que sólo se castigan actos graves de violencia, sin que se pueda sancionar la protesta pacífica de los movimientos sociales, como los que defienden el derecho a la vivienda o protestan contra la crisis climática.